El crucero MV Hondius —en el que han fallecido tres personas por hantavirus y otras cinco se infectaron— ya está en aguas de Tenerife tras el choque entre el Gobierno central y Canarias. La idea es que sea una operación exprés, lo más rápida posible. Fondear, evaluar, desembarcar y volar. En el escenario bueno, sin más contagios, los españoles a Madrid y el resto a sus países. Su llegada a las Islas Canarias pone en marcha un complejo operativo que implica a 23 gobiernos, dos organismos supranacionales, 147 personas entre pasaje y tripulación más cuatro profesionales que han embarcado después para controlar la situación, un cadáver, decenas de profesionales en tierra y un número indeterminado de aviones.

La operación sigue adelante después de que el Gobierno, a través de la Marina Mercante, impusiera al Ejecutivo canario la acogida del barco después de que su presidente Fernando Clavijo anunciase de madrugada que se prohibía la entrada y el fondeo en el puerto de Granadilla, unas competencias que no son de la comunidad autónoma por tratarse de un puerto de interés general.

“El proceso va a ser rápido y ágil”, ha insistido estos días Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil, en un mensaje destinado a tranquilizar tanto a la población general como al Ejecutivo canario, muy reticente a recibir el barco. “Todas las zonas por las que van a pasar estarán aisladas”, repite una y otra vez la responsable. Nadie bajará del barco si no es para subirse directamente a un avión que le esté esperando, sea un vuelo estándar o, si hay alguien con síntomas que lo requiera, uno medicalizado.

---

La secuencia, aprobada por la Comisión de Salud Pública el viernes siempre con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea (UE) supervisando será así, según la desgranó Barcones el viernes en rueda de prensa: el barco fondeará en el puerto, no se amarrará en un muelle, en la zona designada por la autoridad portuaria. Según llegue, miembros de Sanidad Exterior evaluarán a las 149 personas que viajan en él.

"Cuando el equipo que estará en el aeropuerto dé el aviso de que el avión está listo para despegar, con la puerta abierta, solo en ese momento, empezará a bajar gente del barco"

Virginia Barcones — Secretaria General de Protección Civil

A partir de ahí, suponiendo que continúen asintomáticos como hasta ahora, la vista se fija en el aeropuerto, donde deben estar preparados los aviones que los evacuarán. “Cuando el equipo que estará en el aeropuerto dé el aviso de que el avión está listo para despegar, con la puerta abierta, solo en ese momento, empezará a bajar gente del barco”, explicó Barcones. Solo los que vayan a subirse a esa aeronave. Se les irá subiendo a zodiacs que los acercarán de cinco en cinco al puerto, de ahí a un autobús y este los trasladará en un breve viaje de diez minutos al avión, que los desplazará a sus países.

Falta por cerrar cuántos aviones y de qué países llegarán a España a recoger a sus nacionales, pero ya hay algunas certezas. Por ejemplo, informó Barcones, EEUU ya ha confirmado que enviará uno y será de los primeros en llegar. Sus ciudadanos, por tanto, saldrán de los primeros. Además, Alemania, Francia (junto a Turquía), Grecia y Países Bajos han mostrado su disposición a enviar una aeronave, según el Gobierno, mientras Bélgica, Irlanda y Suecia tienen la voluntad de acoger a sus nacionales, pero no la disponibilidad de medios aéreos. Para ellos entra en juego el mecanismo europeo, que pondrá los aviones necesarios.

Si la evaluación en el barco halla algún nuevo contagio se decidirá sobre el caso individual en función del estado en el que se encuentre esa persona, pero Barcones explicó el viernes que han solicitado aviones medicalizados por si hay que trasladar algún paciente infectado. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, informó el viernes de que desde el 28 de abril “no hay constancia de síntomas” en ninguna persona del barco.

Una cuarentena indeterminada

Los 14 españoles que viajan en el MV Hondius, incluido un miembro de la tripulación del barco, serán los primeros en desembarcar e irán directos del avión al Hospital General de la Defensa Gómez Ulla con el estatus de “contacto”, el más leve. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, explicó el viernes que por el momento se desconoce cuánto durará ese aislamiento a falta de determinar de manera fehaciente cuándo se produjo el último contacto con alguien infectado, fecha que baila entre el 28 y el 30 de abril. Determinar ese día posibilitará establecer cuándo se acaba el aislamiento para estas 14 personas (siempre suponiendo que no aparezcan síntomas).

Sí informó el segundo del Ministerio de que durante su estancia en el centro sanitario estarán en “vigilancia continuada”, con pruebas PCR a la llegada y otra siete días después. Estos plazos supondrían que los viajeros sumarían ya casi 20 días de aislamiento entre el tiempo pasado en el barco y esa primera semana en el hospital, momento en el que “se realizará una evaluación de la situación”. Mientras, además de las PCR se les realizarán tomas de temperatura (uno de los principales indicadores de contagio) dos veces al día y si en algún momento presentan síntomas pasarán a ser “caso sospechoso”, lo cual implicará aislamiento. En cualquier caos, la red UATAM (Unidad de Aislamiento de Alto Nivel) está en alerta.

Padilla hizo hincapié en que “se va a tener un especial cuidado por todo lo que tiene que ver con el bienestar psíquico y emocional de estas personas”, que en conversación con el ministerio el viernes pidieron que se traslade a la sociedad el mensaje de que no suponen un “riesgo para la población general”. Este sábado la ministra ha confirmado que se ofrecerá atención psicológica a los pasajeros españoles. El secretario de Estado aprovechó para abundar en ese mensaje y, a preguntas de la prensa sobre qué pasaría ante una eventual “ola de contagios masiva”, ha zanjado: “Tenemos contemplado absolutamente todo lo que no va a ocurrir y eso no va a ocurrir”.

Sanidad ha informado, tras hablar con los españoles a bordo del barco, de que ninguno ha rechazado expresamente la cuarentena. En cualquier caso, ha informado Padilla, si alguien lo hace se le obligaría. El Ministerio ha preparado un informe jurídico que sostenga esa hipotética medida, según informó ayer el departamento que dirige Mónica García.

Además, este mismo sábado la Justicia ha ratificado la imposición de una cuarentena a los pasajeros del barco MV Hondius con un brote de hantavirus tras recibir una solicitud de la Abogacía del Estado. En un auto de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid se estima “procedente” ratificar las medidas “que las autoridades sanitarias han considerado urgentes y necesarias en este caso para la salud pública”.

Ninguna persona bajará del crucero MV Hondius cuando llegue a Canarias el domingo a mediodía hasta que no haya un avión preparado para recogerlo y no tendrán contacto alguno con la población local. El plan del Gobierno con el barco –en el que han fallecido tres personas por hantavirus y otras cinco han presentado síntomas (solo permanece a bordo un cadáver)– pasa porque los pasajeros estén el mínimo tiempo posible en España y, específicamente, en tierras del archipiélago, han explicado este jueves la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, y el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, en una rueda de prensa.

El dispositivo que se pondrá en marcha a partir del próximo domingo implica a 23 países y estará coordinado por la Comisión Europea –que tiene activado el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (MPCU)– y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay contactos además con el resto de países de fuera de la UE y colaboración con EEUU, Canadá y Reino Unido. Cada hora hay una reunión de seguimiento con organismos internacionales y administraciones implicadas. Todo para contener el virus y evitar que el brote del crucero de Oceanwide derive en una expansión internacional del hantavirus.

Los responsables han explicado que el protocolo previsto es que, según llegue el barco, los expertos de Sanidad Exterior subirán para evaluar a los pasajeros. Si permanecen asintomáticos, empezará la segunda parte de la operación: el traslado de todos los pasajeros, también los 14 españoles, al aeropuerto para que vuelen a sus países de origen. Pero, ha remarcado Barcones, “no van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar”.

“El proceso va a ser rápido y ágil”, ha explicado Barcones. Para ello, ha desgranado, serán trasladados a tierra y “automáticamente, por carretera, [harán] un trayecto de aproximadamente 10 minutos con medios que la naviera pone a disposición, supervisados y custodiados en todo momento por el Gobierno de España”, donde subirán a los respectivos aviones.

En el caso de los 14 ciudadanos españoles, irán directos al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde está previsto que pasen una cuarentena de tiempo indeterminado por el momento. Para esa cuarentena se les pedirá una autorización, pero podrán ser obligados si la situación lo requiere.

La ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, faculta en su artículo tercero a la autoridad sanitaria a adoptar las medidas que considere “necesarias” en caso de “riesgo de carácter transmisible”. La ley General de Sanidad, de 2011, también incluye una redacción genérica que da cobertura para que la autoridad sanitaria adopte las “medidas preventivas” que se consideren “sanitariamente justificadas” en caso de que “exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud”.

Con el resto de pasajeros, de 23 nacionalidades diferentes, las situaciones son dispares. Para los ciudadanos de nueve países de la UE y tres que participan en el mecanismo europeo habrá traslados organizados por la UE. Las personas de los 11 que ni son de la UE ni tienen ningún tipo de acuerdo están pendientes de que sus Gobiernos decidan enviar un avión o no para recogerlos. EEUU y Gran Bretaña han mostrado su disposición a hacerlo; del resto, si no llegan aeronaves, se hará cargo Países Bajos como país responsable del MV Hondius.

¿Y si hay sintomáticos?

En el caso de que algún pasajero desarrolle síntomas estos días antes de llegar a España, el protocolo no contempla una respuesta automática, han explicado los expertos. Dependerá del estado en el que se encuentren se actuará de una u otra manera. Si tienen síntomas leves y pueden continuar el viaje, así lo harán. Si requieren hospitalización y aislamiento, el Ministerio de Sanidad ya ha contactado con los centros especializados, ha informado Gullón.

Los responsables han explicado que el aislamiento de los pasajeros respecto a la población local será absoluto. “Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil”, ha subrayado Barcones: “Van a llegar a una zona que está completamente aislada y perimetrada, se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir”.

“Lo digo para que la población de Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto”, ha remarcado la secretaria general de Protección Civil. El director general Gullón había mandado un mensaje tranquilizador poco antes: “En términos de los riesgos en la población y de salud pública, el riesgo es muy bajo”, ha explicado. Tan es así que “no se requerirá de situaciones especialmente medicalizadas ni extremas en relación a los mecanismos de transmisión”.

Por último, Barcones y Gullón han explicado que “el barco tiene que llegar a su lugar de origen”, que son los Países Bajos, pero que por el momento no está decidido cómo se va a realizar la desinfección del mismo. “Estamos ultimando con el Gobierno de Canarias y con todas las autoridades cómo realizamos esa desinfección, incluso si se hace dentro de España o si continúa hasta el lugar de origen”, ha explicado Gullón, “pero no se puede quedar sin tripulación, con lo cual las cosas irán en diferentes tiempos. Pero no puedo dar una respuesta definitiva a exactamente dónde se va a realizar la desinfección”, ha admitido.

La llegada del barco a las Islas Canarias ha enfrentado a los Gobiernos central y canario, que se oponía a su llegada. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha aceptado la situación tras reunirse con la ministra de Sanidad, Mónica García, y asumir que la decisión corresponde a Moncloa y que no puede hacer nada al respecto.

Sí ha arrancado al Ministerio el compromiso de que el barco fondee en vez de amarrarse en puerto, una maniobra que Gullón ha minimizado porque, ha explicado, apenas supone diferencia alguna a nivel sanitario o de riesgo de contagio.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha señalado este jueves que “es posible que sean reportados más casos” de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se dirige a Canarias, “dado el periodo de incubación” del virus, de unas seis semanas. En cualquier caso, desde la OMS han insistido en que, pese a tratarse de un “incidente serio”, siguen considerando “bajo” el riesgo para la población global.

El barco, de bandera neerlandesa, salió de Ushuaia (Argentina) el pasado 1 de abril y realizó cuatro paradas en las islas del Atlántico hasta llegar a Cabo Verde el pasado sábado. En ese tiempo, se han detectado ocho casos: tres personas han fallecido, una se encuentra crítica, y mejorando, en Sudáfrica, otros tres fueron evacuados este miércoles a Países Bajos y la octava está en Suiza, donde había viajado tras desembarcar antes de llegar a Cabo Verde.

Llevan un mes en Madrid. No piensan parar y están ganando adeptas por todo el país: la huelga de la educación infantil que empezó la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) de la mano del sindicato CGT se expande al resto de España, ahora con el apoyo de CCOO. De A Coruña hasta Almería, unas 11.000 escuelas de todo el sector, que acogen cada día a medio millón de niños y niñas, están convocadas este jueves a secundar las movilizaciones y paralizar los centros en lo que será un paro histórico: es la primera huelga general de Infantil en España.

“Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”, han enumerado como las principales reclamaciones Rosa Marín y Lucía Martínez, de PLEI.

CCOO añade la necesidad de unificar un sector que hoy en día está atomizado: hay hasta diez modelos diferentes de escuelas infantiles, denuncian las organizaciones, en función de quién sea el propietario del centro —público o privado— y el modelo de gestión —directa por parte de la administración, sacada a concurso público o privada pura—, lo que genera condiciones laborales muy diferentes para trabajadoras que realizan la misma labor. Con carácter general, las maestras y educadoras infantiles que trabajan para el estado tienen una situación sensiblemente mejor que las empleadas privadas. Todas ellas sienten, sea cual sea su caso, que no se reconoce su labor y que trabajan en condiciones imposibles: una sola maestra tiene que atender a ocho bebés de un año, entre 12 y 14 de dos o 18 de tres.

Cuidar bebés por el SMI

Hay miles de trabajadoras por toda España cuidando bebés de cero, uno, dos o tres años por poco más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El nuevo convenio, firmado el año pasado, mejoraba las condiciones, pero no de manera automática; solo para quien firmara un contrato después de su entrada en vigor. Esto ha generado categorías no solo entre pública y privada, también dentro de la privada. Hay maestras firmadas como técnicas ganando apenas 1.200 euros al mes.

Pero la huelga no es solo por las trabajadoras. Muchas escuelas infantiles no están climatizadas ni tienen unos patios “suficientes”, ha explicado Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO.

También faltan plazas públicas, lo que aboca a muchas familias a recurrir al sector privado, con precios de hasta 500 euros al mes, o no poder llevar a sus hijos a una por motivos económicos. Save the Children calculó que existe una gran diferencia en el acceso a la educación infantil en función del estatus familiar: los hogares socioeconómicamente más favorecidos utilizan este recurso el doble que los más humildes, generando así un efecto Mateo, que quien más tiene más recibe. Porque acudir a una escuela infantil, dice la literatura científica, mejora el rendimiento académico futuro. Entre los que fueron uno o ningún año hay un 24,1% de bajo rendimiento; entre quienes pasaron tres o más años, apenas supera el 6%.

En los últimos años, el Gobierno central ha apostado por esta etapa, aunque no tanto por sus trabajadoras. Moncloa ha destinado 670 millones de euros a abrir 45.000 plazas públicas. La inversión ha surtido sus efectos con carácter general y la matriculación en la etapa, que no es obligatoria, ha subido hasta un 55%, por encima del objetivo europeo del 45%. Pero persisten las diferencias entre comunidades autónomas. Regiones como Andalucía, Cantabria, Euskadi o Madrid presentan tasas de matriculación con dos años del 80% o más, mientras Asturias, Canarias o Murcia se mueven en torno al 40%. Además, hay regiones, como la andaluza, que siguen apostando por reforzar su red privada y rechazaron esta partida porque prefieren bonificar las matriculaciones. Esto es, pagarle las cuotas a las familias y que vayan a las privadas, en vez de abrir plazas públicas.

La igualdad entre autonomías, tanto a nivel de oferta como de condiciones laborales, es otra de las peleas de las trabajadoras del sector. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene Marín, de PLEI.

Las organizaciones sindicales también han criticado los servicios mínimos, fijados en un 50%. “Queremos hacer mención especial a todas las compañeras a las que los servicios mínimos abusivos les han impedido ejercer su derecho a huelga. Hoy denunciamos alto y claro una contradicción que llevamos años sosteniendo sobre nuestras espaldas. Cuando se trata de derechos, de financiación y de reconocimiento, se nos considera prescindibles. Cuando se trata de sostener el sistema y de garantizar la conciliación, se nos declara esenciales. No se puede ser invisible para lo importante y obligatorias para lo urgente”, han explicado desde PLEI.

Enfrentamiento entre Madrid y el Ministerio de Educación

El epicentro de la protesta es la Comunidad de Madrid, donde empezó la huelga y que presenta, probablemente, las peores condiciones de todo el país. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejos, cargó contra el Ministerio de Educación por no incluir el primer ciclo de Infantil en el proyecto de ley por el que bajará las ratios en Primaria y Secundaria (si lo aprueba el Congreso) y le exigió que regule el número de niños por aula también en esta etapa. El Ministerio ha recordado a la consejera que tiene competencias para hacerlo si así lo considera.

“La Comunidad de Madrid ha regulado y puede regular en el ámbito de su competencia las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil, como lo ha hecho hasta ahora y, por tanto, puede establecer, si así lo considera, ratios más reducidas que las actualmente establecidas por esa Comunidad en su propia normativa”, reza la carta, firmada por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa. De hecho, el Gobierno de Esperanza Aguirre ya estableció unas ratios en 2008, de 8, 14 y 20 para uno, dos y tres años, respectivamente

Desde PLEI exigen una reunión con la consejera que aún no se ha dado. Sí lo han hecho con la ministra de Educación, Milagros Tolón, que anunció que antes del verano iniciará los trabajos para revisar las ratios. En cualquier caso, avisa su portavoz Marín, no van a parar hasta que consigan sus objetivos. “No volvemos a las aulas. Con estas condiciones, no vamos a volver”, anunció ayer en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid.

Vamos a seguir hoy con el tema de los policías en los institutos catalanes, porque es probable que la Generalitat anticipara una cierta contestación a su plan de introducir mossos d'escuadra en algunos institutos, pero no sé si preveía el rechazo absoluto que ha generado. En todos los frentes. Por estigmatizar a los centros, por aplicar una solución policial a un problema educativo, por muchas razones.

Vamos en orden, porque la semana pasada, cuando se conoció el plan, había pocos detalles de una medida que, por mucho que insista el Govern, no es habitual. Lo que sabemos: los llamados Agentes de Convivencia empezarán en 14 centros, la mayoría institutos de Secundaria o institutos-escuela. Los mossos irán desarmados y de paisano y, a diferencia de lo que se dijo la semana pasada, no tendrán un destino permanente. Son seis en total para los 14 centros.

Tampoco está previsto que se relacionen con el alumnado y, de hecho, la Generalitat ha anunciado que el plan será voluntario para los centros. Aquí encuentras todos los detalles que se conocen hasta ahora.

Lo que también se ha ido conociendo con el paso de los días es que al menos cuatro de los 14 centros seleccionados para recibir a los mossos han rechazado participar en el plan. En otros ha habido protestas de familias y profesorado porque lo consideran innecesario y “un insulto”, en palabras de los docentes. “No le encontramos ninguna justificación. Evidentemente tenemos problemas, pero tenemos una convivencia sana”, explicaba una profesora. Es “un ataque racista y estigmatizador”, añade el alumnado.

Pero, ¿qué van a hacer los policías en los institutos? No está claro. El Departament d'Educació no lo ha dicho con claridad. Aportarán “una mirada externa y especializada” en mediación de conflictos que puedan superar lo pedagógico, intentó explicar en primera instancia. “Los centros tendrán flexibilidad”, añadió aludiendo al carácter de prueba piloto.

Las partes ni siquiera se ponen de acuerdo en el origen del plan. La consejera Niubó sostiene que nace de “una demanda”, pero el principal sindicato de la escuela pública dice que “nadie lo ha pedido”. Muchos docentes conceden que puede haber un aumento de la violencia en algunos centros, pero que nunca sería esa su solución. Y recuerdan: se eliminaron 120 educadores sociales porque no había fondos, pero sí los hay para mossos.

Un pequeño desaguisado de la Generalitat, al menos en la comunicación que se ha hecho de la medida. De hecho, el Govern quería informar del plan a posteriori, consciente probablemente de que no era lo más popular que podía hacer.

Esta medida viene a ahondar en el malestar del profesorado catalán que, no satisfecho con dos, ha convocado la tercera oleada de protestas en lo que va de curso. Mayo y junio vivirán cinco jornadas de protestas en la calle, tres comunes a todos y dos en cada territorio. Os recuerdo que la Generalitat pactó con CCOO y UGT tras las dos primeras rondas de protestas, pero los que ostentan la mayoría de la representación (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) rechazaron el acuerdo y mantienen la presión.

No son los únicos, por cierto. Os he hablado de la conflictividad generalizada entre el profesorado, y las protestas no paran. A los docentes catalanes se unen los gallegos, que este martes han convocado el sexto paro en lo que va de curso. Como sus compañeros del resto del país, el profesorado gallego se siente sobrecargado y denuncia que no ha visto una reversión completa de los recortes de la década pasada, además de tener el agravio propio de una instrucción de la Consellería que impone la “neutralidad ideológica”, un término que utiliza habitualmente la ultraderecha.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

No sé si te enteraste, pero la semana pasada la Generalitat de Catalunya anunció que va a desplegar Mossos d'Esquadra de paisano en institutos con el objetivo de prevenir conflictos y mejorar la convivencia en los centros.

Los agentes, ha explicado la Generalitat, no irán armados y tendrán una presencia estable en los institutos, donde contarán con un espacio propio y tendrán una función preventiva y de mediación. La prueba piloto empezará este mismo tercer trimestre, antes de finalizar el actual curso, en dos institutos con alta conflictividad situados en el Baix Llobregat y el Vallès Occidental. En total serán 13 centros en esta primera ronda.

El plan responde a una creciente preocupación entre el profesorado y la Administración por los incidentes de carácter violento. Desde la Generalitat sostienen incluso que es una demanda del profesorado y que busca reforzar la seguridad sin criminalizar al estudiantado. Una encuesta del sindicato USTEC, mayoritario en la educación pública, rebeló que de los 11.000 docentes que respondieron, el 14% ha recibido una agresión física y el 46%, verbal.

Hasta aquí, la información.

Vamos con las opiniones.

La Generalitat admite que esperaba cierta polémica, pero no sé si un rechazo tan generalizado como se ha dado.

Familias y docentes, esos por los que el Govern dice haber actuado, habían pedido nada ni siquiera remotamente parecido a esta medida. Ni en las mesas sindicales ni en los protocolos contra agresiones se había mencionado hasta ahora una aproximación policial al problema. “Pedimos una rectificación inmediata. Nadie lo ha pedido”, valoró Iolanda Segura, portavoz de USTEC-STEs.

Algunas familias han mostrado su sorpresa porque el verano pasado Educación eliminó plazas de educadores sociales porque, les dijeron, no había presupuesto. “Y ahora resulta que podemos tener un plan con mossos distribuidos por centros del territorio”, explicaba Lidón Gasull, de la asociación de familias de alumnos AFFAC.

En general existe un consenso entre la comunidad educativa de que sí, existe un problema, pero no, la solución no es la policía. El sindicato Proffessors de Secundària sostiene que “la autoridad en el aula debe ser el docente”; AFFAC apunta al origen del problema, la pobreza y marginalidad en que vive buena parte del alumnado, aseguran, que se arreglan con “políticas de vivienda, de salud mental, equipamientos, inversión en educación”...

La medida, que cruza una línea hasta ahora no traspasada, se enmarca en un ambiente de protestas docentes en Catalunya por el deterioro del sistema en general. Con esta propuesta, la Generalitat parece lanzar un hueso a los docentes en un intento de pacificar un sector que hace un mes realizó una manifestación histórica por las calles de Barcelona.

En esta misma línea va el acuerdo entre la Generalitat y dos sindicatos para abonar 50 euros por noche al profesorado que se vaya con sus estudiantes de excursión con pernoctación incluida. Lo pongo otra vez, no era una errata: 50 euros por cuidar un día entero a unas decenas de adolescentes. Luego nos sorprendemos porque nadie quiere hacer estas actividades.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

“Con Gianni Infantino, la FIFA se ha convertido en una máquina de codicia a pleno rendimiento y han tirado sus valores a la basura en su búsqueda incansable de beneficios"; "La FIFA está podrida hasta la médula"; "EEUU no debería celebrar la Copa del Mundo de fútbol"; "Donald Trump está usando los deportes para su beneficio político y está tratando de usar el Mundial de fútbol para salvar su presidencia".

Jules Boykoff, profesor de la Universidad del Pacífico (California), poeta, activista, investigador, escritor y exjugador de fútbol de élite no deja títere con cabeza en Tarjeta roja: El Mundial de 2026, el 'sportswashing' y la máquina de la codicia de la FIFA (Red Card: The 2026 World Cup, Sportswashing, and the FIFA Greed Machine, OR Books, por el momento solo disponible en inglés), un breve libro en el que analiza la trayectoria reciente de la FIFA y los mundiales de fútbol, con una atención especial al que se va a celebrar este verano entre EEUU, Canadá y México. Un evento, sostiene Boykoff, que Gianni Infantino, máxima autoridad del fútbol mundial, utiliza para enriquecerse indisimuladamente contraviniendo todos los valores que la FIFA dice defender y Donald Trump, el mandatario con más poder del mundo, para lavar su imagen y fortalecer su presidencia a través del llamado sportswashing, un término que en su explicación más simple implica “el uso estratégico del deporte por parte de gobiernos (y a veces élites económicas o políticas) para mejorar su imagen pública y desviar la atención de problemas internos”.

Boykoff, una de las principales voces de denuncia de las prácticas corruptas de las instituciones deportivas, escribe desde el rincón del hincha despechado. Del exjugador que practicó un deporte que hoy no reconoce víctima de la codicia de la FIFA, siempre presente, cuenta, pero exacerbada sin disimulo desde que el suizo Infantino accedió al poder. Tarjeta Roja “pretende ser una guía para aquellos que aman el fútbol, pero detestan lo que la FIFA le está haciendo, que quizá vean el Mundial de este verano pero también quieren comprender cómo los autoritarios —desde Mussolini en la década de 1930 hasta la junta argentina en la década de 1970, pasando por Putin y Trump en la era moderna— han intentado utilizar el fútbol en beneficio de sus intereses políticos”.

Dice que EEUU no debería albergar el Mundial de fútbol. ¿Tan mal está la cosa?

Si miras objetivamente lo que la FIFA dice que cree (no a la discriminación, defender los derechos humanos, la sostenibilidad), EEUU incumple todo. Está discriminando por raza, por género, por sexualidad. EEUU es una pesadilla para los derechos humanos ahora mismo. Y esta va a ser la Copa del Mundo menos sostenible en la historia de las Copas del Mundo. Está repartida en tres países, EEUU tiene un sistema de trenes terrible, así que la gente va a estar volando de un lugar a otro. Añado: el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) está descontrolado. Llevan máscaras, ocultan sus identidades. Parece que vienen de atracar un banco, están matando a gente en la calle. ¿Qué más podrían hacer para infundir miedo a quien viene al país?

Dice que EEUU no cumple los estándares de la FIFA para celebrar un Mundial, pero también parece que la FIFA es la primera que no cumple esos estándares.

Absolutamente. Con Infantino, la FIFA se ha convertido en una máquina de codicia a pleno rendimiento y han tirado sus valores a la basura en la búsqueda incansable de beneficios. Infantino no podría dejar más claro que su principal objetivo para la FIFA es ganar dinero. Infantino ha propuesto una Copa del Mundo cada dos años, por ejemplo; la FIFA se lleva una tajada del 15% en el mercado de reventa tanto del vendedor como del comprador, lo que ofrece un incentivo para que los precios suban. Están vendiendo plazas de aparcamiento a precios exorbitantes [hasta 300 dólares por un lugar, cuenta el libro]. Todo esto anima a las organizaciones locales a inflar sus precios. Para Infantino se trata de enriquecimiento personal. Se ha subido el salario, está ganando seis millones de dólares al año. Este Mundial va a tener los mayores ingresos que cualquier evento deportivo en la historia de la humanidad haya generado: 11.000 millones de dólares solo en el Mundial en sí, 13.000 millones a lo largo del ciclo de 2023 a 2026.

¿Cómo se relacionan Infantino y Trump?

Infantino es el facilitador número uno de Donald Trump con el sportswashing. Es una gran parte del problema, y puede que piense que porque es amigo de Donald Trump podrá ejercer cierta influencia sobre él cuando se acerque al torneo, pero es una idea falaz. Cuanto más nos acercamos a la Copa del Mundo, más poder tiene Trump sobre la FIFA. En 2022, justo antes de la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, los qataríes dijeron de repente: “No va a haber cerveza en los estadios”. Budweiser había dado unos 63 millones de libras a la FIFA como patrocinio justo antes del torneo. Pero Qatar dijo que no, y se acabó. Ese es el tipo de poder que el anfitrión tiene sobre la FIFA. ¿Qué va a hacer la FIFA en ese punto? ¿Reubicar los partidos? No pueden hacer nada. Ya hemos cruzado esa línea donde será casi imposible reubicar partidos fuera de EEUU. Si crees que Trump ha estado fuera de control, si se da cuenta de su poder según nos acerquemos a la Copa del Mundo, podría ponerse bastante peor.

Infantino y Trump se han quitado la máscara. Los presidentes de EEUU solían tener que decir en público que les importaban los derechos humanos. Trump no lo hace. El máximo responsable de la FIFA solía tener que decir que le importan cosas como la lucha contra la discriminación. Ya no. Juntos son una especie tándem contra el orden liberal internacional

Llama la atención que no parece que se escondan. Infantino le dio un premio de la paz a Trump, hacen mundiales con más partidos (más dinero)...

Infantino y Trump se han quitado la máscara. Los presidentes de EEUU solían tener que decir en público que les importaban los derechos humanos. Trump no lo hace. El máximo responsable de la FIFA solía tener que decir que le importan cosas como la lucha contra la discriminación. Ya no. Juntos son una especie tándem contra el orden liberal internacional. Y eso lo que hace es dar licencia a todos los demás para tratar mal a la gente. Yo vengo de EEUU y me duele decir esto, pero este es un país extraordinariamente racista, y una cosa que me preocupa mucho es que va a haber gente corriente atacando a aficionados al fútbol que simplemente se estén divirtiendo.

¿Qué hace diferente a Trump con el sportswashing? ¿Ha puesto algo nuevo sobre la mesa que lo diferencia de otros?

El sportswashing se basa en desviar la atención de los problemas sociales y las penurias de los derechos humanos. Y bajo Donald Trump hay un montón de problemas de este tipo en EEUU. Intenta desviar la atención de los archivos de Epstein y de que aparezca nombrado en ellos miles de veces; de que la economía se está hundiendo; de que dijo que iba a salvar la inflación y no lo ha hecho; de que comenzó una guerra en Irán que no parece tener fin; de que tiene índices de aprobación extraordinariamente bajos... Tiene un incentivo enorme para desviar nuestra atención de todo eso. En cierto modo, la Copa del Mundo es un regalo enorme para Donald Trump entregado en mano por su colega Gianni Infantino.

Trump ha estado metido en los deportes durante mucho tiempo. Solía ser dueño de un equipo de la USFL (un equipo de una liga secundaria de fútbol americano) y ha entendido durante mucho tiempo el poder del deporte. Se asoció con la UFC (Ultimate Fighting Championship) allá por 2001. Trump, más que cualquier otro presidente de EEUU, ha entendido el poder del deporte y ha intentado usar ese poder para su ventaja política. Así que tiene mucho sentido que este sea el tipo que realmente abraza el sportswashing en toda su resplandeciente complejidad.

En la historia mundial los fascistas siempre se han juntado a los atletas, especialmente a los atletas de tipología viril. Mussolini en la Copa del Mundo de 1934 en Italia hablaba de los “soldados del deporte”. Su virilidad representaba la virilidad de Italia. A Vladímir Putin le gusta hacer lo mismo. Trump es justo así. Va a estos combates de la UFC, se sienta a pie de ring, intenta actuar como un tipo duro y juntarse con estos atletas.

Ya que habla de Mussolini o Putin. En el libro escribe: "La FIFA ha preferido durante mucho tiempo a los dictadores que a las democracias". Es una acusación fuerte.

Bueno, si no quieres aceptarlo de un académico sabelotodo de Estados Unidos, acéptalo de la propia FIFA. Eso es una cita directa de Jerome Valcke, un trabajador poderoso en la organización. También hay gente dentro del movimiento olímpico que, en sus momentos más francos, han dicho exactamente lo mismo. Las molestas prácticas democráticas pueden ralentizar el tipo de dinámicas de las que hemos estado hablando. Es mucho más fácil para la FIFA, según han dicho, trabajar con dictadores; no tienes esos impedimentos en el camino, a esa gente que pregunta sobre democracia y justicia e igualdad.

En un libro anterior sobre los Juegos Olímpicos explica que estos grandes eventos son utilizados por los Gobiernos para probar nuevas tecnologías de control de masas o imponer restricciones a la libertad que luego no siempre se recuperan.

Sí. Albergar una Copa del Mundo o los Juegos crea un estado de excepción donde las reglas normales de la política no aplican. Se prueban nuevas tecnologías, se normaliza la intensificación de la vigilancia policial para poder seguir haciéndolo después del evento... México se ha gastado unos 55 millones de dólares en nuevas tecnologías anti-drones que desplegará en la Copa del Mundo. Dijeron que la necesitaban, pero hay mucha preocupación en el país porque luego se desplieguen contra activistas, tanto durante la Copa del Mundo como después. Ese es el patrón, ocurra el evento en Rusia o en EEUU. Las fuerzas de seguridad usan estos eventos como una especie de oportunidad única en una generación para conseguir nuevas y mejores armas y nuevas leyes que pueden usar después, a menudo a expensas de la gente que expresa disidencia o practica el activismo.

Una oportunidad única en una generación, excepto que Trump va a tener dos ocasiones con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Él es consciente de eso. Habla mucho de esto en público sobre cómo estos dos eventos son extremadamente significativos para él y su presidencia. Cuanto más bajen sus índices de aprobación, más incentivos tiene para aferrarse a los deportes como una especie de salvavidas para su mandato.

El libro no deja títere con cabeza, al menos en la FIFA. Blatter, Havelange, Infantino... Todos reciben lo suyo. ¿Salva a alguien?

Creo que la FIFA está podrida hasta la médula. No estamos hablando de una manzana podrida, hablamos de todo el huerto, y me cuesta mucho ver cómo podría reformarse desde dentro. Tuvo una oportunidad de hacerlo allá por los tiempos de Joseph Blatter, cuando todo el mundo se enteró de la corrupción de la FIFA [presidente entre 1998 y 2015, durante su mandato se produjo un escándalo de corrupción con varios detenidos por sobornos en la elección de sedes mundialistas]. Pero nos tocó Infantino, que habla mucho pero en realidad ha continuado con muchas de esas mismas prácticas y en algunos sentidos las ha empeorado. Creo que la reforma tiene que ocurrir en gran medida fuera de la FIFA. Necesitamos observadores independientes para la FIFA que supervisen su trabajo en derechos humanos, para asegurarse de que están cumpliendo con sus planes; que supervisen su trabajo en sostenibilidad, para demostrar que realmente van en serio. Personalmente, creo que el Tribunal Europeo tendría que involucrarse.

Muchos aficionados se están desenamorando de la Copa del Mundo. Cada vez más gente que ve lo que está pasando y le parece demasiado. Hay una red de poder plenamente atrincherada que se está beneficiando del sistema y no tiene intención de ceder su poder sin que una fuente externa la obligue a hacerlo

¿Cree que es posible una reforma real de la FIFA o las dinámicas ya están demasiado instaladas?

No creo que sea probable que suceda pronto, pero sí que depende mucho de esta Copa del Mundo. Infantino está llevando la máquina de la codicia al nivel máximo en este Mundial y creo muchos aficionados se están desenamorando de la Copa del Mundo. Cada vez más gente que ve lo que está pasando y le parece demasiado. Hay una red de poder plenamente atrincherada que se está beneficiando del sistema y no tiene intención de ceder su poder sin que una fuente externa la obligue a hacerlo. Amo el fútbol, creo que es un deporte poderoso que tiene mucho poder en la sociedad. Pero con ese poder viene la responsabilidad, y la FIFA ha fallado a la hora de cumplir con sus responsabilidades hacia los aficionados de todo el mundo. Estamos en un momento muy difícil para el fútbol y me duele como aficionado ver que gente codiciosa básicamente lo está arruinando.

A mí alrededor veo gente cada vez más desenganchada del fútbol, no sé si por esta razón. ¿También le pasa?

Creo que mucha gente está mirando esta máquina de codicia de la FIFA y dice: “No, gracias”. Y quizá eso sea lo único que haga que los de la FIFA piensen en una dirección diferente, pero va a llevar mucho tiempo. Soy una persona optimista, pero no ingenua. Estudio cómo funciona el poder, y sé que la gente que lo tiene, como Gianni Infantino en la FIFA y Donald Trump en EEUU, no lo ceden voluntariamente. Por eso necesitas una fuente externa de poder para presionarlos.

¿Los aficionados tienen esa fuerza?

Podría ser. Los jugadores, que están jugando demasiados partidos bajo este reinado de la FIFA de Infantino, son otra fuente de poder. FIFPro, el sindicato de jugadores, ha llamado a la FIFA una autocracia, y tienen razón. La FIFA bajo Infantino y Estados Unidos bajo Trump se están moviendo ambos en una dirección autoritaria, al igual que las fuerzas más amplias en el mundo se están moviendo en una dirección autoritaria. No es fácil luchar contra eso y va a requerir una lucha a largo plazo, pero puedo decir, porque entrevisté a varios activistas en EEUU para el libro, que van a estar en los estadios protestando contra Trump.

Esta es una cosa de la que también habla en el libro. Quizá el único aspecto positivo del sportswashing, que es que provoca tanta atención que también llama a las protestas. ¿Hay una esperanza en este tipo de movimiento activista?

Es una oportunidad para que los manifestantes critiquen al presidente mientras todos los medios de comunicación están mirando. Cuando se trata de estos megaeventos deportivos a menudo se habla de esta idea del “legado”, pero luego es todo mentira y no queda nada. Sin embargo, un legado de estos eventos del que no hablan, pero más real, es que dejan culturas activistas más vibrantes. Lo he visto en ciudades donde he investigado: la Copa del Mundo o las Olimpiadas son tan grandes que afectan a todos estos grupos activistas que trabajan en contra corrupción, el cambio climático, la gentrificación, la vivienda o el desplazamiento de poblaciones marginadas. Son grupos que suelen trabajar por separado antes del evento, pero tienen que unirse durante el mismo y acaban juntándose también después porque se dan cuenta de que así son más fuertes.

El fútbol es político y Trump e Infantino lo están dejando muy claro. Infantino apareció en las reuniones de la Junta de Paz de Trump con una gorra rojas de MAGA. No sé cómo puedes ver eso y decir que no es político. Los aficionados que intentan vivir en esa creencia de que los deportes no son política van a sufrir una sacudida

Jules Boykoff — Académico, investigador y exfutbolista

Siempre es complicado hablar de "la gente" como una sola cosa, pero ¿hasta qué punto cree que el aficionado al fútbol habitual es consciente de todo esto que estamos hablando? Del sportswashing, de los efectos que tiene sobre el propio deporte y la sociedad, del uso de político que se hace de todo esto. En España es muy común escuchar: "No mezcléis deportes y política".

Lo primero que diría es que el fútbol es político de principio a fin y Trump e Infantino lo están dejando muy claro. Gianni Infantino apareció en las reuniones de la Junta de Paz de Trump llevando una gorra roja de MAGA. No sé cómo puedes ver eso y decir que no es político. Los aficionados que intentan vivir en esa creencia de que los deportes no son política van a sufrir una sacudida. En este momento Gianni Infantino está abrazando los deportes y la política y uniéndolos para su ventaja política como nunca se había hecho antes.

Si tuviera que elegir una idea con la que estaría satisfecho que se quedara alguien después de leer el libro, ¿cuál sería?

Esto podría sonar un poco cursi, pero esperaría que los lectores se quedaran con que merece la pena luchar por el fútbol. El fútbol crea momentos mágicos en nuestras vidas. Puede ser hermoso, desgarrador, merece la pena luchar por él. Y si queremos hacer que el fútbol sea una fuerza positiva y poderosa en la sociedad, tenemos que luchar por él contra la máquina de codicia de la FIFA, contra gente como Trump e Infantino, que quieren usarlo como arma para beneficio político o beneficio personal.

Nació como medicamento y se utilizó en la guerra de Vietnam. Ha sido y es droga recreativa, experimental y por tanto ilegalizada. Hoy es el tratamiento más pujante contra la depresión –sobre todo en EEUU, pero no solo– y la sustancia que más crece en Europa. La historia de la ketamina en sus seis décadas de existencia cuenta también la historia del siglo XX.

A principios de los años 60 la industria farmacéutica buscaba desesperadamente una alternativa a la fenciclidina (PCP). Este anestésico, también conocido como “polvo de ángel” por sus efectos, presentaba un problema para su uso médico: tiene una fuerte componente psicótica. La compañía Parke-Davies puso la tarea en manos de Calvin Stevens y el químico consiguió sintetizar la sustancia CI-581. Era 1962 y acababa de nacer la ketamina.

Más de 60 años después, aunque sigue siendo un anestésico utilizado en emergencias, la k ha mutado. Ese viaje cuenta Marta Echaves, filósofa y programadora cultural Marta Echaves en el ensayo Químicas Piedades (Cielo Santo), en el que reflexiona sobre su historia, usos, posibilidades y riesgos. Un texto que habla de experimentos, de exploraciones, de estados alterados de conciencia y la disolución del yo, de militares, de depresión, de las prácticas de la industria farmacéutica, de la pura fiesta, de riesgos, de desconocimiento.

El siglo XX en una droga

“Es una sustancia que puedes ver en las pistas de baile y en contextos de fiesta. Mucha gente la consume de una forma más íntima, privada, en una especie de rituales caseros o momentos de ocio privados”, explica la autora lo más básico. “Hay gente que puede tener algún tipo de adicción y la usa casi cotidianamente. En España he conocido menos casos, pero en Estados Unidos sí he leído más entrevistas de personas que lo utilizan para tener cierta funcionalidad dentro de su día a día, como algo que les ayuda con sus malestares: como dura poco, pueden tener un momento de consumo y luego seguir haciendo sus cosas”.

La ketamina es una sustancia que (también) permite explicar la historia reciente de la humanidad. “Puedes poner el foco en la droga y te cuenta la historia de la segunda mitad del siglo XX, pero desde otra perspectiva”, sostiene Echaves. “De la guerra de Vietnam a los señores feudales de Silicon Valley [Elon Musk o Sam Altman, creador de ChatGPT, admiten tomarla]; de las pistas de baile al hospital público, de los océanos contaminados hasta la cosmotécnica blanca que la recodifica como cura”, describe la editorial en el folleto de promoción del texto. La historia de la ketamina lo cuenta (casi) todo.

Cuenta, por ejemplo, el modus operandi de la industria farmacéutica, explica Echaves, capaz de promocionar la sustancia como antidepresivo a la par que presiona para su ilegalización como droga recreativa. “Van a pasar cosas con la ketamina. El uso del Spravato (un medicamento basado en un derivado de la ketamina) probablemente se expanda”, sostiene. “Mi hipótesis es que se va a ir naturalizando cada vez más y, a medida que se normalice este uso, el recreativo será cada vez peor visto”, elucubra. “Necesitarán distinguir más los usos porque si no la gente no va a los hospitales a tomar ketamina, se automedicaría. Entonces, tienen que controlar el flujo de la sustancia para poder economizarla”, aventura Echaves.

Lo que lleva al siguiente problema, que en parte motivó a esta filósofa a escribir el ensayo: el desconocimiento que como pacientes suelen tener de la farma y los tratamientos. Echaves quería al menos dejar constancia de qué estamos dando a los enfermos. “Me preocupa que se ha naturalizado que te dan un antidepresivo y no sabes lo que estás tomando ni cómo funciona ni por qué, pero te lo tomas”, expone.

Las drogas que son fabricadas en Occidente están muy relacionadas con la industria militar, que es el modelo del turbocapitalismo contemporáneo: todos los grandes desarrollos tecnológicos se están probando en las guerras y luego se aplican sobre los ciudadanos; las drogas no están lejos de eso

La difusa línea entre droga ilegalizada y medicamento se disuelve en la consulta del psiquiatra. “Confías y de repente estás acostumbrando al cuerpo a una sustancia como si fuese buena cuando realmente tiene sus peligros”, y pasa a contar el caso real de una mujer de 70 años a la que un médico recetó ketamina. “Me hace gracia imaginarme a una señora de esa edad, después de toda una vida sin consumir ninguna droga, tomando esto. Igual le hizo bien, pero me parece un poco loco. Usamos [médicamente] una sustancia que cuando interesa es súperpeligrosa y cuando no interesa no contamos nada”, elabora.

La historia de la ketamina también es la historia de la (extendida) aplicación de drogas en el ámbito militar. “Los primeros usos son en la guerra de Vietnam, sobre todo como anestésico”, cuenta la autora, apoyados en la facilidad de administración y efectividad. “Las drogas que son fabricadas en Occidente están muy relacionadas con la industria militar en un primer contexto, y la industria militar es el modelo del turbocapitalismo contemporáneo: hoy en día todos los grandes desarrollos tecnológicos se están probando en las guerras y genocidios y luego se aplican sobre los ciudadanos; las drogas no están lejos de eso”.

El salto a la calle

De lo castrense la ketamina saltó a la calle. De lo medicinal a lo recreativo-experimental-subjetivo. “Muchos soldados volvieron de Vietnam conociendo esta sustancia y ahí surgió una primera época contracultural en los 70 y 80 dentro de la, digamos, cultura psiconáutica, en la que también existían el LSD y las setas. Ahí empezó, diría, un primer uso más experimental y más puntual en torno a esta contracultura en los 70, tanto estos antiguos hippies como gente que volvía de esos contextos militares que había conocido la sustancia”, cuenta.

Químicas Piedades recorre estos usos, que se “generalizaron en Europa a partir de los 90” desde las fiestas en Goa, India, de donde mucha gente volvía a Europa con las maletas llenas de ketamina. El libro cuenta la historia del neurocientífico John C. Lilly, que “convirtió la ketamina en una herramienta para la exploración de la conciencia (...) en un intento de cartografiar estados mentales no ordinarios”.

Ahí surge el concepto de la droga como una “tecnología interior”, según lo define la filósofa y escritora británica Sadie Plant, “que piensa en la droga como un software interior en vez de exterior, como una especie de acople cyborg con el que uno puede lidiar”. Así, prosigue Echaves, “la tecnología entra dentro de ti y de alguna forma la puedes usar como una herramienta para modificar tu cuerpo, para modularlo perceptivamente y resintonizarlo neuronalmente. Igual que accedes a internet a través del ordenador, puedes acceder a otro ciberespacio a través de la sustancia”.

En ese contexto se producen esos consumos experimentales, con los que se busca percibir otras realidades, aprender de uno mismo fuera del marco que impone la sociedad capitalista. “A veces las drogas nos enseñan que la realidad es mucho más plástica de lo que creemos”, expone Echaves. “Alguien puede tomar ciertas sustancias y tener revelaciones más existenciales, o trascendentales, que luego le sirven para una transformación subjetiva y por lo tanto para tener otra percepción del mundo y de la posibilidad de cambiarlo. Por eso creo que estas drogas terapéuticamente pueden tener un potencial y las experiencias límite a las que te pueden llevar son aprendizajes para la vida”, cierra.

Con el permiso de la farmaindustria.

Sucedió entre el 8 y 14 de abril y todo apunta a una acción bien planificada: alguien subió hasta la cima del Aneto, una excursión muy exigente, de varias horas y no menos de 1.500 metros de desnivel, cargando una herramienta tipo radial. A 3.404 metros, tras atravesar el famoso y expuesto Paso de Mahoma y a las temperaturas bajo cero que aún azotan la cumbre, cortaron por la base la cruz que corona el pico más alto del Pirineo. Hasta aquí parecen hechos: un vídeo de un montañero publicado en Hoy Aragón muestra el corte.

Para el terreno de la especulación queda qué ha sido de la cruz, una estructura de tres metros de alto y más de cien kilos de peso, de la que no hay rastro. El pensamiento más extendido es que fue arrojada montaña abajo y se encuentra sepultada en la nieve, teoría que confirmará o desmentirá el deshielo estival. La cruz fue instalada en 1951 por el Centro Excursionista de Catalunya en una operación en la que participaron decenas de personas, muchas francesas. El Greim de la Guardia Civil volvió a colocar el símbolo este verano pasado, tras dos años de ausencia por restauración.

La del Aneto no es la única cruz desaparecida de un pico recientemente: a raíz de este incidente, montañeros del club Peña Guara han informado al Heraldo de que el Pico Gratal, en Huesca, también ha perdido la suya. En este caso se echa en falta desde antes del invierno.

El suceso ha conmocionado a la zona, según el alcalde de Benasque, localidad donde se encuentra el Aneto, y ha agitado el sempiterno debate entre tradición y ocupación del espacio público, especialmente las montañas, con símbolos religiosos. El regidor, Manuel Mora, ya ha asegurado que se repondrá el símbolo, sea el original si se localiza, sea uno nuevo porque “va más allá de ser un tema religioso, no se puede ir por ahí rompiendo cosas. Si fuera un tema religioso, por qué han dejado a la Virgen del Pilar y a San Marcial. No tiene sentido”, ha reflexionado en alusión a las dos figuras, también presentes en la cumbre. “El sentimiento de los benasqueses es de sorpresa e indignación”, asegura.

El Heraldo de Aragón ha realizado una encuesta según la cual tres de cuatro personas son partidarias de mantener los símbolos por su interés histórico y social.

Un terreno abonado para las cruces

Las montañas son territorio abonado para la instalación de elementos religiosos, sobre todo cruces y vírgenes católicas y belenes. Están en picos por todo el territorio: el más alto de la península, el Mulhacén, en Granada, tiene una Virgen de las Nieves en un pequeño altar; el mítico Urriellu (el Naranjo de Bulnes), en Picos de Europa, aloja a la Virgen del Picu, que también fue vandalizada y repuesta hace unos años.

La lista es interminable. Europa Laica tiene contabilizados 516 elementos por toda España. También es habitual instalar pequeños belenes en Navidad y otros elementos, siempre vinculados a la religión católica, aunque es posible encontrar otro tipo de ejemplos: en la Mesa de los Tres Reyes, el pico más alto de Navarra, está el castillo de Javier, aunque también hay una imagen del santo.

En los últimos años, ha habido campañas para colocar más cruces en los picos y también para exigir su retirada. “Cada vez hay más cruces”, asegura José Antonio Naz, presidente de la organización Europa Laica, que pide la retirada de estos símbolos. “Esto es un estado aconfesional y, además, un país que habitan personas de todo tipo. Unas serán creyentes de la cruz, otras no, otras no son creyentes de nada. Si en los espacios públicos ponemos cada uno nuestro símbolo y llenamos los montes de la media luna islámica, la estrella de David... No tiene sentido que existan a estas alturas del siglo XXI”.

La comunidad montañera madrileña se agitó en 2014 cuando grupos católicos colocaron una cruz y una virgen en la cima de La Maliciosa, uno de los picos más emblemáticos de Madrid, como parte de un proyecto para instalar 1.300 elementos por toda la región. El Gobierno regional lo prohibió, retiró los elementos de la cumbre y no se volvió a saber.

Enfrente, organizaciones como Europa Laica exigen su retirada por suponer una ocupación del espacio público por parte de una religión concreta en un estado laico como España. La organización Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), de Aragón está en la misma línea. Este grupo ha batallado judicialmente con Vox a cuenta de otra cruz en Bezas de la Sierra de Albarracín. El Gobierno regional decidió eliminarla porque el monumento atrae rayos por su material y altura, pero el partido ultra recurrió.

“Es un problema del presente”

Miguel del Arco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, sostiene que instalar cruces en el espacio público, sean las montañas o terreno urbano, “es una colonización del espacio para dotarlo de un significado concreto. Lo mismo que si pusiésemos una media luna. Hacerlo hoy tiene un fin”, sostiene.

El también autor del libro Cruces de memoria y de olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021), publicado por Crítica, sostiene que “las destrucciones de símbolos, que han sucedido siempre, ocurren por problemas que hay en el presente”. “Es una forma de contestar, de entender que la naturaleza no es de Cristo o de una religión concreta. Se quiere transformar el paisaje, igual que el que puso el símbolo”, valora.

Cuando se le pregunta por el argumento de la tradición en defensa de las cruces, este experto explica que “todos los lugares tienen su historia y cada lugar su explicación. No es lo mismo una cruz desde el siglo XVIII a las puertas de un pueblo, porque hemos tenido una historia cristiana, que otra colocada hace pocos años. Somos una sociedad democrática y si alguien decide reconfigurar el espacio se tiene que hablar”. En este sentido, sostiene, decidir reinstalarla, como se ha hecho, “es una decisión política”.

Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), explica que aunque “la Federación es deportiva y opina sobre cuestiones deportivas, en relación a los símbolos respetamos las decisiones de quien los pone y de las tradiciones que se han establecido a lo largo del tiempo. Cualquier acto vandálico al respecto está fuera de lugar. Si uno no está de acuerdo con un símbolo lo que tiene que hacer es recurrir a los medios legales. El caso del Aneto me parece una falta de respeto a las tradiciones y al símbolo”, sostiene. “Ya no es solo un símbolo religioso, es un símbolo de esa cima como hay en muchas otras. En el Himalaya hay muchas banderas de oración y todo el mundo las respeta, a nadie le parecen mal”, observa.

Sus compañeros de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) son más contundentes y están abiertamente a favor de que se reponga. “Es un símbolo de la cima, algo histórico, [y quitarla] es una falta de respeto a la historia del montañismo y, en especial, de esta cima”.

“La tradición, ¿cuándo empieza?”, rebate Naz, de Europa Laica. “¿Cuando alguien hace algo por primera vez? ¿Entonces eso hay que repetirlo y replicarlo? Antiguamente, la tradición era tener esclavos o tirar cabras desde un campanario, ¿mantenemos también esas tradiciones? Tenemos que atenernos a la legislación, y la Constitución consagra a España como un país aconfesional”, reflexiona.

El alcalde Mora, que se define como “montañero y montañés”, opina que “cada uno ve las cosas como quiere verlas. [La cruz] es un motivo que señala tantas cimas de tantos montes del mundo que el que sea religioso lo puede ver así, y el que no lo tiene tan fácil como no cruzar a la cumbre, la precumbre [antes de cruzar el paso de Mahoma] está prácticamente a la misma altura. Nadie protestó cuando se pusieron las cosas y creemos que es así como tiene que seguir”, sostiene.

El escritor Pablo Batalla, autor del libro La Bandera en la Cumbre (Capitán Swing), sobre el uso político del montañismo por todo tipo de regímenes e ideologías, admitía durante la promoción de ese texto que “el cristianismo ha procurado dejar su pequeña o gran marca en todas las cumbres del país, ha sido muy voraz”, pero a la vez concedía que, pese a considerarse progresista, no le molestaban los belenes en las cumbres, muy típicos en su Asturias natal. “Me gustan. Y la Virgen de la cumbre del Naranjo de Bulnes me puede molestar un poco más, pero el cuerpo tampoco me pide quitarla, veo ahí un testimonio de la historia. Cuando voy a la montaña no me gusta solo la naturaleza, me gusta también apreciar la historia y la historia política que pasó por allí”.

Del Arco desliza que es un debate sin solución. “No nos ponemos nunca de acuerdo con qué hacer con estos símbolos, que están un poco contaminados, imagina ponernos de acuerdo sobre qué queremos conmemorar”.

Lo que parece evidente, a raíz de las declaraciones de unos y otros, es que el Aneto volverá a tener cruz. La original, si aparece y está en un estado que lo permita, o una réplica. Y el debate público seguirá.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para reducir las ratios de alumnado por clase y las horas lectivas semanales que imparte el profesorado. Con esta nueva ley, si la aprueba el Parlamento, el Gobierno fija los mínimos que las comunidades autónomas deben cumplir en ambos aspectos, aunque también pueden mejorarlos. De hecho, la norma no tendrá efecto en muchas autonomías, que ya habían alcanzado motu proprio las cifras que establece ahora el Ministerio de Educación. Otras, como Madrid o Galicia, sí tendrán que adaptar sus sistemas. La previsión es que la norma, que se aplicará de manera progresiva, esté plenamente operativa en el curso 2030-31.

El texto, negociado con los sindicatos más representativos, propone reducir el número máximo de alumnos por aula a 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y a 25 en la ESO (ahora son 30). En primera instancia quedan fuera las etapas no obligatorias (Educación Infantil o Bachillerato), pero el Ministerio ha anunciado este mismo martes que empezará los trabajos para reducir las ratios de la etapa 0-3 después de que la ministra, Milagros Tolón, se haya reunido estos días con las representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, cabeza visible de la huelga indefinida en el 0-3 que se está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid desde hace dos semanas.

Además, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) contará doble a la hora de establecer estas ratios, de manera que las clases que cuentan con estos estudiantes tendrán menos alumnos, una disposición por la que pelearon especialmente los sindicatos. Esta medida afectará a todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean privados con concierto o públicos.

Respecto a las horas lectivas máximas, pasarán de 25 a 23 semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 20 a 18 horas en el resto de enseñanzas (Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional), aunque la ley deja abierta la puerta a que “de manera excepcional (...) podrá alcanzarse un máximo de 20 horas”. Esta segunda pata del ya proyecto de ley solo incluye al profesorado de la pública, un jarro de agua fría para los docentes de la concertada, que justo negocian su convenio estos días y aspiraban a igualarse con sus compañeros de los centros estatales.

“Si mejoramos las condiciones de nuestros docentes, mejoramos la educación de nuestro país, y eso significa mejorar las oportunidades de nuestros niños, niñas y jóvenes. [Esta ley] es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, para atender a su alumnado y para desarrollar su trabajo en condiciones dignas”, ha valorado la ministra de Educación, Milagros Tolón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Venimos a revertir los recortes de 2012”, ha sostenido la ministra.

¿Un estatuto docente al final del túnel?

Con esta ley, el Ministerio de Educación aprueba la primera pata de lo que pretende sea el futuro estatuto docente, una norma que el profesorado lleva décadas esperando y que debe regular la formación, el acceso, desarrollo y jubilación docentes. La ley educativa (Lomloe) obligaba al Gobierno a abrir esta negociación con los sindicatos, y el ministerio siempre apostó por ir aprobando cada hito según se fuera pactando en vez de esperar a tenerlo todo para aprobarlo como un bloque. En ese sentido, la aprobación de este martes puede considerarse un hito: es el primer paso que se da para conseguir algo parecido a una norma que regule la carrera del profesorado.

La bajada de ratios es una de las medidas más populares entre el profesorado, pese a que algunos estudios cuestionan la eficacia de esta medida una vez que se han alcanzado ciertas cotas. EsadeEcPol publicó recientemente uno que concluye que reducir en cinco alumnos el tamaño de una clase baja cuatro puntos porcentuales la probabilidad de que la disrupción, uno de los principales problemas en clase que señala el profesorado, sea un problema moderado o grave, pero apenas impacta en la práctica docente y además implica que las familias “relajan ligeramente su esfuerzo cuando las clases son más pequeñas”.

El profesorado cuestiona este tipo de conclusiones porque, se argumenta, la educación es más que una nota en Lengua o Matemáticas o un cálculo financiero sobre cuánto cuesta algo. “La investigación internacional sobre tamaño de grupo y resultados educativos no ofrece una respuesta única, pero tampoco avala la idea de que la ratio sea irrelevante. Las revisiones sistemáticas más amplias, que agregan estudios de decenas de países, encuentran efectos estadísticamente significativos, especialmente en comprensión lectora y en los primeros años de escolarización. Además, hay un consenso bastante sólido en dos puntos: los beneficios son mayores en las etapas iniciales y entre alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Es decir, donde más importa la equidad y la inclusión”, escribía en este diario Teresa Esperabé, responsable de Educación de CCOO.

El Gobierno ha calificado estos cuatro años como “la legislatura del profesorado” y la aprobación de este anteproyecto de ley es el primer paso concreto en ese sentido. “Estamos cumpliendo”, ha afirmado la ministra este martes.

La norma llega tras meses de protestas del profesorado en la calle. Los docentes de más de media España, de Andalucía a Catalunya pasando por Madrid, se sienten agraviados y poco valorados en su labor: sea por las ratios, por las horas lectivas, por las diferencias salariales, por la burocracia o por todas ellas, al menos diez comunidades autónomas han visto manifestaciones y/o huelgas docentes en los últimos meses. El Ministerio de Educación no tiene las competencias reales de muchos de estos aspectos, pero en otros –como las ratios o las horas lectivas– sí puede fijar el marco básico para las comunidades, como ha hecho este martes. Acceso (cómo son las oposiciones), retribuciones, nivel de los funcionarios, la jubilación y la carrera profesional esperan turno.

La huelga indefinida de la educación infantil en Madrid escala a todo el Estado. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha convocado, con el respaldo jurídico de CGT, un paro nacional el próximo 7 de mayo, seguido de una gran marcha de todos el día 23 en Madrid, para denunciar en todo el país las condiciones en que se da (y recibe) clase en el primer ciclo de Educación Infantil, para bebés de entre 0 y 3 años. CCOO se ha sumado a la convocatoria este martes.

Las trabajadoras de infantil son las profesionales con peores condiciones de toda la educación. El 0-3 es un sector atomizado, con diferentes modelos (hay públicos, privados y públicos de gestión privada) y responsables: hay escuelas municipales y las hay autonómicas e incluso hay diferentes figuras profesionales (educadoras y maestras) atendiendo a los bebés.

Pero hay un elemento transversal a todo el sector: la precariedad. Aunque en los centros públicos las condiciones son mejores que en los privados, hay mujeres (el 95% de las profesionales lo son en esta etapa) cobrando poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a cambio de ocuparse de varios bebés.

Con esta situación, y ante la evidencia de que la única mejora que han visto en los últimos años ha sido la derivada de la subida del SMI, el sector ha dicho basta. PLEI prendió una mecha con la convocatoria de un paro indefinido hace dos semanas que ahora se traslada a todo el estado.

PLEI exige que se mejoren las ratios de alumnos por clase, que están entre las peores de Europa, que se implemente la pareja educativa como recurso de organización pedagógica e incluir la atención temprana en el sistema con “un enfoque preventivo y no meramente diagnóstico”. “La formación continua, las recomendaciones de la Unión Europea y los expertos en neurociencia avalan todo lo que exigimos”, explica la plataforma a través de una nota.

También exige la plataforma la equiparación salarial entre las diferentes figuras –“no se puede vivir con el SMI, y más con la responsabilidad que sostenemos en nuestras manos”– y tipos de trabajadoras –también para el personal de limpieza, cocina y mantenimiento–. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene.

La plataforma se reunió hace unos días con la ministra de Educación, Milagros Tolón, y le ha arrancado a la responsable un compromiso para “empezar” los trabajos destinados a revisar las ratios en la etapa “antes del verano”. España tiene uno de los números de alumnado por aula más altos de Europa en la etapa del 0-3. Salvo alguna excepción, lo normal son ocho niños por clase entre 0 y 1 año, 12 entre uno y dos y 18 entre dos y tres. Y la normativa ni siquiera obliga a que haya una maestra por aula, solo una por cada tres, según los sindicatos, por lo que es posible (y pasa) que una educadora esté sola con hasta 18 bebés.

En los últimos años, el Gobierno ha invertido cientos de millones de euros (la mayoría, de fondos europeos) en financiar la creación de plazas de infantil en las comunidades autónomas (que tienen las competencias), pero apenas ha mejorado las condiciones laborales de sus trabajadoras.

----------------------------------------------

*Este artículo ha sido modificado para señalar que la huelga la convoca CGT junto a la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI). CCOO se ha sumado a la convocatoria.

Si eres docente es fácil que andes algo enfadado. Hay una probabilidad bastante alta de que hayas sido convocado a una manifestación o incluso huelga en los últimos meses, y que hayas ido. Quizá estuviste este mismo domingo gritando en Madrid o igual fuiste a la manifestación histórica de hace unos meses en Barcelona. O has estado en Santander, València, Bilbao, Oviedo, Sevilla, Toledo, Santiago de Compostela o cualquiera otra de las muchas localidades que han visto al profesorado protestar recientemente.

Puede que te has manifestado porque te pagan mucho menos que a tu vecino de comunidad, que hace exactamente lo mismo que tú. O porque tienes 25 horas lectivas semanales y mucho más alumnado en clase del que puedes gestionar. Quizá no aguantes más la burocracia, los informes y las tablas interminables que te exigen para evaluar a cada alumno. O porque crees que le das mucho a la sociedad y esta no te corresponde y minimiza tu labor, o porque has perdido la autoridad que quizá tuviste algún día y ves que las familias tienden a ponerse de parte del alumnado y dejarte solo. Y todo es cada vez más difícil y tienes más obligaciones.

Como dice Rosa Rocha, directora de un IES en Madrid, te cae todo lo que la sociedad no es capaz de resolver, desde el acoso hasta la gestión de los móviles y las redes sociales pasando por el bienestar mental del alumnado. ¿Y el mío?, te preguntas. ¿Quién se ocupa del mío? Porque cada vez más profesores se cogen bajas por este motivo, raro es el docente que no conoce a un compañero que lo ha sufrido.

Y ves que pasan los cursos y los años y estás a punto de jubilarte y los recortes de la década pasada siguen sin revertirse del todo 15 años después después. Y oyes que el Ministerio de Educación llama a estos cuatro años “la legislatura del profesorado”, pero tú no ves ninguna mejora. Te acuerdas también de que en noviembre se aprobó un borrador para bajar las horas lectivas semanales y el número de alumnos por clase, pero nunca se volvió a saber. Y lo más probable es que ni siquiera te afecte, porque tu comunidad ya lo ha hecho motu proprio, pero ni siquiera ese gesto sale. Y piensas que a este ritmo cómo va a salir todo un estatuto docente antes de las elecciones.

El profesorado está cansado y lo está haciendo saber por toda España. Por el momento es una cuestión autonómica y muchas de las protestas de los últimos meses han logrado doblar la mano a la administración correspondiente, pero también hay visos para una escalada.

Las maestras y educadoras infantiles del 0-3 marcan el pulso en este momento con una huelga indefinida en Madrid que va a saltar a territorio nacional: este colectivo merece mención especial: muchas de sus trabajadoras (son prácticamente todas mujeres) vigilan a una decena de bebés cada día a cambio de poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Como dice un profesor de Derecho del Trabajo, en este país se paga mejor cuidar coches que bebés. Es difícil no empatizar con esta huelga.

Estas trabajadoras, junto a las universitarias, fueron el corazón de la protesta del pasado domingo en Madrid. En esta ocasión se manifestaban en la región todos los educadores, en el sentido más amplio de la palabra: de 0 años hasta la universidad, todo el mundo estaba convocado para esta marcha en defensa de la educación pública, que también daba continuidad de alguna manera al referéndum simbólico que el jueves preguntó a la comunidad complutense si está de acuerdo con el plan de recortes aprobado por el rectorado de la UCM.

Por cierto, hablando de recortes y del estado de la educación pública, no solo en la Complutense cuecen habas: la Universidad de Sevilla también tiene un grave problema económico y necesita recortar 16 millones de euros, dice la nueva rectora: el plan es reducir clases, cerrar facultades por la tarde y prescindir de profesorado. Todo ello pese a que los centros acaban de validar la propuesta de la Junta para repartirse un total de 1.825,7 millones de euros este 2026.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galicia, Madrid... En los últimos meses ha habido huelgas, paros y/o manifestaciones docentes en media España porque el profesorado, desde Infantil hasta el Bachillerato, está harto de las condiciones en las que ejerce la profesión y lo que recibe a cambio. Cuentan los educadores que perciben que la sociedad no valora su labor, un intangible que puede que no saque a nadie a la calle, pero mina el ánimo, y no poco. “Tienen que cuidarnos un poco más, especialmente algunas familias”, pide Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, en Madrid, “a fin de cuentas estamos educando a sus niños, hacemos un muy buen trabajo para la sociedad”.

Profesores y maestros salen a la calle o se encierran en centros para protestar por las condiciones materiales e inmateriales en que trabajan por todo el país. Hay problemas generales y problemas particulares en algunos territorios o etapas, pero todos llevan a la misma conclusión: la docencia se ejerce en condiciones cada vez peores y, en los últimos años, Lomloe mediante, la situación se ha vuelto más complicada porque la ley exige una atención individual al alumnado difícil de cumplir.

El exceso de estudiantes por aula, las horas lectivas semanales, los salarios, la temporalidad de buena parte de las plantillas, que además tiene peores condiciones, o la interminable burocracia aparecen en todas las encuestas como los principales problemas del día a día del colectivo; las familias contestatarias o incluso que acuden a las reuniones con tutores con abogados, la gestión emocional del alumnado, controlar las crecientes conductas autolíticas en los centros, el acoso, los móviles y las redes sociales, junto a una sensación de abandono de la educación pública en algunas comunidades autónomas completan un frente de batalla demasiado grande para gestionar.

Y los docentes, cansados, salen a protestar. El descontento es tan generalizado que ha conseguido que sindicatos de ideologías contrarias se pongan de acuerdo para cerrar acciones reivindicativas. Desde las mareas verdes, que inundaron las calles contras los recortes la década pasada, no se manifestaba tanto hartazgo. En un sector que ya tiene problemas para atraer a profesionales, sobre todo en determinados perfiles técnicos, uno de cada cinco profesores de Secundaria se plantea dejarlo, según una macroencuesta a docentes. Uno de cada seis sufre altos niveles de estrés.

De Catalunya a Galicia

En Catalunya hubo hace un mes una manifestación histórica bajo el lema ¡Basta! ¡Mejoras laborales ya! A la educación: más salarios, más recursos, menos ratios, menos burocracia; miles de personas salieron a la calle en Zaragoza en defensa de la educación pública a principios de año tras tres días de huelga; hace un año el profesorado vasco le echó un pulso de cinco días al Gobierno autonómico y lo ganó; Galicia va a por el sexto día de huelga en lo que va de curso para reivindicar mejoras de las ratios, atención a la diversidad o la recuperación de derechos perdidos la década pasada; los docentes cántabros también sacaron rédito de una huelga en octubre seguida de paros este 2026; sus colegas asturianos exigieron mejoras con una huelga el pasado verano. En Extremadura el profesorado salió a la calle para pedir una equiparación salarial con otras comunidades en un aspecto que provoca gran fricción según dónde: las diferencias en las nóminas entre regiones pueden llegar hasta los 700 euros al mes.

Este mismo viernes los principales sindicatos valencianos amenazan con darle continuidad a la huelga del pasado 31 de marzo con más paros. En Madrid la comunidad educativa lleva como mínimo un par de años protestando por cuestiones varias y estos días las educadoras de infantil, las trabajadoras más precarias de todo el sector educativo, están llevando a cabo una huelga indefinida porque no pueden más. Y eso sin contar al sector universitario, en guerra abierta con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Todos ellos, de infantil a la universidad, salen a la calle este domingo en la capital a decirle a la mandataria lo que piensan de su política educativa. En Castilla-La Mancha también ha habido protestas recientes.

El Ministerio de Educación tiene un margen de actuación limitado porque las competencias son autonómicas, pero sí está en su mano sacar adelante el estatuto docente, una norma que regule la carrera (ahora mismo no existe nada), la formación inicial, continua, el acceso y otras condiciones como las horas lectivas o las ratios (luego los Ejecutivos autonómicos pueden mejorar esos mínimos).

El anterior equipo ministerial, liderado por Pilar Alegría, abrió ese melón (tampoco era voluntario, estaba establecido en la ley) que continúa la actual responsable, Milagros Tolón, y está tramitando en el parlamento una bajada de las ratios y las horas lectivas, aunque aprobó el primer borrador en noviembre y no se ha vuelto a saber. Todo va muy despacio. Las negociaciones empezaron en enero de 2025 y los docentes aún no tienen nada que echarse a la boca, recuerda García. “La legislatura del profesorado”, como la definió el Gobierno, amenaza con concluir a medias.

¿Qué está pasando?

¿Se ha deteriorado tanto la situación o simplemente el goteo de agravios sentidos ha acabado por desbordar el vaso? En los últimos meses se suceden los estudios y encuestas que tratan de dar respuesta a la cuestión. CCOO habla de aulas más complejas y menos recursos; STES de burocracia, aulas masificadas y faltas de respeto, el think tank EsadeEcPol añade un peor clima de aprendizaje, salarios estancados o falta de políticas públicas específicas. Además, según avanza el curso más se nota el agotamiento.

“Está pasando que la complejidad en las aulas ha aumentado”, resume Teresa Esperabé, secretaria de la Federación de Educación de CCOO. “En los últimos seis años el alumnado con necesidades educativas especiales ha subido un 75%, pero los recursos un 25%. Hay una sobrecarga de trabajo que, unida al paso de los años y la falta de inversión de las comunidades autónomas, conforman una tormenta perfecta para que exista ese malestar”, opina.

Su homóloga Beatriz García, de UGT, habla de “maltrato” a los docentes y recuerda que son el único grupo de funcionarios que no ha visto una reversión total de los recortes que empezaron en 2010 a raíz de la crisis de hipotecas. “Pasa el tiempo y no se avanza en nada. Hay mucha voluntad de poner en marcha nuevas normas y decretos que avancen en nuevas y mejores condiciones para el profesorado, la gratuidad del 0-3, etc., pero los pasos que se dan son muy pequeños. Dos para delante y tres para atrás”, sostiene.

La directora Rocha hace especial hincapié en la burocracia, y señala directamente a la Lomloe. La ley educativa, aprobada en 2021 como respuesta a la segregadora Lomce del PP, propone una atención individualizada que, según Rocha, “ha cambiado la realidad del profesorado”. “Hay que atender de forma individualizada la diversidad en el aula, dice la ley, y la diversidad es enorme. Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... que hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta.

Faltan recursos para atender todo lo que la ley pide, coincide Esperabé. “Falta personal de apoyo educativo, orientador, de enfermería”, sostiene. En Madrid, por ejemplo, no hay un solo centro que tenga la plantilla completa, según denunciaron los directores hace unos meses.

Esta falta de personal no es óbice para que las tareas de los docentes se multipliquen, recuerda Rocha, y los docentes sienten que les caen “todos los problemas que la sociedad no consigue resolver”: “Si hay un problema de alumnado con drogas tenemos que solucionar el problema de las drogas con la juventud. Si hay problemas de conductas autolíticas también tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que educar a los niños en el uso del móvil, de las redes sociales, que hagan un buen uso de la Inteligencia Artificial, ahora nos tenemos que ocupar de que los niños coman bien...”.

Y sienten que a cambio no reciben lo que merecen, desde un cierto reconocimiento social hasta un salario acorde. “No es medible”, concede Esperabé, “pero ese papel y reconocimiento docente que antes estaba ahí ahora ya no”, asegura. Rocha coincide en que las familias –no todas, sí muchas– han perdido el respeto al profesorado y lo que antes era un apoyo incondicional ahora es defender al hijo sí o sí, cuando no se presentan con un abogado, casos no muy habituales, pero que se empiezan a dar, asegura. “Cuestionan nuestro trabajo, cuestionan las sanciones, se pone en duda la palabra del profesor... Esas actitudes socavan mucho el ánimo y el bienestar emocional del profesorado. Y hablamos mucho del bienestar del alumnado, pero ¿y los profesores? De eso no se habla, pero cada vez hay más bajas por esta cuestión”, sostiene. Raro es el docente que no conoce a algún compañero que haya estado de baja por estas razones. “Tienen que cuidarnos un poco más, hacemos muy buen trabajo para la sociedad”, cierra Rocha.

Hay un colectivo de unos 200.000 profesionales de la educación que se está jugando su futuro estos días con la negociación del VIII convenio colectivo de la escuela concertada. Ha pasado un poco desapercibido porque no les solemos prestar demasiada atención, entono el mea culpa aquí, pese a que hacen el mismo rol que sus compañeros de la pública. Pero el profesorado de la privada sostenida con fondos públicos también existe, no es un grupo pequeño y trabaja en unas condiciones sensiblemente peores que el funcionariado.

Para trabajar en un colegio concertado se piden los mismos requisitos formativos que en la pública. Les diferencia de sus compañeros que no han pasado una oposición –aunque no hace falta superarla para ejercer en la pública– y que no están sometidos a determinada regulación que sí afecta a los trabajadores del estado.

Traducido: cobran algo menos porque no tienen algunos complementos de antigüedad o formativos, dan más horas de clase semanal (23 en Primaria en la mayoría de España en la pública, hasta 28 en la concertada), atiendan a más alumnado. Y, aunque no son funcionarios, pueden casi considerarse empleados laborales públicos porque hacen posible un derecho constitucional garantizado por el Estado y además cobran de él.

Podrá discutirse el papel de la escuela concertada en el sistema, si debe existir y en su caso cómo, pero mientras esté ahí y cumpla el rol que cumple no sé si tiene mucho sentido que maltratemos a su profesorado básicamente porque podemos, para ahorrar unos euros. Y menos teniendo en cuenta que la diferencia básica entre unos y otros es, básicamente, una oposición que ni siquiera hace falta aprobar para entrar en la pública como interino.

Eso defienden los sindicatos del sector: mismo trabajo, mismas condiciones. El salario no depende de estas negociaciones, lo fija el Gobierno y no está lejos uno de otro (los complementos los ponen las comunidades autónomas, ahí está el quid de la cuestión), pero las horas de clase semanal, si se cuentan minutos o sesiones, o las ratios de alumnado por clase, que el Ministerio va a bajar para la pública pero no está claro que vaya a extender a la privada, sí entran en este convenio.

La patronal –mayoritariamente Escuelas Católicas, la marca de la Iglesia católica que gestiona sus colegios– dice que todo muy bien, pero sus prioridades está en otro sitio: que el Gobierno les pague más en los conciertos porque, explica un portavoz, de nada servirá mejorar las condiciones del profesorado si los colegios son inviables.

Todo eso se juega casi uno de cada tres trabajadores de la educación en las próximas semanas, os dejo el enlace de la pieza que sacamos la semana pasada.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

El futuro de unos 200.000 profesionales de la escuela concertada se empieza a jugar este miércoles. Los sindicatos se sientan con la patronal con el VIII convenio colectivo sobre la mesa y un objetivo casi imposible, a tenor de los precedentes: que se equiparen sus condiciones laborales a las de los empleados de la pública. El argumento de las organizaciones de representación del profesorado es simple: mismo trabajo, mismas condiciones, resume José Antonio Rodríguez, secretario de Enseñanza privada de CCOO. Tal y como marca la ley, subraya.

En los últimos años, y pese a la normativa, la diferencia en las condiciones laborales entre unos y otros se está agrandando, aseguran los sindicatos. “Más que homologarnos, nos deshomologamos un poco más cada año”, sostiene Enrique Ríos, secretario general del sindicato FSIE.

Profesores y maestros de la escuela privada sostenida con fondos públicos cobran menos y, sobre todo, tienen más horas de clase semanales y, habitualmente, más estudiantes que sus compañeros funcionarios o interinos. “No tiene ningún sentido”, lamenta Luis, docente en un centro concertado que prefiere no identificarse. “Si hacemos el mismo trabajo, y se nos considera parte de la red pública, deberíamos tener las mismas condiciones”, opina.

Horas lectivas, ratios, salarios —algo menos porque ya son parejos— y la clasificación profesional de algunos trabajadores son los cuatro campos de batalla sindical. La patronal puede compartir sobre el papel las reivindicaciones de las organizaciones de profesorado, pero su prioridad es otra y no está en la mesa que se abre mañana: los titulares de los centros privados subvencionados por el Estado exigen al Gobierno que aplique la ley y abra la comisión que debe estudiar el coste real de una plaza en la escuela concertada para adecuar en consecuencia el módulo, la cantidad que el Ejecutivo paga a los centros por integrarse en la red pública, explican desde Escuelas Católicas, la entidad con la que la Iglesia gestiona sus centros, que suman el 70% de la concertada. El Ministerio de Educación no ha dado señales de que esta sea una de sus prioridades.

La diferencia entre un profesor funcionario y uno de la escuela concertada es que unos acceden mediante un concurso oposición y nosotros nos examinamos todos los años

Enrique Ríos — Secretario general del sindicato FSIE

La única diferencia entre un profesor de escuela concertada y uno de la pública a la hora de ejercer la profesión es que el primero ha pasado una oposición y el otro no. Pero ni siquiera es una diferencia significativa, rebate Luis: con presentarse a la oposición es suficiente para entrar en la bolsa de interinos y eventualmente trabajar en un centro público, aunque se suspenda la prueba. Y en algunas disciplinas, incide, ni siquiera es necesario. La falta de profesionales está llevando a las comunidades autónomas a abrir la mano y obviar ciertos requisitos que marca la ley para ejercer la docencia en determinadas materias técnicas para las que no hay docentes.

Ríos, del sindicato FSIE, lo explica de otra manera: “La diferencia es que unos acceden mediante un concurso oposición y nosotros nos examinamos todos los años”, sostiene, porque su trabajo depende de la entidad titular del centro. Ella contrata y ella despide discrecionalmente, pese a que es el Gobierno el que fija y paga las nóminas.

La ley recoge, al menos desde 2006, la voluntad del Gobierno de igualar condiciones, subrayan los sindicatos. “Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente a que hace referencia el apartado anterior posibilitarán la equiparación gradual de su remuneración con la del profesorado público de las respectivas etapas”, estipula el artículo 117 de la norma, introducido en la LOE e incluido en sus diversas actualizaciones hasta la actual Lomloe.

El salario está cerca, el resto no

El salario base sí se ha ido acercando, conceden las organizaciones, y junto a los complementos autonómicos que dan las comunidades las nóminas finales son parecidas para un empleado sin experiencia. Pero con el paso de los años van apareciendo las diferencias en las partidas que completan los salarios. Por ejemplo, los trabajadores de la enseñanza privada sostenida con fondos públicos no acumulan sexenios de formación, como sí hacen los funcionarios, lo cual les resta un añadido de unos cien euros mensuales por cada seis años, explica Jesús Gualix, responsable de Enseñanza privada, concertada y discapacidad de UGT Servicios Públicos.

Como sucede en la red pública, cada comunidad tiene su propia política salarial para la concertada, lo que provoca diferencias entre docentes. Hay gobiernos regionales que están decidiendo no pagar los trienios de antigüedad, como Andalucía, y otras que obvian el pago único de cinco mensualidades —una por quinquenio— que recibe un trabajador si acumula 25 años en un mismo centro, caso de Galicia. Los hay, como acaba de aprobar la Comunidad de Madrid, que pagan jubilaciones parciales y tutorías, y otros que no.

Entre unas y otras, la brecha salarial entre docentes existe. Un estudio de FSIE de 2024 calculaba que un profesor con 18 años de experiencia ganaba en la pública entre 277 y 885 euros mensuales más que uno de la red concertada, en función de la etapa y la Comunidad Autónoma.

Pero la mayor diferencia entre unos docentes y otros está en el resto de condiciones laborales, subrayan los sindicatos. Sobre todo, en las horas lectivas semanales y también en las ratios de estudiantes por aula, mayores en la concertada, coinciden las tres organizaciones consultadas.

El profesorado de la concertada tiene asignadas 25 horas semanales, independientemente de la etapa. En la pública son un máximo de 25 en Primaria y 20 en Secundaria y el Gobierno ha aprobado ya un anteproyecto de ley para reducirlas a 23 y 18, respectivamente, que es la cifra que ya tienen la mayoría de las comunidades autónomas. Pero no está claro que vaya a incluir a la red concertada; las organizaciones están pendientes de la redacción final del texto durante el trámite en el Congreso.

El Consejo Escolar del Estado cree que el Gobierno debe incluir a la red concertada en la rebaja de las horas lectivas y las ratios que prepara, pero los sindicatos temen que les dejen fuera y amenazan con acudir al Tribunal Constitucional si acaba sucediendo

“Si solo se cambia en un sistema creo que se está acabando con la concertada”, sostiene Enrique Ríos, de FSIE. “La atención que se puede prestar al alumnado y la calidad puede ser mucho mejor en un centro público que en uno sostenido por fondos públicos y creo que eso coarta la libertad de elección, porque si ofreces una cosa buena y otra menos buena estás induciendo a tomar una decisión”, argumenta. El Consejo Escolar del Estado dio la razón a la escuela concertada cuando evaluó la propuesta del Gobierno y concluyó que debería ser incluida en esta reducción, pero los sindicatos temen que les dejen fuera. FSIE no descarta acudir al Tribunal Constitucional si esto acaba sucediendo.

Además de la cantidad de horas lectivas semanales, el gran caballo de batalla de los docentes es cómo se cuentan. En la pública cada clase cuenta como una hora aunque dure menos. Esto es, un docente con 20 horas lectivas imparte 20 clases cada semana. Pero en la concertada, explica Gualix, se cuentan minutos. Y como muchas clases no duran una hora sino 45 o 50 minutos, los docentes acaban dando 27 o 28 sesiones cada cinco días. Ahí está el mayor agravio comparativo, insisten.

“Puede parecer poco desde fuera”, sostiene Luis, “pero una clase lleva bastante más trabajo que simplemente entrar al aula. Hay que prepararla, quizás evaluar trabajos, preparar exámenes y corregirlos...”. Gualix incide en la idea: “Para muchos docentes esto es una causa de agotamiento cuando se acerca la jubilación”, asegura.

La patronal, por el módulo

La patronal comprende e incluso apoya las reivindicaciones, según explica Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, pero tiene otras prioridades: que el Gobierno mejore el módulo, la cantidad económica que abona a los centros privados por integrarse en la red pública. Esta partida se fija anualmente vía presupuestos generales del Estado, pero hace años que no se actualiza más allá de alguna subida que compense el Índice de Precios al Consumo (IPC).

“Si el profesorado mejora sus condiciones, pero el colegio no tiene para pagar sus gastos, el edificio se desmorona”, valora Centeno. “Conseguimos ingresos del comedor, de las aportaciones voluntarias de las familias. Y los que ni siquiera así llegan viven de inyecciones de la entidad titular... hasta que deja de hacerlo y hay que venderlo, como está sucediendo en Catalunya. Nosotros apoyamos a los sindicatos en su reivindicación de que se igualen condiciones del profesorado, pero lo correcto sería que se igualasen las condiciones de financiación de la pública y la concertada. ¿Cómo puede costar un puesto 6.000 euros en la pública y 2.800 en la concertada?”, se pregunta. Los datos que ofrece Centeno son propios, no oficiales.

Gualix tiene una respuesta a la pregunta que el responsable de Escuelas Católicas lanza al viento. “Es un poco tramposa la afirmación”, opina, “porque si las condiciones laborales fueran las mismas, en horas lectivas, salarios y ratios, ya no sería tan barata. Es más barata a costa de los trabajadores. Y si se mira por hora trabajada, más aún”.

¿Cómo han ido las vacaciones? Espero que hayas aprovechado para descansar. Vamos al lío, que con una semana sin boletín se nos acumula la faena.

Aprovechando la convocatoria de las becas para estudiar el próximo curso, proceso que ya está abierto y puedes ir mirando aquí, decidimos mirar un asunto que siempre me ha hecho ruido del programa de ayudas al estudio: hay una bolsa de gente que pese a que son oficialmente pobres, ganan demasiado como para optar a una beca completa, la que incluye una partida económica en mano que compense el coste de oportunidad de ir a la universidad y no ingresar un salario.

Resulta que esa bolsa de gente es bastante más grande de lo que me había imaginado. Los compañeros de Datos cruzaron información y son casi 400.000 personas en la edad típica universitaria (18-24) y más de tres millones en total. Es mucha gente y decidimos titular “El Gobierno deja fuera de las becas completas a 380.000 jóvenes...” y la fórmula, señalando al Gobierno, os molestó a algunos. “Si tan mal os parece, probad con el PP”, venía a ser la queja. La protesta tiene cierto argumento (la época del PP fue terrible también para esto). Es un tema difícil de gestionar para el Ejecutivo, que además ha hecho un buen esfuerzo desde que está Pedro Sánchez. Pero la realidad es que todavía es un esfuerzo insuficiente. Vamos a explicarlo todo bien, que es algo complejo, técnica y políticamente.

El Gobierno reparte tres tipos de becas en función de la renta. Todas incluyen el pago de la matrícula universitaria. Hasta el primer límite (umbral 1), se obtiene la beca completa, que incluye también varias ayudas económicas para gastos. Si se supera ese límite, y hasta el segundo (umbral 2), se pierde la principal ayuda económica, de 1.700 euros anuales, y se mantienen otras menores. Si se supera ese segundo límite y hasta un tercero (umbral 3), que marca el fin de las ayudas, no hay dinero en mano y el estudiante simplemente no paga la matrícula.

El problema es que los límites los fija el Gobierno a su voluntad, pero el primero, el umbral 1, está tan bajo que queda por debajo de la línea que marca el riesgo de pobreza. Eso provoca que haya familias que ganan más de lo que marca como límite este umbral 1, pero menos de lo que el propio estado, INE mediante, considera el mínimo para no ser pobre. En ese pequeño intervalo están esos 380.000 jóvenes.

Decía que es complicado para el Gobierno porque es verdad que la situación ha mejorado mucho, pero aún falta. Cuando Sánchez llegó al Ejecutivo el programa de becas estaba en la lona. El umbral 1 no es que estuviera por debajo del límite de la pobreza, es que había que ser indigente para tener derecho a la ayuda completa. Y el dinero en mano era una broma. El PSOE ha casi duplicado la partida que se destina a becas, subido las cuantías notablemente y elevado los umbrales para que mucha más gente pueda recibir la ayuda completa.

Pero sigue existiendo no poca gente que no puede permitirse ir a la universidad, quizá no tanto porque no puedan pagar la matrícula, sino porque no pueden permitirse el lujo de no ingresar dinero en las economías familiares durante tantos años, una situación que las ayudas en mano palían. Y, como dicen los estudiantes, un Gobierno progresista, “el más progresista de la historia”, no debería permitir que pase esto.

Esto –y más, como el problema con los plazos– os contamos en este artículo, que viene aderezado con gráficos, con los datos concretos de los umbrales o la línea de pobreza, que he preferido dejar fuera de este boletín por no hacerlo más engorroso, o con la historia de Laura, que se quedó sin beca completa porque a su padre le subieron mínimamente el sueldo y eso les costó salir del umbral 1 por una cantidad inferior a la que dejó de ingresar por sobrepasar ese límite.

Antes de seguir, os recuerdo, por si se quedó perdido entre tanto texto, que ya se pueden pedir las becas. Aquí está el portal web del ministerio, válido para toda España, excepto Catalunya, que ahora tiene las competencias y gestiona sus propias ayudas.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

De Argentina a Indonesia, pasando por Francia, EEUU, por supuesto España y básicamente cualquier país, las malas praxis están por todas partes en la academia. Y, con ellas, la impunidad que las alimenta. “Son prácticas muy similares en todos sitios: extractivismo de ideas de gente a tu cargo, abusos de todo tipo...”, cuenta Ana Bravo-Moreno, coordinadora, junto a Francisco Ogáyar-Marín, del libro Los males de la academia. Abuso de poder, endogamia, acoso, corrupción y otras violencias (Peter Lang).

El texto, de título autoexplicativo, va más allá de la tradicional denuncia en clave de país y muestra que las prácticas cuestionables que se ven en los campus españoles no son propias ni exclusivas de España. Este hecho se refuerza con las diferentes nacionalidades y afiliaciones de sus autores, algunos de los cuales han escrito sus capítulos bajo pseudónimo para evitar, justamente, algunos de estos males de la academia en forma de represalias.

El libro aterriza en ejemplos concretos todo lo que explica de una manera teórica. Cuenta una investigación en Reino Unido que acusó a 300 académicos, incluido profesorado de alto nivel y directores de laboratorio, de intimidar a estudiantes y colegas. Habla de Indonesia y su problema con las fábricas de artículos y los papers falsos o copiados. En Portugal, dos figuras de prestigio como Boaventura de Sousa Santos y Bruno Sena Martins fueron acusados de acoso sexual. EEUU acumula episodios de acoso en las visitas de campo y la universidad sueca se tambaleó con un estudio sobre el amaño de puestos académicos, la endogamia y la cultura de la “corrupción de la amistad” en los campus.

Los diferentes autores van componiendo un relato en el que la discriminación por género, las microagresiones, el clientelismo, la intimidación, la producción fraudulenta de artículos o las malas prácticas alrededor de este submundo, la misoginia, los sesgos patriarcales, la intolerancia, la coacción y el hostigamiento psicológico aparecen con regularidad, casi como un escalón más de la carrera, en instituciones de todo el planeta.

En España, son conocidos los casos del rector de Salamanca, acusado de haber creado todo un sistema de autocitas para aumentar su prestigio, los de varios profesores y catedráticos de universidades catalanas apartados por diversos casos de acoso sexual y laboral o la frecuente práctica, que todo el que trabaja en una universidad conoce, de sacar plazas de funcionario que vienen con nombres y apellidos adjudicados. La lista, da igual si es nacional o foránea, sigue y sigue.

“El modelo se presta absolutamente a esto”, sostiene Bravo-Moreno a partir de 30 años de experiencia propia. “Las 12 universidades en las que estudié, enseñé e investigué durante más de 30 años, independientemente de su ubicación geográfica –cinco en el Reino Unido, tres en España y cuatro en EEUU— y del prestigio que estas universidades detentaban (...) me demostraron que el abuso de poder era endémico en la mayoría de ellas”, escribe en el capítulo 1.

La universidad y los centros de investigación tienen en general una estructura vertical muy definida, en la que el futuro de los que empiezan suele estar en la mano de sus superiores. “Si dependes de tu director de tesis y este tiene acceso a financiación de becas de investigación [de donde saldría el dinero para un eventual contrato], si no cuidas esa relación puedes malograr tu futuro académico en esa institución. Esto alimenta la relación clientelar en la que la parte débil favorecerá a ese director”, elabora.

Denunciar... aunque sea para nada

Esta profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) explica que el mayor aprendizaje que ha realizado en sus tres décadas de carrera es la importancia de denunciar y exponer las situaciones. “Es necesario que se visibilice la dinámica de poder que existe en la academia, la universidad y los centros de investigación. Es necesario porque lo que no se nombra no existe. Luego no podrán decir que no lo sabían. Otra cosa es que se tomen cartas en el asunto”, explica.

Porque, admite pese a todo, es habitual que estas denuncias caigan en saco roto. “Cuando decidimos denunciar un caso de acoso, abuso de poder, endogamia o desequilibrio, vas al defensor universitario y te dice que es un mediador, que no puede pedir cuentas a la dirección de departamento o el decanato. Y los casos de acoso son sutiles a veces. ¿Cómo demuestras que no has sido incluida en decisiones del departamento si no hay nada por escrito, pero tú lo sabes? ¿O que has sido descartada por un tribunal que favorece unos perfiles y no otros y, casualidad, estos perfiles pueden tener una relación endogámica o clientelar con gente de ese tribunal?”, pregunta retóricamente.

En los últimos años, se han creado algunas figuras, admite Bravo-Moreno, pero son profesionales atrapados en su propia naturaleza. “Hay parches. Inspector de servicios, defensor universitario o defensores ante el acoso... Pero no son políticas o instrumentos de facto que ayuden a las personas. Porque quien está en ese puesto ha sido designado por la gobernanza o el equipo de rectorado de esa universidad. ¿Esas personas van a ir en contra del posible prestigio de esa institución o van a remar a favor de la institución y de quienes les han puesto ahí?”, reflexiona.

¿Y después?

Con todas las dificultades que conlleva, la denuncia en sí misma solo es el primer paso. ¿Qué hacer después? La profesora cree que en esas situaciones la persona denunciada debe ser apartada del puesto de manera temporal mientras se resuelve, aun con el riesgo de que se esté cometiendo una injusticia.

“En el libro contamos casos de catedráticos y otros profesores a los que, al cabo de los años, se les han dado cursos de formación como personas acosadoras, pero que seguían en su puesto. Imagínate que es una denuncia por violencia sexual. Se hace una investigación interna, que puede llevar meses, y la denunciante es una doctoranda. Tiene que seguir con esa relación. ¿Qué hacemos, cómo se protege a la parte vulnerable? ¿Y si la denuncia es cierta? ¿La mantenemos cinco años, como ha pasado veces?”, reflexiona.

Bravo-Moreno cree que buena parte del problema tiene su explicación en el nepotismo que atraviesa las instituciones. “La academia necesita ser móvil, universal, embeberse de otras prácticas en otros países. Si alimentas el nepotismo, el favoritismo desde que terminas la licenciatura, solo conoces lo tuyo. Eso es pernicioso, es un modelo sesgado que alimenta estas prácticas en detrimento de la universidad, que debería abrirse al mundo”, cuenta.

Algo que ya sucede en otros países, como EEUU. “En las universidades de prestigio no se te permite seguir después de los estudios de posgrado”, ilustra. “Tienes que salir cinco años, acreditar otros contratos, méritos como investigadora, y solo entonces tu universidad te contratará. Esto es inexistente en España, pero es absolutamente necesario”, cierra.

La incapacidad de varios policías en ponerse de acuerdo sobre si un conductor estaba drogado o no ha salvado a ese hombre de una pena de cárcel por un accidente de coche del que no era responsable. Un juez ha dictaminado que para ser condenado por conducir bajo los efectos de las drogas hace falta, precisamente, estar bajo los efectos de las drogas. Y que debe quedar acreditado.

Pero no con un mero positivo en el test de droga en carretera, el llamado drogotest, y menos si es de saliva. No es suficiente, sostiene este magistrado, y no es el primero que lo dice. En este caso “no ha quedado suficientemente acreditado que el acusado exteriorizara signos de afectación o intoxicación por la ingesta de marihuana ni que condujera bajo la influencia de esta sustancia, siendo la prueba practicada insuficiente a los fines pretendidos, por lo que debe prevalecer el principio in dubio pro reo y (...) se debe absolver al acusado de la acusación que sobre él pesa”.

El abogado que ha llevado el caso, Francisco Azorín, cree que “es necesario que se regule mejor los test de droga en carretera, porque el test en saliva ofrece resultados positivos a los varios días de haber consumido y se debería de ofrecer siempre el derecho a una prueba de contraste en sangre a las personas que dan positivo en saliva. Además, el test de signos externos sobre la afectación en las capacidades psicofísicas para la conducción no debería realizarse por la policía, sino por un médico. Esto ayudaría a resolver estos procedimientos condenando a las personas que efectivamente hayan provocado el accidente por ir bajo los efectos de las drogas y absolvería a aquellos que consumieron días atrás y que esa ingesta de drogas en nada tuvo que ver con el accidente”.

El sistema de detección de drogas en carretera (y posterior sanción) está cada vez más cuestionado tanto por jueces como por expertos y asociaciones civiles. Los drogotest en saliva devuelven positivos varios días después de haber consumido sustancias, pero además ni siquiera detectan necesariamente drogas: un juez anuló hace unos meses una multa de mil euros y seis puntos del carné de conducir a una mujer porque el aparato había dado positivo por un metabolito, una sustancia que genera el organismo cuando ya ha procesado y depurado la cocaína y por tanto no está bajo sus efectos, como recogió el magistrado en su sentencia absolutoria.

Los jueces empiezan a generar un patrón. Aquel caso fue por lo administrativo, este por lo penal, pero la conclusión es la misma y cuestiona un elemento central de la política antidroga en carretera: un positivo en un control, por sí mismo, no es siempre condición suficiente para sancionar.

Consumió la noche anterior

El hombre dio positivo por cannabis tras atropellar a una anciana. Sí, reconoció, había fumado marihuana. Pero la noche anterior, más de 12 horas antes. La perito explicaría más tarde ante el juez que es perfectamente posible que la máquina pite en esas circunstancias. Un policía creyó notar olor a porro. Veía a una persona locuaz, preocupada y con los ojos rojos y dilatados.

Pero otros dos agentes no notaron nada de eso. El olor a porro podía ser el cigarrillo que el joven se había fumado in situ para calmar los nervios tras el accidente y locuaz es compatible con nervioso, pero no es la reacción más típica del cannabis, alegaría el abogado en el juicio. El joven ni siquiera tenía culpa del accidente: la mujer, con problemas de audición, probablemente no vio ni oyó el coche y se golpeó con él. La ubicación del bollo, en la parte lateral trasera del coche, confirmaba su versión.

Estas discrepancias de los policías, la incapacidad de la perito para determinar la cantidad de THC (el principal principio activo del cannabis) necesaria en el organismo para afectar a una persona y el hecho de que el hombre no fuera responsable del atropello –si hubiera sido culpa suya se consideraría prueba de que conducía bajo la influencia de la droga– llevaron al juez a absolver al conductor.

El juez recuerda en su sentencia que el Código Penal castiga a quien conduzca “bajo la influencia de drogas tóxicas” y que, a diferencia de lo que sucede con el alcohol, el resto de sustancias no tiene un límite marcado por la ley que no se pueda superar. “Así como en el caso de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas se establecen normativamente unos límites máximos y objetivos a partir de los cuales la conducción se considera influenciada por la ingesta de alcohol (0,60 miligramos por litro en aire o 1,2 gramos por litro en sangre), no sucede lo mismo en el caso de la conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por lo que en estos casos habrá de acudirse a las circunstancias acreditadas del caso concreto para determinar si la conducción estaba o no influenciada por el previo consumo de droga”, escribe el magistrado.

Los cinco años de proceso que ha pasado (la causa estuvo dos paralizada), con la amenaza de perder la plaza de funcionario que acababa de sacarse, no se los quita nadie.

“Moraleja”, concluye el abogado Azorín, “si fumas por la noche y al día siguiente conduciendo, una anciana o un niño te sale entre dos coches, lo atropellas y no tienes la culpa, esa presencia de cannabis u otra droga va a convertir tu presunción de inocencia en presunción de culpabilidad y te va a arruinar la vida económica y emocionalmente. Hay que regular de manera urgente esta cuestión”, cierra.

Un sistema cuestionado

No es el primer juez que cuestiona un positivo en un control de carretera como prueba suficiente para condenar a un conductor. El magistrado que anuló una sanción por cocaína utilizaba argumentos similares a los de este caso: “Este método [un test de saliva] por sí solo no acredita de forma fehaciente que una persona se encuentre bajo la influencia de sustancias estupefacientes, sino que se trataría, en todo caso, de un mero indicador de si esa persona ha podido consumir o no una sustancia, pero sin determinar el momento en que lo ha hecho, esto es, el momento previo a conducir o incluso el mismo día, ni la intensidad o efectos de la presencia de dicha sustancia en las capacidades del sujeto para conducir”.

Además, explican expertos en la materia, cada marca de aparatos tiene un punto de corte distinto porque no existe una ley que establezca un criterio, como sí sucede con el alcohol. “Uno de los grandes problemas del sistema de medición [de drogas en carretera] es quién pone los límites en los dispositivos”, explicaba a este periódico Juan José Ramírez, quien ha estado vinculado a los controles de Tráfico durante 47 años, primero en la Guardia Civil y luego en la Policía Local de Osuna (Sevilla) y ha escrito la tesis doctoral 'Los controles de drogas a conductores en España: análisis de la legislación, la formación específica de los profesionales y los dispositivos de detección', probablemente el análisis más completo de la situación realizado en España.

“Lo normal sería que los pusiera la administración, como hace con el alcohol. Pero en estos aparatos los pone cada fabricante. Eso provoca que una misma muestra puede dar resultado negativo o positivo según el aparato”, explica. Exactamente lo mismo sucede con la prueba de sangre en laboratorio, si el conductor pide ese segundo test (está en su derecho). “Pasa lo mismo”, insiste Ramírez, “una misma muestra puede dar negativo o positivo según el laboratorio por la misma razón, no hay una norma, y puedes encontrar diferentes límites de corte para diferentes sustancias en cada laboratorio. Esto arroja inseguridad jurídica”.

Tampoco existe, señala el abogado Azorín, una ley que establezca qué sustancias pueden detectar o no los aparatos. Este vacío ha propiciado, por ejemplo, que las benzodiazepinas hayan dejado de dar positivo por decisión no se sabe bien de quién. “Si los test no detectan estos sedantes ni muchas nuevas sustancias psicoactivas no prohibidas u otras que, aunque estén prohibidas no aparezcan en el aparato, difícilmente vamos a tener un sistema que proteja la seguridad vial. Lo único que tenemos es una máquina de represión de la persona usuaria de drogas y una forma de financiar las arcas públicas”, lamenta el letrado.

El ex guardia Ramírez recordaba a raíz del caso de la mujer exonerada del positivo por metabolitos que esta postura crítica no trata de eximir a las personas que conducen bajo el efecto de las drogas, sino de poner orden en un sistema que no cree justo. “La realidad es tozuda y dice que se consume y se conduce al mismo tiempo. Y ese consumo debe estar totalmente regulado para evitar que suponga un peligro en la vía pública. Lo mismo que hay que regularlo hay que garantizar los derechos de los ciudadanos, establecer las suficientes garantías procesales para que cuando se persiga un determinado caso tenga posibilidades de éxito. Hay que hacer legislaciones acordes a la realidad social. Las leyes que no son entendidas ni asumidas por los ciudadanos están llamadas a ser desobedecidas”.

Cuando al padre de Laura le subieron el sueldo, en casa no se podían imaginar que iba a convertirse en una mala noticia. El salario anterior ubicaba a la familia dentro del umbral 1 que establece el Ministerio de Educación para repartir las becas al estudio. Es el grupo más bajo, donde entran las personas más vulnerables. Eso permitió a Laura recibir durante cuatro años la ayuda completa, que además del pago de la matrícula universitaria incluye ayudas económicas en mano para gastos. Pero esa mejora salarial, apenas 111 euros –“me acuerdo perfectamente de la cifra, porque generó mucha frustración”, cuenta la joven–, sacó a la familia del umbral 1 por exceso de renta y la encuadró en el 2. Y se esfumó el principal pago en metálico (1.700 euros este año).

“Fue un jarro de agua fría”, explica Laura. “Cuando pasas de umbral es un cambio muy grande. Cobras una miseria más y lo que pierdes es mucho. Una subida de sueldo que al año no supone tanto para la familia te deja sin el tipo de ayuda con la que contabas. Llegas a pensar: 'Preferiría que en mi familia ganáramos un poquito menos y seguir contando con la ayuda'”.

Laura, que actualmente está estudiando un máster, es una de las casi 380.000 personas de entre 18 y 24 años a las que el Gobierno considera demasiado ricas como para acceder a una beca completa, con ayudas directas, pese a que son hogares en riesgo de pobreza, según la definición oficial.

Esto sucede porque el umbral 1 de renta para acceder a las becas, el límite máximo de ganancias que fija el Gobierno para acceder a estas ayudas integrales, lleva años por debajo del que fija la línea de riesgo de pobreza familiar. El Estado reparte tres tipos de becas en función de la renta familiar y otros parámetros como el patrimonio, aunque los ingresos son el principal filtro.

Para ello, cada año se establecen tres límites de renta que fijan los derechos económicos de cada grupo: quien quede por debajo del umbral 1 tiene derecho a la ayuda completa, que incluye un pago directo de 1.700 euros, hasta 2.700 euros para residencia si se estudia en una comunidad autónoma diferente de la familiar, entre 50 y 125 euros en función del rendimiento académico y una cantidad variable de hasta 60 euros en función de una complicada fórmula matemática; los hogares que se sitúen entre el umbral 2 pierden la principal partida, los 1.700 euros; finalmente, por debajo del umbral 3 solo optan a la ayuda vinculada al rendimiento. En los tres casos se incluye el coste de la matrícula.

El problema para Laura y otros cientos de miles de personas en España que potencialmente podrían ir a la universidad si quisieran es que el Gobierno ha fijado este año el máximo de renta familiar que marca el umbral 1 en 23.286 euros anuales (en total, para una familia de cuatro miembros), mientras que la línea que establece el riesgo de pobreza está en 25.662 euros al año para esa misma familia.

Estas personas pueden acceder a la beca media o a la más básica. Pero ninguna de las dos llega a compensar el coste de oportunidad de estudiar (incluso podría cuestionarse con la completa). Y a la universidad va quien puede permitirse no trabajar durante esos años, como recuerda siempre Juan Hernández Armenteros, profesor jubilado de Economía de la Universidad de Jaén y autor de varios informes sobre financiación universitaria.

El Gobierno ha aprobado este año la partida para becas más alta de la historia con 2.559 millones de euros que beneficiarán, calcula el Ministerio, a un millón de estudiantes. Aunque son para todas las etapas, la inmensa mayoría de ese dinero se destina a la universidad. Desde que el PSOE está en el Gobierno, el presupuesto para becas ha subido un 83% respecto al que aprobaba el PP. Las cuantías han subido y se han elevado los límites de renta que dan derecho a becas (con el PP el umbral 1 que daba derecho a la ayuda completa era de 14.613 euros anuales) hasta los 22.177 euros, ampliando así la base de los beneficiarios.

Pero con la subida del salario mínimo interprofesional y la buena marcha macro de la economía también ha subido la línea que marca el riesgo oficial de pobreza, que se fija de manera automática en un 60% de la mediana de ingresos (siempre ajustado al tamaño del hogar). ¿El resultado? Hoy, como ayer, el umbral 1 queda por debajo del de la pobreza, dejando a millones de personas en ese limbo. Este periódico ha preguntado al Ministerio de Educación cuáles son los criterios para fijar los umbrales de renta, porque no van automáticamente ligados a ningún indicador, pero no ha obtenido respuesta.

“El sistema de umbrales deja que desear”

“El sistema de umbrales deja que desear en muchas situaciones, no evalúa bien a cada estudiante”, valora Andrés Campillo Ponce, responsable de becas de CANAE, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. “Nosotros reclamamos que se revisen. Modificarlos, sí, pero también introducir otros requisitos para que la convocatoria sea más justa. Está bien que se eleven los umbrales de vez en cuando, pero nos gustaría que se haga respecto a algún indicador específico, por ejemplo el Índice de Precios al Consumo (IPC)”. Canae, explica Campillo Ponce, está trabajando en una propuesta integral para presentarla en el Observatorio de Becas, el foro de interlocución para este tema con el Ministerio de Educación.

“Nuestra idea ha sido siempre que los umbrales suban de manera que no dejen a nadie atrás. Todos los años nos encontramos subidas del SMI o de los salarios, pero luego estas subidas no se ajustan en los umbrales y de un año para otro ves que sales del umbral 1 al 2 sin haber hecho nada”, expone.

“Es una decisión política”, tercia Santiago Cuesta, trabajador de la Universidad Politécnica de Madrid y representante de CCOO en el Observatorio. “Debería haber un criterio para que los umbrales respondieran a la situación real de las familias. No puede ser que apruebes un umbral que está por debajo de cualquier referencia, no responde a las necesidades reales de las familias y estás excluyendo a personas. Va contra el propio concepto de la beca o ayuda, es un ejercicio teórico que deja fuera a familias que deberían tener derecho, sobre todo en el umbral 1”.

Cuesta cuenta que CCOO lleva “años pidiendo una reforma absoluta del sistema”, y aunque concede que es positivo que el Gobierno esté subiendo las partidas año tras año, insiste en que es necesario “cambiar los criterios, que tienen 20 años”. “No es que haya pérdida de talento, es que le estamos robando expectativas de futuro a los chavales. Si somos una sociedad avanzada como decimos, hay que demostrarlo aquí, en las políticas sociales, esto es básico para el ascensor social”, sostiene.

El problema viene de atrás y no se acaba de resolver. En 2023, las profesoras Mónica Martí y Carmen Ródenas hicieron un estudio en la Universidad de Alicante que ya explicaba que el sistema de becas es “ineficaz” por esta misma cuestión y proponían que el umbral 1 se elevase como mínimo hasta la línea de pobreza para acoger a todo ese colectivo. Aquel informe advertía también de que el carácter lineal de todo el proceso, utilizar las mismas referencias para toda España, junto a la variabilidad de precios universitarios entre las comunidades autónomas, provoca que el esfuerzo que hacen los hogares para pagar los estudios diverja entre autonomías en términos relativos. Esto es, dice el informe con el precio de las tasas y las rentas de 2023, para una familia catalana o madrileña, el coste universitario se fijaba en un 5,8% sobre la renta mediana; para una gallega en un 3,4%.

Este asunto lo ha abordado el PNV en el Congreso porque Euskadi es una de las comunidades con menos becarios debido a que, al ser una de las más ricas de España, más familias se quedan fuera de las ayudas por renta. “El Gobierno central pone unos umbrales para acceder a becas iguales para todos, pero las condiciones no son las mismas en todo el Estado”, argumentaba el diputado Joseba Agirretxea, “no es lo mismo igualdad que equidad. Y hacer una raya igualitaria en este caso no es equitativo”. El partido le ha pedido al Gobierno que ajuste los umbrales.

Cuantías escasas, plazos tardíos

También preocupan a familias y estudiantes las cuantías que se pagan a los becarios como los plazos de ejecución de las ayudas. “Las cuantías son fundamentales”, dispara Cuesta, de CCOO. “El objetivo de las administraciones es ampliar el espectro, hacer las ayudas accesibles a más personas. Eso está muy bien, pero lo que hay que pensar es cómo las distribuyes para quien más las necesite. El ejemplo de la ayuda de residencia de las becas universitarias es palmario. Tienes una ayuda máxima de 2.700 euros anuales. Es irreal. Sin hablar de Madrid siquiera, no hay prácticamente ningún sitio que baje de 450 euros al mes. Le vas a pagar cuatro meses, pero los estudios duran diez. ¿Eso es una ayuda?”, pregunta retóricamente. El mismo argumento repetirá para la cuantía fija para las becas mejor dotadas, 1.700 euros para todo el año, o la variable (hasta 60 euros).

“Ha habido alguna subida reciente”, concede el estudiante Campillo Ponce, “pero la situación de la vivienda va a peor. Si vives fuera de tu ciudad de residencia en una capital de provincia tienes difícil acceder a una residencia con esa beca. Es cierto que algunas universidades complementan las ayudas, pero no se puede estar dependiendo de las universidades”, elabora. La escasez de los montantes, contaban Martí y Ródenas en su estudio, provoca que estos estudiantes tuvieran que trabajar además de estudiar, “por lo que ya no se puede hablar de igualdad de condiciones y oportunidades”.

Y luego están los plazos. María Sánchez, presidenta de Ceapa, la mayor confederación de AMPAs del país, explica que para muchos hogares es fundamental que se agilice la ejecución de las ayudas, que muy a menudo llegan a los bolsillos de los beneficiarios a mitad de curso. “El plazo de solicitud es amplio, pero eso supone que muchas familias acaban cobrando la beca en marzo y tienes que adelantar el gasto”, cuenta, lo que para algunos hogares se convierte en un obstáculo casi insalvable. “Hay familias que a día de hoy no han cobrado el 100% de la beca”, corrobora el portavoz de Canae. “Nuestra principal reclamación es que cuando empiece el curso, en septiembre, tengan ingresada al menos la cuantía principal para poder hacer frente al curso y que nadie tenga que adelantar dinero”, explica.

Laura cuenta que durante todo su periplo educativo ha vivido en casa de sus padres, “si no, habría sido todo mucho más complicado”. También tenía unos ahorros propios de haber trabajado previamente. “Pero aún así he notado que tengo que limitarme en muchas cosas que otros compañeros no”, explica.

“Si el objetivo del sistema de becas es que cualquier persona que quiera continuar sus estudios lo tenga garantizado, con este sistema, a día de hoy, no da”, cierra Cuesta. “No cuestionamos el esfuerzo inversor que ha hecho la administración, pero, si con ese esfuerzo no se llega, el sistema es fallido”.

La Comunidad de Madrid quiere blindar aún más la escuela concertada en la región. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que llegó a aprobar una ley educativa ad hoc para proteger a los centros privados sostenidos con fondos públicos como reacción a la ley nacional, la Lomloe, está preparando un decreto con el que pretende extender la duración de los conciertos hasta los 14 años.

Será, si se aprueba finalmente el texto (o cuando se haga, más bien), la segunda subida en cinco años: el Ejecutivo de Ayuso subió la vigencia de estos convenios entre los centros y la administración en 2021 como parte de aquella respuesta a la Lomloe, y los fijó en diez años frente a los seis que marca la ley y que mantienen las demás comunidades autónomas. En este caso la justificación es que como se están reduciendo las ratios hay que ofrecer seguridad jurídica a los centros durante el tiempo que dure el proceso.

La escuela concertada es un pilar central del proyecto educativo del PP en la Comunidad de Madrid, bajo el argumento de que garantiza la “libertad de elección de las familias” que, según esta visión, consagra la Constitución (aunque la carta magna solo habla de la libertad de crear centros privados, no de que la administración los promocione). Ha sido así durante décadas, especialmente a partir de los Gobiernos de Esperanza Aguirre, aunque para ello hubiera que saltarse la ley. El impulso a la concertada en la región se plasma en el reparto de alumnado y sus consecuencias: en Madrid hay menos estudiantes en los centros públicos que en los privados, un caso único en España, una política educativa que ha llevado a la comunidad a ser la segunda región de Europa que más segrega a su alumnado por renta: los ricos van a clase con los ricos, los pobres con los pobres.

Hay ejemplos de todo tipo del apoyo institucional a la escuela concertada por parte de los Ejecutivos populares durante las últimas dos décadas. Uno son las cesiones de suelo público para construir colegios a los que se garantiza el concierto antes de existir, una medida que iba contra la normativa (los conciertos se conceden a centros que ya existen) hasta el punto de que cuando el PP llegó a la Moncloa regularizó la práctica al incluirla expresamente en la normativa. El Gobierno trató de contrarrestarla después prohibiéndola, explicó, en la Lomloe. Pero no lo hizo expresamente y Madrid ha obviado esta disposición y continúa cediendo suelo y garantizando conciertos de forma anticipada.

De hecho la educación es uno de los campos habituales de batalla entre Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez. Conciertos, becas para las familias ricas que acuden a centros privados, financiación de los centros que segregan por sexo, el uso del castellano en la escuela (o, más bien, la confrontación por algo que en Madrid, sin lengua cooficial, no es polémico), el bilingüismo o, recientemente, la vuelta en Madrid de los niños de 12 y 13 años a los colegios, son algunos de los elementos por los que ambos Ejecutivos se han enfrentado.

El PSOE admitió durante la tramitación de la Lomloe que buena parte de las medidas incluidas en la ley estaban pensadas para contrarrestar las políticas del PP. La respuesta de Madrid fue aprobar la mencionada Ley Maestra para blindar a la escuela concertada y continuar con sus prácticas, como la cesión de suelo, ante la pasividad del Ministerio de Educación, que al menos con el anterior equipo, con Pilar Alegría al frente, optó por protestar verbalmente, pero no hacer nada. Uno de los últimos casos fue con esa vuelta de 1º y 2º de la ESO a los centros de Primaria, una medida que los directores de instituto rechazan por retrógrada y que Educación advirtió en su momento de que vigilaría porque iba contra la ley, pero que ha acabado ejecutándose sin problemas.

Cada esfuerzo que hace la Moncloa por controlar la escuela concertada es respondido por la Puerta del Sol reforzando aún más los centros privados sostenidos con fondos públicos. Al calor de este impulso nació y se desarrolló a partir del año 2000, aproximadamente, la llamada nueva concertada madrileña, un modelo propio de la región que, a diferencia de las escuelas con más tradición, ligadas habitualmente a la Iglesia a través de Escuelas Católicas, se articula en la forma de sociedades mercantiles, ofrece beneficios a sus dueños y dividendos a sus accionistas y altos salarios a las direcciones, profesionalizadas, mientras reciben dinero público. Un modelo que permite que centros subvencionados por todos se vendan por 200 millones de euros.

Ajuste de aulas, extensión de conciertos

El Gobierno regional explica en el borrador del decreto que prepara –técnicamente, lo que hace es modificar el Decreto 31/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el régimen de conciertos educativos en la Comunidad de Madrid– que como está ajustando las ratios de alumnado por aula tiene que alargar los conciertos en consecuencia. Así, dice el texto que “la Comunidad de Madrid ha iniciado un proceso de disminución de la ratio máxima de alumnos por aula (...) que finalizará en el curso 2030/2031”.

Debido a esta reconfiguración, continúa, “los centros concertados están adaptando su configuración jurídica de unidades y su concierto educativo en función de las necesidades de escolarización y la demanda de puestos escolares (...) condicionados por la disminución de la ratio. Asimismo, para la propia Administración educativa este proceso de ajuste de la ratio está afectando necesariamente en su actuación de programar anualmente la oferta educativa en centros sostenidos con fondos públicos”.

Y concluye: “Sólo una vez finalizado dicho proceso, los centros concertados habrán definido su configuración definitiva, y sólo entonces la Administración podrá tomar las decisiones necesarias en orden a la actualización de una «programación general de la enseñanza» adecuada y suficiente (...). Por todo ello, con el fin de dotar de certeza y previsibilidad en la regulación del régimen jurídico de los conciertos educativos a los titulares de los centros, a las familias que han elegido escolarizar a sus hijos en centros concertados (...) y a la propia Administración educativa, se considera oportuno ampliar la vigencia de los conciertos educativos a catorce años, para que la fecha de renovación de los mismos coincida con la de la implantación completa de la disminución de ratio de alumnos por aula”.

No pueden más. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida en todas las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, según ha comunicado este martes. La protesta comenzará el próximo martes 7 de abril, tras la Semana Santa, y se mantendrá “el tiempo necesario hasta que se produzcan mejoras que permitan garantizar una educación de calidad en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años)”.

Desde la plataforma explican sus reivindicaciones básicas, que pasan con carácter general por darle a la etapa de facto la consideración educativa que ya tiene sobre el papel –y no meramente asistencial–, pero no acaba de aplicarse, y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras (el 97% del sector son mujeres).

Para ello, PLEI exige que se mejoren las ratios de alumnos por clase, que están entre las peores de Europa, que se implemente la pareja educativa como recurso de organización pedagógica e incluir la atención temprana en el sistema con “un enfoque preventivo y no meramente diagnóstico”. “La formación continua, las recomendaciones de la Unión Europea y los expertos en neurociencia avalan todo lo que exigimos”, explica la plataforma a través de una nota.

En lo laboral, las trabajadoras de las escuelas infantiles son el colectivo docente más precario del Estado y además es una etapa en la que conviven diferentes figuras laborales y modelos de gestión, desde lo público a lo privado pasando por modelos mixtos, por lo que hay varias realidades aunque cumplan la misma función. Y todas tienen en común unos salarios bajos, cercanos al SMI (las docentes de los centros de gestión directa de las administraciones tienen mejores condiciones). Las profesoras de esta etapa viven instaladas en una especie de huelga intermitente en los últimos años, en los que han sido convocadas a parar en varias ocasiones.

Equiparación salarial

Por ello, PLEI exige la equiparación salarial entre las diferentes figuras –“no se puede vivir con el SMI, y más con la responsabilidad que sostenemos en nuestras manos”– y tipos de trabajadoras –también para el personal de limpieza, cocina y mantenimiento–. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene.

El grueso de las reivindicaciones concluye con el espacio de trabajo, otro elemento a mejorar. “Queremos trabajar en escuelas seguras, espacios sin goteras, con una climatización adecuada, donde la calefacción funcione, no haya moho por todas partes y las paredes y techos no se caigan a pedazos. Con patios con sombra o toldos, persianas que funcionen y espacios exteriores pensados para vivir y no solares sin apenas naturaleza que sentir y explorar. Trabajamos con criaturas de 0-3 años, las condiciones donde permanecen la mayor parte del día son vitales para su desarrollo y salud física y emocional”, alegan.

La plataforma, que convoca los paros con el respaldo de CGT, explica que les bastaría con ser escuchadas. “Solo necesitamos que las instituciones políticas nos escuchen y hagan su trabajo, que es responsabilizarse del primer ciclo de educación infantil, creando un marco normativo a nivel estatal que unifique nuestras condiciones y garantice los recursos, tanto materiales como humanos, para poder ofrecer una educación de calidad acorde a las necesidades de estos primeros años de vida, tan importantes para el desarrollo humano. Queremos dejar de ejercer violencia institucional a la infancia por la falta de recursos y medios”, explica la plataforma en una nota.

“Hemos hecho de todo”, argumenta Rosa Marín las razones que llevan a un colectivo ya precarizado a convocar una huelga indefinida. “Parones, huelgas de un día, nos hemos unido con otras etapas para protestar, nos hemos manifestado, hemos ido a las juntas del distrito, nos hemos reunido con los partidos políticos, hemos ido al ministerio (¡y tardamos tres años en que nos recibieran!). Se acabó, es el último cartucho. Si con esto no conseguimos nada tendremos que dejar la profesión, porque no hay diálogo. Todo son buenas palabras de la administración: 'qué injusto, qué duro, qué bien lo estáis haciendo…' Pero no hay ningún compromiso de cambio ni de responsabilidad política. Así que vamos a intentarlo duremos lo que duremos”.

Una etapa en progreso... al menos parcial

Sin obviar lo expuesto, el primer ciclo de educación infantil también ofrece datos positivos. España está entre los diez países europeos con una mayor tasa de escolarización (un 55,8%, según datos del Ministerio de Educación, por encima del objetivo europeo del 45% para 2030) y ha registrado una subida de 20 puntos en una década. La apuesta del Gobierno central y las comunidades autónomas por esta etapa parece estar surtiendo efecto.

Pero ese dato medio, sin contexto, esconde diferencias regionales, no explica el efecto Mateo que se está dando y tampoco habla de los diferentes modelos que tienen las comunidades autónomas: algunas –sobre todo las 12 en las que gobierna el PP– están apostando por la gratuidad para las familias independientemente de en qué escuelas se matriculen los niños, otras por impulsar exclusivamente el sistema público. Los últimos datos del Ministerio de Educación, del curso 2023-24, muestran que el reparto entre las redes es más o menos equilibrado: un 53% acude a un centro público, un 47% a uno privado.