La Abogacía del Estado interpuso el pasado septiembre un recurso contencioso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de San Sebastián para impugnar la subvención de 100.000 euros que la Diputación de Guipúzcoa concedió a la asociación cultural Gure Esko Dago para financiar la cadena humana a favor del derecho a decidir por considerar que vulneró “el principio de lealtad institucional” y porque “la promoción de la secesión no forma parte de los fines de la Diputación ni de sus competencias”.
Esta ayuda es “similar”, según la formación magenta, a la que otras organizaciones están recibiendo de las administraciones públicas para promocionar actividades “en favor de la independencia”, como son los casos de la ANC y Òmnium Cultural, que han recibido “cientos de miles de euros” de la Generalitat catalana.
Así las cosas, UPyD pregunta al Ejecutivo qué otros recursos piensa llevar a cabo para impugnar las subvenciones concedidas por las administraciones públicas, autonómicas, provinciales y locales, con “una clara motivación desleal” para con el Estado.