El juez Gómez Bermúdez resolvió dejar en libertad a los ocho activistas de Greenpeace detenidos, a los que se atribuía la comisión de un delito contra altos organismos de la nación, tras llevar a cabo su protesta en contra de la nueva Ley de Costas. Eso sí, impuso a los arrestados comparecencias mensuales en la sede judicial más cercana a sus domicilios.
DOS INFORMES
Además, remitió un oficio al presidente de la Cámara Baja, cursado a través del presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, para que le informase sobre si se alteró el normal funcionamiento del Congreso, demanda a la que Posada respondió este martes con dos informes --uno elaborado por los servicios jurídicos y otro por la Comisaría de la Cámara--.
Aunque el presidente del Congreso no quiso entonces desvelar el contenido de ambos informes, a la espera de que el juez los viese antes, fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que los activistas de la mencionada ONG medioambiental no perturbaron el desarrollo de la sesión plenaria, pero sí el funcionamiento ordinario del Congreso.
PROTESTA “PACÍFICA”
El mismo día del incidente el propio Posada admitió que “un fallo de seguridad” fue lo que permitió la acción de los activistas de Greenpeace y entonces avanzó que se abriría una investigación interna para “saber qué ha ocurrido y que no vuelva a ocurrir”.
Ahora bien, también se afanó en diferenciar este tipo de acciones, que calificó de “pacíficas”, de otras que incluyen “insultos y ataques a los diputados y al sistema democrático” y que “acaban en violencia”, en alusión a los 'asedios' al Parlamento de septiembre y abril.