El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, cree que Juan Carlos Monedero pudo falsificar una factura en diciembre de 2018 para cobrar 26.200, 31 euros de Neurona, la consultora que después contrató Podemos para las elecciones de abril de 2019, según consta en un auto del pasado mes de noviembre al que ha tenido acceso elDiario.es.
“Cabe actuar, tal y como expone la fuerza actuante (la Policía), que dicho documento fue elaborado ad hoc parra justificar dicho ingreso en dicha cuenta bancaria, no reuniendo los requisitos propios de una factura”, asegura el magistrado en su resolución razonada.
El juez, a continuación, vincula esa factura falsa con la contratación por parte de Unidas Podemos de Neurona Consulting para diversos trabajos relacionados presuntamente con las elecciones de abril de 2019.
“Cabe entender indiciariamente que la percepción de dicha cantidad por parte de Juan Carlos Monedero tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad S.L, y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidad Podemos del contrato de prestación de servicios anteriormente citado”, escribe el magistrado. Neurona Consulting y Neurona Comunidad tienen como nexo a César Hernández Pérez, socio y administrador de la primera y director de la segunda.
Escalonilla, sin embargo, no concreta por el momento si se refiere a que el pago a Monedero es una supuesta mordida a cambio de contrato de la coalición con la consultora ni qué delito aprecia en dicha conducta. Monedero ni terceros han sido citados en calidad de investigados por el juez, según se desprende del contenido de la pieza separada, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso este medio.
Monedero cobró la citada cantidad el 25 de enero de 2019, “esto es un mes y dos días antes de la formalización del contrato entre Unidas Podemos y Neurona Comunidad S.L”, destaca el juez en el auto. Esos servicios entre la formación política y la consultora ascendieron a 363.000 y constituyen el centro de la investigación que desarrolla el juez Escalonilla a raíz de una denuncia del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente, al dudar el magistrado de que fueran realmente prestados.
Cuando Monedero cobró esa factura todavía no se podía prever el contrato electoral con Neurona ya que no estaba en ninguna previsión que se fueran a celebrar unos comicios, a lo que abocó la negativa de ERC a apoyar los Presupuestos Generales del Estado presentados por Pedro Sánchez. Fuentes del entorno de Monedero han mostrado su sorpresa por que la investigación de todos estos meses se centre en una factura que está declarada a Hacienda. “Este caso está agotado. Después de poner la casa patas arriba solo siguen habiendo rumores”, añaden esas fuentes.
La factura de Monedero centra a su vez esta pieza separada que se ha venido investigando en secreto desde septiembre. Escalonilla decidió acabar con el sigilo de las pesquisas una vez “se han practicado la totalidad de las diligencias de investigación cuya realización justificaba el secreto de las actuaciones”, según consta en el auto del pasado 5 de febrero. Las partes personadas han tenido acceso a la totalidad de la pieza secreta en las últimas horas.
La investigación ha corrido a cargo de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía a partir de una alerta del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). El juez ha ido aceptando las diligencias que le proponía la Policía y rechazando otras, de acuerdo al criterio de la Fiscalía.
De acuerdo con los agentes, el magistrado Escalonilla desconfía de los términos en los que Monedero elaboró la factura. “En dicha factura figura como emisor de la misma Neurona Consulting S.A, cuando lo lógico es que si fue Juan Carlos Monedero el prestador de dicho servicio sea expedida por él, no conteniendo además receptor.”
“Se señala además (en los informes policiales) que dicha factura está fechada el 30 de diciembre de 2018, correspondiéndose con un domingo, tratándose además de la factura número 1, lo que permite concluir racionalmente, en base a la fecha de dicha factura, que a un sólo día de terminar el año no se han emitido más facturas y por tanto no ha tenido actividad”, escribe el juez en el auto de noviembre que adaelantó este viernes elconfidencial.com.
La Policía señala, y así lo refleja el juez, que es “habitual” emitir facturas falsas “bajo el amparo de la presunta realización de servicios de asesoría, al tratarse de un servicio de difícil comprobación”. Los agentes han investigado el patrimonio de Monedero durante estos meses en distintos informes entregados al juez sin que haya sido puesto de manifiesto alguna otra irregularidad.
Denuncia de Calvente y líneas archivadas
La investigación que se sigue desde el pasado verano en un juzgado de Madrid se abrió a raíz de la denuncia que Calvente presentó en diciembre de 2019 ante la Guardia Civil. El abogado sostenía en esa denuncia que pudo haber “contrataciones ilícitas” para simular gastos y llevarse así “comisiones”.
Los agentes elaboraron un atestado en el que apreciaron delitos de administración desleal y malversación y el juez Escalonilla ordenó una serie de diligencias entre las que estaban la imputación del secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las dos últimas campañas electorales, Juan Manuel del Olmo Del Olmo, la gerente, Rocío Esther Val, y el tesorero, Daniel de Frutos.
El juez también tomó declaración al propio Calvente, que por redes sociales había dicho que el caso era “peor que Gürtel” pero que en su declaración rebajó sus acusaciones y dijo que no tenía pruebas de esas “autocontrataciones”. Podemos pidió personarse en las actuaciones y el juez le atribuyó la condicion de investigado, una figura que la fiscal ha reiterado que debe mantener como medida garantista.
Las acusaciones contra el partido se han ido rebajando en los últimos meses. En octubre, el juez sobreseyó por falta de indicios la línea de investigación abierta sobre la supuesta salida “opaca” de dinero del fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones para proyectos sociales, la llamada ‘caja de solidaridad’. El magistrado concluyó que no hubo administración desleal en el fondo que Calvente definió como 'caja B', una denominación que también hicieron suya los partidos de la oposición. Días antes también había acordado anular diligencias que él mismo había solicitado encaminadas a indagar en los contratos del partido con la consultora portuguesa ADB Europa tras constatar que el Tribunal de Cuentas había acreditado que no había irregularidades en dichos contratos.
En un auto del pasado 12 de enero, el juez descartó también la “distracción del dinero” destinado a la ejecución de las obras en la sede para “pagos u obras ajenas” a dichos trabajos y sobreseyó la investigación por un presunto delito de apropiación indebida en torno a esas obras. Asimismo, acordó el sobreseimiento de la causa sobre el presunto delito de revelación de secretos y vulneración de la intimidad que también había denunciado Calvente.