José Luis Peñas era una especie de apestado en el banquillo de Gürtel. Un acusado al que miraban con odio algunos de los acusados que se sentaban con él. Muchos, entre ellos Francisco Correa, estaban frente a ese tribunal en parte por las grabaciones que el exconcejal del PP había llevado a Anticorrupción unos años antes, en las que se revelaban algunos de los negocios ilegales de la trama y que se convirtieron en la prueba fundamental del caso. Era uno de los arrepentidos de Gürtel, pero la Audiencia Nacional le condenó a cárcel y el Supremo ahora ha confirmado esa pena.
Los jueces de Gürtel le han condenado por asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, malversación y prevaricación. Peñas, que acumuló decenas de horas de grabaciones a los cabecillas de la trama, ha corrido la misma suerte que ellos, porque el tribunal de la Audiencia Nacional aseguró que cobró sobornos y ayudó a Correa, su amigo personal, a tener bajo control las adjudicaciones de Majadahonda, el municipio madrileño donde empezó como funcionario y acabó como concejal.
La Audiencia Nacional le impuso una pena de cuatro años y nueve meses. La propia sentencia reconoce que había “colaborado de forma esencial en la investigación”, pero tras repasar su implicación en los hechos concluyeron que su credibilidad fallaba: “Con las respuestas que ha dado, ha tratado de eludir su implicación en los hechos de que ha venido siendo acusado”. La sentencia añadía que Peñas y otros concejales “se fueron apoderando de manera indebida, con regularidad y periodicidad, de distintas cantidades de distintas 'cajas fijas', que ni justificaron en su momento ni han justificado después”.
Cuando llegó el momento de imponer medidas cautelares hasta que se pronunciase el Supremo, la Fiscalía no pidió ninguna para Peñas. Lo justificó poco después diciendo que desde el Ministerio Fiscal se iba a informar a favor de cualquier medida favorable al exconcejal, incluido el indulto. Peñas siempre ha negado su implicación en los hechos y ha tratado sin éxito que el Supremo anulase su condena.
Las grabaciones que hizo son legales
Varios acusados han intentado, una vez más, que la justicie anule las grabaciones de Peñas. Llevan años tratando que un tribunal u otro las tumben, una estrategia bajo la que se encuentra una doctrina jurídica: la teoría del árbol envenenado. Es decir, pretendían que la investigación que se desarrolló a partir de las revelaciones de Peñas sea considerada nula, lo que hubiese acabado con todo el caso Gürtel.
Pero el Supremo considera que las reuniones que grabó fueron libres y espontáneas, y la decisión de de Peñas de grabarlas “no fue provocada por la policía u otra institución pública de investigación, por lo que aun cuando moral y éticamente pueda ser cuestionada su actuación, no supuso infracción del derecho a un procedimiento con todas las garantías y del derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable”.
El tribunal también dice que Peñas registró sus propias manifestaciones en esas grabaciones. Es uno de sus argumentos de defensa, aunque no haya calado: “Si yo hubiese hecho algo, habría ido a la Fiscalía a negociar directamente, no hubiese empezado a grabar”.
Una amistad rota con Correa
Peñas y Correa se conocieron a principios de los 2000. El alcalde de Majadahonda les presentó, y le recomendó a Peñas que le invitase a su boda. Así lo hizo, y el empresario, que entonces vivía la época dorada de sus negocios, le obsequió con un viaje a Isla Mauricio como regalo de bodas. La amistad que se fraguó entonces la definió el propio Correa durante el juicio, cuando contó que su hija le llamaba “tío Pepe”.
Peñas empezó a grabar sus conversaciones con Correa en diciembre de 2005. Meses más tarde acudió con 20 horas de grabaciones a la Fiscalía Anticorrupción, en lo que supone el origen del caso Gürtel como recoge la propia sentencia. La fractura que produjeron las grabaciones de Peñas a Correa y su colaboración con los investigadores se evidenciaron durante el juicio. Durante un receso de la declaración de Peñas, Correa le llamó “golfo”, “sinvergüenza” y le dijo que se había estado llevando “la pastuqui”. El empresario siempre ha defendido que Peñas le grabó para extorsionarle, para pedirle que le pagase más.