El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso que la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso interpuso contra la creación de un servicio estatal de captación y formación de familias acogedoras de menores tutelados. Para el ejecutivo regional, esta acción del Gobierno central invade competencias autonómicas.
El proyecto, financiado con fondos europeos, está previsto para cuatro comunidades autónomas entre las que se encuentra Madrid para crear un sistema de captación, sensibilización, fidelización y formación de familias que acogen a menores de edad. La Comunidad pidió el Gobierno que anulara el contrato el pasado mes de diciembre y hasta la fecha el ejecutivo central ha negado que se trate de una invasión de competencias.
Por Alberto Pozas