Son violentos, una plataforma de frustrados, un coro rociero, representan una corrupción mafiosa y pueden tener antecedentes terroristas. A Isabel Díaz Ayuso no le gustan las protestas, o al menos aquellas que sean contra su gobierno. Vengan de donde vengan. La presidenta de la Comunidad de Madrid enfrenta un otoño con diferentes huelgas y movilizaciones de colectivos como los de la educación o la sanidad a solo unas semanas para las elecciones generales y lleva desde que empezaron los primeros paros aplicando la misma receta, una fórmula que ya había utilizado en anteriores convocatorias. Cargar contra los manifestantes, deslegitimar las reivindicaciones y vincular el derecho a la huelga con violencia, delincuencia y vandalismo. Todo ello sin sentarse con los manifestantes.

El derecho a huelga está recogido en la Constitución Española. Es algo que Ayuso sabe y sobre lo que, según ha expresado, no tiene problema. Sin embargo, los ataques desde su ejecutivo contra los docentes por ejercer su derecho a huelga y manifestación se han ido acumulando en las últimas semanas.

Ante la lucha en los tribunales de las familias de las víctimas que murieron en las residencias y que denunciaron los protocolos de la vergüenza, Ayuso les calificó de “plataforma de frustrados”. Anteriormente se refirió a ellos en 2025 como “marea de rebotados”. Lo mismo con los médicos, también inmersos en la protesta ante la “falta de negociación” del Gobierno regional. Ellos también han sufrido los ataques de los de Ayuso después de que se desconvocasen los paros a nivel nacional, pero se mantuviesen en algunas regiones como Madrid. Eso sí, cuando las protestas iban dirigidas contra el Ministerio de Sanidad, la presidenta autonómica se mostró a favor de los paros: “Es una huelga que no veremos en todas partes, a la que muchos intentarán no darle la importancia que merece”, dijo. Palabras muy diferentes solo unos meses más tarde. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, aseguró que ahora la huelga de facultativos era “política” y que los sindicatos —los mismos que convocaron protestas contra Mónica García— obedecían las consignas de la izquierda y la ultraizquierda para “incendiar las calles” durante la campaña.

Tampoco son nuevos los (des)calificativos a profesionales. En 2021 ya había cargado contra los médicos de atención primaria. “No todos quieren trabajar y arrimar el hombro”, dijo en la sexta ola de la pandemia, “no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos”. Acabó acusando a la izquierda de convertir los centros de salud en “sedes electorales”. Un año más tarde, en 2022, ante las protestas y las dimisiones de altos cargos por su gestión sanitaria, Ayuso no dudó en volver a la carga y aseguró que la masiva manifestación de entonces no tenía “nada que ver” con “reclamar derechos laborales”.

Ayuso sube el tono con los profesores

En Educación el Gobierno regional tampoco ha escatimado en calificativos con los huelguistas. Los ataques llegan desde todos los frentes: la presidenta Ayuso ha llamado “violentos” y “antidemocráticos” a los manifestantes —la única violencia que han visto la han sufrido a manos de la policía—, que según ha explicado están “untados por los sindicatos”.

Este mismo jueves añadió “corrupción mafiosa” a su catálogo de calificativos. Los sindicatos, ha sostenido, “llevan pancartas para Hamás, la educación y las ponen en la Consejería de Sanidad. Son una banda que no quiere trabajar y que vive del sufrimiento de quien paga sus impuestos”.

Su responsable educativa también ha tenido palabras para los que en el fondo son sus empleados. Los ha calificado también de “violentos” que “buscan reventar Madrid”, y, como su jefa, ha calificado la huelga de “política” mientras afirma que las demandas son imposibles de cumplir.

En su afán acusador, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, confundió un email informativo enviado por el director de un centro concertado a las familias del colegio con el posicionamiento del director (de hecho, se lo achacó a otro dirigente), lo que le costó una campaña de odio a dos centros públicos que no tenían nada que ver con aquella misiva. No se ha disculpado. No han sido los dos únicos. El director del área territorial este de Madrid, Marcos Rafael Moreno Sánchez, llamó “dos locos” a miembros de las Asambleas de Docentes por la Pública que protestaban en su centro, según denunciaron varios de ellos.

Durante el pleno de la Asamblea de este jueves, la oposición cargó contra el Ejecutivo autonómico por no “respetar” el derecho a la huelga con sus prácticas y la diputada de Más Madrid acusó a la consejera Zarzalejo de llamar “delincuentes” a los profesores que se manifiestan estos días en la capital, unas declaraciones que hicieron estallar a la responsable de Educación, que acabó llamando a la diputada “falsa, mentirosa y prepotente”, prácticamente a gritos en el pleno. Pastor respondió con un audio de la propia consejera de esa misma mañana después de que un grupo de docentes se encerrasen en la Consejería de Educación: “Eso no es ejercer el derecho de huelga, es ejercer la delincuencia y las prácticas mafiosas”, insistió en su respuesta.

De los bomberos a la huelga por la vivienda

La líder madrileña también ha acusado a la izquierda de “secuestrar las calles” porque se vuelve “violenta” al ver que va a perder las elecciones y, fuera del entorno huelguista, “de tener colonizada la universidad”, también en el marco de otras protestas. Otro ejemplo son los bomberos, que también recibieron su dosis este verano, durante los incendios que asolaron la sierra oeste de la Comunidad de Madrid. En medio de una huelga, los acusó de estar “intoxicando en los momentos más difíciles” y de tener “poca amabilidad y sensibilidad con sus compañeros”.

Ahora Ayuso ha visto resuelto otro de los problemas que acumulaba de cara a los comicios: la acampada por la vivienda en Sol, que ya ha sido disuelta. Prácticamente desde que se instalaron las primeras campañas a finales de septiembre y tras la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada de su casa, la presidenta madrileña ha cargado contra los manifestantes. “Lo que hacen es bajo una pretendida noble lucha”, dijo en un encuentro informativo, “se pongan a la cabeza de estas protestas personas que no han pagado impuestos en su vida, que no han construido nada, que en ocasiones ni han estudiado ni saben de qué va la vida”. Semanas más tarde incluso insinuó que algunos de esos manifestantes que reclamaban un derecho a una vivienda digna podían tener “antecedentes terroristas”.

El Gobierno regional ha utilizado el dato de seguimiento del paro de dos días después del accidente de tren de Urda, cuando se suspendieron las protestas, para criticar que el paro es un fracaso. Pero es un fracaso que a la vez está teniendo impacto, según la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha lamentado este mismo jueves en la Asamblea de Madrid que se hayan perdido ya “270.000 horas” de clase en la región.

En una carta enviada a los directores de los centros educativos el martes 3 de noviembre, Marta González Rodríguez, directora general del área territorial Madrid Capital, explica que el día 30 de octubre hubo en toda la comunidad un seguimiento de paro del 5,9%, que en la capital fue del 7,7%. Lo que no menciona González Rodríguez es que ese 30 de octubre es dos días después del accidente entre dos trenes AVE que mató a 69 personas el pasado miércoles. Aunque la huelga seguía vigente ese día —es indefinida—, los convocantes anunciaron que se paralizaban todas las acciones reivindicativas.

En su misiva, la responsable de la capital también intenta desmentir que, como sostiene el Comité de Huelga, la Comunidad no se reúne para negociar con los huelguistas. “Se mantiene la dinámica habitual de negociación con las organizaciones sindicales en mesa sectorial”, e informa de las dos últimas reuniones que se han celebrado en este contexto, los pasados 27 y 29 de octubre.

Esa afirmación no es falsa, pero tampoco desmiente las críticas de los convocantes de la huelga educativa. El Gobierno regional se está reuniendo con los sindicatos presentes en la mesa sectorial, pero ni estos representan a los huelguistas ni ese es el marco de negociación de las medidas que se exigen en el paro.

En la mesa sectorial están las cuatro organizaciones que más representantes obtuvieron en las elecciones sindicales, CCOO, UGT, CSIF y ANPE, pero estas dos últimas ni siquiera están entre los sindicatos convocantes. Y en ese foro actualmente no se negocia nada relacionado con el paro, sino una futura carrera docente propuesta por el Gobierno regional que dará, dice Ayuso, hasta 350 euros al mes extra a los docentes cuando cumplan todos los méritos (el Comité de Huelga pide un aumento cercano a los 600 euros mensuales).

El dato miminizado de seguimiento de la huelga contrasta con las consecuencias que, según Ayuso, está teniendo el paro sobre el alumnado. “270.000 horas de clase han perdido los alumnos de Madrid en Primaria y Secundaria por sus huelgas torticeras”, ha espetado este jueves en la Asamblea, “y los más perjudicados, los alumnos de la PAU, los que quieren ir a la universidad pública y que ustedes se lo está negando porque con sus huelgas están dejando atrás a los alumnos madrileños en situación de desventaja con el resto de los españoles”.

La Policía ha detenido este jueves a un profesor durante las protestas que los docentes realizan todas las semanas frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Desde la asamblea de docentes Menos Lectivas han contado que el docente ha sido detenido por identificar a un agente de paisano durante las protestas.

“No sé muy bien por qué tenemos policías infiltrados entre el profesorado”, ha explicado Claudia Saralegui, portavoz del colectivo. “Uno de ellos se ha dedicado a provocar al compañero para que respondiera. En un momento dado este ha contestado con un aspaviento y un 'déjame, por favor' y acto seguido lo han detenido”, según su relato. La Policía se ha llevado al detenido en un vehículo.

Los docentes en huelga han comenzado el día irrumpiendo en la Consejería de Educación para intentar forzar una negociación que la Comunidad de Madrid les niega desde que empezaron la huelga hace cuatro semanas. Tampoco hoy han tenido éxito y algunos miembros del Comité se han encerrado en el centro.

El director general de Recursos Humanos no se encontraba en el edificio en ese momento y ningún otro dirigente ha querido reunirse con ellos. Poco después ha llegado la policía, que ha identificado a algunos miembros del comité mientras un centenar de docentes esperaban fuera en señal de apoyo. “Es inadmisible que la consejera no haga su trabajo y se siente a negociar unas demandas completamente legítimas”, ha explicado una portavoz de la asamblea docente Menos Lectivas.

No es el primer incidente que los docentes tienen con la policía en el marco de las protestas por la huelga durante estas cuatro semanas. El paro comenzó con unas cargas policiales en la Universidad Complutense, cargas que se han repetido en diversas protestas tanto frente a la Consejería de Educación como en acciones puntuales realizadas en eventos en los que participaba la consejera, Mercedes Zarzalejos, o la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Docentes, familias y estudiantes de Primaria, Secundaria y Formación Profesional suman cuatro semanas de huelga indefinida en la Comunidad de Madrid, a la que este miércoles se han sumado las seis universidades públicas. Todas las etapas piden más fondos en la región que menos invierte en Educación de España en términos relativos pese a ser la más rica en PIB per cápita. En las etapas preuniversitarias se exige además mejoras salariales, menos ratios, menos horas lectivas y menos burocracia.

Pasan los meses, los cursos y los años y todo sigue igual en la Universidad pública en Madrid. El acuerdo que firmó en marzo de 2025 el Gobierno regional con los rectores para solucionar la eterna falta de fondos no ha evitado que la Rey Juan Carlos esté a punto de pedir un crédito que evite su colapso económico, algunas facultades se caen a pedazos y la ley que tramitaba el Ejecutivo cayó en el olvido por el fuerte rechazo que suscitó, mientras trabajadores y estudiantado navegan la precariedad, denuncian, haciendo más a cambio de menos.

En estas condiciones, la comunidad universitaria se une este miércoles y jueves a la huelga indefinida que mantienen sus compañeros de Infantil, Primaria, Secundaria y FP desde hace cuatro semanas y vuelven a la calle a exigir a la Comunidad más financiación para tener una universidad pública de calidad. La educación madrileña arde: desde Infantil hasta la Universidad, todo el mundo tiene demandas para la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que lleva un mes descalificando e ignorando a los huelguistas.

Las reivindicaciones son similares en todas las etapas: más dinero, más autonomía, menos precariedad y mejores condiciones de trabajo más allá de la nómina. En los campus, la exigencia concreta es que el presupuesto universitario alcance el 1% del PIB regional que prevé la ley universitaria (LOSU) y que en Madrid se sitúa ahora en el 0,4%. También se pide que los centros se consideren un servicio público —y el criterio para implementar o mantener estudios o la investigación científica no sea en términos puramente capitalistas—, aumentar la oferta pública de plazas, reducir la burocratización, la precariedad docente o reforzar la autonomía universitaria.

A la vez, y este es otro motivo de agravio para los defensores de la universidad pública, los campus privados proliferan por la región y ya alcanzan la veintena, mientras las plazas públicas escasean, las notas de corte se disparan y miles de estudiantes se ven obligados a elegir entre acudir al mercado y pagar miles de euros al año por algo que en la pública ronda los 1.000 euros o esperar un curso a ver si hay mejor suerte.

Historia de una crisis

La crisis en las universidades madrileñas se remonta varios años atrás, pero se ha agudizado en los tres últimos ejercicios. Las plataformas en defensa de la universidad, motores de las protestas que atraviesan los campus, denuncian que Madrid es la región que peor financia su universidad pese a ser la más rica de España: el Gobierno de Ayuso inyecta a los rectorados, de media, 6.975 euros por universitario, mientras la media nacional está en 8.626, según datos de la Fundación CyD. Como se puede ver en el siguiente gráfico, la URJC es la que peor financiada está de toda España, con la mitad de presupuesto por estudiante que otros centros equiparables.

¿El resultado? Si se confirma el crédito para la URJC —fue el rector quien anunció que se está valorando— Madrid tendrá dos universidades públicas rescatadas (la Complutense hizo lo propio hace seis meses). Dos centros que le tienen que pedir un préstamo a su teórico financiador —pagando intereses, por lo que el Gobierno regional gana dinero con los créditos— porque la transferencia de la Consejería de Universidades no da para cubrir los gastos corrientes.

La presidenta ignoró el problema durante años y cargó incluso contra las universidades, hasta que fue inevitable hacerle frente. Los sucesivos gritos públicos de auxilio de los rectores ante la asfixia, la huelga del pasado noviembre y la crisis que desató el intento de aprobar una ley universitaria regional, que se llevó por delante al entonces consejero, Emilio Viciana, por el rechazo unánime que suscitó su propuesta, llevaron a Ayuso a sentarse finalmente a negociar. Rascó un acuerdo con los seis mandatarios públicos, que ambas partes calificaron de “hito” y que contemplaba una subida del 41% en la financiación a varios años vista. Por primera vez, Madrid tendría un plan multianual de financiación de las universidades.

Las plataformas avisaron entonces: el acuerdo es insuficiente y tramposo, porque la subida en la financiación acordada apenas mejora la inflación prevista y, en términos relativos, no va a cambiar la inversión sobre el PIB. Los números parecen darles la razón: con una evolución normal del PIB los próximos años, la inversión seguirá en la mitad de lo que marca la ley. La anunciada subida del presupuesto para el año que viene, 180 millones de euros extra, tampoco es tal, sostienen.

“La Comunidad de Madrid presentó el 30 de octubre unos presupuestos para 2027 que vende como un 'récord'. Pero, tras analizar la letra pequeña, volvemos a constatar que se consolidan los recortes que llevan años asfixiando a las universidades públicas y que el celebrado 'acuerdo de la vergüenza' firmado con los seis rectores debe ser calificado como estafa”, explican en un comunicado. Según su análisis, más de 120 millones de euros de los 180 extras son finalistas, esto es, tienen un destino concreto (nóminas, contratos, etc.) y no sirven para mejorar el funcionamiento diario de los centros.

El resultado de estos años de infrafinanciación es una universidad pública con facultades que literalmente se caen a pedazos, sin margen para realizar contrataciones o reponer jubilaciones y, en el caso de la Complutense, que tiene que devolver el crédito pedido, recortes del gasto de sus departamentos de un 35%. “Estamos haciendo malabares y milagros para que las cosas funcionen. El personal trabaja mucho más por lo mismo”, explicaba a este diario hace unas semanas el decano de Ciencias de la Información de la UCM, Ángel Rubio.

Las plataformas saben que el rival es duro, pero son optimistas: “Solo con las movilizaciones del año 2025 hemos provocado una crisis en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la paralización temporal de la LESUC y hemos demostrado que el castillo de Ayuso no es inexpugnable. La responsabilidad de este conflicto es del Gobierno de la Comunidad de Madrid y también la de pararlo. Si no hay negociación, la movilización irá a más”, advierten.

La protesta arranca este miércoles, con piquetes en los campus y la esperanza de que no se repita la imagen de las cargas policiales que tuvieron lugar el primer día de la huelga educativa de Primaria y Secundaria. Luego habrá una marcha desde la sede del PSOE, en la calle Ferraz, hasta la del PP, en Génova (nadie se libra de las críticas), como aperitivo del plato fuerte, la gran manifestación conjunta de toda la educación madrileña del jueves.

Después de años de infrafinanciación en la universidad pública, al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se le empiezan a acumular los rescates obligados para evitar que los centros se hundan económicamente. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se plantea ahora pedir en torno a 40 millones de euros a la Comunidad de Madrid, según ha adelantado este martes El País. El rector anunció el pasado viernes durante el Consejo de Gobierno de la universidad que “valora” solicitar el préstamo.

Si la URJC finalmente decide pedir el rescate al Gobierno de Ayuso, se convertirá en la segunda universidad en esta situación. Hace un año, la Complutense pedía un préstamo de 34,5 millones de euros, un rescate que la Comunidad de Madrid estaba ultimando para que el centro pudiera hacer frente a su “deficitaria situación económica”. En un comunicado, la Complutense recordó que la situación financiera de las universidades públicas madrileñas era el resultado de una “infrafinanciación” que les afecta desde la crisis de 2008.

Ya en ese momento, a finales de octubre de 2025, el entonces consejero de Educación, Emilio Viciana, admitió que la Rey Juan Carlos, el centro peor financiado de España, iba a correr la misma suerte que la Complutense. “Hay datos públicos en los que nos encontramos que hay alguna otra universidad, en concreto la Rey Juan Carlos, que también se encuentra en situación de déficit. Lógicamente nosotros, al igual que hemos hecho con la Complutense, nos situamos a su lado y vamos a ayudar en todo lo que sea necesario”, dijo.

En sus declaraciones, el consejero obvió entonces que la Universidad Rey Juan Carlos es la peor financiada de España y que la situación general de las universidades de la Comunidad de Madrid destaca si se compara con otras regiones del país. Un tercio de los ingresos de la URJC provienen de cobrarle al alumnado.

Sin embargo, este anuncio no se encuentra entre el resumen de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la institución que se envían a los trabajadores del centro. En el aspecto económico, la URJC especifica tres puntos adoptados: la aprobación de la actualización de precios públicos para instalaciones deportivas, una aprobación de la propuesta de modificación presupuestaria sobre el proyecto ERASMUS y otra aprobación de la propuesta de pagos individuales por incentivos a la docencia extraordinaria.

Precisamente esta semana, los días 4 y 5 de noviembre, todas las universidades públicas de la región se suman a la huelga del profesorado por la falta de medios. Una huelga que comenzó el 14 de octubre y que continúa con concentraciones de miles de personas para reivindicar una educación pública de calidad.

Empezaron como una broma, pero, las cosas de internet y el supuesto anonimato (nunca lo es), han acabado en ciberacoso y en comisarías de toda España. Los llamados curis son perfiles de TikTok que nacieron para relatar, supuestamente, la vida cotidiana en un centro educativo en clave de humor, con los códigos que utiliza la juventud en internet, en ocasiones hasta utilizan el logotipo del centro. Pero algunos de ellos han traspasado los límites del humor aceptable para difamar y/o humillar a alumnado o profesorado concreto. De reírse de que los baños sean territorio para utilizar el móvil o de cómo según suena el timbre del recreo afloran los vapers se ha pasado a insinuar que un docente tiene relaciones con una estudiante (por ejemplo).

El fenómeno se ha expandido como una mancha de aceite y por toda España se registran denuncias ante las fuerzas de seguridad del Estado. La Policía considera el asunto lo suficientemente grave como para haber emitido un comunicado explicando los peligros de este fenómeno. “Las burlas sobre el aspecto físico, la difusión de rumores o los montajes vejatorios pueden exponer a la persona afectada ante su entorno escolar. Este tipo de contenido, aunque se utilice una caricatura, un apodo o una referencia a una clase, puede permitir que sus compañeros la reconozcan aunque no aparezcan su fotografía o su nombre completo”, advierte la nota. “En función de su gravedad y de las circunstancias de cada caso, estas conductas pueden constituir delitos contra la integridad moral o injurias graves, entre otros, así como responsabilidades civiles. El uso de dibujos o la presentación de una publicación como una broma no impiden que se valore su contenido y el daño causado aunque se realice desde un perfil anónimo”.

La Rioja, Castellón, Murcia, Aragón, Málaga, Palma, Pontevedra... “Todos los institutos las sufren”, explica un director de Castellón con la experiencia de haberlo vivido en sus carnes. Para este docente es solo una forma nueva de algo que ha pasado toda la vida, sostiene, con la agravante actual de que todo se viraliza muy rápido.

Los centros tratan de parar el fenómeno. En La Rioja ha sucedido al menos en el IES Francisco Tomás y Valiente de Fuenmayor y en el IES Rey Don García de Nájera. La directora del primero trató de hablar con la persona que llevaba la cuenta, pero como no funcionó se continuó por la vía legal. “Son insinuaciones que ponen en entredicho la integridad personal y profesional de un docente de nuestro centro, sugiriendo comportamiento de naturaleza inapropiada hacia alumnas”, lamentaba Mónica Anguiano.

La escena se ha repetido estos últimos días también en decenas de institutos murcianos. Los equipos directivos han recorrido las aulas de numerosos centros para advertir a los alumnos de qué son estas cuentas curi, alertarles de que este tipo de ciberacoso no quedará impune y que puede acarrear consecuencias disciplinarias y legales. En algunos institutos están advirtiendo de que solo seguir estas cuentas podrá ser motivo de sanción.

Varias cuentas de TikTok vinculadas a alumnos de un centro de Lorca y los institutos Miguel de Cervantes, en Murcia, y Marqués de los Vélez, en El Palmar, están siendo investigadas por la Policía Nacional por publicaciones que ridiculizan a docentes. Son casos en los que los alumnos parodian a sus profesores y difunden contenidos humillantes sobre ellos. En una de estas cuentas, @Curis_Miguel_de_Cervantino, se publicaron mensajes que cuestionaban la actuación de varias profesoras, a las que se acusaba de favoritismo, y contenían comentarios despectivos y vejatorios hacia ellas.

“Nos ha pillado por sorpresa, es algo que desconocíamos y que no habíamos visto hasta este curso”, cuenta a elDiario.es Isabel Saturno, presidenta de la Asociación de Directivos de Centros Educativos Públicos de Educación Secundaria (ADES) de la Región de Murcia. Saturno explica que “hemos informado a los alumnos y a sus padres a través de cartas y avisos en nuestras redes sociales para que quede claro que si el alumno no asume sus responsabilidades, lo harán sus tutores”. Para la presidenta de ADES, “es una vuelta más en el ciberacoso, otro escalón, y en orientación también vamos a trabajarlo”.

Ante el incremento de cuentas de este tipo, el Observatorio para la Mejora de la Convivencia Escolar de la Región de Murcia remitió la semana pasada una comunicación a todos los centros educativos con pautas concretas de actuación, como hizo la Consejería de Educación de Aragón. Los protocolos, similares a los que propone la policía en su comunicado, piden documentar y custodiar las evidencias, comunicarlo a las autoridades educativas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, denunciar ante la red social que lo acoja y acompañar a la víctima.

La Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana recuerda que hay un decreto aprobado que tipifica como faltas graves las agresiones, amenazas, injurias u ofensas al profesorado en el ejercicio de sus funciones, así como las conductas de acoso y ciberacoso y la difusión no autorizada de imágenes o contenidos que vulneren los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa, según informa la Cadena Ser.

El director de Castellón le augura poca vida al fenómeno. “Pasó con Tuenti (una red social que cerró en 2016), luego los informes de Instagram, los memes en Twitter (ahora X)... Se viraliza, pero en dos semanas nadie hablará de ello. Solo sirve para hacernos perder el tiempo con denuncias”, cierra.

El 85% de los colegios privados con concierto en la Comunidad de Madrid exige una cuota obligatoria o, si la familia rechaza pagarla, excluyen al alumnado de ciertas actividades, según el XI estudio Radiografía de las cuotas de los centros concertados de la Comunidad de Madrid, que elabora la asociación de centros privados Cicae junto a la federación de AMPAS de la escuela pública Giner de los Ríos. Son 20 puntos porcentuales más que el 65% que realizaba esta práctica a nivel nacional, según reveló el informe de 2024, y es una práctica que va contra la normativa, aseguran las asociaciones.

“La investigación documenta cobros ilegales y prácticas contrarias a las garantías de gratuidad: conceptos de cobro no contemplados en la ley, aportaciones comunicadas como obligatorias y actividades complementarias estables dentro del horario escolar”, sostiene el informe. Para elaborarlo, la consultora GarlicB2B ha solicitado información a uno de cada tres centros concertados en la Comunidad de Madrid bajo la técnica del “cliente misterioso” (alguien se hace pasar por potencial cliente para obtener información fidedigna).

La investigación, que este año se ha centrado en la Comunidad de Madrid mientras otros ha sido nacional, desvela que “el 96,7% de los centros solicita una cuota o aportación educativa”, aunque solo un 71% (del total) la presenta como obligatoria. Otro 15% admite que se puede no pagar, pero advierte de que el estudiante será excluido de determinados servicios del colegio. Los importes que se exigen van de cero euros a 2.450 euros anuales, con una media de 1.032 euros que no incluye comedor, transporte ni otros servicios.

Acorde a los estudios de años anteriores, la forma jurídica del colegio determina con bastante precisión su política de cobros: las sociedades mercantiles, más habituales a partir del año 2000 y que conforman lo que se llama la nueva concertada (que, por cierto, utilizó el exvicepresidente Francisco Granados para cobrar mordidas a cambio de concesiones), cobran el doble de cuota (140 euros mensuales de media) que los centros que operan como fundaciones (70 euros).

Los cinco colegios que mayores cuotas exigen son Casvi-Boadilla, Las Tablas-Valverde, Los Olmos, Punta Galea y el Colegio Internacional Kolbe, según el informe, con cuotas entre 245 y 230 euros mensuales. En el otro extremo, Virgen de la Milagrosa, Enrique Aymer, Vedruna, Divino Corazón y la Ciudad Escuela Muchachos están entre 10 y 22 euros. Más en el extremo todavía, no cobran nada, están el Colegio Nebrija-Rosales, Cervantes, San Jaime Apóstol, López de Vicuña y Luis Feito.

Elena Cid, directora de Cicae, ha explicado que esta edición se han centrado solo en la Comunidad de Madrid para dar solidez al estudio y atajar las críticas que han recibido otros años de algunas organizaciones ligadas a la escuela concertada por ser, argumentaban, poco representativo. Este XI estudio se ha realizado con una muestra de casi un tercio del total de los colegios concertados de la región. “Centrarnos en Madrid nos permite aumentar la muestra y que esta sea más representativa”, ha explicado Cid, que ha subrayado que no todos los centros realizan la misma práctica.

Según ha contado la responsable, año tras año se le traslada este informe al Gobierno regional, que sin embargo duda de lo que en él se dice y que no hace nada al respecto, según ha denunciado.

Cuatro modelos

El informe identifica cuatro tipos de colegios, según su comportamiento respecto a las cuotas y su forma jurídica. El grupo 1 pide pagos altos (175 euros mensuales) y ejerce una elevada presión para el cobro. En él se encuadra la llamada “nueva concertada”: son sociedades mercantiles y colegios constituidos después del año 2000. Uno de cada cuatro centros analizados entran en este grupo, que en general tiene sus centros en las zonas donde viven familias acomodadas. “Son centros que explican y documentan bien el cobro, pero lo presentan como parte estructural del modelo educativo, generando una expectativa implícita de pago”, describe el informe.

En los tres restantes las cuotas suelen ser más bajas. El grupo 2 se caracteriza por la “alta presión comercial” y un cierto oscurantismo en los conceptos y la explicación de las cuotas, que son de 86,5 euros mensuales de media. Está formado por sociedades en “equilibrio mercantil” y sin ánimo de lucro, normalmente anteriores al año 2000 (fuera de esa nueva concertada, por tanto). “Normalizan el pago en la conversación comercial sin aclarar suficientemente su carácter voluntario”, sostiene el informe.

El grupo 3 ofrece un fuerte soporte documental que justifica los pagos (74 euros al mes) y son colegios históricos, anteriores a 1980. “Son centros tradicionales no lucrativos que operan con una lógica de cumplimiento documental robusto y baja verbalización de aspectos sensibles. La voluntariedad se documenta, pero no se enfatiza en la interacción comercial”, describe el texto. Por último, en el 4 los centros también son tradicionales, tienen la cuota más baja, admiten la voluntariedad de las cuotas y algunos de sus centros (no todos) se ubican en barrios donde viven familias de menos recursos. “La relación económica con las familias se articula desde: claridad documental, baja presión, y explicitación del carácter voluntario del pago”.

“Eso implica recoger al alumno a las 12.30”

La ley educativa (Lomloe) prohíbe imponer cuotas obligatorias por la educación básica cuando está sostenida por fondos públicos, como es el caso de la escuela concertada. También impide que las actividades complementarias (actividades vinculadas al currículo, pero que no forman parte de él, por ejemplo las excursiones escolares) discriminen por motivos económicos o que formen parte del horario escolar, deben desarrollarse fuera de él.

No es óbice para que algunos colegios las introduzcan en medio de la jornada, sostienen Cicae y la Giner de los Ríos. Eso les permite presionar a las familias bajo el argumento de que si no pagan las cuotas, que teóricamente sostienen estas actividades, el niño o niña será excluido a mitad del día y se quedará solo o, en casos extremos, el padre o la madre deberá ir a buscarlo, según explicaron desde algunos centros a los clientes misteriosos.

“No hay pegas con no pagar, pero eso implica recoger al alumno a las 12.30 horas en el centro”, informó un colegio. “Si no se paga la cuota el alumno no completará la formación esperada en el centro. Además, deberá marcharse a casa en el horario de las actividades o pagar el servicio de custodia, que tiene el mismo precio que los Proyectos Educare e incluye menos cosas”, sostuvo otro. “La elección de este centro implica también su proyecto educativo. Si no, hay opciones públicas”, explicó un tercero.

Madrid y la escuela concertada, una historia de amor

Madrid es la sexta comunidad autónoma con más alumnado en la escuela concertada en términos relativos, con un 27,8% de sus estudiantes matriculado en uno de estos centros, por detrás de Euskadi (47%), La Rioja (31,1%), Navarra (31%), Castilla y León (30,5%) e Islas Baleares (29%).

Pese a no figurar en el top 5, Madrid es una comunidad que lleva años fomentando la presencia de la escuela concertada siguiendo los postulados educativos del PP, que gobierna la región hace casi 30 años de manera ininterrumpida. Los diferentes ejecutivos populares se han llegado a saltar la ley para favorecer la expansión de los centros privados sostenidos con fondos públicos y, cuando han podido, han legislado para ajustar la normativa a sus prácticas.

Hay diferentes ejemplos. Durante años, el Gobierno de Esperanza Aguirre se dedicó a ceder de manera gratuita o casi suelo público para que diferentes empresas o fundaciones levantaran centros que ya tenían el concierto garantizado pese a que estaba prohibido por ley (los conciertos se conceden a centros que ya existen). Así que el partido cambió la ley nacional en cuanto pudo (aprobó la Lomce en 2013) para regularizar este modus operandi. Poco le importó que la Lomloe, en 2020, la volviera a prohibir: como el artículo quedó redactado de manera ambigua, el actual Ejecutivo, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha seguido haciéndolo.

Bajo el mantra de garantizar la libre elección de centro educativo, Ayuso ha apoyado a la concertada de diversas maneras. Es habitual por ejemplo que cuando hace falta un centro en un nuevo desarrollo urbano la Comunidad de Madrid decida que hay una “demanda social” de que este sea concertado, aunque para ello haya que retorcer los argumentos hasta que pidan clemencia. También ha ampliado la duración de los conciertos, que normalmente es de seis años (el periplo de un alumno en Primaria o en Secundaria), hasta los 14 años, e instauró las becas para estudiar el Bachillerato en centros privados, becas que concede a familias que ganan hasta 140.000 euros al año.

Todas estas políticas han desarrollado la llamada “nueva concertada” en la región, centros que se caracterizan por haber nacido después del año 2000, tener la forma de sociedades mercantiles y presentar beneficios empresariales y repartir dividendos, todo ello con subvenciones públicas.

“Este fenómeno solo ocurre en la Comunidad de Madrid”, ha cerrado Cid. “La cesión de suelo público no ocurre en otra comunidad. La mercantilización no ocurre en otra comunidad”.

La escena empieza a ser recurrente (y también empieza a cansar). Vito Quiles anuncia que va a ir a un campus a sembrar el odio (bueno, él no anuncia eso, claro, pero es lo que hace), las autoridades académicas se lo prohíben, él se salta ese veto y va igualmente, cientos de antifascistas le recuerdan in situ que no es bienvenido y que además no tiene permiso y la policía acaba cargando contra esos manifestantes y protegiendo a quien ha causado todo el incidente (la policía carga contra estudiantes y profesores con mucha facilidad, últimamente).

Ha pasado estos días en Zaragoza, en Pamplona, en Barcelona y casi en la Universidad de Deusto en Bilbao, que cerró toda la tarde en previsión de lo que iba a pasar y que acabó pasando igualmente: 14 detenidos por los disturbios alrededor de una visita cancelada.

En Madrid también hubo bronca la semana pasada a raíz de la visita de Milei a la Universidad Rey Juan Carlos. El presidente argentino fue recibido entre fuertes protestas.

Corren malos tiempos para la educación pública, asediada por la ultraderecha cada vez más abiertamente. Lo de la universidad es recurrente y responde a movimientos globales, que ven en la academia un enemigo y bastión de todo lo que la extrema derecha odia: el conocimiento experto, las investigaciones científicas sobre el cambio climático o el género, el debate...

Pero la batalla cultural se pelea en todos los frentes, no solo en los campus. Un colegio madrileño amaneció un día de la semana pasada con pintadas nazis y contra el “adoctrinamiento” sobre un mural arcoiris. Grupos de jóvenes se plantan en Sol brazo en alto a increpar a los acampados. Alumnado (varón, habitualmente) que cuestiona el conocimiento en clase abiertamente.

Cuatro profesores universitarios y un experto en redes han realizado una de las primeras —si no la primera— investigación sobre quién es quién en esta disputa no tan oculta. Su investigación muestra cómo desde el PP hasta la Universidad San Pablo CEU, pasando por organizaciones como HazteOir o la Fundación Educatio Servandia, dueña de varios colegios concertados en Madrid, trabajan juntos, no necesariamente coordinados pero sí con un objetivo común para imponer su visión ultraconservadora en el sistema educativo.

Contra todo este discurso lucha el profesorado cada día en las aulas. Nuestra docente de cabecera, Dolores Almúdever, que nos cuenta lo que sucede en las clases cuando se cierran las puertas, explica en este texto cómo esos grupos de jóvenes que todos vemos por la calle, uniformados con su chándal negro y sus zapatillas blancas (varones, vulnerables) son arrastrados hacia una especie de postfascismo diluido por ciertos medios generalistas, “youtubers verborreicos con escasa cultura”, “influencers y tronaos variopintos” que pululan por TikTok, que les van colando sus teorías conspiranoicas y su aversión a la ciencia mientras les meten también “su poquito de racismo, su pizca de xenofobia y su toque de machismo”.

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Desde Vox hasta la Universidad San Pablo CEU; de Cayetana Álvarez de Toledo a HazteOir, pasando por la Fundación Educatio Servanda, dueña de varios colegios católicos, derecha y ultraderecha están dando la batalla cultural en la educación con todo lo que tienen. “Hay toda una red de partidos, fundaciones, asociaciones, grupos religiosos, medios y plataformas digitales que están interviniendo en esta disputa y que pretenden controlarla y orientarla hacia los fines que ellos entienden”, sostiene Enrique Díez, catedrático en la Facultad de Educación en la Universidad de León, autor principal de una investigación que pretende “identificar a los principales actores que la integran y caracterizar los postulados y discursos que promueven”.

Díez lleva años observando con preocupación el avance de la ultraderecha en las aulas y, casi con más preocupación, cómo se minimiza el problema. “Ahora ser el malote de una clase ya no es ir con cresta, vestido de punk, o ser heavy, sino que es ser de Vox. Los jóvenes consideran que ser de Vox es ser antisistema. Parece que para mucha gente es una moda pasajera, es algo que sin más va a desaparecer, como un sarampión. Pero han venido para quedarse y están transformando no sólo el mapa político, sino la concepción de la propia política”, expone. Y para combatirla, continúa este experto, autor de varias publicaciones sobre el fenómeno, hay que conocerla.

“Yo a veces digo de forma provocativa que admiro a la ultraderecha porque ellos nos toman en serio, nos analizan, nos estudian y trabajan nuestros textos”, explica, un ejercicio que la izquierda no está haciendo. Su Ecosistema neofascista en Educación: el "mapa educativo" de la extrema derecha en España, escrito junto a Marcos-Alfonso Payá-Gómez, de la Universidad de La Rioja, Andrés Villena-Oliver, de la Complutense de Madrid, Julián Macías-Tovar, de la plataforma de análisis de redes y desinformación Pandemia Digital y Manuel Fernández Navas, de la Universidad de Málaga y publicado en la revista Comunicar, trata de arrojar luz sobre este fenómeno.

El estudio toma la campaña contra la Lomloe, la ley educativa que aprobó el Gobierno en 2020, como caso de estudio del funcionamiento de estas redes, que agrupan bajo el “paraguas” del término “neofascistas” aunque, aclaran, es un marco conceptual más que una etiqueta para cada uno de sus miembros. Unas redes en una disputa “permanente” anclada en el nacionalismo español excluyente, el conservadurismo religioso y la oposición a lo que denominan “cultura woke” o “marxismo cultural” en la que no se trata tanto de “ganar en el parlamento” —la Lomloe se acabó aprobando— como de “ganar las almas”, según lo define Díez, de “modelar la percepción de la gente”.

98 nodos

Los investigadores han identificado 98 nodos que participaron en aquella campaña contra la Lomloe: 43 personas, 42 organizaciones, cinco partidos políticos, cuatro medios, dos hashtags en X (entonces Twitter) y dos eventos. Entre esta miriada de actores aparecen el PP, Vox, asociaciones de familias, organizaciones educativas privadas y think tanks confesionales, como Pedro José Caballero, (CONCAPA), Vicente Morro (Mesa por la Educación en Libertad), José Iribas (exconsejero de Navarra), Fernando Lostao (Fundación Ángel Herrera Oria), Alejandro González-Varas (Universidad de Zaragoza), Joan Curcó (Fomento de Centros de Enseñanza) y Juan Carlos Corverá (Fundación Educatio Servanda), cita el estudio, “mostrando la transversalidad del entramado analizado”. También aparecen Enrique Ossorio (entonces consejero de Educación de la Comunidad de Madrid), Jaime Mayor Oreja (miembro de One of Us2, PNf V3 y NEOS), el economista Daniel Lacalle, fundaciones como Villacisneros, la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Edelvives, todos ellos haciendo palanca, cada uno desde su sitio y con menores incluidos, contra lo que entonces era un proyecto de ley.

Esta red diversa conforma “todo un tejido” que se reparte las tareas (no literalmente, no tienen por qué funcionar de manera estructurada necesariamente). “Hay think tanks que elaboran la propuesta ideológica, hay organizaciones que hacen la labor de difusión, luego las plataformas y los medios y las redes lo amplifican y finalmente hay actores que lo trasladan a la calle, por decirlo así, con las recogidas de firmas o, en este caso, las movilizaciones”, ilustra Díez.

El estudio destaca también la presencia de dos redes “claramente interconectadas” que actúan cada una en su ámbito para conseguir el mayor alcance posible. Una de ellas está formada por Martínez Almeida, Lacalle, Díaz Ayuso, Sirio, Castrillo, Delibes, Vidal-Quadras, Priego y Álvarez de Toledo, vinculados principalmente a un eje PP-VOX, “especialmente al entorno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid”, señala el texto. Un segundo núcleo incluye a Nasarre, Durán, Rupérez, Iribas, Ossorio, Peral y González Varas, “menos vinculados a partidos y aparentemente más especializados en redes educativas y religiosas”.

Pero por encima de las organizaciones o las personas hay un evento que centralizó la acción, el Foro Educativo por la Libertad de Enseñanza, organizado por la Fundación NEOS, de Mayor Oreja. “Desempeñó un papel clave como espacio relacional, en el sentido de que contribuyó a reforzar la organización y cohesión de la red educativa al situarse en una posición estratégica entre actores y grupos diversos que de otro modo podrían no haberse coordinado”, sostiene el texto. En ese foro confluyeron los movimientos conservadores tradicionales con la derecha radical, unidos por un mismo enemigo.

La batalla cultural educativa se articula en torno a tres ejes: los contenidos curriculares (igualdad de género, memoria histórica), los modelos de gestión escolar (autonomía de los centros, conciertos educativos, lógicas de mercado) y el significado del derecho a la educación, que se discute en términos de elección de centro y gratuidad

Estos grupos articulan la batalla cultural educativa en torno a tres ejes: los contenidos curriculares (igualdad de género, memoria histórica, interculturalidad, educación afectivo-sexual), los modelos de gestión escolar (autonomía de los centros, conciertos educativos, lógicas de mercado) y el propio significado del derecho a la educación, que se discute en términos de elección de centro, distrito escolar y gratuidad, explica el texto.

Los autores concluyen proponiendo tres líneas de actuación para mitigar estas campañas. En política educativa, recomiendan “reforzar la transparencia en relación con las organizaciones que participan en la gobernanza educativa, desarrollando procedimientos de monitorización y seguimiento de estas relaciones; en formación docente, ”incorporar la alfabetización mediática crítica y el análisis de discursos autoritarios; por último, en el ámbito legislativo, “avanzar hacia la regulación algorítmica en plataformas digitales que limiten la amplificación de contenidos que erosionan los valores democráticos en educación”.

Díez cierra advirtiendo del peligro que, considera, supone la inacción del profesorado. “La academia en general y la izquierda en particular no acaban de ser conscientes del caballo de Troya que nos están metiendo con la neutralidad académica”, expone. “La mayoría del profesorado está fundamentalmente dedicado a su currículum, a sus investigaciones, y que no quiere complicarse la vida”. La esperanza, cree, está en “un sector del profesorado y de estudiantes en la universidad, pero sobre todo en el profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria, que están empezando a tomar las riendas y defendiendo la educación pública, como hemos visto en las huelgas” que hay por todo el país.

Pasan los días de huelga educativa en Madrid y mientras las organizaciones convocantes pelean para mantener la protesta lo más viva posible las familias que están a favor del paro se llenan de dudas. ¿Tienen sus hijos derecho a hacer huelga? ¿Todos? ¿Tendrá pese a ello consecuencias académicas? ¿Qué debo hacer para apoyar las reivindicaciones, llevo a mi hijo al centro o lo dejo en casa (si puedo)?

Lo primero, explican los convocantes, es que las familias están llamadas a colaborar con el paro, con carácter general, y el estudiantado a partir de 3º de la ESO a secundarlo (a partir de los 14 años, con el anterior sistema era cuando se pasaba de Primaria a Secundaria). Pero con ciertas condiciones, no es un derecho subjetivo como el de los adultos en una huelga.

Derecho desde 3º de la ESO

El punto 5 de la disposición adicional primera de la Lomloe, la ley educativa vigente, establece el derecho del alumnado a la huelga sin consecuencias: “Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro”, se lee.

Esto es, si la clase toma colectivamente la decisión de secundar la huelga las ausencias son aceptables, aunque igualmente deberán ser justificadas por los responsables legales: el centro educativo notificará que el estudiante en cuestión no ha acudido y sus progenitores deberán emitir una dispensa dándose por enterados de la situación. De esa manera no contará como falta injustificada, según concedió también una sentencia reciente del Tribunal Supremo que abordó el tema a raíz de una orden en la Comunitat Valenciana.

Estas asambleas de estudiantes por clase son las que provocaron la semana pasada que la consejera de Educación de Madrid, Mercedes Zarzalejo, soltara un bulo en relación a la huelga que acabó colocando a dos centros públicos de Villarejo de Salvanés en la diana de una campaña de odio. La consejera utilizó el email que un director envió a las familias de un centro de la localidad para informarles de que sus hijos de 3º y 4º de la ESO habían votado ir a la huelga para cargar contra el director por alentar las protestas. El problema es que ni había sido el director que Zarzalejos insinuó ni el mensaje afirmaba lo que Zarzalejo puso en boca de su autor.

¿Y los menores de 14?

Pero, ¿y si una familia quiere que su hijo menor de 14 secunde la huelga, pero no sabe cómo hacerlo? Aquí hay dos alternativas. Los convocantes de la huelga están pidiendo a madres y padres que lleven a sus hijos a los centros para que hagan bulto lo que, unido a la (esperada) falta de docentes, hará que el paro tenga consecuencias porque el colegio o instituto no pueda atender a su alumnado.

Pero también hay familias que entienden la huelga como no pisar el centro, aunque el hijo tenga menos de 14, explica Óscar Centeno, presidente del Consejo de Directores de la Comunidad de Madrid. No hay tanta diferencia, más allá de que los estudiantes no pueden autodecidir si paran o no. En ese caso, con el beneplácito de la familia, el menor faltará, el centro notificará la ausencia y el padre o la madre emitirá un justificante, como sucede por ejemplo cuando hay algún viaje familiar o similares, una circunstancia relativamente habitual en Primaria.

Pero para esta situación, como en la anterior, hay un matiz importante: las familias pueden emitir esos justificantes, pero quien decide si una ausencia está realmente justificada o no, más allá de que el padre y/o la madre se dé por enterado y ofrezca una explicación para esa ausencia, es el tutor en clase.

El derecho académico

Y aquí, a falta de una normativa clara, que no existe, cada centro se organiza, apelando habitualmente al sentido común, cuentan los directores. Porque la acumulación de faltas injustificadas sí puede tener consecuencias para el alumnado. Las ausencias reiteradas, dice una orden de la Comunidad de Madrid, pueden conllevar la pérdida del derecho a la evaluación continua, por ejemplo.

En el IES Lope de Vega (por ejemplo), tres ausencias injustificadas en alguna asignatura o a primera o última hora del día se consideran falta leve, según figura en el Plan de Convivencia que el centro tiene colgado en internet. Si son seis, la falta es grave. Y no acudir al 15% de las clases implica la pérdida de la evaluación continua en ESO y Bachillerato, llegado el caso extremo. En el IES Guadarrama también tienen establecidas un número máximo de ausencias, en función de las horas de clase por semana.

Pero en todos los casos solo si son injustificadas, y la huelga ampara a partir de 3º de la ESO.

Hay otro enfoque, no estrictamente legal, tercia Centeno. Si un estudiante falta el suficiente tiempo, explica Centeno, su profesor puede considerar que no tiene suficientes elementos para realizar una evaluación continua y tendrá que recurrir a otros métodos.

El asunto, además, puede exceder las consecuencias académicas. El Plan de Convivencia del Centro, un documento obligatorio para colegios e institutos, establece que, ante ausencias reiteradas y “en el caso de que el alumno tenga menos de 16 años el tutor, junto con la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación, elaborará el informe de absentismo escolar que se enviará a la Comisión de Absentismo y a los Servicios Sociales de la Junta Municipal correspondiente”.

Pero nadie está ahí en este momento. La huelga acaba de empezar, recuerdan los directores, y de hecho va perdiendo empuje según pasan los días.

¿Perderán clase si hacen huelga?

Depende del docente, de las posibilidades del centro e incluso del azar. Si el profesor o maestro acude, impartirá la clase con normalidad independientemente del número que estudiantes que haya, explica Centeno. A no ser que sean muy pocos, matiza, y el propio docente prefiera no impartir una lección que tendrá que repetir más adelante.

Si hace huelga, lo habitual es que alguien que esté ese día en labor de servicios mínimos simplemente se ocupe de la clase sin avanzar en la materia. El ajedrez o las películas son entretenimientos habituales en Secundaria, preparar el centro para el inminente Halloween o realizar algún tipo de proyecto no curricular son elecciones normales en Primaria.

El “otoño caliente” educativo que se anunciaba va cogiendo temperatura. Tras las primeras movilizaciones en Catalunya, Canarias, Galicia Baleares o Aragón, con paro incluido en algunas de estas protestas, los docentes de la Comunidad de Madrid se han puesto en primera línea con una huelga indefinida desde el pasado miércoles 14 de octubre.

Sus compañeros de la Comunitat Valenciana, que abrieron fuego el curso pasado con esta misma media, deciden hoy si retoman su huelga y se unen a ellos en algún momento del otoño, y en Catalunya el sindicato mayoritario se plantea acciones posteriores al 11 de noviembre.

Algunas protestas habrán bajado en intensidad, pero el descontento docente sigue exactamente en el mismo sitio. En este enlace puedes repasar el estado de las protestas por todo el país.

La madrileña ha arrancado con fuerza, con seguimientos que se han situado entre el 60% que daban como referencia los convocantes hasta el 40% que admitió la Comunidad de Madrid el primer día y gran asistencia a las manifestaciones. Esa jornada quedó marcada por la (desproporcionada) intervención de la policía en la Universidad de Complutense para disolver un piquete. Hubo seis heridos y detenidos. Nosotros hablamos con una de las personas involucradas, que nos contó que no estaban haciendo nada y que le rompieron el cúbito de un porrazo.

El rector negó haber llamado a la policía y el delegado del Gobierno pidió una investigación. Experiencias pasadas no parecen indicar que vaya a tener mucho recorrido: todavía estamos esperando saber si hay alguna consecuencia para el policía que tiró al suelo de un empujón a una maestra que no hacía nada en una protesta en la Comunitat Valenciana antes del verano, supongo que recuerdas aquel incidente. Este lunes volvió a haber palos en Madrid, por cierto.

Aunque las cifras de seguimiento de la huelga puedan no parecer muy sexis, ese nivel de faltas en los centros es un éxito, nos cuenta una directora veterana, por el impacto que tiene en la organización del centro. A partir del 20%, asegura esta docente, se acumulan los grupos sin profesor ni nada que hacer durante el día.

El reto para los convocantes será mantener la presión según pasen los días. Empezar una huelga es fácil, hay motivación y argumentos. Sostenerla, a cien euros de penalización económica por día no trabajado, no tanto. Los huelguistas, conscientes, organizan turnos para que nadie falte siempre y a la vez siempre falte alguien, montan cajas de resistencia y venden merchandising para conseguir financiación.

También compensan la caída en el seguimiento con una escalada en las acciones. Este lunes se han organizado para hacerse sentir en varios puntos de la región: han empezado la mañana cortando la entrada a la capital por la A3 y luego, dado que el Gobierno regional no les recibe, se han ido a buscar al Gobierno regional. Dos centenares de docentes se han presentado primero en un acto de la consejera Zarzalejo, que lo ha acabado cancelando, y después han hecho lo propio con otro de la presidenta Ayuso.

Desde el Ejecutivo regional tienen clara su postura: la huelga es “política”, los sindicalistas son unos “violentos” y además están pagados por Moncloa para amedrentarles, dijo Ayuso. La consejera se dedicó el miércoles a poner uso en la diana a dos centros públicos de Villarejo de Salvanés con un bulo en una rueda de prensa.. ¿Negociar? Ya tal, que dijo aquel.

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Cada día de huelga le cuesta a un docente unos cien euros, arriba o abajo según la etapa en la que trabaje, su experiencia y otras circunstancias personales. Con ese punto de partida, un paro indefinido como el que se desarrolla en la Comunidad de Madrid estos días es todo un reto para quienes lo quieren seguir de manera intensa. Y, quizá no todavía, pero el desgaste irá haciendo mella, son conscientes los convocantes. “Estos días estamos notando muchísimo seguimiento”, explican desde el colectivo de docentes Menos Lectivas, “y aunque sabemos que irá bajando, obviamente, necesitamos que se mantenga la presión y se note la ausencia de profesorado en los centros”, reflexionan.

La experiencia de las compañeras de Educación Infantil, en huelga indefinida desde el pasado mes de abril alrededor de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), está siendo de mucha utilidad, explican estas docentes. El apoyo familiar, los mercadillos solidarios, la venta de merchandising de todo tipo, las cajas de resistencia y los turnos para faltar en el centro (en algunos casos) son los principales elementos que ayudan a sobrellevar el varapalo económico que supone exigir mejoras por la vía de la huelga.

La organización varía según el centro. En algunos institutos, los docentes han recurrido a un sistema de turnos para distribuir los días de huelga, de manera que nadie tenga que faltar todos los días y asumir todo el gasto y a la vez se pueda garantizar que se mantiene un porcentaje de participación similar durante las distintas jornadas. “Hemos hecho un cuadrante donde se ha repartido la gente según la huelga para que todos los días haya el mismo porcentaje de gente haciendo huelga”, explica una docente en una de las concentraciones que ha tenido lugar frente a la Consejería de Educación esta semana. Esta planificación, añade, “permite distribuir el esfuerzo entre el profesorado y garantizar unos servicios mínimos”.

"Si [en las próximas semanas] mantienen un 20% de seguimiento será un éxito", asegura una directora veterana. "Eso en mi centro, línea cinco, significa que tengo cuatro o cinco clases simultáneamente sin profesor durante todo el día", ilustra, lo que le supone un problema organizativo grave

Como explican desde Menos Lectivas, el objetivo del paro es que tenga impacto en los centros todos los días, para lo que es necesario que falte un mínimo del claustro docente. Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama y presidenta de Adimad, la asociación de directivos de centros públicos de Secundaria de Madrid, cuenta que en su centro, con un seguimiento que ronda el 20% —de los más bajos, según los datos que maneja la media en los institutos fue del 40% los primeros días—, ya sufren las ausencias.

“Si [en las próximas semanas] mantienen un 20% de seguimiento será un éxito”, sostiene. “Eso significa [en su centro, con cinco grupos por curso] que tengo cuatro o cinco clases simultáneamente sin profesor durante todo el día”, ilustra. Un problema que debe resolver ella, que como directora forma parte de los servicios mínimos obligatorios impuestos por la Comunidad de Madrid, junto al jefe de Estudios y un docente por cada 90 estudiantes en el caso de la ESO. Una profesora de un centro con 104 docentes explica que han calculado que con que falten 17 de ellos ya se genera un problema organizativo.

Otro elemento a tener en cuenta es que la huelga se sufre en los centros, pero se pelea en la calle. “Vamos a ir viendo cada semana cuáles son los días que consideramos estratégicos, sobre todo aquellos en los que se hacen acciones por la mañana, que es cuando queremos que haya más gente”, ilustran desde Menos Lectivas.

También hay centros, como el de Valentín Rafael, en los que no hay pacto alguno: huelga todos los días todo el que quiera. De momento va bien, explica. “Quedó claro desde el principio que la huelga era indefinida, así que tiramos para delante. Sabemos que hay gente que se sumará algún día y otros no, pero como norma nosotros seguimos diciendo que es indefinida. Si las maestras de infantil que cobran mil euros lo pueden hacer, nosotros también”.

Las cajas de resistencia

Para afrontar las dificultades económicas que genera secundar una huelga se trabaja en varias direcciones. La más clásica, que se está instaurando en algunos centros, es crear una caja de resistencia que permita hacer frente a las pérdidas salariales de los trabajadores.

CGT, una organización con dilatada experiencia en huelgas y la ventaja que da el tamaño, alimenta la suya con las aportaciones individuales de las personas, pero también con ayuda de otros sindicatos presentes en la confederación, explica Valentín, “igual que nosotros aportamos para los compañeros de Tubacex” (en huelga indefinida también desde el 9 de septiembre). En su caso, se utiliza para aliviar económicamente a los afiliados con un criterio de precariedad. “Tienen preferencia los compañeros precarios, los interinos, la gente que hace medias jornadas o personas con situaciones concretas que se puedan detectar”, ilustra el profesor.

Con menos brega a sus espaldas, Menos Lectivas también ha montado su propia caja, diferente de la CGT. “Es complicadísimo”, explican. “Nosotras tenemos una, en principio para poder sostener las protestas, comprar el material que requiere la huelga, pagar cosas que hacen falta para las acciones... Otra cuestión muy importante es la parte antirrepresiva. Si hay detenciones, multas en las acciones, las tenemos que poder pagar. En nuestro caso hemos establecido que si no se llega a un mínimo de dinero en la caja no se podrá empezar a pagar sueldos de gente”, cuentan desde el colectivo.

Para esta asamblea resulta más práctico que cada centro haga su propia caja. En algunos institutos y colegios, explican algunas profesoras desde la concentración frente a la Consejería, además de las aportaciones voluntarias también se recurre al merchandising. “Estamos vendiendo un montón de cosas, yendo a mercadillos del municipio todos los fines de semana, hemos hecho rifas”, señala otra profesora, que indica que también se ha abierto la posibilidad de que los docentes donen “una parte pequeña de su nómina” para apoyar a la gente que sí secunde el paro. “Nos planteamos incluso hacer nuestra propia caja vendiendo algunas cosas o lo que sea para poder sostenerla”, sostiene.

Sin embargo, esta posibilidad no está al alcance de todos los equipos. Marta, profesora de servicios a la comunidad, explica que no cuentan con ninguna caja de resistencia y que la sobrecarga laboral les deja sin tiempo para poner en marcha iniciativas de este tipo. “Estamos superdesamparadas”, asegura. “En mi caso, en el equipo de Orientación, no hay ninguna caja de resistencia y la mayoría de las compañeras se plantean la huelga como unos días puntuales y ya está, porque no pueden sostener más. En mi caso, que sí que voy a apostar por la huelga en principio todo octubre y a ver qué es posible, porque sí tengo la preocupación de no tener ninguna caja de resistencia y es bastante complejo el asunto”.

Hay que resistir, cree Valentín, nadie dijo que fuera a ser fácil. “Una huelga es sufrimiento. No es bonito y no es divertido”, cierra.

“Propongo ir a la escuela y darles el merecido [sic] a esos profesores”. “Todos los responsables a la puta calle”. “Los putos profes rojos que no tienen ni puta idea de enseñar”. Un colegio de Madrid está siendo víctima de una ola de amenazas porque la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, lanzó un bulo denunciando públicamente algo que no había pasado como ejemplo de la “huelga política” que ha montado la izquierda de la región, según dijo.

Zarzalejos acusó en rueda de prensa a un centro de Villarejo de Salvanés de haber enviado un email con motivo de la huelga animando a “convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del PP y Ayuso”. En esa intervención no afirmó que fuera público, pero la Comunidad lo filtró después. La consejera llegó a mostrar una imagen de ese correo en una pantalla. Una foto, por otra parte, que ya daba una idea de que lo que decía Zarzalejo no era cierto.

El correo sí era real; todo lo demás no. El director de un centro de Villarejo de Salvanés había mandado un email a las familias de cara a la huelga que decía: “Adjuntamos información sobre la huelga votada por los alumnos de 3º y 4º de ESO para 'parar por completo el sistema educativo y convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del PP y Ayuso'”.

Como se observa en la imagen, la parte “parar por completo...” estaba escrita entre comillas, lo que en estos formatos significa que se está citando literalmente a una tercera persona. Es uno de los lemas con los que el Sindicato de Estudiantes llaman a la huelga en las publicaciones de su web. Nadie en la Consejería lo interpretó de esa manera y Zarzalejo adjudicó la frase a la dirección del centro. Él animaba a convertir las calles en una pesadilla, dijo.

Lo denunció públicamente en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de este miércoles durante su valoración de la huelga y poco después la Consejería anunció que tenía intención de abrir expediente al director del colegio. Su jefa, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, reposteó después esa intervención en X bajo el comentario “no respetan el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo”.

Varios medios recogieron la información sin contrastarla, destacando que el centro era público en la primera línea, y al poco el único colegio público de la localidad, Nuestra Señora de la Victoria, empezó a recibir mensajes de odio en Instagram.

No importó que sea un CEIP (Colegio de Educación Infantil y Primaria) y, por tanto, no tenga ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria), la etapa a la que alude el email; los mensajes empezaron a llegar, algunos amenazantes, según denunciaron (y compartieron) desde el propio CEIP.

El centro que había enviado el email es realmente el colegio Santa Elena, de Villarejo de Salvanés, un municipio al sureste de la región. Es privado concertado y se define en su web como “el único colegio concertado de ideario católico en esta zona de la Comunidad de Madrid”.

Su director, que había enviado el email que leyó Zarzalejos, se vio obligado a enviar una nota aclaratoria poco después. “Ayer les hice llegar una información sobre la convocatoria de la huelga (...). En esa información les puse entrecomillada una frase que está en la página web del Sindicato de Estudiantes (...) para que ustedes pudiesen valorar esa convocatoria y pudiesen hablar con sus hijos sobre la conveniencia o no de la adhesión a la misma (...). Parece ser que algunas familias han entendido que desde el colegio hacemos nuestra esa frase. Por supuesto, no es así. Dicha frase fue incluida para que ustedes pudiesen valorar esa convocatoria de huelga indefinida y pudiesen hablar con sus hijos sobre la conveniencia o no de la adhesión a la misma. De ninguna forma refleja los valores del colegio (...). Tampoco me representa a mí (...) que siempre he apoyado el diálogo y el respeto”.

Este periódico ha preguntado a la Comunidad de Madrid si es consciente de su error y de las consecuencias que tuvo y qué pasa con el expediente que filtró que valoraba abrir y a quién se lo iba a abrir, si al director que envió el email realmente o al del colegio público. No ha habido respuesta.

El Gobierno de Ayuso rechaza retractarse

Este viernes por la mañana, el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha evitado retractarse tras las palabras de la consejera de Educación. “Creo que nosotros siempre que hacemos cualquier tipo de manifestaciones las tenemos absolutamente probadas y por tanto siempre defendemos el interés de todos y respetamos las opiniones de todos”, se ha limitado a decir el consejero a las preguntas de la prensa.

Lo que no ha aclarado es si pretenden continuar con el expediente o si le parecen graves tanto estas acusaciones como el hecho de que el director de otro colegio de la misma localidad haya recibido amenazas por las declaraciones de la consejera madrileña. “He contestado, es muy claro el objetivo de esta huelga, hemos podido incluso ver distintas manifestaciones de sindicatos”, ha dicho García Martín. “Queda acreditado que es una huelga absolutamente política” para “incendiar las calles”.

Este miércoles arranca una huelga “histórica” en la educación de la Comunidad de Madrid. Histórica porque la convocan prácticamente todas las organizaciones que tienen algo que decir en el sector –hasta el sindicato CSIF se unió este martes—, porque incluye a todas las etapas y además por el carácter indefinido del paro.

Ratios, horas lectivas, diversidad en las aulas, salarios, falta de recursos, de plazas públicas, de profesionales, precariedad, infrafinanciación con carácter general, privatización... desde Infantil hasta la Universidad, desde CGT hasta el CSIF pasando por las familias, todo el mundo tiene algún motivo para ir a una huelga que empezó siendo de la etapa obligatoria, pero a la que se ha sumado la universidad en las últimas semanas.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llevaba meses avisando de un “otoño caliente” en la Comunidad de Madrid. Ya desde antes de verano denunciaban que todo era una suerte de complot de sindicatos y el Gobierno central, en un nuevo intento de poner el foco sobre el Ejecutivo regional. Ese otoño caliente ya está aquí, pero también podría considerarse simplemente la culminación de la primavera, que ya venía templada, con paros, protestas y manifestaciones en todas las etapas, con las plataformas en defensa de la universidad pública liderando la carga contra Ayuso.

Infantil abre el fuego

A finales de marzo, las educadoras infantiles de Madrid abrieron fuego y decidieron ir a la huelga indefinida por una situación que calificaron entonces de insostenible. “No se puede vivir con el salario mínimo”, decían, después de tres años de protestas parciales. Entre sus exigencias estaban las ratios más bajas y una mejora salarial para equipararlas a las de otras figuras clave educativas. Durante los meses siguientes tiñeron las calles de la capital de amarillo. Todavía siguen.

Las educadoras finalmente consiguieron reunirse con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. En este encuentro se firmó el primer avance: la implementación de la pareja educativa en las escuelas infantiles de la Comunidad. Sin embargo, las educadoras mantenían sus exigencias salariales y de ratio, con lo que la huelga continuó, una situación que Zarzalejo tildó de “incomprensible”. La consejera de Ayuso llegó entonces a decir que estas protestas buscaban “desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo”.

“Muy grave”, replican los convocantes, es que la Comunidad sea casi el único gobierno regional que no ha revertido del todo los recortes que implementó el exministro José Ignacio Wert en 2012, aunque la consejera Zarzalejo no hablaba de eso. “Muy grave” es que siendo la región más rica de España en términos de PIB per cápita sea la que menos invierte por alumno de toda España. “Muy grave” es ser la región de Europa que más segrega a su alumnado en la escuela, insisten las más de 13 organizaciones que convocan el paro.

O que la universidad más grande de España, la Complutense, tenga que pedir un crédito al teórico encargado de financiarla, el Gobierno regional de Ayuso, porque no tiene ni para afrontar subidas de sueldo anuales. “Muy grave” es que el profesorado sea de los que menos cobra en España porque el complemento autonómico que cada comunidad autónoma paga es de los más bajos con la vivienda disparada. La lista de reivindicaciones que han motivado el paro es extensa.

El calor que “inspira”

Con las críticas del Gobierno de Ayuso de fondo y las administraciones sin atender sus exigencias, las educadoras continuaron sus protestas en verano, pero la tensión aumentó con la llegada del calor y las protestas se mezclaron con otras. Colegios, institutos y centros de educación infantil juntaron fuerzas para pedir una apuesta real para climatizar todas las aulas ante una temperatura global que no para de subir. En junio el calor era ya insoportable.

Las protestas de las educadoras frente a la Asamblea de Madrid se alternaban con las de las familias y plataformas que se manifestaban para exigir que el Gobierno de Ayuso atendiera sus peticiones y preparara los centros educativos autonómicos para el calor. Las críticas iban en aumento y, mientras, Zarzalejo aseguraba que este curso se había hecho una “inversión de casi 18 millones de euros solo en climatización”. “Pero, lógicamente, cuando hace calor, hace calor”, añadía la consejera madrileña durante su intervención. 

Esa frase causó tanto revuelo que su compañero en el gobierno, Mariano de Paco, consejero de Cultura, se sintió en la obligación de salir a defenderla en el pleno. En una sorprendente declaración, De Paco aseguró que él hizo la EGB en Murcia y que puede constatar que “cuando hace calor, hace calor”. Su intervención iba a más ante una sorprendida oposición, que no daba crédito a las palabras de De Paco. Y ahí fue cuando citó a Vicente Medina, poeta murciano, para asegurar que “el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración”.

Las palabras del consejero resonaron durante días y sirvieron a la oposición para cargar contra las políticas educativas regionales. “El calor en las aulas no es fuente de inspiración, es fuente de dolores de cabeza, de deshidratación y de desmayos”, dijo la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

El inicio del curso académico y el plantón de Ayuso

Tanto en primavera como en verano las plataformas en defensa de la universidad pública fueron la cara más visible de las reivindicaciones educativas, que iban cogiendo forma. Estos grupos de protesta tienen el bagaje que les dan dos años de oposición a las políticas educativas de Ayuso, con huelgas, paros académicos y manifestaciones que han logrado colocar en el debate público la situación de los campus madrileños y el papel del Gobierno regional en esa ruina. Dos universidades han tenido que ser rescatadas por su teórica financiadora: la Complutense y la Rey Juan Carlos. Precisamente las dos que este miércoles se unirán a los paros.

El rechazo que genera la figura de la presidenta en esos entornos es tal que Ayuso optó por no acudir este año al acto de inauguración del curso académico, un evento en el que era habitual, y mandó en su lugar a la consejera Zarzalejo, quien considera muchas de las demandas que exigen colectivos y sindicatos “inalcanzables” y que “solo se piden en Madrid”. “No tiene mucho sentido que esos sindicatos que están negociando con la administración pública estén en la calle fomentando ese conflicto”, dice, en declaraciones remitidas a los medios.

Ahora, la huelga por la educación complica a Ayuso su campaña electoral de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre y amenaza, según se desarrolle, la de las autonómicas del próximo mayo. Unos paros que se suman además a la protesta que continúa en Sol con cientos de personas acampadas desde hace días por una vivienda digna. Dos protestas que de alguna manera se relacionan y que han juntado fuerzas: el pasado 27 de septiembre una Marea Verde tomó el centro de la capital para acabar frente a la sede de la Comunidad de Madrid con los acampados al grito de “tenemos los mismos enemigos, sin vivienda digna no hay educación”.

Ese “otoño caliente” que vaticinaba la presidenta autonómica y su equipo es real y amenaza con quitarle el foco a otros temas con los que Ayuso y su equipo están más cómodos, como Ceuta o el fantasma del bulo del pucherazo electoral, que la baronesa del PP ya ha sacado a pasear. La imagen de otra marea ciudadana que pelea desde las calles por una educación pública y de calidad sumará todavía más presión a un gobierno autonómico que lleva meses acumulando polémicas.

Se revuelve la calle a mes y medio de las elecciones. Médicos y docentes acumulan meses de protestas por todo el estado, a las que se suman en las últimas semanas las movilizaciones por la vivienda que cristalizarán en una huelga general el próximo 11 de noviembre. Cada uno por sus razones —hay quien dice que las huelgas de facultativos y del profesorado son contrarias en sus objetivos— y con diferentes destinatarios —el Ministerio de Sanidad los primeros, las comunidades autónomas los segundos— la realidad es que dos de las patas del estado del bienestar ponen tensión en la calle y los partidos en un momento clave.

Las quejas de los médicos se dirigen al departamento que dirige Mónica García por el estatuto marco. Agrupados en torno a los sindicatos propios y enfrentados a los generalistas, que de hecho pactaron con Sanidad, exigen un texto legal propio, separado de otros sanitarios, que atienda, dicen, las particularidades de su profesión.

El profesorado lleva al menos dos cursos manifestándose y parando por toda España para exigir más recursos que les permitan poder atender la creciente complejización de la docencia, con aulas más diversas y una ley que les obliga a atender de manera individualizada a cada estudiante.

Para Sergio García Magariño, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Pública de Navarra, no es una coincidencia que las protestas se produzcan en este momento. “Habría que examinarlo con más detalle para testarlo, pero los tiempos no son casualidad. Al haber expectativa de elecciones [las protestas vienen de mucho antes de que fueran convocadas] la movilización se vuelve estratégica, se puede sacar más partido por los tiempos políticos de la movilización”, sostiene.

Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ponía contexto a las protestas hace unos meses: “Desde antes de la crisis de 2008 no ha habido ningún intento de reforma estructural, se están viendo las costuras del sistema. Ha habido algún aumento de sueldo para compensar los recortes, pero se está notando la falta de reformas en dos décadas. Para mí es uno de los dos o tres principales problemas que tiene el país”.

Además, ambas protestas se producen, una situación que puede resultar contraintuitiva, en un contexto económico positivo, con España acumulando crecimiento trimestre tras trimestre. El problema, cree García Magariño, es cómo lo hace: “Los estudios sobre las condiciones sociales de las protestas por mejoras económicas plantean que lo que detona las protestas no es solo la condición objetiva de mayor o menor precariedad, sino sobre todo las expectativas de mejora frustradas, combinadas con la percepción de que es posible mejorar. Quienes protestan lo hacen porque ven una distancia entre lo que tienen y lo que esperarían tener”, arranca.

Además, sigue, “España está creciendo mucho a nivel macroeconómico, pero el poder adquisitivo de la gente ha bajado, porque la inflación es muy superior a la subida, por ejemplo, de los salarios (que también ha habido). Por último, España tiene una desigualdad estructural mucho más acentuada que la media en la UE y la desigualdad (y no la pobreza) suele ser el factor principal que nutre la indignación y el malestar. Ver que la economía crece, que hay más millonarios y que tú no te beneficias de ello es el principal catalizador del malestar social”, sostiene.

Este experto considera que la movilización en la calle, aunque se produzca con un Gobierno progresista en Moncloa, es favorable para la izquierda. “Las protestas que incluyen temas sociales claros (vivienda, salud pública, educación pública) suelen tener el efecto de movilizar al votante de izquierda, que está menos movilizado. Aunque aparentemente pueden entenderse como una crítica al Gobierno, también se entiende que un Ejecutivo de izquierda va a ser más sensible a estos problemas”, opina.

Los docentes no pueden más

Las protestas docentes van por barrios, por lo que mezclan cuestiones regionales con elementos comunes que afectan por todo el estado, y de fondo sobrevuela la creciente precarización de las condiciones en que se ejerce la docencia en los últimos años.

Al profesorado cada vez se le exige más. Lo explica una directora de instituto veterana: “Hay que atender de forma individualizada la diversidad en el aula, dice la ley, y la diversidad es enorme. Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta.

Y luego está todo lo que no está en la ley. “Nos caen todos los problemas que la sociedad no consigue resolver”: “Si hay un problema de alumnado con drogas tenemos que solucionar el problema de las drogas con la juventud. Si hay problemas de conductas autolíticas también tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que educar a los niños en el uso del móvil, de las redes sociales, que hagan un buen uso de la Inteligencia Artificial, ahora nos tenemos que ocupar de que los niños coman bien...”

El profesorado quiere mejores ratios (menos alumnos por clase), impartir menos docencia semanal para poder ocuparse mejor de cada estudiante En el meollo de las protestas también están las diferencias en las nóminas que reciben los docentes según la comunidad autónoma, pero el hecho de que tanto en Catalunya como en la Comunitat Valenciana hayan rechazado mejoras de cientos de euros al mes porque no venían acompañadas de recursos para el sistema indica que la económica personal no es la principal motivación de los paros.

Pero el descontento es generalizado. El curso pasado acabó con huelgas feroces en Catalunya (donde ya ha habido protestas este curso también) y la Comunitat Valenciana y este va a abrir con una indefinida en Madrid a partir del 14 de octubre y movilizaciones al menos en Andalucía, Cantabria y Aragón.

Médicos en pie de guerra

Los médicos también están en pie de guerra. El Estatuto Marco pactado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde —los que están presentes en las mesas del ámbito— hizo cundir el descontento entre las organizaciones sindicales del gremio, que reclaman una voz propia en la negociación y un estatuto propio. Desde febrero hasta junio, estos fueron protagonizando paros semanales cada mes.

La próxima cita marcada en el calendario de paros era el 28 de octubre, cuando estaba prevista una huelga indefinida. Los sindicatos médicos habían apostado por esta medida de presión tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros del texto, pero han optado por un aplazamiento ante el adelanto electoral, que ha hecho decaer la norma, que se tramitaba ya en el Congreso como proyecto de ley.

Aunque coordinadas, para el 28 de octubre se habían registrado dos convocatorias de paro. Por un lado, la del Comité de Huelga Médica, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME). Por otro, la de la Unión Médica y Facultativa (UMYF), que aglutina a las organizaciones de Madrid (Amyts), Catalunya (Metges), Galicia (Omega y Simega), Canarias (Semca) Comunitat Valenciana (Avanza) y Navarra. Todas ellas han optado por aplazar la huelga hasta que haya un nuevo interlocutor válido.

En la práctica, la interlocución con el Ministerio que dirige Mónica García llevaba meses interrumpida, entre acusaciones por ambas partes. Sanidad ha argumentado siempre que las reivindicaciones de los profesionales son competencia de las comunidades autónomas o de otros departamentos, mientras estos han pedido la dimisión de la ministra, que llegó a acusarles de “deslealtad” en la negociación. 

Las consejerías del ramo también reclamaron al Ejecutivo que “reinicie” las conversaciones sobre el Estatuto Marco, algo que, de facto, ocurrirá con el adelanto electoral. “Si la nueva Cámara quisiera recuperarlo, tendría que iniciar de nuevo su tramitación”, señalaban desde el Comité de Huelga, para quién “este desenlace constituye un éxito indiscutible para las organizaciones convocantes”. “La presión sostenida del colectivo ha frenado una norma que el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito daban prácticamente por aprobado desde hace año y medio”, indicaron en un comunicado este miércoles.

Entre otras cosas, la norma reducía las guardias médicas obligatorias de 24 a 17 horas, la jornada laboral máxima a 45 semanales y forzaba la convocatoria de oposiciones cada dos años.

A Juan le abordó la Policía un domingo de 2021 por la mañana en la puerta de una sauna en Madrid. Llevaba un pequeño bote de GBL, una sustancia que se usa como disolvente pero también de manera recreativa, habitualmente ligada al chemsex (sesiones de varias horas o días de sexo estimulado por sustancias químicas). Se lo llevaron a comisaría y pasó la noche en el calabozo.

A Juan le acusaron de un delito contra la salud pública porque estaba en posesión de 30 mililitros de GBL, una cantidad que más que duplica el máximo que se puede poseer para autoconsumo (12,5 mililitros en el caso de esta sustancia). Acabó libre y sin cargos, posiblemente (no le han notificado nada) porque el GBL es un producto industrial y como tal ni siquiera está prohibido.

Pero en los últimos meses son varias las voces expertas que están empezando a cuestionar los baremos que la Justicia utiliza para distinguir dónde acaba el autoconsumo y dónde empieza el tráfico de drogas, el límite que le pudo costar prisión a Pablo.

Un estudio publicado el pasado miércoles tras una investigación de casi ocho años denuncia que esos límites son problemáticos y tienen graves consecuencias en la vida de algunas personas. Esas cantidades, fijadas como el consumo teórico de cinco días, sostienen el periodista Pablo García Cortina y el abogado Francisco Azorín, se elaboraron con oscurantismo, están anticuadas, tienen un punto aleatorio, no responden a la realidad del consumo y del mercado actual (para determinadas sustancias se fija como delictiva una cantidad inferior a la unidad mínima de venta en la calle) y además son discriminatorias porque perjudican especialmente a los hombres gays y bisexuales que, como Juan, practican chemsex.

El letrado Azorín sostiene que esa cantidad de referencia se está utilizando para condenar de manera casi automática, algo que Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, rebate: “Es un indicio más, no se aplica de manera matemática”, asegura a este diario.

Críticas y explicaciones

El origen de los baremos está en 2001, cuando el Tribunal Supremo (TS) fijó la cantidad que se puede poseer de cada sustancia para uso propio y, por tanto, a partir de dónde se considera tráfico de drogas, y lo hizo en base a un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) que según los autores del artículo no está suficientemente argumentado. En cualquier caso, esa línea que trazó el TS puede cambiar una vida: puede ser la diferencia entre recibir una multa o varios años de cárcel.

Desde ese año, y apoyado también en un informe del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), el TS establece que, con carácter general, si alguien está en posesión de droga —cualquier droga ilegalizada— en una cantidad que excede la provisión teórica de un máximo de cinco días de consumo —una cantidad que el mismo TS fijó— el objetivo de esa persona es vender la sustancia y por tanto afronta una acusación de delito contra la salud pública.

Las críticas a los baremos no vienen (solo) de las opiniones de los dos investigadores. El artículo, publicado en la Revista Española de Drogodependencias, explica que en febrero de 2004 la directora del INTCF, Josefa Gómez, “se desvinculó públicamente de la interpretación que el TS daba al cuadro” porque, decía, “el centro había realizado una recopilación bibliográfica, sin investigación propia, con posibles extrapolaciones de ensayos en animales y sin considerar la tolerancia”.

El problema principal es que para ciertas sustancias como las metanfetaminas o las catinonas, se establecen las dosis de uso terapeútico como las dosis de uso habitual. Pero cuando hablamos de dosis recreativas manejamos otros baremos

Mireia Ventura — doctora en Farmacia y perito judicial

Es una idea parecida a la que expresa Mireia Ventura, doctora en Farmacia y perito judicial. “El problema principal es que para ciertas sustancias como las metanfetaminas o las catinonas, se establecen las dosis de uso terapéutico como las dosis de uso habitual. Pero cuando hablamos de dosis recreativas manejamos otros baremos”, explica. “Esto genera un déficit de garantías, y en función de la sustancia que tengas tendrás un trato jurídico u otro. Todo esto se complica aún más con las nuevas sustancias recreativas, porque no tenemos suficiente información, y establecer las dosis de uso recreativo habitual requeriría unos estudios que no tenemos”, añade.

La delegada del PNSD, Xisca Sureda, admite que “se trata de una realidad compleja, cambiante y con múltiples dimensiones”, y que “desde la salud pública debemos ser capaces de sostener la complejidad de una realidad en la que conviven deseo, placer y sociabilidad con riesgos para la salud pública, mental y social”. La experta advierte de que en algunos casos (las catinonas, mefedrona, el Alpha o la ketamina) son “sustancias muy adictivas con potencial destructivo”, pero concede que “no se puede dar una respuesta a estos datos únicamente basada en la criminalización, ni en enfoques coercitivos. Es necesario comprender los contextos y acompañar a las personas”, sostiene esta responsable.

En esto coincide con los autores. “No se trata de negar que pueda haber un problema con algunas sustancias emergentes, pero ese problema no hay que abordarlo desde la criminalización de las sustancias”, sostiene Azorín, “sino desde unas medidas asistenciales para intentar que estas personas puedan superarlos sin necesidad de personas que no han traficado con drogas en su vida entren en prisión. Porque de eso no te recuperas”.

La versión del Supremo

Martínez Arrieta, presidente de la Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo, explica a este periódico que el artículo de García y Azorín es la primera noticia que le llega de que pueda existir un problema con esta situación y los límites del autoconsumo, pero que “la jurisprudencia evoluciona” y “si alguna parte en algún momento determinado lo plantea, o si los peritos lo discuten entre ellos, se podría valorar”.

Esto ya se hizo en su momento con la cantidad que marca la línea de la “notoria importancia” en el hachís —500 dosis de consumo diario, supone un agravante en una posible condena—, recuerda el magistrado, que pasó de un kilo a seis. “Pero en este momento la comunidad científica está de acuerdo en que las dosis de consumo son las que estableció en su momento el INTCF”, insiste.

Y sostiene que las cantidades no se aplican de manera directa, sino que “se valoran otras cosas”. “Cuando detienen a alguien [con droga] no te dice si es para traficar”, ahonda, “por lo que hay que hacer inferencias y deducciones lógicas. Si la cantidad es grande no es problema, pero si son cantidades pequeñas hay que inferir. Si lo encuentras en una esquina, con la droga en dosis y muchos billetes de 20 euros parece menudeo. Pero si no hay nada más, cómo decides”, se pregunta. Y en ese contexto el TS solicitó al INTCF que determinara unas cantidades que separaran el autoconsumo del tráfico. En ese marco, explica Martínez Arrieta, se mueve el Supremo.

La respuesta acaba siendo circular: la Fiscalía afirma que se basa en los informes del INTCF; el INTCF presenta las cantidades como criterios establecidos por los tribunales; y, ahora, el PNSD repite insistentemente que es un asunto fuera de sus competencias

Pablo García — periodista e investigador

Como el magistrado, Xisca Sureda, delegada del Plan Nacional Sobre Drogas, sostiene que el PNSD no es competente para fijar los baremos, pero admite “la complejidad” de tratar con “nuevas sustancias psicoactivas que aparecen continuamente en el mercado y para las cuales hay poca evidencia disponible para valorar qué cantidad poseída puede ir a consumo propio”, recogiendo la idea de Mireia Ventura.

Azorín sostiene que el asunto se ha tratado en diferentes instancias. Las partes conocen el problema, insiste. “Se ha denunciado en el grupo de chemsex de Sanidad, en el PNSD, se han enviado informes a Fiscalía antidroga...”, explica.

García lamenta que pese a ello los diferentes organismos se pasen la pelota unos a otros: “La respuesta acaba siendo circular: la Fiscalía afirma que se basa en los informes del INTCF; el INTCF presenta las cantidades como criterios establecidos por los tribunales; y, ahora, el PNSD repite insistentemente que es un asunto fuera de sus competencias. Sin embargo, la disposición declarada por el Supremo a analizar el problema si se le plantea ofrece una oportunidad para que el PNSD dé continuidad al trabajo realizado y al estudio, se coordine con Justicia y el Instituto y traslade los resultados”, expresa.

“Al margen de un procedimiento normativo”

Tras denunciar el oscurantismo con que se fijaron los criterios y la dificultad para acceder a los documentos, los investigadores explican en el artículo que los límites que estableció el Supremo para diferenciar el consumo personal del tráfico “se han fijado al margen de un procedimiento normativo y carecen de mecanismos suficientes de transparencia y revisión científica”.

En concreto, sostienen García y Azorín, la documentación consultada muestra “referencias bibliográficas insuficientes para reconstruir cada cifra, una leyenda escueta como explicación metodológica y una selección no homogénea de valores dentro de las horquillas”.

“Si la tenencia de una determinada cantidad (la del consumo previsto para 3-5 días) se utiliza para inferir que alguien trafica con drogas, su cálculo necesita una base científica sobre las pautas de consumo, además de tener en cuenta la base química de esa sustancia. En ketamina se confunde la dosis por toma con la cantidad de consumo diario para determinar las cifras del baremo; para la metanfetamina se mantiene la presunción de cuatro tomas diarias, sin justificar la elección de esa frecuencia”, expone García.

El caso de las anfetaminas aterriza la denuncia de los autores. El cuadro del Supremo recoge comprimidos de 30 mg a 60 mg como dosis de abuso habitual, y la leyenda contempla entre tres y seis comprimidos diarios. “El extremo superior de esa pauta sería 360 mg/día”, razona el artículo; “sin embargo, la tabla fija 180 mg [como límite para el consumo personal]”, explica, dejando la línea del tráfico de drogas por debajo de la del posible consumo diario posible admitido por el propio TS.

La situación no es la misma para todas las drogas, los problemas se centran en las nuevas sustancias. Para drogas más clásicas, como la cocaína (7,5 gramos), la heroína (3 gramos) o el cannabis (100 gramos de marihuana, 25 de hachís), "las tablas recogen cantidades que sí reflejan pautas razonables de consumo"

La situación no es la misma para todas las drogas, concede el texto, y los problemas se centran en las nuevas sustancias. Para drogas más clásicas, como la cocaína (7,5 gramos), la heroína (3 gramos) o el cannabis (100 gramos de marihuana, 25 de hachís), “las tablas recogen cantidades que sí reflejan pautas razonables de consumo de personas con cierta tolerancia”, conceden los autores.

“Sin embargo, para la anfetamina (0,9 g), la metanfetamina (0,3 g) o la ketamina (1,5 g) se fijan cantidades muy reducidas respecto a las pautas de consumo descritas en la documentación examinada”, continúan. Y pone como ejemplo la anfetamina: el INTCF fija un consumo diario de 0,18 g, que trasladado a cinco días da esa cifra de 0,9 gramos para cinco días, pero un manual de Naciones Unidas describe consumos de hasta 2 gramos diarios en personas consumidoras habituales, señala el estudio.

“La preocupación por la adicción y los daños de las sustancias [que refieren la delegada del PNSD o la Justicia en algunas sentencias] hace especialmente necesario tener en cuenta la redosificación, las distintas vías de administración y las cantidades que consumen quienes han desarrollado tolerancia. Un consumo intenso o prolongado sigue siendo consumo propio, por más elevado que sea. Acusar de tráfico a personas que solo son consumidoras las expone al riesgo de afrontar detenciones, procedimientos judiciales y posibles condenas”, explica García.

¿Un indicio más?

Juan pudo haber acabado en prisión, como otro ciudadano que fue juzgado en Madrid por comprar a través de internet 25 gramos de 2MMC, una sustancia sintética hermana de la mefedrona que además en aquel momento no estaba sometida a fiscalización (no estaba prohibida). Esos 25 gramos superan el máximo permitido para autoconsumo, fijado entre 2,5 y 5 gramos, y le costó a esta persona una petición de entre tres y cuatro años de cárcel.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid le absolvió porque dio por bueno que era para dos personas y que el acusado, en ese momento, estaba consumiendo hasta dos gramos diarios, lo cual encajaba más con que se hubiera aprovisionado para cinco días. Esta sentencia valida en cierta forma el argumento del TS de que la cantidad no determina necesariamente la pena por sí sola.

Insuficiente en cualquier caso, insiste García. “Que la cantidad sea un indicio más deja sin responder la cuestión principal: si la cifra que se utiliza está bien calculada. Que una defensa pueda discutirla tampoco explica por qué debe seguir empleándose una referencia cuyo fundamento se ha cuestionado con los propios documentos del Instituto. La revisión de un criterio utilizado en numerosos procedimientos debe tener una respuesta que vaya más allá de exigir a cada acusado que consiga y pague otra pericial”.

El artículo de García y Azorín concluye pidiendo que se establezcan nuevos baremos de referencia “con una metodología pública y la difusión abierta de los cuadros, las operaciones de cálculo y las fuentes empleadas”, además de revisarlas periódicamente. “El sistema español de cantidades de referencia, en su configuración actual, no responde a las exigencias de legalidad, presunción de inocencia, seguridad jurídica y proporcionalidad”, cierran los autores.

Sureda, del PNSD, admite que hace falta “más información clara y sin estigmas, promover la formación y sensibilización en todos los ámbitos, incluidos también el ámbito policial y judicial, seguir fomentando la vigilancia epidemiológica y la investigación, y trabajar en prevención y la reducción de daños”.

Varapalo al Gobierno y victoria (de momento) para el PP. La anulación por motivos de forma, no de fondo, por parte del Tribunal Supremo del decreto con el que el Gobierno pretendía limitar la apertura de universidades privadas tras un recurso de los populares supone un revés para el Ejecutivo, que en los últimos años intenta hacer bandera de la lucha contra la privatización educativa.

El endurecimiento de los requisitos que se exigen para abrir una nueva universidad es, probablemente, la principal reforma que ha aprobado el Ministerio de Universidades en toda la legislatura. La importancia que el Ejecutivo daba a esta medida se refleja en que fue el presidente, Pedro Sánchez, quien la anunció, un despliegue que el Gobierno reserva para las normas que considera especialmente relevantes. Aquel día, y otros después, Sánchez habló de “chiringuitos” y de “fábricas de títulos” ante la eclosión de campus privados por todo el estado.

En todo el siglo XXI no se ha abierto ninguna universidad pública, mientras las privadas se cuentan por decenas. Solo desde 2015 se han aprobado 19 campus de iniciativa particular por toda España. El sorpasso es inminente: hoy hay 49 privadas por las 50 estatales, una evolución que lleva al Ministerio de Universidades a concluir que “la necesidad de este Real Decreto era y sigue siendo clara y urgente”.

Con la normativa actual, hay comunidades autónomas que han aprobado universidades con informes desfavorables del Ministerio, que tienen como sede un garaje o un local comercial, sin profesorado suficiente o con 3.000 euros de capital.

Pedro Sánchez también ha reaccionado al varapalo a través de X: “La universidad pública está bajo asedio y la proliferación descontrolada de universidades privadas daña la calidad de nuestro sistema y perjudica la igualdad de oportunidades. La educación superior necesita una regulación que la proteja y dé más recursos de las administraciones competentes”, escribió, y anunció que el Ejecutivo está “trabajando en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio”.

Este periódico ha preguntado al Ministerio de Universidades qué significa esta afirmación, dado que con la convocatoria electoral para el próximo 29 de noviembre en principio no dan los plazos legales para aprobar un decreto por la vía normal, pero el departamento que dirige Diana Morant no ha ampliado la información.

Con la caída del texto, las comunidades recuperan las competencias sobre las universidades online, ya no hará falta un informe positivo ni los centros privados tendrán que dedicar un 5% de su presupuesto a investigar

Con la caída del texto, aprobado en 2025, las comunidades autónomas recuperan las competencias para aprobar universidades online, una capacidad que el decreto les había retirado para dársela al Congreso, porque el Ejecutivo cree que hay Gobiernos regionales demasiado laxos con este tipo de centro. Y esas universidades, recuerda, operan en todo el estado se radiquen donde se radiquen.

También imponía la norma la obligación de que una agencia independiente (o la Aneca, estatal, o alguna de las regionales que existen) elaborara un informe positivo sobre las futuras universidades, requisito que ahora no existe; a tener al menos tres doctorados; a contar con un 50% de doctores en su profesorado; y a dedicar un mínimo del 5% de sus presupuestos a la investigación, una de las patas por la que cojea la universidad privada.

El decreto se tumba por una cuestión formal, no de fondo: el Ministerio realizó el trámite legal de manera urgente, medida que tanto la presidenta de Islas Baleares, Marga Prohens, como la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, recurrieron. El Supremo finalmente ha dado la razón a la balear este jueves: “El tribunal concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no está debidamente justificado. Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido”, razona el TS para anular el decreto.

Los únicos en oponerse

El PP y un pequeño grupo de universidades extranjeras privadas fueron básicamente los únicos en oponerse a una norma que la comunidad universitaria veía y ve oportuna y pertinente. Estudiantado, sindicatos y rectores defendieron en su momento el decreto por necesario.

La CRUE (Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas) fue uno de estos organismos. Este jueves ha recordado que “la sentencia anula el Real Decreto 905/2025 por una cuestión de forma, no de fondo. Este hecho no colisiona con la defensa de la calidad del Sistema Universitario Español que siempre ha mantenido CRUE. Cualquier iniciativa normativa orientada a reforzar los mecanismos de aseguramiento de la calidad del sistema universitario es positiva, si contribuye a garantizar que todas las instituciones, con independencia de su titularidad, cumplan los mismos estándares de excelencia académica, investigación, transferencia de conocimiento y compromiso social”, ha expresado mediante un comunicado.

Creup, la principal federación de asociaciones de estudiantes del estado, cree que la decisión del TS es “preocupante” porque el decreto es “absolutamente necesario”, y lamenta que “en la práctica, deja nuevamente desprotegido y sometido al sistema universitario público y al conjunto del estudiantado”.

El Ministerio ha defendido la necesidad de la norma a la vez que insiste en que trabaja para aprobar otra similar. “La norma introduce, entre otras medidas, requisitos más exigentes en materia de investigación, profesorado, oferta académica, solvencia económica y alojamiento, así como un sistema de evaluación de la calidad más riguroso (...). Por tanto, el Ministerio considera importante recordar que se trata de una norma cuyo propósito es garantizar que las universidades que operan en España cumplen unos estándares adecuados de calidad y solvencia, en beneficio de los estudiantes, las familias y del conjunto del sistema universitario”, sostiene el departamento que dirige Diana Morant.

Según su punto de vista, “la urgencia de la regulación es evidente” porque “el crecimiento del sistema universitario debe ir acompañado de garantías de calidad”, la universidad pública “no puede quedar desprotegida”.

Acade (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada) ha valorado “muy positivamente” la sentencia del Supremo porque la reforma se había hecho sin diálogo ni consenso. “Constituye un recordatorio de que la mejora de la calidad del sistema universitario, objetivo compartido por todo el sector, debe abordarse desde el respeto a los procedimientos legalmente establecidos, la participación de los agentes implicados y la seguridad jurídica”.

Recordaréis que hablábamos hace unas semanas de que al Gobierno se le acumulaba la faena para aprobar las reformas que él mismo había prometido para mejorar la vida del profesorado y que tenía poco tiempo para implementarlas. Había margen porque la mayoría de las normas solo dependían del propio Gobierno, pero cuando apuras para hacer algo es fácil que se te cruce alguna cuestión de última hora y te complique la vida. Spoiler alert, ha pasado.

Como a los malos estudiantes, perdón por la comparación facilona, al Gobierno se le ha echado el tiempo encima y la bajada de las ratios y horas lectivas, la norma antichiringuitos de la FP o las nuevas oposiciones están más que en el aire ahora.

Digo que están “más que en el aire” porque, excepto la bajada de las ratios y las horas lectivas, que tienen forma de ley y decaen sí o sí, el resto de cuestiones técnicamente se podrían aprobar porque tienen forma de Real Decreto y como tal pueden ser aprobadas por el Consejo de Ministros aunque haya convocatoria electoral. Otra cosa es que parezca poco probable, entre otras cosas porque alguna no está ni redactada y los plazos no dan. Ni siquiera en los ministerios saben qué va a pasar. Ayer lunes preguntamos tanto en Educación como en Universidades y nos dijeron que lo están evaluando.

La “legislatura del profesorado” se diluye y no parecen las mejores noticias para el Gobierno cuando está el sector en armas desde hace un par de cursos. Es cierto que estrictamente las protestas se dirigen contra las comunidades autónomas, que tienen las competencias, pero también que el Ejecutivo había prometido mejoras que se van a quedar en promesas con toda probabilidad.

¿Qué se queda en el aire ahora? La medida importante es la ley que iba a bajar las ratios en la educación obligatoria y las horas lectivas que imparte el profesorado cada semana. Esta norma estaba quemando etapas ya en el trámite parlamentario, pero con total certeza se queda por el camino con la disolución de las cortes. Aquí te dejo los detalles de esta reforma, que no iba a ser la panacea (muchas medidas ya están vigentes en muchas comunidades autónomas), pero sí parecía un alivio para los que peor están y suponía una cierta declaración de intenciones.

En el apartado de las incertidumbres quedan principalmente la bajada de las ratios en el resto de etapas (Infantil, Bachillerato y FP) y el Real Decreto con el que el Gobierno quería poner límites a la apertura de centros privados de Formación Profesional, una apuesta personal de Sánchez que incluía varias medidas. Las puedes consultar en este artículo.

Lo que sí parece seguro que no llegará a buen puerto (ya muchos lo dudaban antes del adelanto electoral) es la reforma de las oposiciones. Nunca se estableció como una de las preferencias del Gobierno, pero en verano anunció la creación de un grupo de trabajo que no ha llegado a reunirse y sin un borrador siquiera está condenada a caer en un cajón. En esta pieza te contamos en su momento los principales problemas que tiene el actual sistema.

En la Universidad, el Gobierno también quería introducir una reforma dirigida a garantizar una cierta calidad en los títulos universitarios (asegurando que al menos la mitad del profesorado tenga el título de doctor) que ahora queda en el aire. Lo mismo sucede con la ansiada convocatoria de un sexenio de transferencia para el personal docente e investigador, una medida que el colectivo lleva años esperando y que anunció la ministra, Diana Morant, hace dos semanas. En teoría ese trámite ya está en marcha y el sexenio podría convocarse, pero el Ministerio no ha sido capaz de confirmarlo ante las preguntas de este periódico.

Mirando hacia atrás, la actividad legislativa ha sido intensa en los últimos ocho años. El Gobierno le ha dado la vuelta al sistema entero, prácticamente: se han aprobado nuevas leyes de Educación, Universidades, FP (mientras se multiplican las plazas), Enseñanzas Artísticas. Se ha aumentado un 80% la partida de becas, se han endurecido los requisitos para abrir universidades privadas...

Pero la carrera se ha hecho larga, aquellas reformas quedan atrás (y no son muy sexis) y lo que queda en la retina es lo último: una serie de promesas que no se han cumplido, el profesorado levantado en armas y un sistema que se privatiza a ojos vista.

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Hoy quiero hablarte de lo que pasa en las aulas. De comprensión lectora, sí, de PISA un poco pero de fondo –no me vayas a salir huyendo—, de la realidad que moldea el día a día en las escuelas y las trabas que se encuentra el profesorado para “instruir” a nuestros jóvenes, si queremos utilizar esa expresión, diferenciada de “educar”.

Hace un tiempo, hablando con una amiga docente sobre educación, clases, resultados, el discurso este tan habitual en ciertas esferas sobre el “nivel del alumnado” me dijo algo como: “Todo eso está muy bien. Pero luego resulta que estás dando clase y una chica se saca unas tijeras para autolesionarse”. Le dije que tenía que escribirlo, claro, que tenía que contarle a la gente ajena a esas cuatro paredes lo que está pasando ahí dentro. Porque nosotros lo intentamos, pero nunca es lo mismo.

El resultado es esta pieza, que te recomiendo muy encarecidamente que leas. Si bajas a los comentarios verás que muchos compañeros validan lo que ahí se cuenta, que no es la experiencia suelta de una docente (ni el instituto es marginal, por si te ha asaltado el pensamiento).

El subtítulo de la pieza es bastante explicativo, creo: “Tenemos nueve meses por delante para mejorar: hay tiempo de sobra. Hasta que R. le susurre a Y. un 'cállate, mora' y tengamos que parar la clase para hablar de derechos humanos; hasta que 'no me toques, maricón'; hasta que S. no levante la mirada en todo el día porque hay una foto suya que circula por los chats del colegio”.

Ese es el día a día en las aulas hoy y ayuda a entender muchas cosas. Profesoras y profesores que dedican buena parte de su jornada a apagar fuegos, a atender las cuestiones más básicas —como respetar los derechos humanos de los compañeros—. Como dice Lola, un curso da mucho de sí, nueve meses es un montón, pero no si los tienes que dedicar a otras cosas. Que sin duda son educar, pero no en contenidos, y por ahí se nos van los Pisas.

Con esta información quizá se entienda mejor al profesorado cuando dice que no puede más y que necesita más recursos y más personal para atender al alumnado.

Porque, además, el discurso político —la gente que tiene que poner soluciones— ni se acerca remotamente a todo esto. En la Comunitat Valenciana, una de las peores en Pisa, se culpa al modelo educativo del anterior Govern de todos los males. O el president de la Generalitat catalana, Illa, que cree que la culpa de todos los males es de la IA y la quiere prohibir.

Que todo suma, sin duda, pero me da la sensación de que nadie está mirando el problema que señala el artículo por mucho que griten los profes.

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“El futuro no llega de repente. Se construye en las decisiones cotidianas de millones de personas”, arranca Vidas Futuras, un día en 2050, un estudio en el que Moncloa ha plasmado cómo cree que será España dentro de 25 años. Esas millones de decisiones cotidianas nos van a llevar a un futuro país más diverso, con otra forma de vivir, de moverse, de comer incluso, de relacionarse, en el que la familia tradicional pierde peso y tamaño a cambio de la “elegida” y de las personas que nos vamos encontrando por el camino de nuestra vida más flexible, menos lineal; una nación más obesa en la que, cómo no, lo digital cada día está más presente, convirtiendo lo offline, lo real, en un bien más preciado; un lugar de gente que trabaja menos, se relaciona a distancia y vive sola en casas pequeñas, aunque tenga pareja.

Una España en la que estos cambios abrirán nuevos frentes para el Estado, que tendrá que vigilar las desigualdades que genere la digitalización o asegurar que las nuevas formas de relacionarse, alimentarse o cuidarse, empujadas por la tecnologización de la sociedad, están al alcance de todos.

Tras España 2050, en el que el Gobierno trató de esbozar cómo estará el país a nivel macro en 2050 y hacia dónde quiere que vaya, la Oficina Nacional de Prospectiva Estratégica (ONPE) esboza en Vidas Futuras cómo estarán sus ciudadanos dentro de un cuarto de siglo y qué se puede hacer desde las políticas públicas para adaptarse a estas nuevas realidades. “No se trata de adivinar el futuro”, explican fuentes del organismo, “sino de prever escenarios. Nos basamos en megatendencias sólidas que no cambian según quién gobierne o haya crisis o no. A partir de ahí, los expertos prevén cómo pueden evolucionar, porque no hay un solo escenario posible”. El informe se ha elaborado con la colaboración de 25 expertos independientes, profesores universitarios en su mayoría.

España cuenta con una ventajas para afrontar estos retos futuros: “Nos gusta la vida social”, explican desde la ONPE, y “si uno de los grandes retos dentro del mundo digital va a ser los problemas asociados a la hiperconexión, la soledad no deseada, etcétera., España cuenta con una baza comparativamente positiva con relación a otros países de nuestro entorno”.

España es hoy un país diferente al de hace 30 años: tiene menos hijos, menos personas casadas, más divorcios, trabaja menos, consume menos carne, tabaco y alcohol pero es más obeso, se desplaza mucho más y los extranjeros se han multiplicado

El estudio mira hacia atrás para apuntar hacia delante. España es hoy un país diferente al que era hace 30 años, expone: tiene menos hijos, menos personas casadas, más divorcios, trabaja menos, consume menos carne, tabaco y alcohol pero es más obeso, se desplaza mucho más y los extranjeros se han multiplicado. Esos y otros cambios “que llevan décadas desarrollándose (...) han redibujado profundamente nuestra vida cotidiana”, empieza. Y esas dinámicas, cuando interactúan con las “grandes transformaciones en marcha” —el envejecimiento demográfico, las migraciones, la digitalización o la lucha contra el cambio climático— esbozan “no solo lo que viene, sino, sobre todo, a quién va a afectar y cómo se va a vivir ese futuro”.

El documento se articula en torno a tres generaciones —baby boom, nacidos a finales de los sesenta; millennials, de finales de los 80; y generación alpha, nacidos en la segunda década del siglo XXI— y diez ramas de análisis, “diez ámbitos que sintetizan nuestras trayectorias vitales y muchas de las decisiones que adoptamos en nuestro día a día”: vivienda, educación, trabajo, ocio, relaciones sociales, movilidad, alimentación, salud y cuidados.

Vivir y relacionarse

Esta “transición hacia una sociedad moderna ha traído consigo una gran pluralidad de visiones y preferencias respecto a la manera de afrontar algunos de los principales hitos de nuestra vida” que conformarán en un cuarto de siglo una España más diversa en la que, aunque aún predominarán las parejas, pero serán diferentes y se retrasan decisiones como el matrimonio o la natalidad, aunque esta última se ve condicionada por elementos como la situación económica, pero también la dificultad que muchas mujeres dicen tener para encontrar un potencial padre.

En las parejas perderá peso la convivencia “como una forma de preservar mayores espacios de autonomía sin renunciar al compromiso afectivo”. Esta tendencia ya se da: desde 1980 el porcentaje de mujeres que vive con su pareja de forma estable ha bajado del 90% general a entre el 60% y 70% según la edad, y que las más jóvenes estén en el rango bajo apunta a que la cifra solo va a seguir bajando.

En las relaciones afectivas, la familia tradicional pierde peso en favor de otros vínculos, como amigos, compañeros de trabajo o incluso las mascotas, que estarán en uno de cada dos hogares. El modelo familiar 4-2-1 (abuelos, progenitores, hijo) apunta a convertirse en el más común, lo que creará una generación de hijos únicos y con pocos o ningún primo que “reforzará la importancia de esas otras redes y ”modelos de cuidado más compartidos y adaptados a estructuras familiares cada vez menos extensas“. Lo digital y la vida flexible imponen las relaciones a distancia, que penalizan la presencialidad pero impulsan la frecuencia y variedad.

Cambia la forma de relacionarse y cambia la forma de vivir, con hogares más pequeños, más diversos y más conectados a los espacios colectivos del edificio y del barrio. Bloques en los convivirán personas solas con mayores y jóvenes compartiendo hogar, con mucha movilidad espoleada por el aumento de la movilidad laboral, el peso creciente del alquiler y “los procesos de reconfiguración familiar”. La migración hacia las ciudades continuará: se prevé que casi la mitad de la población viva en una ciudad de más de 300.000 personas en 2050.

La omnipresencia digital

Pero la digitalización de todas las esferas de la sociedad “no va a desplazar la necesidad de contacto físico”, advierte la ONPE. “Al mismo tiempo, a medida que la conectividad constante pueda derivar en saturación, ansiedad o sensación de sobreexposición, podría aumentar el valor atribuido a los encuentros presenciales y a los espacios de desconexión compartida”.

Esta tendencia amerita un capítulo propio en el informe relativo a las formas de ocio. En una sociedad en la que, si sigue el camino que dibujan las políticas públicas, se trabajará menos, “es posible que las generaciones futuras dispongan de más tiempo libre”, aventura el informe, aunque eso no se traducirá “necesariamente” en mayores niveles de bienestar.

Viviremos condicionados por el algoritmo, “capaz de anticipar” nuestras preferencias y hábitos mientras “seguirán volviéndose cada vez más sofisticados, configurando experiencias personalizadas y difíciles de compartir”, lo que no deja de ser una evolución natural de tendencias ya visibles, sostiene Vidas futuras.

Como su contraparte: “La capacidad de regular la exposición digital o de disponer de tiempo para cultivar relaciones presenciales no será igual para todos. Estas diferencias tendrán causas diversas (acceso a terceros espacios, movilidad, uso del tiempo, arraigo, etc.) y podrían convertirse en un nuevo eje de desigualdad en la forma de construir y mantener las redes afectivas”, advierten los expertos.

Salud y cuidados

Viviremos más años, siguiendo la tendencia actual, pero el reto será “mejorar la calidad de esos años reduciendo los efectos de las enfermedades crónicas”. En este sentido, “tener tiempo para descansar, acceso a una alimentación saludable y entornos que favorezcan hábitos de vida sana seguirá condicionando cuántos años vivirán las personas con buena salud”.

En paralelo, los avances tecnológico-sanitarios “harán posible una medicina más preventiva, personalizada y continua”. Herramientas como la telemedicina, la monitorización remota o los análisis avanzados “facilitarán diagnósticos más tempranos y un seguimiento más preciso de enfermedades crónicas”, a la vez que la IA, la secuenciación genómica, la edición genética o las terapias inmunológicas podrían transformar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades como el cáncer, el alzhéimer o algunas patologías hereditarias, contribuyendo también a esta mayor longevidad.

Pero todos estos elementos, advierten desde la ONPE, son susceptibles de generar grandes desigualdades entre ciudadanos que el estado deberá atender.

Para las generaciones más jóvenes “la salud mental será otro gran desafío”, también siguiendo la estela del presente. El texto explica que “los problemas vinculados al bienestar psicológico y emocional, incluida la soledad no deseada, afectan ya a distintos grupos de edad, aunque algunas señales son especialmente visibles entre los adultos jóvenes atravesados por un contexto de mayor incertidumbre en las trayectorias vitales, así como cambios asociados a las formas de socialización”.

En una sociedad que vive sola, como se prevé sea lo más habitual en 2050, y que además prefiere hacerlo en su propio hogar, según indican los datos disponibles, la necesidad de cuidados se disparará. De nuevo, lo digital puede ayudar a mitigar el problema, pero siempre harán falta personas, sostiene el informe, que además las cifra: unos 400.000 profesionales deberán incoporarse al sistema de aquí a 2050 para mantener un sistema viable.