El Tribunal Supremo ha inadmitido una querella presentada contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el conocido como 'caso Avalmadrid'. La concesión de un crédito de 400.000 euros por parte de este ente semipúblico regional a la empresa MC INFORTÉCNICA, vinculada a la familia de la presidenta, al entender que ella no intervino de ninguna manera en el proceso.
La querella había sido interpuesta por la Asociación Libre de Abogados (ALA) y acusaba a Díaz Ayuso de participar en la operación para que la Administración no pudiera reclamar un piso de su familia que había heredado como pago por este préstamo. Un préstamo de casi medio millón que sus padres nunca devolvieron.
La sala de lo penal, con Miguel Colmenero como ponente y siguiendo el criterio de la Fiscalía, opta por inadmitir la querella y explica que no hay indicios contra ella: “No era socia de MC Infortécnica; no consta que conociera su situación económica y societaria; no intervino en la operación de crédito o de aval; no era avalista ni deudora; no consta que conociera la deuda; y no se aprecia ningún indicio de que actuara en connivencia con los demás querellados para evitar el pago de la deuda de aquella sociedad”.
Díaz Ayuso no tuvo nada que ver con el préstamo de 400.000 euros y tampoco con una supuesta estrategia posterior para que sus padres no tuvieran que devolver el crédito. Dice el Supremo que “no aparece indicio alguno de que, en la fecha en la que se lleva a cabo, conociera que MC Infortécnica no fuera a cumplir con las obligaciones derivadas de la operación de crédito, ni tampoco de que tuviera dificultades para ello o que, de forma más o menos definitiva, no pudiera hacerlo en un futuro próximo”.
La querella, por tanto, queda archivada aunque el Supremo no cierra la puerta a poder investigar el posible papel de Díaz Ayuso en un futuro si una investigación judicial a las personas no aforadas dejasen sospechas sobre su actuación. Se inadmite, dicen, “sin perjuicio de lo que proceda en su momento, si iniciada la investigación en relación con los demás querellados no aforados, resultaran indicios consistentes de responsabilidad criminal contra la persona aforada”.
La querella fue interpuesta por ALA a principios del pasado mes de octubre. Un escrito en que la asociación de abogados acusaba a la presidenta y varios familiares de un delito de alzamiento de bienes al entender que Díaz Ayuso aceptó una vivienda de sus padres como una donación para evitar un embargo. La empresa vinculada a su familia había dejado sin pagar un crédito-aval de 400.000 euros a Avalmadrid, entidad pública de la Comunidad, que tendría que haber sido devuelto en 2011. La querella aseguraba que los avalistas de la empresa se habían desentendido de sus bienes libres de cargas para evitar, por ejemplo, un posible embargo.
La querella afirmaba, por ejemplo, que existía “otra donación realizada por las mismas personas a favor de otro hijo” así como “varias operaciones realizadas por estos y por otros querellados. En la actualidad el matrimonio ya no cuentan con más propiedades al haber transmitido su patrimonio a terceros”. La Fiscalía pidió la inadmisión y señaló, en primer lugar, que los hechos “podrían estar prescritos” y que además no existen “indicios fundados de la participación en un hecho delictivo”.
El conocido como 'caso Avalmadrid' ha tenido una gran presencia reciente en la vida política madrileña hasta el punto de traducirse en una comisión de investigación en la Asamblea regional de Vallecas. La comisión indagó en si esta entidad semipública creada en 1985 estuvo otorgando créditos y avales sin estudios de viabilidad, entre otros a la familia de la presidenta de la Comunidad cuando no estaba al frente del ejecutivo regional. Previamente, en noviembre de 2019, ya la Fiscalía Anticorrupción había rechazado también una denuncia de Más Madrid por los mismos hechos.