El pasado mes de septiembre, la ministra de Igualdad comparecía en el Congreso de los Diputados para hablar de la reforma de la Ley del Aborto. Una intervención en la que Irene Montero defendía la importancia de la educación sexual en menores de edad, y que fue manipulada por Vox y otras asociaciones cercanas a la ultraderecha para montar una campaña contra la ministra, a quien acabaron denunciando ante el Tribunal Supremo bajo la acusación de promover la corrupción de los más pequeños. Ahora los jueces han rechazado de plano todas las acusaciones, en un auto en el que reprochan a Vox que mezcle el debate parlamentario con la pedofilia y que haya intentado acusar a Montero de un delito que ni siquiera existe. “Las denuncias y querellas son manifiestamente improcedentes”, dice el Supremo.
La ministra de Igualdad habló ese día en la comisión del ramo en el Congreso de los Diputados. Una intervención en la que defendió que la educación sexual es “un derecho de los niños y de las niñas, independientemente de quienes sean sus familias”. Añadió también que los menores tienen derecho a “saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia, tienen derecho a amar y a tener relaciones sexuales con quién les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento, y eso son derechos que tiene reconocidos y que a ustedes no les gustan”.
Vox y otros colectivos de ultraderecha no tardaron mucho tiempo en manipular estas palabras e interpretar que la titular de la cartera de Igualdad estaba invitando a la corrupción de menores a gran escala en España y decidieron, incluso, poner en marcha acciones judiciales contra ella. “Es corrupción de menores y apología de la pederastia”, dijo la diputada de extrema derecha Carla Toscano en Twitter.
Vox presentó una querella en el Supremo contra Montero por un delito de incitación al delito de corrupción de menores, subsidiariamente de incitación a la prostitución o incluso de “un delito compatible” con la pornografía infantil. Pero el partido de Santiago Abascal no fue el único: también presentaron denuncias y querellas cinco asociaciones vinculadas con el movimiento antivacunas, algunas especializadas en la lucha contra la “ideología de género”, que en ocasiones han apoyado a Vox en la interposición de querellas contra el Gobierno o incluso una asociación liderada por un policía que participó en Gran Hermano hace casi una década.
Todas las denuncias y querellas fueron anunciadas pero ni Vox ni estas asociaciones han comunicado a sus afiliados y seguidores que fueron inadmitidas de plano por el Tribunal Supremo hace un mes, con el visto bueno de la Fiscalía. Con el juez Andrés Palomo como ponente, las seis denuncias y querellas fueron rechazadas porque los jueces no vieron ni el más mínimo atisbo de incitación a la pedofilia en las palabras de la ministra de Igualdad.
Las críticas más duras de la sala de lo penal se las lleva la querella de Vox, cuya responsable jurídica Marta Castro llegó a afirmar tajante que las palabras de Montero “son constitutivas de delito”. Los jueces explican que Montero contestaba a una pregunta sobre el aborto y su discurso aludió “a las menores de 16 y 17 años; y en todo caso el consentimiento, se predicaba como objeto o materia en que los menores debían ser educados. Ninguna incitación se contiene, a que menores, con edad inferior, mantengan relaciones sexuales”, dije tajante ahora el Supremo.
“En las manifestaciones aportadas, ninguna incitación directa se contempla” a la corrupción de menores, dicen los jueces. Un delito que Vox y algunas de las asociaciones ultras pusieron encima de la mesa y que, añade el Supremo, no existe en su modalidad de incitación. “La provocación, se castiga exclusivamente en los casos en que la Ley así lo prevea y en ninguno de los delitos del Título VIII, donde se recogen los delitos contra la libertad sexual, se prevé”, recuerdan los jueces a Vox. “Nada que ver con la educación sexual, en relación con una ardua y con frecuencia, angustiosa decisión, por parte de menores de dieciséis y diecisiete años”.
Los jueces también reprochan al partido ultraderechista que haya planteado en su querella no solo este delito inexistente sino, incluso, el de abusos sexuales consumados o el favorecimiento de la prostitución, poniéndolo a la altura de un debate parlamentario. La querella ha equiparado, destaca el Supremo, “la mera discusión en un ámbito político, especialmente protegido, sobre la educación sexual de los menores, con la efectiva realización de actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años”.
La publicación “sesgada y fuera de contexto”
Las denuncias y querellas contra Montero ponían encima de la mesa, además de un fragmento de sus declaraciones –que los jueces contextualizan en el conjunto de su intervención en la comisión de Igualdad de la cámara baja– los titulares de medios de comunicación como El Debate, Libertad Digital o The Objective. La Fiscalía calificó de “titulares alarmantes” estas aportaciones y habló de “publicación sesgada y fuera de contexto de algunas de sus manifestaciones”.
El auto del Tribunal Supremo al que ha tenido acceso elDiario.es revela que no solo Vox intentó que los jueces abrieran una causa contra la ministra Montero por delitos sexuales contra menores de edad. Hasta cinco asociaciones presentaron sin éxito sus propias acciones judiciales, entre ellas algunas que han apoyado a Vox en otros frentes judiciales y otras que han declarado la guerra a la “ideología de género” o a la vacunación contra el COVID-19.
Una de ellas es la Asociación Liberum, que en los últimos años ha iniciado multitud de acciones judiciales contra medidas de contención del virus como el pasaporte COVID, las mascarillas o la vacunación, algunas de ellas sin éxito por la vía penal. Otra es la Asociación Víctimas de los Políticos, que según explica en su web llama entre otras cosas a imponer un “control absoluto” a la inmigración.
Entre ellas también está la Asociación de Educadores contra el Adoctrinamiento, que hace una semana acudió al Tribunal Supremo para apoyar a Vox en la presentación de su querella contra Pedro Sánchez por “conspiración para la rebelión”.
Otra de las asociaciones querellantes es la denominada Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, que entre otras cosas difunde el bulo de que existe una “industria del maltrato” usada por mujeres para acusar en falso a sus parejas de violencia machista y obtener subvenciones e, incluso, financiar partidos políticos. Esta asociación anunció que, con su querella, pedía que a Irene Montero le fuera retirada la patria potestad de sus tres hijos menores de edad.
Una última denuncia fue presentada por “Proyecto Alexia Enséñanos”, impulsado por Salvador Martí, policía local de Logroño y concursante de Gran Hermano en su sexta edición celebrada en 2004. Martí utiliza en este proyecto una marioneta llamada Alexia, que simula ser una policía que “llegó a España en una patera con sus papás cuando era un bebé”, para prevenir el abuso a menores. Martí ha sido premiado por la plataforma ultracatólica Hazteoir, y en los perfiles del proyecto en diversas redes sociales ha mostrado su apoyo a Vox, por ejemplo en su oposición a la Ley de Familia.