Una jueza utiliza la respuesta de Almeida al desahucio de Maricarmen para frenar otros desalojos de la empresa municipal
El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de la casa que habitó durante 70 años en Madrid, no solo se ha convertido en un símbolo de la crudeza de la crisis de la vivienda. También empieza a tener eco en algunas decisiones judiciales. Es el caso de resoluciones por las que un juzgado de Madrid ha paralizado hasta ocho desalojos de familias vulnerables de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).
En las providencias, a cuyo contenido ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Raquel Catalá argumenta que es un “hecho notorio” la “rápida puesta en marcha y activación” de la EMVS “ante una situación de desahucio de estos días” —en alusión a lo ocurrido con Maricarmen— y exige a la empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Madrid que garantice alternativas a otras familias vulnerables a las que pretende desahuciar.
La magistrada, que es titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 29 de Madrid, reclama a la empresa municipal que informe sobre las “medidas precautorias adecuadas y suficientes” que va a proporcionar a los ocupantes de esas viviendas —que se encuentran en “situación de especial vulnerabilidad”, incluso con menores— para que el desalojo, de producirse, les cause “el menor impacto posible”.
La jueza argumenta que no se puede limitar a autorizar “mecánicamente” los desalojos de vivienda pública. Y también rechaza que las soluciones que se propongan sean la mera asistencia ambulatoria en la calle a través del Samur Social, un servicio municipal que se encarga de prestar ayuda en situaciones de emergencia o urgencia social. Esta suele ser la vía que utiliza el consistorio para acreditar que ha prestado una alternativa ante los desalojos de vulnerables que pretende realizar, de acuerdo a las fuentes consultadas.
“Hay que superar tal solución”, subraya la jueza. Y añade: “Se trata precisamente de que la juez/el juez, al autorizar el desalojo, conozca, valore y considere proporcionadas y suficientes las medidas que la Administración ha adoptado o va a adoptar”. Además, en las providencias la magistrada recuerda que en la propia página web del Ayuntamiento de Madrid figura que esa administración, a través de la EMVS, “cuenta con un patrimonio de más de 10.000 viviendas destinadas a alquiler asequible”, así como el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA) que se utilizó en el caso de Maricarmen.
En sus resoluciones, la jueza alude también a que el derecho de la Unión Europea y la doctrinas y normas consignadas en los tratados y desarrolladas e interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recogen compromisos para garantizar el acceso a una vivienda social o una ayuda a la vivienda de calidad, así como el derecho de las personas vulnerables a recibir protección frente a los desahucios forzosos.
Almeida saca pecho
Esta misma semana, el alcalde de Madrid sacó pecho por la intermediación del Ayuntamiento en la resolución del caso de Maricarmen a través de la EMVS. “Hay una forma distinta de encarar el problema de la vivienda”, dijo José Luis Martínez-Almeida en contraposición a las políticas del Gobierno central, cuyos reales decretos para que este tipo de desahucios no puedan volver a ocurrir fueron este viernes tumbados en el Congreso por las derechas, incluido el Partido Popular. El Gobierno, a través de la entidad pública 'Casa 47', planteó a la empresa distintas opciones para no desahuciar a Maricarmen, pero decidieron ignorarlas.
En el caso de la anciana, podrá volver a su hogar tras su inclusión en el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA). Se trata de un programa que pertenece al Ayuntamiento de Madrid que oferta pisos de particulares a posibles inquilinos, quienes pueden acceder a ellos con la condición de pagar hasta el 40% de sus ingresos netos. Según informó Somos Madrid, actualmente oferta tan solo diez viviendas en toda la capital. La más barata es una en el distrito de San Blas por 857 euros y la más cara, una en Arganzuela por la que se piden 1.460 euros.
Entre las ventajas para los arrendatarios de las viviendas, la EMVS ofrece tanto seguros multirriesgo del hogar y seguro de impagos a lo largo de toda la vigencia del contrato, como abonar el coste del certificado energético obligatorio para llevar a cabo cualquier tipo de alquiler. En el caso de Maricarmen, el precio del alquiler nunca podrá superar el 30% de sus ingresos netos de la vecina y tendrá una duración aproximada de ocho años.