Vox usa la crisis en Ceuta para relanzar sus postulados sobre la prioridad nacional
La crisis humanitaria y el desborde de los servicios tras la llegada de 72.000 personas a Ceuta desde Marruecos, de las que quedan al menos dos millares en la ciudad autónoma, han sido la tormenta perfecta para que Vox intente plantar de nuevo la semilla de la “prioridad nacional”. La ultraderecha lleva una semana difundiendo que los niños y adolescentes deben “deportarse” y que “los recursos de los españoles” tienen que ir “a los españoles”, un discurso trufado con otros mensajes de dirigentes que defienden “cazar a los inmigrantes” o llaman a los menores “menesterosos jamás integrables”.
El último movimiento de Vox ha sido el de anunciar su plante a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para el jueves, en representación de las tres comunidades donde tienen estas competencias: Castilla y León, Extremadura y Aragón. Se trata de un encuentro de carácter técnico —con las direcciones generales de Infancia de las autonomías, no con los consejeros— y preparatorio de la Conferencia Sectorial en la que se tratará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de los menores. Había dudas sobre la postura del PP, pero las han despejado este lunes: ellos sí se sentarán a la mesa a “escuchar” después de que el presidente de Ceuta, de su propio partido, haya reclamado estos días “solidaridad” y más recursos económicos para la ciudad autónoma.
Precisamente es la partida de 25 millones la que ha utilizado Vox para relanzar sus mensajes contra las personas migrantes. En los últimos días, el líder de la formación, Santiago Abascal, ha dibujado un país en el cual las personas extranjeras parecen ser privilegiadas frente a las españolas. Entre otras cosas, ha asegurado que los ciudadanos de España (“nuestros compatriotas”) están “haciendo cola” en los hospitales porque el Gobierno “da absoluta prioridad a la fuerza invasora de Mohamed” y ha lamentado que los niños y adolescentes que están sin sus familias supuestamente reciban mejor comida que los militares.
“Esta es la demostración de que el Gobierno está con los invasores... y maltrata a los que nos tratan de defender. Han construido todo un negocio para premiar la invasión y castigar la resistencia”, ha argumentado.
El eurodiputado Hermann Tertsch ha ido un paso más allá al decir que en Marruecos “hay hoy probablemente menos peligro de guerra que en España” y allí “no crece la pobreza infantil como en la España de Sánchez” para defender que los menores deben volver con sus familias. En la España de la que habla Vox hay “muchos españoles sufriendo privaciones inauditas” mientras el Gobierno “criminal” promueve “la invasión de más menesterosos y jamás integrables”, en palabras de Tertsch.
Desde Vox también han hecho un cálculo, que no se corresponde a la realidad, en el cual dividen de forma directa el dinero total de la partida extraordinaria de 25 millones de euros que se va a destinar a la atención urgente entre “mil menas” y lo traducen como “25.000 euros por mena”. Después se preguntan “cuántos niños españoles en situación de pobreza”, “huérfanos” o “discapacitados” podrían recibir ese dinero.
No dan los números para investigar a Sánchez por “traición”
Otra de las campañas que ha iniciado la extrema derecha es “promover” la activación del artículo 102 de la Constitución “para investigar a Sánchez y a su Gobierno por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado”. Ese artículo recoge que la Sala de lo Penal del Supremo es quien tiene la competencia para exigir la responsabilidad criminal del presidente cuando la acusación se refiera a los delitos antes mencionados. En realidad, Vox no puede hacer nada solo: el procedimiento exige que la iniciativa sea presentada por, al menos, una cuarta parte de los miembros del Congreso y que sea aprobada por mayoría absoluta de la Cámara. En el PP no han respondido, al menos por el momento, a este guante tendido por la extrema derecha.
El número de menores que terminarán en el sistema de acogida todavía no se conoce. El cauce que prioriza el Gobierno es que, en caso de que se pueda confirmar que el menor tiene familia, se habiliten las vías para enviarlo junto a sus parientes. Si eso no ocurre, se busca acogida al niño en las instalaciones de alguna de las ONG que colaboran con las administraciones o, en su caso, en el sistema de otra comunidad. Las autonomías no tienen la capacidad de negarse a acoger a los menores que les correspondan por ley, pero sí pueden recurrir cada expediente, que es justo lo que ha anticipado Vox.
Los de Abascal han mandado cartas a la ministra Sira Rego en las que afirman que no pueden aceptar un traslado a sus sistemas de acogida mientras “no se haya acreditado la previa tramitación y resolución de los procedimientos individualizados legalmente exigibles para determinar su situación jurídica mediante resolución firme” y avanzan que impugnarán por la vía judicial “todos y cada uno de los expedientes individuales que no finalicen con el retorno a Marruecos”.
La posible distribución en el sistema de acogida coincide con la nueva ofensiva de los ejecutivos de coalición entre PP y Vox contra los menores y el señalamiento a las ONG, a las que llegaron a apuntar como “colaboradores” de la “invasión”. En las últimas semanas, la Fiscalía ha abierto una investigación por la decisión del Ejecutivo de Aragón de retirar la asignación semanal de 17 euros a los menores de los Centros de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIM) y Centros de Atención Temporal a la Infancia Migrante (CATIM) de Peralta de la Salt, Torrero y Movera, recursos en los que únicamente residen menores extranjeros.
Además, la Fiscalía del Supremo tendrá que dar respuesta a la denuncia de Compromís contra el parlamentario de Vox José María Figaredo por decir en un programa de televisión que a los inmigrantes “hay que ir cazándoles uno a uno y eso se ha hecho”. El diputado de Compromís-Sumar y portavoz adjunto del grupo en el Congreso Alberto Ibáñez entiende que las manifestaciones de Figaredo podrían constituir un delito de odio.