En declaraciones a Cadena Ser, recogidas por Europa Press, la magistrada ha remarcado que el hecho de que el Estado “responda con normalidad y con ajuste al estado de derecho a las necesidades de las personas presas” beneficiaría al “proceso de paz”.
Asimismo, ha subrayado de que la política de dispersión ha sido “dura” porque no ha permitido que los presos “conozcan la realidad social”, así como “injusta con las personas más cercanas a ellas que se han tenido que desplazar” para visitarlos.
“El derecho final a la reinserción ha sido vulnerado por la política de alejamiento, que si bien en un principio pudo tener alguna razón de ser, posteriormente se reveló absolutamente ineficaz”, ha defendido.
Por último, ha advertido de que si el Gobierno responde “con normalidad y con ajuste al estado de derecho y las normas” a las necesidades de las personas presas ello “no dificultaría en modo alguno un proceso de paz, sino que sería un impulso importante y lo beneficiaria”.