El cemento es la fórmula de resistencia política que una docena de jóvenes voluntarios españoles ha elegido para luchar contra la ocupación de los territorios palestinos: reconstruyendo, con fondos de la AECID, una casa árabe demolida por el Ejército israelí en Jerusalén Este.
A las seis de la mañana, se ponen en marcha para llegar a primera hora a la obra y colaborar en lo que ven como algo más que la construcción de un hogar, un gesto de desobediencia civil frente a las demoliciones de viviendas palestinas por Israel en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental.
La idea es completar la casa en dos semanas, para que sus dueños puedan mudarse a ella de inmediato y dificultar así una nueva demolición.
El propietario del terreno, en el barrio de Aisawiye, es Atiya Moter, ayudante de cocinero de 48 años, con ocho hijos, cuya casa destruyó el Ejército hace dos años, tras determinar que estaba construida sin los preceptivos permisos.
“Compré esta tierra en 2004 y levanté mi casa en 2008. Pero los israelíes la destruyeron. Ahora alquilo un piso en el campo de refugiados de Shuafat”, explica a Efe Moter, agradecido de que “hayan venido voluntarios para hacer una nueva”.
Moter asegura que se gastó los ahorros de su vida, 40.000 euros, en construir una casa de 125 metros cuadrados que no duró más de varias semanas en pie y en la que nunca llegó a colocar sus muebles.
Hace solo tres meses terminó de pagar la última cuota de la estructura de hierro, que permanece hecha un amasijo en el solar.
“Israel no quiere a ningún palestino en Jerusalén. Tirar nuestras casas es su forma de echarnos de aquí”, afirma.
Cubiertos de cemento y polvo y tostados por el sol, los doce improvisados albañiles -entre la veintena y la treintena y de las organizaciones Acción en Red, Pau Sempre y Fundación Socialismo Sin Fronteras- trabajan siete horas al día acompañados de una arquitecto italiana, varios albañiles palestinos y miembros de la familia Moter, que también arriman el hombro.
Las tardes las dedican a conocer mejor el conflicto árabe-israelí, visitando proyectos, participando en manifestaciones y asistiendo a conferencias y charlas de organizaciones locales.
“Desde el 2008 mandamos gente aquí para aprender cómo están los temas relacionados con la ocupación y, durante el año, hacemos actividades para conocer y divulgar la situación”, explica a Efe Jordi Matas, de Pau Sempre.
En su opinión, este es “un conflicto latente, continuo, en el que las peores aberraciones son las pequeñas humillaciones de cada día, que son miles y se repiten todo el tiempo”, aunque no siempre son recogidas por los medios de comunicación.
David Perejil, de Acción en Red, considera que “hay gran solidaridad cuando suceden grandes desastres, pero el resto del tiempo no imaginamos las dificultades cotidianas como el muro, los checkpoints (puestos de control) o las demoliciones”.
Perejil denuncia que la Alcaldía “concede entre cinco y diez permisos de construcción anuales a palestinos” una cifra que no cubre su crecimiento natural, mientras que “desde 1967 se han instalado 250.000 colonos judíos en Jerusalén Este” para los que sí hay licencias municipales.
Ataviada con un sombrero y guantes de obra, la monitora de ensayos clínicos Beatriz Piqueras afirma que “todo ser humano tiene derecho a una vivienda, agua y electricidad” y recuerda que “la legislación internacional establece que la ley israelí no rige tras la línea verde (en los territorios ocupados en 1967)”.
La cuadrilla espera poder entregar el sábado las llaves de la casa, más modesta que la anterior, con unos sesenta metros cuadrados.
Roberto Krimer, activista israelí a cargo del proyecto, explica que “las demoliciones son parte de una estrategia de Israel para judaizar la parte Este y no dividir lo que consideran la capital indivisible del pueblo judío”.
“Es una forma más de hostigamiento, exclusión y limpieza étnica” contra la población árabe, frente a la que apuesta por la reconstrucción sin permisos, “una forma de resistencia, de decir: Nosotros no nos vamos, nos quedamos. Y, si demolen, volvemos a reconstruir”.
Según sus datos, las autoridades han tirado abajo este año “solo trece casas”, frente a las ochenta que se han destruido otros años.
Detrás de este proyecto está la ONG Comité Israelí Contra la Demolición de Viviendas (ICAHD), con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que en 2010 concedió 120.000 euros con los que se han reconstruido cuatro casas demolidas.
Viendo día a día cómo progresa la construcción y cómo los jóvenes se afanan en ella, el cocinero Moter sonríe y espera que “esta vez, los israelíes no la tiren abajo”.