Eso sí, ha rechazado que se judicialicen “movilizaciones políticas” como la que supuso, a su juicio, la consulta convocada por la Generalitat de Cataluña el 9 de noviembre de 2014, y, por tanto, que se “criminalice” a sus impulsores, en este caso, el entonces presidente catalán, Artur Mas.
En este sentido, ha rechazado que se intente responsabilizar patrimonialmente a Mas de los costes de aquella consulta, tal y como está estudiando hacer el Tribunal de Cuentas. “No voy a hacer ningún comentario sobre investigaciones judiciales pero me parece una barbaridad criminalizar movilizaciones políticas”, ha señalado en una rueda de prensa en la sede de CC.OO., tras reunirse con la dirección del sindicato.
“UNA BROMA” QUE EL PP HABLE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
Además, ha criticado que el PP “hable de responsabilidad patrimonial”. “Parece una broma a la vista de lo que hemos visto, sin prejuicios de que la corrupción tenga que perseguirse en todos los casos”, ha añadido, respecto los casos de corrupción que afectan al PP.
“Que el Gobierno diga que destinar dinero a cosas ilegales es grave, desde luego es un avance tratándose del PP, que es experto en dedicar dinero a cuestiones ilegales”, ha insistido, para añadir que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “debería aplicárselo” en relación a la amnistía fiscal que puso en marcha y que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional.