Mar Cabrejas, vocal del Consejo General del Poder Judicial, defiende que se simplifique la tramitación procesal que ralentiza las investigaciones de casos de corrupción, de modo que la instrucción pueda ser más ágil, un fin para el cual considera que ayudaría también ponerla en manos de los fiscales.
“Hace falta una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que haga posible que las tramitaciones en la fase de instrucción se hagan mucho más ágiles”, una reforma que debe correr paralela a la limitación de los tiempos de instrucción que ya se ha aprobado.
Así lo ha explicado en una entrevista con Efe esta magistrada que pasó a formar parte del órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PSOE pero que se ha incorporado al equipo que lidera el conservador Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial y del Supremo.
Ella considera que simplificar los trámites de la fase de instrucción y ponerla en manos de los fiscales haría más ágiles y rápidas las investigaciones contra la corrupción y, en términos generales, la fase de preparación de los sumarios penales para el momento del juicio.
Como miembro de la Comisión permanente del CGPJ, el órgano que dirige en la práctica la institución, presentó el pasado 12 de enero junto a Lesmes el mapa de la corrupción, el primer archivo de datos de procedimientos judiciales por delitos relacionados con la corrupción, que será de acceso público por internet.
Según este mapa, los juzgados y tribunales españoles han procesado o abierto juicio oral por delitos de corrupción contra 1.378 personas, en su gran mayoría responsables públicos, entre julio de 2015 y septiembre de 2016.
El archivo apunta también un dato relativo a las condenas. Fueron 399 los condenados por sentencia firme en el mismo período.
“Es muy relevante que haya un 72% de condenas”, dice. “Esto me hace pensar que los procedimientos que se abren se desarrollan con garantías y pruebas. Pero hay que esperar. Son datos, por ahora, muy circunstanciales, la estadística requiere tiempo”, afirma.
Lo que sí tiene claro Cabrejas es que “con los medios que tiene, la Justicia está claramente a la altura del problema. Otra cosa es que tenga dificultades con una tramitación farragosa. Que se pudieran hacer piezas, que se redujera el número de recursos... eso ayudaría a ser más rápidos, sin perder garantías. No se trata solamente de aportar más medios materiales”, señala.
En cuanto a poner la investigación de los casos en manos de los fiscales, dejando al juez la posición de garante de los derechos de los implicados, considera que “a pesar de todos los peros que podamos ponerle entre todos, eso haría también posible más rapidez”.
“Siempre va a trabajar mejor un equipo que una sola persona y la fiscalía es un equipo, el juez uno solo para decidir”, señala.
En este sentido afirma también que “confío en la independencia del Fiscal General del Estado y de los fiscales. Son independientes”.
“Otra cosa es que si un juez tiene un estatuto diferente al de un fiscal y tienes que trasladar las funciones de un juez a un fiscal, parece lógico adecuar el estatuto del fiscal, pero jamás en mi vida he visto un fiscal que no fuera independiente”, añade.
Del mismo modo, concluye, tampoco “he visto nunca un juez que no lo sea. Otra cosa es que se sientan incómodos con, por ejemplo, informaciones en medios de comunicación sobre sus casos. Pero un juez es un profesional que debe ser capaz de abstraerse de ese tipo de situaciones”.