Habemus fecha. La huelga indefinida del profesorado que convocarán más de una decena de organizaciones de todo tipo en la Comunidad de Madrid (desde sindicatos hasta asambleas de docentes, apoyada por estudiantes y familias) empezará el próximo 14 de octubre, según decidió este miércoles la asamblea unificada de docentes que tuvo lugar en la capital.

Nómina en mano para probar que lo son, más de 500 docentes se acercaron hasta el auditorio Marcelino Camacho, de CCOO, convocados por 16 organizaciones diversas (de las principales de la región solo faltaban los sindicatos ANPE y CSIF, de perfil más conservador) para afinar con algunas cuestiones esenciales de cara a la convocatoria. Se votó —a mano alzada— la fecha y se validaron las demandas que se plantearán a la Comunidad de Madrid. Si son atendidas antes de que empiece el paro en octubre —en su totalidad o hasta un punto que esta misma asamblea unitaria considere aceptable—, se desconvocará la huelga.

Como han hecho esta primavera sus compañeros de la Comunitat Valenciana o de Catalunya, el profesorado madrileño exige unas mejores condiciones de trabajo (y esto es más que dinero) que le permita atender mejor la creciente diversidad en las aulas, que ha hecho de la docencia una profesión cada vez más difícil de ejercer. El grupo de trabajo que ha elaborado la tabla de reivindicaciones, formado por representantes de CCOO, UGT, STEM, CNT y CGT, así como de las plataformas Educación Especial Digna, el Sindicato de Estudiantes y el colectivo de docentes Menos Lectivas, ha elaborado un documento con seis bloques de demandas: horario lectivo, ratios, lucha contra la segregación escolar, mejora salarial, burocracia y participación e infraestructuras. La asamblea docente de este miércoles ha añadido que se exija eliminar el sistema bilingüe, muy criticado por segregador y bajar el rendimiento del alumnado.

Una mayoría de los sindicatos docentes de la región pretendían lograr una huelga unitaria de todas las organizaciones, incluidas asambleas de profesorado como Menos Lectivas, para tener la mayor fuerza posible de cara a la negociación con la Comunidad de Madrid. Los sindicalistas que se han sentado en la mesa con el Gobierno regional saben que no les van a regalar nada y querían doblar la mano a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con el máximo apoyo posible. Pero ANPE y CSIF, dos de los cuatro que tiene representación en la mesa de negociación oficial con el Ejecutivo regional, siempre han mostrado dudas con su participación.

Pese a ello, las organizaciones han valorado la unidad conseguida y que se haya refrendado la composición de un comité de huelga unitario, con presencia de todas las organizaciones de docentes, que será el que negocie con la Consejería de Educación que dirige Mercedes Zarzalejo. Chame Pinto, de UGT, ha destacado la asistencia a la reunión; Rafael Valentín, de CGT ha puesto el ejemplo de los docentes de Asturias, Euskadi, Catalunya o la Comunitat Valenciana y cree que la huelga “es la [única] opción que le quedaba al profesorado”; Alberto Sánchez, coportavoz de STEM, que hay que “buscar el apoyo del conjunto de la comunidad educativa, familias y estudiantado, logrando que la lucha trascienda los centros educativos y llegue a cada barrio, (...)pues la educación pública fue un derecho conquistado por y para la clase obrera y es necesario que esta en su conjunto se movilice en su defensa”, según han valorado tras la reunión.

Las condiciones de trabajo en los centros

Las peticiones empiezan con las condiciones de trabajo en los centros educativos. Las asociaciones exigen bajar a un máximo de 17 horas lectivas (de clase) semanales en Secundaria (ahora son 20) y 22 en Primaria (desde 25). Además, para el caso de Secundaria, las horas de tutoría o dedicadas a gestionar la jefatura de departamentos contarían como lectivas. Esta medida pretende corregir una treta del Gobierno regional, que pactó con los cuatro principales sindicatos (ANPE, CSIF, CCOO y UGT) un acuerdo el pasado curso para bajar una hora lectiva semanal, pero después incluyó una letra pequeña que excluía de facto de esa rebaja a todos los tutores, que aproximadamente son la mitad de la plantilla, un movimiento que partió en su momento el movimiento sindical madrileño, ahora en reparación.

También exige la asamblea de docentes que se considere que, a la hora de contabilizar al personal en los centros, todo el profesorado mayor de 55 cuente como si fuera a pedir la reducción de jornada a la que tiene derecho. Y si no lo hace, “quedaría como 'extra' en el centro para otras necesidades”.

La eterna pelea por las ratios

En cuanto a las ratios, los docentes quieren que bajen a 13 estudiantes por aula en el secundo ciclo de Educación Infantil, 15 en Primaria (están en 25 en ambos casos), 20 en Secundaria (25) y 23 en Bachillerato (35). En las tres etapas de la Formación Profesional (Básica, Media y Superior) se pide también un máximo de 15. Además, y este es un punto en el que han insistido mucho las organizaciones sindicales, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (Acneae) computará doble a efectos de medir las ratios.

Aunque esta reivindicación se dirige a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el Gobierno central justo este miércoles el Ministerio de Educación ha ofrecido a los sindicatos una rebaja histórica en el primer ciclo de Infantil y en Bachillerato, a la vez que tramita una ley en el parlamento para hacerlo en Primaria y Secundaria. Educación no llega a las cifras que piden los docentes, pero fija un marco de mínimos que las comunidades deben cumplir.

También hay un hueco para la atención a la diversidad, que se concreta en la exigencia de que cada orientador tenga una población de referencia de 250 estudiantes, siguiendo las recomendaciones europeas, frente a los 750 actuales. En los centros de educación especial se pide un profesoinal por cada seis alumnos con discapacidad intelectual, uno para cuatro si existen pluridiscapacidades y el mismo máximo para los trastornos de conducta y el alumnado TEA (espectro autista).

Salarios e infraestructuras

El profesorado madrileño está entre los peores pagados de España, pese a que Madrid es la región más rica en PIB per cápita y tiene uno de los precios más elevados de vivienda. Por eso la asamblea pide una subida salarial de 600 euros al mes, para equipararse o acercarse al menos a sus compañeros de Euskadi. También porque han visto en Catalunya que es posible: la Generalitat ofreció esa misma subida a sus docentes. Pero, como se vio también en Catalunya, el salario no lo es todo: incluso ese aumento será insuficiente si no viene acompañado del resto de medidas. También se exige que el profesorado de FP cobre lo mismo que el de Secundaria.

Los convocantes, que defienden con carácter general la escuela pública, piden además la climatización de los centros, que se garanticen plazas de gestión y titularidad pública para todos (no concertadas) y la eliminación de infraestructuras provisionales.

Las reivindicaciones concluyen con una exigencia de que se reduzca la burocracia, que crece ley tras ley y aplasta a docentes y equipos directivos, y un plan de choque para la FP, donde el profesorado y/o las direcciones dedican muchas horas a la búsqueda de empresas para realizar las prácticas, obligatorias ahora en todas las modalidades en mayor o menor medida.

Bajada sobre bajada, el Ministerio de Educación ha propuesto a los sindicatos bajar las ratios de alumnado por aula en Educación Infantil, el sector más precario de toda el sistema educativo, a la mitad de las cifras actuales. El departamento que dirige Milagros Tolón también propone reducir el estudiantado en las clases de Bachillerato, en una maniobra que, junto a la ley que se tramita para hacer lo mismo en Primaria y Secundaria, completaría una bajada de ratios histórica en toda la etapa educativa preuniversitaria, según ha adelantado El País.

En esta negociación que mantiene abierta con las organizaciones sindicales, Educación trata así de abordar el descontento docente, que se ha manifestado en los últimos meses, especialmente en la Comunitat Valenciana, en Catalunya y entre las trabajadoras de Infantil, que ya han protagonizado dos paros estatales. En Madrid están en huelga indefinida desde el pasado mes de abril.

Así, para Infantil, Educación propone que las clases de 0 años tengan un máximo de cuatro bebés (son ocho actualmente); que las de 1 se queden en seis (desde 13); y que las de dos años tengan ocho niños y niñas como tope (son 20 ahora). En el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) la cifra máxima sería 20, según la propuesta del ministerio (desde 25) y en Bachillerato 30 (35 en este momento).

CCOO ha valorado la propuesta positivamente. “El único pero es que plantean que [implantar las nuevas ratios] sea progresivo, iniciándose en el curso 27/28 y finalizando en el 29/30”, ha expresado el sindicato a través de un comunicado.

El descenso de las ratios es una de las principales reivindicaciones del profesorado en las protestas que ha protagonizado esta primavera y que amenazan con volver en septiembre si nada cambia. Estas reivindicaciones, en forma de huelgas, se dirigen contra los Gobiernos regionales, que tienen las competencias directas en educación, pero el Ministerio tiene la capacidad de fijar el marco mínimo al que las comunidades deban atenerse.

Hasta ahora las diferentes ministras habían optado por no tocar las ratios —pese a que se le viene exigiendo al Gobierno desde que tramitó la Lomloe, en 2020—, pero finalmente Educación, que al menos a nivel de declaraciones se había mostrado comprensivo con las protestas de las educadoras de Infantil, ha entrado de lleno en la materia y bajará todas las ratios.

La situación era especialmente precaria en Infantil, donde además de las condiciones laborales —hay maestras y educadoras cobrando poco más del Salario Mínimo Interprofesional— las educadoras podían estar a cargo de hasta 20 niños por aula en algunos modelos.

“El 100% de las escuelas infantiles cerrarán”

La patronal de centros privados Acade ha emitido un comunicado un par de horas después de conocerse la oferta de Educación en el que expresa su “profunda preocupación” por la medida y advierte de que “podrían verse abocados al cierre los 5.345 centros privados de educación infantil existentes en España”. La organización lamenta que el anuncio del Ministerio se produce sin diálogo y señala que “más de 224.000 alumnos, cerca del 50% del total escolarizado en esta etapa en el conjunto de la red pública y privada, podrían quedarse sin plaza” porque “Las familias no podrían asumir el incremento de costes derivado de la medida, lo que haría inviable su aplicación sin un sistema adecuado de financiación pública”.

Según Acade, si se rebajan las ratios a la mitad se perderían “más de 60.000 puestos de trabajo” y “se vería gravemente afectado un sector altamente feminizado y con gran presencia de profesionales jóvenes”.

El sector privado de la educación infantil, en la que conviven modelos de gestión pública, privada y mixtos (públicos de gestión privada) es el que peores condiciones laborales ofrece a sus empleadas, con salarios apenas por encima del SMI.

Se acaba el curso y, tras una primavera agitada, las protestas de los docentes se apagan tras una primavera agitada. Quizá sería más correcto decir que entran en suspenso, dado que tanto en Catalunya como en la Comunitat Valenciana ya han anunciado un “otoño caliente”, y el profesorado de Madrid vota este miércoles cuándo va a comenzar el paro indefinido que ya está acordado para el próximo curso. Las educadoras de Infantil, no nos olvidamos de ellas, siguen y seguirán en su protesta.

El caso es que llevamos todo un curso entre protestas del profesorado —de arriba abajo, desde la educación infantil hasta la universidad y en muchas comunidades autónomas— y también de los médicos, que andan revueltos contra el Ministerio.

Que docentes y doctores, dos pilares del estado del bienestar, estén simultáneamente en huelga, protestando en la calle, nos ha llevado a preguntarnos si nos tenemos que preocupar o si simplemente son dos situaciones diferentes que han coincidido en el tiempo. Y, por lo que nos cuentan, igual hay que torcer un poco el gesto.

Luis Miller, sociólogo del CSIC y experto en políticas públicas, cree que al estado del bienestar “se le están viendo las costuras”. El problema que detecta Miller es que llevamos al menos un par de décadas sin grandes reformas, pero el mundo se mueve demasiado rápido. Como dice el adagio popular, si no te mueves retrocedes, y eso es lo que está pasando aquí.

Se ve muy claro en el caso de los docentes. Cuando preguntas qué ha pasado para que se disparen las protestas, la respuesta es siempre muy similar: nada especial, es un constante deterioro de la profesión, que cada vez es más compleja. El profesorado, poco a poco, se va viendo desbordado hasta que todo ha estallado este curso. Un signo de la gravedad de las protestas, interpreta Miller: no ha “pasado nada”, el malestar es estructural y eso lo hace más peligroso.

Aquí te dejo la pieza en la que hemos analizado esta cuestión, que seguiremos de cerca.

Por último, y con esto cierro este capítulo de las protestas, ayer se conoció que un juzgado de València investiga la agresión del antidisturbios que empujó violentamente a una maestra en las manifestaciones docentes en la comunidad. Seguro que viste el vídeo, circuló por toda España. 

“Aprobar es fácil”

En este cierre de curso también colea la selectividad. Es un clásico ya que haya protestas por algún examen concreto, por las correcciones o alguna cuestión similar. Este año, por ejemplo, se ha hablado de un par de tribunales de Euskadi que han puesto un montón de ceros en el examen de Euskera a determinados grupos de estudiantes o del examen de Matemáticas de La Rioja, que ha suspendido la mitad del alumnado. En Cantabria, una alumna ha llevado a los tribunales un error en la prueba de Biología. Efe ha recopilado las principales polémicas de este curso, que puedes consultar aquí.

También hemos querido contestar este año a la recurrente queja de que la selectividad es un examen “de mierda” porque lo aprueba todo el mundo —esta, específicamente, es del opinólogo Juan del Val, que no tendría mayor relevancia si no la hubiera dicho en prime time; por supuesto que él tiene su sólida opinión sin haber hecho el examen—.

La gente que sabe, que estudia los temas antes de soltar su opinión alegremente, nos dice que no solo es normal que haya un 95% de aprobados, sino que lo contrario sería una anomalía. Resume este argumento Juanma Moreno, catedrático de la UNED: “Si la Selectividad es un examen de graduación y para presentarte a él has tenido que aprobar el Bachillerato, se espera que apruebes. Acabas de terminar el curso y te examinas de esas mismas materias, tiene sentido una tasa de aprobados alta. Pero el antiguo nombre, Ebau (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, aunque no es ya el oficial en la ley, que es PAU), da una idea de que es una prueba con doble función, la graduación, sí, pero también el acceso a la universidad. El juego de la Selectividad no es aprobar, son las centésimas, si te da la nota para tus propósitos”.

Creo que no hace falta añadir nada más. Te dejo en este enlace la pieza en la que hablamos de esto, de los cambios que ha sufrido la Selectividad, de la inflación de notas y de cómo esta afecta a la gente, y pasamos a más cosas.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Dos patas del estado del bienestar se tambalean. La educación y la sanidad llevan meses entre huelgas y movilizaciones por todo el país. El profesorado y el personal médico protestan cada uno por lo suyo, pero ambos colectivos expresan un malestar que trasciende la queja económica.

El profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid Jorge Crespo señala que “ni siquiera en la etapa de la anterior crisis económica hubo tanta movilización” como la que se está produciendo estos meses. Los recortes y las políticas de austeridad de la década pasada redujeron las retribuciones, se retiró una paga extra y se eliminaron las tasas de reposición (se dejó de contratar funcionarios). Los conflictos actuales no son estrictamente nuevos, pero hay una conjunción de factores que los han hecho coincidir en el tiempo y en amplias zonas del territorio, “en una situación de aparente crecimiento económico, donde parece raro que haya tantas huelgas en marcha o previstas”.

A Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), no le sorprenden las protestas. Este sociólogo cree que son fruto del inmovilismo de la administración. “No creo que sea coincidencia [que docentes y médicos estén en huelga]. Desde antes de la crisis de 2008 no ha habido ningún intento de reforma estructural y se están viendo las costuras del sistema. Ha habido algún aumento de sueldo para compensar los recortes, pero se está notando la falta de reformas en dos décadas. En el sector privado, para bien y para mal, cada vez que hay una crisis se produce una reestructuración total. Nacen empresas, cierran otras, cambian estilos de dirección... Nada de esto ha pasado en lo público. Para mí es uno de los dos o tres principales problemas que tiene el país”, reflexiona.

Y ha explotado. En el caso de los docentes, sin que haya pasado nada especial. Y eso, que no haya pasado nada especial que provoque las protestas, habla precisamente de la gravedad de las mismas, cree Miller. “No es una cuestión reciente ni de que no haya presupuestos”, sostiene, es un malestar generado gota a gota, año tras año.

En noviembre, el Gobierno pactó con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF un acuerdo para la subida salarial de los funcionarios en un 11% acumulado hasta 2028, que beneficia a buena parte de las personas trabajadoras en huelga y muestra, que en muchos casos, las reivindicaciones no tienen que ver solo con la parte salarial. “La pérdida de poder adquisitivo de los salarios públicos es algo común, pero colectivo a colectivo, las motivaciones son distintas”, considera Crespo.

Las educadoras infantiles reclaman superar los salarios de subsistencia, cercanos al mínimo interprofesional, y que se enmarque su labor como una etapa formativa más y no solamente asistencial. El profesorado, que en el caso de Catalunya ha votado que no a un acuerdo que incluía una subida salarial de 600 euros mensuales, quiere trabajar mejor: que se reduzcan las ratios en las clases, que se rebaje la carga lectiva y que haya más profesionales para poder atender bien al alumnado. En la profesión médica exigen una mayor representatividad, mejorar su categoría profesional y trabajar menos horas.

Sin precedentes recientes

En el caso de los y las médicas, el conflicto escalado a nivel estatal no tiene precedentes recientes. Sí ha habido huelgas y movilizaciones a nivel autonómico, pero desde la Confederación de Sindicatos Médicos, una de las organizaciones que ha convocado los paros semanales que vienen produciéndose una vez al mes desde febrero, no recuerdan una situación similar en los últimos años. De hecho, el punto de inflexión ha sido el nuevo Estatuto Marco, la primera reforma en más de 20 años, desde que se transfirieron las competencias en sanidad a las comunidades autónomas, en 2002.

Aunque CESM convocó en octubre de 2020 una serie de paros por la aprobación de medidas excepcionales para cubrir las necesidades asistenciales derivadas de la covid-19, solo se celebró una jornada de huelga. La convocatoria terminó suspendiéndose por la llegada de una nueva ola de contagios. Desde entonces, los sindicatos han ido apretando en diferentes comunidades autónomas. En 2023, hubo conflictos en Madrid, Catalunya, Balears, Andalucía, Aragón, Extremadura o Navarra, Cantabria, Galicia o Murcia.

Los sindicatos de la mesa de negociación del Estatuto Marco —CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y CIG-Saúde— sí amenazaron a finales de 2025, en el marco de las conversaciones para alcanzar ese nuevo marco jurídico con una huelga indefinida en todo el Sistema Nacional de Salud, que acabó suspendiéndose tras lograr un preacuerdo con Sanidad.

El conflicto que guarda más similitudes con el actual tal vez sea el de 1995, cuando varios miembros del comité de huelga llegaron a encerrarse en el Insalud antes de la transferencia competencial. Ya entonces los sindicatos médicos reclamaban una mesa técnica y mejoras en la jornada laboral, así como un incremento salarial de hasta 100,000 pesetas mensuales en tres años. En aquel momento, como recoge la hemeroteca, la ministra del ramo, la socialista Ángeles Amador, llegó a acusar a los convocantes de “vender un engaño con mala fe”.

Esas palabras recuerdan a las de la actual titular de Sanidad, Mónica García, que ha acusado al Comité de Huelga de no ser “honestos” con los profesionales y de “deslealtad” en una negociación que está ya enrocada y por la que los sindicatos del ramo también han pedido otro interlocutor y la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un malestar a fuego lento

El sector de la enseñanza lleva ya al menos dos años de protesta en protesta. En este caso —por el momento— son autonómicas y se dirigen contra los Gobiernos de las comunidades, pero el malestar es generalizado y se ha manifestado de norte a sur y de este a oeste en un constante in crescendo que ha acabado explotando esta primavera en Madrid, con las educadoras de Infantil, Catalunya y la Comunitat Valenciana. Pero antes habían sido Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Euskadi, Extremadura o Galicia.

El precedente más parecido fueron las huelgas contra los recortes de la pasada década, que acumularon 12 días de huelga, pero nunca había habido paros indefinidos de tanta duración como ahora: las educadoras de Infantil llevan desde abril en Madrid y los docentes valencianos estuvieron cuatro semanas seguidas.

El factor diferencial de estas protestas está en que la reivindicación salarial solo es una más en una serie de exigencias. El descontento viene cociéndose a fuego lento desde hace años. “La sensación de no llegar, de sobrecarga, está ahí desde que yo empecé como profesor”, cuenta Héctor Adsuar, responsable de Pública en la Federación de Enseñanza de CCOO, “y desde que soy delegado sindical estamos con las mismas reivindicaciones”. No son pocos años en ninguno de los dos casos.

Los males que agitan la profesión se pueden resumir en “cada vez más exigencias, pero sin recursos para realizarlas”, sostiene Adsuar. Y a la cabeza de todas ellas está la atención individualizada a la diversidad que impone la ley. El problema es que la Lomloe estableció esta medida, pero lo hizo sin proveer recursos para cumplir y sin obligar a hacerlo a las comunidades autónomas, que tienen las competencias. Y cada vez hay más alumnado con necesidades educativas, fruto a medias de los avances en el diagnóstico y de una mayor concienciación.

Y el profesorado no llega. Comisiones Obreras publicó un informe a principios de curso en el que calculaba que la diversidad en las aulas ha crecido un 75%, mientras los recursos para atenderla lo han hecho un 25%. “Es una combinación letal”, explica Adsuar. Una burocracia que aplasta, poca consideración social, el empeoramiento del ambiente en clase o incluso, estas semanas, el calor insoportable en los centros están disparando la desafección del profesorado hacia su trabajo, como ya advertía un informe de Esade del pasado mes de marzo.

“Las soluciones siempre son lentas”

Con estos conflictos en marcha, a los que se suman otros sectores específicos en determinados puntos del territorio, como los bomberos que han convocado paros parciales durante este mes en Murcia y mantienen protestas en Madrid, el experto en gestión pública Crespo advierte que “cuando se habla de la administración, las soluciones siempre son lentas”.

Miller se declara “pesimista”, también porque la política, que es donde están las soluciones, ha cambiado. “Los gobiernos son muy inestables, no hay mayorías. Durante las tres primeras décadas de la democracia pasaba que un partido llegaba al gobierno, entraba con mucha fuerza y durante esa primera legislatura hacía cambios de verdad. Eso se ha perdido”, advierte. Y nadie se atreve a realizar las reformas que, opina el investigador, necesita el país.

En 2010, un 91% de las personas que se presentaron a la Selectividad la aprobaron. La cifra se mantuvo más o menos estable, en ligera ascensión, durante esa década. En 2019, el año previo a la pandemia, llegó a un 94,5%. En el curso del coronavirus, con la educación a distancia y todos los problemas que trajo, se levantó la mano con la prueba y más de un 96% obtuvo una nota media superior a un 5. Esa estadística se ha consolidado, y desde entonces no baja del 95%.

Estos números llevan a algunos a pensar que la Selectividad es una prueba que aprueba todo el mundo y que, por tanto, no vale para nada. Un debate que se da tanto dentro del sistema educativo como a nivel social —el tertuliano Juan del Val dijo en televisión hace unos días que es una “mierda de examen” por esta razón—. El problema de este razonamiento, rebaten expertos, es considerar la prueba de acceso a la universidad como un examen de aprobar o suspender.

“El sistema está organizado para que no la suspenda casi nadie”, explica Isabel Cantón, profesora emérita en la Universidad de León. “No puedes pretender que después de dos años de clase, en los que te ha evaluado tu profesorado, después de haber aprobado unas decenas de asignaturas, venga alguien a suspenderte. No es una prueba para suspender, es para clasificar y categorizar al alumnado”, elabora.

Un argumento similar al que esgrime Juan Manuel Moreno, catedrático de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la UNED. “Si la Selectividad es de facto un examen de graduación y para presentarte a él has tenido que aprobar el Bachillerato, se espera que apruebes. Acabas de terminar el curso y te examinas de esas mismas materias, tiene sentido una tasa de aprobados alta. Pero la Ebau (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, aunque no es ya el oficial en la ley, que es PAU) da una idea de que es una prueba con doble función, la graduación, sí, pero también el acceso a la universidad. El juego de la Selectividad no es aprobar, son las centésimas, si te da la nota para tus propósitos”, razona.

Y ese es un melón que ha explotado en los últimos años con una inflación de notas generalizada que ha tenido gran impacto en el estudiantado. Entre el curso 2015-2016 y el 2021-2022, la nota media de la Selectividad pasó de un 8,75 a un 10,34 (sobre 14), según el informe La subida de las notas de Selectividad: ¿Inflación o competición?, elaborado por EsadeEcPol.

Más allá de las razones —que el informe achacaba a los cambios en la prueba, como reducir la optatividad o elevar al 60% el peso de la nota del Bachillerato en la final—, el estudiantado ve cómo cada centésima de nota cuenta para acceder a determinados grados: si en 2015-16 solo había cuatro carreras en toda España que exigieran más de un 13 (sobre 14), el curso pasado fueron 73. Hace diez años un 5 de media garantizaba plaza en una de cada tres carreras que ofrecían las universidades públicas; hoy con ese aprobado raspado solo se opta a una de cada cuatro. La nota media de acceso ha pasado del 6,85 al 8,05.

Esta espiral ha provocado que la competitividad suba a un círculo vicioso: cada vez hacen falta notas más altas para entrar a determinados estudios, el estudiantado se esmera más y las notas suben más, empujando la línea de corte hacia arriba.

Pero que las notas de corte se estén disparando no es solo culpa de la Selectividad: el estancamiento en la oferta de plazas en la universidad pública —se ofrecen hoy, grosso modo, las mismas que hace una década— es responsable en buena medida de la situación. En cualquier caso, como explica Moreno, el estudiantado es consciente de que Bachillerato y Selectividad son una competición desde el primer día y que unas centésimas te pueden dejar fuera del grado deseado. Es la paradoja de la Selectividad: sacar el examen es fácil, pero cada vez hay más presión.

El filtro está antes

Esto sucede porque los filtros están antes. Para aprobar la Selectividad hay que llegar a la Selectividad, una obviedad que a veces se excluye del análisis. La también conocida como PAU solo la realizan quienes quieren llegar a la Universidad. Por el camino se ha quedado todo el que va a una Formación Profesional (FP), deja de estudiar a los 18 años o antes e incluso el 10% del estudiantado que no aprueba el Bachillerato.

En cifras, en España había matriculados en todo el sistema educativo unos 450.000 jóvenes de 17 años el pasado curso, pero la Selectividad la realizaron 320.000, incluyendo la convocatoria extraordinaria. De esos, aprobó un 95%. Traducido, de los 450.000 estudiantes, aprobaron la prueba 304.000. Un 67,5%, dos de cada tres (y estos datos no incluyen siquiera al 10% de los jóvenes que a esa edad ya no estudian).

Sea como sea, para Cantón la prueba sigue siendo necesaria. “Es una herramienta eficaz y hasta barata”, explica, “porque no hay recursos para que todo el mundo estudie lo que quiere. En las carreras técnicas faltarían laboratorios, instalaciones, recursos...”, elabora.

Moreno tiene más dudas. “Es el sistema menos malo que tenemos. Yo no estoy particularmente contento con él, tiene problemas muy serios”. Y establece un paralelismo para explicarse: “Tenemos un deporte, que es la Selectividad, que se juega en todo el país, pero en el que los goles que se marcan en un campo no valen exactamente lo mismo que en otro”, dice en relación a la también recurrente polémica de que los exámenes sean distintos en cada comunidad autónoma, pero la nota sirva para toda España. “Es un problema no menor, pero que el país asume como parte del coste del sistema político que tenemos”, reflexiona.

¿Es necesaria la Selectividad? “La prueba y la política de acceso a la universidad en los últimos 50 años es lo que ha permitido la expansión espectacular del acceso a la universidad en nuestro país y que hayan conseguido llegar sectores, colectivos, que no estaban representados en absoluto”, sostiene, a la vez que defiende la necesidad de cambios en el sistema.

¿Mide conocimientos?

De lo que no se habla tanto es de las otras dos funciones que la ley le otorga a la selectividad: “Mide la madurez académica y los conocimientos adquiridos en el Bachillerato, así como la capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios”, explica la Lomloe. Y aquí la Selectividad sí suspende, coinciden los expertos.

“Para medir en conocimientos se exigen pruebas muy estrictas, contrastadas, y en Selectividad eso no se hace, sería imposible”, desliza Cantón. “No hay instrumentos de validación de la prueba”, sostiene.

Antonio Amante, expresidente de la asociación de estudiantes Canae, opinaba en esta entrevista que la PAU lo que mide es “la capacidad de memorizar y de retener información a corto plazo”. Canae siempre ha defendido que la nota de referencia para acceder a la universidad debería ser la del Bachillerato, “donde un estudiante puede desarrollarse —su esfuerzo, su trabajo, los conocimientos adquiridos de una manera más integral— y su profesor observarlo durante dos años”.

El problema que tiene la propuesta de Canae, y son conscientes en la asociación, es que repetidos estudios sostienen que los centros privados inflan las notas de su estudiantado, que obtiene sobresalientes y notables en una proporción que luego no se traslada a la Selectividad. Con datos de 2022, el Observatori del Sistema Universitario de Catalunya mostró en su informe Notas de acceso a la universidad, ¿son equitativas? que un 27,4% de los estudiantes de centros privados puros obtuvo entre un 9 y un 10 en la secundaria postobligatoria, un 23,9% hizo lo propio en los concertados y y 17,9% en los públicos. Peor luego en la Selectividad todo se comprime: el alumnado que proviene de centros privados que saca sobresaliente se queda en el 8,1%; en los concertados en el 5,4% y en los públicos en el 5,3%.

¿Predice el rendimiento futuro?

Tampoco acierta la Selectividad en la segunda cuestión de la ley. “No es un buen predictor académico”, sostiene Cantón, aunque “suele haber una buena correlación directa entre la nota del alumno y su rendimiento posterior”, admite.

Moreno, que lleva décadas estudiando la prueba, explica que “cuando decides sobre el acceso a estudios muy demandados, con nota alta, y lo haces mirando hacia atrás y además el peso del expediente [de la nota de Bachillerato] es del 60% [y el de la selectividad el restante 40%] es obvio que para cada tipo de estudios la validez predictiva de lo que llamamos EBAU no diría que es bajísima, pero sí dudosa y en algunos casos débil, porque estás haciendo una evaluación hacia atrás, no estrictamente para medir tu potencial académico en unos estudios determinados”, sostiene. Eso se podría conseguir con pruebas específicas de acceso para cada uno de los estudios, pero eso nunca se ha considerado en España“ [con alguna excepción, como las universidades catalanas, que hacen una prueba propia para Magisterio], reflexiona.

Parte del problema, continúa Moreno, es que, “dado que estos sistemas de acceso competitivo son una cosa políticamente delicada, los incentivos de los actores para cambiar el sistema son limitados. Es un examen, una política, que cambia muy despacio y de manera casi siempre marginal. El balance histórico es positivo”, pondera, “pero es un elemento de nuestra política educativa que está pidiendo a gritos algo más que un retoque”, cierra.

Es un festival amarillo y rojo. Greenpeace ha visitado seis centros educativos de Alicante, Ourense, Barcelona, Madrid y Sevilla con cámaras térmicas para comprobar las condiciones en que se encuentran estos días alumnado y profesorado y las imágenes —azul oscuro para la temperatura más baja, amarillo para la más alta— hablan por sí mismas.

Aulas con hasta 31 grados, sobradamente por encima de los 27 grados que fija la ley como el máximo para realizar trabajos sedentarios. Patios que, en algunos puntos expuestos al sol, suben hasta 60. Las zonas buenas, a la sombra, se quedan en 29. Comedores a 30 grados. Ninguno de los seis centros educativos analizados baja de los 24 grados que se consideran el máximo antes de que el rendimiento del alumnado en clase empieza a caer progresivamente.

“Los menores son un colectivo especialmente vulnerable a la deshidratación, al agotamiento por calor y al estrés térmico”, sostiene la organización. “Sus mecanismos de termorregulación ante temperaturas extremas no son tan eficientes como los de las personas adultas (...) y sus patrones de comportamiento, como realizar actividades al aire libre o no hidratarse con la frecuencia adecuada, también afectan a esta vulnerabilidad”, explica la organización.

El calor ha llegado este año más pronto que nunca a las aulas. Todo indica que será habitual a futuro: según Save the Children, los niños y niñas nacidos en 2020 en España están expuestos, de media, a un número de olas de calor unas 4,5 veces superior al de quienes nacieron en 1960. Pero la climatización de los centros avanza despacio, con administraciones, como el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, que desprecian el problema porque “cuando hace calor, hace calor”. En otras comunidades, como Murcia, las familias han organizado rifas para sufragar la climatización que su Ejecutivo les niega.

La Asociación Española de Pediatría exigió medidas de climatización hace unas semanas, petición a la que se sumó Unicef. “Quienes pagan las consecuencias [de las temperaturas extremas] son los niños, niñas y adolescentes, a los que el calor afecta más porque su cuerpo se calienta más rápido que el de un adulto”, explicaba la ONG.

Greenpeace exige a las administraciones que climaticen los centros. “La adaptación de los edificios y patios a la realidad climática no es ningún capricho. Es una cuestión de salud pública y del derecho a una educación de calidad. Las administraciones no pueden seguir mirando para otro lado desoyendo a las familias y las voces expertas. Si estas condiciones se consideran inaceptables en un entorno laboral ¿por qué se aceptan para niños y niñas?”, se preguntan desde la organización.

La ONG recuerda en su lista de peticiones que no todo es instalar aire acondicionado, una intervención a las administraciones son más reticentes porque es cara. Instalar energía renovable y diseños pasivos (ventilación cruzada natural, protección solar, sistemas sostenibles de climatización, aislamiento térmico…) para conseguir confort térmico, naturalizar patios y entornos escolares con más cobertura verde que genere sombra, también sobre las fachadas, vías escolares seguras que incluyan puntos de sombra y agua son algunas de las actuaciones posibles, exige Greenpeace.

Antes de empezar, ¡estamos de estreno! Inauguramos nuevo boletín, sobre el acceso a la vivienda. Nuestro redactor especializado, Germán Aranda, analizará cada viernes la actualidad de la crisis habitacional y por qué la vivienda empobrece a millones de personas y enriquece a unas pocas (no sé si has pensado alguna vez la cantidad global de dinero que varios millones de inquilinos transfieren cada mes a muchísimos menos y más adinerados propietarios). Aquí te dejo la info del boletín y aquí el enlace directo para suscribirte.

Vamos entonces con lo nuestro. Y lo nuestro, de momento al menos y tiene pinta de que va para rato, son las protestas docentes por media España. Lo último es que más de 20 organizaciones de todo tipo de Madrid (sindicatos varios, profesorado, estudiantes, familias, personal de administración) han decidido que van a la huelga indefinida el próximo curso. Falta por cerrar la fecha y otras cuestiones, hay que poner de acuerdo a mucha gente, pero a menos que el Gobierno de Ayuso haga algo de aquí a septiembre, lo que es poquísimo probable, habrá paro.

Las reivindicaciones no son especiales ni muy diferentes de las que hacen sus compañeros valencianos o catalanes estos días: mejores salarios (y en este punto los madrileños tienen argumentos), más recursos en general (la región es la que menos invierte por alumno del país), más profesorado, más especialistas de atención a la diversidad, menos horas lectivas semanales (Madrid es de las pocas regiones que no las ha bajado tras subirlas en 2012) o más plazas públicas de Formación Profesional (el mercado privado se ha multiplicado en la región en los últimos años).

Así, el próximo inicio de curso puede ver en la Comunidad una huelga general indefinida en la educación, porque las maestras de Infantil llevan desde el 7 de abril paradas y de momento no tienen intención de dejarlo. A diferencia de lo que sucede en otras regiones, ni el Gobierno regional, competente en educación, ni el municipal, responsable de algunas escuelas infantiles, están negociando nada. Más aún, el Ayuntamiento de Almeida acaba de prorrogar más de 40 contratos de las empresas que gestionan sus escuelas, según ha denunciado PLEI, la plataforma que convoca los paros.

Para que entendáis mejor la protesta de estas maestras y educadoras os dejo esta pieza donde contamos en qué condiciones ejercen en otros países y el agravio comparativo con este.

Es fácil que los madrileños coincidan con más docentes en huelga. Como habían hecho los catalanes antes, los docentes de la Comunitat Valenciana reventaron la semana pasada el acuerdo alcanzado entre sus representantes sindicales y la Conselleria de Educación y votaron “no” a los términos pactados. Y ni siquiera se puede hablar de un resultado ajustado: un 87% de los 30.000 que opinaron dijeron que no y mandaron un mensaje claro tanto a sus sindicatos como a la Generalitat Valenciana: no es una cuestión de dinero en la nómina, o al menos no solo. Es una cuestión de hartazgo y lo que los docentes quieren es trabajar mejor.

Será difícil alcanzar un acuerdo si el Consell no pone muchos más profesionales en el sistema y aborda el asunto del uso de la lengua en clase, que tiene soliviantada a media profesión. El arranque de la matriculación solo ha servido para ahondar en esa sensación: Famílies pel Valencià han denunciado que cientos de niños se han quedado sin posibilidad de escolarizarse en esa lengua.

El profesorado valenciano también votó en aquella consulta suspender temporalmente la huelga –cuatro semanas sin cobrar son muchas semanas– y retomarla, si no hay acuerdo antes, el próximo curso.

Allí estarán también, todo indica, sus compañeros catalanes. Ya os contamos que este profesorado fue el primero en romper la baraja y rechazar un acuerdo que incluía una subida de 600 euros al mes (en tres años), y continúa con las movilizaciones. Este domingo miles de ellos, junto a las familias, se manifestaron por Barcelona bajo el lema “Paremos la emergencia educativa”. Los sindicatos ya han anunciado que el próximo curso habrá “un nuevo ciclo de huelgas”.

Se prevé un otoño caliente en las aulas.

Por cierto, el fantástico equipo de Un tema al Día han dedicado un podcast al profesorado. Ellos mismos te cuentan la realidad cotidiana que les ha llevado a la huelga y un servidor trata de poner un poco de contexto político-social.

Esta semana hemos hablado de...

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Recortes en la educación pública. La Comunidad de Madrid tendrá 88 aulas menos para educación Infantil el próximo curso, y la mayor parte de las clausuras —52,5 clases— la sufrirán los municipios obreros del sur, según ha denunciado CCOO este lunes. Esos cierres, que el sindicato enmarca en “una estrategia de privatización diferida y planificada al milímetro” por dónde ocurren y lo que implican, suponen además la pérdida de 89,5 docentes en estos centros. En tres años, dice la organización, se han destruido más de 400 plazas de maestro en toda la región.

Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Educación y Servicios Socioeducativos del sindicato, ha explicado que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso presume de tener un saldo positivo global —con 244,6 aulas y 517,15 docentes más en total— que se asienta en una bajada de ratios obligatoria en Secundaria que obliga a abrir nuevas aulas para repartir al alumnado. Pero es “ficticia”, cosmética y temporal, añade la responsable.

Frente a esos números oficiales, CCOO habla de casi 90 clases menos en lo que califican de una “amputación” de la educación pública. Allá donde se cierran clases, sostiene CCOO, las familias se ven obligadas a tomar una decisión: pasar a la escuela privada, sea con concierto o sin él quien se lo pueda permitir, o buscar un centro público lejos del barrio, una posibilidad remota para la mayoría de los hogares, ha explicado San Millán. Y una vez los niños y niñas están en el sistema privado es difícil que salgan de él. Madrid es, junto a Euskadi, la comunidad autónoma con menos alumnado matriculado en la escuela pública.

“Si destruyes los colegios cerrando las aulas de infantil de tres años, estás vaciando el sistema desde la raíz. El crecimiento en los institutos es temporal; si no hay niños en la pública en primaria, en unos años no habrá institutos públicos que llenar. Es una estrategia de privatización diferida y planificada al milímetro”, asegura San Millán.

Parla, Valdemoro, Alcorcón...

La mayoría de las clausuras se concentran en el sur, con el cierre neto de 52,5 aulas de Infantil y Primaria. “Municipios de tradición obrera y con alta necesidad de escuela pública registran pérdidas alarmantes”, desgrana el sindicato. Parla y Valdemoro pierden 10 aulas el próximo curso, Alcorcón seis y Getafe cinco. “Es indecente” que se dejen morir las aulas de los colegios públicos de la periferia sur donde la demanda es masiva, dice CCOO.

Otro modus operandi detectado por el sindicato es concentrar cierres en municipios donde gobierna la izquierda, con la esperanza de que la población, que no necesariamente conoce el reparto competencial y que la educación la gestiona la Comunidad de Madrid y no los ayuntamientos, culpe a sus corporaciones locales. En la Dirección de Área Territorial Este, los recortes se concentran en municipios con gobiernos progresistas: Rivas Vaciamadrid tendrá tres aulas menos, San Fernando de Henares dos y San Martín de la Vega una.

“Puede parecer poco que cierren dos o tres aulas”, ha contextualizado San Millán, “pero cada clase son 20 alumnos y una maestra y media”, contando los técnicos y especialistas en atención a la diversidad.

En la zona oeste, con altas rentas y donde el mercado privado educativo ya tiene gran presencia, se ahonda en esta tendencia. “En los municipios con mayor renta de la región, los recortes no respetan etapas: caen las aulas tanto de Primaria como de Secundaria. Las Rozas y Boadilla del Monte pierden cuatro aulas y media cada una. ”En esta zona existe un plan deliberado para liquidar los pocos reductos de escuela pública existentes en beneficio del negocio de las patronales educativas privadas“.

En Madrid capital CCOO habla de un “efecto frontera” y “desiertos públicos”. Aunque las cifras globales no son tan altas en esta zona, la situación es grave, dice el sindicato, cuando se localiza. El “drama” en este caso se da en los distritos del norte. Fuencarral pierde ocho aulas de Infantil y Primaria y Hortaleza, otras cuatro. “Al tratarse de distritos colindantes, la Consejería genera un 'desierto público'”, explica Comisiones, “obligando a las familias a desplazarse kilómetros o a escolarizar a sus hijos de tres años en la omnipresente red privada-concertada de la zona”.

Por último, en la zona norte de la región los cierres se concentran en San Sebastián de los Reyes, municipio que perderá nueve aulas, según CCOO.

Se prevé un otoño caliente en las aulas. Más de 20 organizaciones de docentes, personal de servicio, universitario, estudiantes y familias van a convocar una huelga indefinida para el próximo curso en la Comunidad de Madrid, dando así continuidad a los paros docentes que atraviesan el país. Catalunya y la Comunitat Valenciana han liderado las protestas en las últimas semanas, pero en realidad solo han ido un poco más allá que otros antes: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Euskadi, Extremadura, Galicia o Madrid también han realizado paros este curso o el pasado. Las educadoras infantiles de Madrid llevan desde el pasado 7 de abril.

Y el profesorado no está dispuesto a conformarse con cualquier oferta. Los docentes de Catalunya y de la Comunitat Valenciana han descolocado a sus representantes sindicales al rechazar en las últimas dos semanas los acuerdos que estos habían alcanzado con sus respectivas consejerías de educación, que incluían subidas salariales de cientos de euros. El mensaje es claro: no es solo una cuestión de dinero, también de aliviar la carga docente, especialmente la que tiene que ver con el modelo de escuela inclusiva. Las razones se repiten una y otra vez, desde el Cabo de Creus hasta Doñana.

El profesorado catalán fue el primero en poner el pie en pared al rechazar el pacto que sus sindicatos habían firmado con la Generalitat. Más de dos tercios de los 60.686 docentes que votaron en la consulta (un 61% del censo) dijeron que no a una mejora de 600 euros al mes en sus nóminas (en tres años) y un refuerzo de 6.413 profesionales más en el mismo periodo. Los docentes coincidían en que el refuerzo de plantillas es insuficiente para apuntalar la inclusión del alumnado con discapacidad y alertaban que las ratios se mantienen (en 20 en Primaria, 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato), cuando la expectativa, explicaban, eran de un salto de escala en cuanto a recursos para la tarea docente. La huelga sigue en la comunidad en un conflicto al que no se le ve una salida clara.

En la Comunitat Valenciana un contundente 87% del profesorado rechazó el pasado miércoles el acuerdo pactado entre sindicatos y Generalitat. Un 90% de los docentes dijo que no al acuerdo salarial, el 84% se opone a firmar el bloque lingüístico, el 78% de los docentes que han votado no ve suficientes las condiciones de contratación y el modelo del “Pla + Mestre” y los bloques de ratios e inclusión han recibido un 70% de votos en contra.

Pero, tras un mes de paro indefinido y mucha presión en la calle, los docentes también votaron a favor de suspender la huelga indefinida tras un mes continuado de paros y rearmarse de cara al próximo curso. El resultado de la consulta sitúa ahora la pelota en el tejado de la Conselleria de Educación, que tiene dos meses y medio por delante para evitar que el próximo curso empiece con paros. Los sindicatos se sentarán en las próximas mesas de negociación con el respaldo de más de 26.000 firmas que exigen mejoras sustanciales en los salarios, el blindaje del valenciano y un mayor aumento de las plantillas.

A ellos se sumarán sus compañeros de la Comunidad de Madrid —que aún tienen que decidir si empiezan en octubre o enero—, que se unen a su vez a las educadoras de infantil de la región. Toda la comunidad educativa preuniversitaria puede juntarse en un paro indefinido sin precedentes en la comunidad. Un total de 23 organizaciones trabajan estos días para diseñar una huelga unitaria —los sindicatos conservadores tienen dudas— bajo unas reivindicaciones muy similares a sus colegas catalanes o valencianos.

Algo más particular, aunque no tanto, es la situación del 0-3. Las maestras y educadoras de infantil son las profesionales peor tratadas de todo el sistema educativo, con salarios en ocasiones poco mayores que el SMI (es un sector fragmentado con realidades muy diversas), y han dicho basta. En Madrid van por la décima semana de huelga indefinida y el sector se unió en una huelga general histórica por pionera. ¿Sus reivindicaciones? Parecidas a los de otros compañeros, pero desde una situación peor. “Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”, explica Rosa Marín, portavoz de la Plataforma convocante, PLEI.

También en Aragón ha habido jornadas de huelga en las últimas semanas. En este caso, con un fin más concreto: evitar que el Gobierno regional impusiera el Bachillerato concertado en la región. Pero la motivación final es la misma: proteger la escuela pública y que se destinen más fondos a los institutos y colegios del estado. Los manifestantes han obtenido una victoria parcial con una sentencia del Supremo que ha tumbado las concertaciones porque las dictó el Ejecutivo en funciones, pero son conscientes de que ganar una victoria no es ganar la guerra y de que el presidente Azcón volverá a la carga porque, admite el tribunal, es su competencia hacerlo. Pero siguiendo los cauces legales. Los defensores de la escuela pública —17 organizaciones de todo tipo firmaron el recurso– saben que habrá un segundo capítulo. Ahí estarán, avisan, esperando preparados.

Ignorando el malestar

El malestar era evidente. Estaba ahí para el que quisiera verlo, y si las protestas no eran suficiente indicador, varios estudios lo explicitaron. El think tank EsadeEcPol hablaba de “una creciente desafección y pesimismo en una parte importante del profesorado”, en su informe El estado de la profesión docente en España, del pasado mes de marzo. El estudio señalaba la mencionada diversidad, un peor clima de aprendizaje en clase, salarios estancados durante años, un reparto de la jornada laboral estresante, mucha temporalidad y poco reconocimiento social pese al aumento de la presión y una ausencia total de políticas públicas centradas en maestros y profesores como causantes de ese desasosiego.

El cansancio viene de atrás. Ha pasado ya más de una década desde que el exministro José Ignacio Wert, con la ayuda de las comunidades autónomas, sacó la tijera y dejó la educación pública en el esqueleto, pero hay comunidades que aún no han revertido aquellos recortes. Son años de un lento pero constante deterioro del sistema, exacerbado en los últimos años por la multiplicación de la diversidad en las aulas, la exigencia de atenderla de manera individualizada que impone la ley, acompañada de una burocracia que aplasta en cada paso, y la falta de recursos —económicos, humanos— para hacerlo.

CCOO puso cifras a este fenómeno en un estudio: el conjunto del alumnado con necesidades educativas de algún tipo se ha incrementado por encima del 75% en seis años y ha pasado de suponer un 7,59% del total al 13%, según un cálculo conservador. Más necesidades de atención individualizada en formas variadas que no han ido acompañadas de las correspondientes (o suficientes) subidas de los recursos para atenderlas. La partida que se destina a atender esta diversidad ha subido la mitad que la incidencia, un 31%.

“Hay una sobrecarga de trabajo que, unida al paso de los años y la falta de inversión de las comunidades autónomas, conforman una tormenta perfecta para que exista ese malestar”, explica Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Educación del sindicato.

Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, en la Comunidad de Madrid, traduce el impacto de estas cifras. “Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... y hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta.

Por el momento las protestas se dirigen contra los Gobiernos de las comunidades autónomas porque son los que tienen las competencias para resolver los problemas que plantea el profesorado, pero el Ministerio de Educación no queda exento de críticas. El departamento, que bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez han liderado primero Isabel Celaá, luego Pilar Alegría y ahora Milagros Tolón, y que solo se ocupa propiamente de Ceuta y Melilla, no decide la inversión en educación de una autonomía. No contrata profesorado fuera de las ciudades autónomas ni establece los complementos de destino que generan las diferencias salariales entre comunidades autónomas que tanto enervan a los trabajadores. Pero sí tiene la capacidad de establecer un marco mínimo para todo el país en algunas cuestiones y también la de aprobar un Estatuto Docente –una aspiración histórica del sector que se intentó hacer infructuosamente en 2009– que regule y desarrolle la carrera, que ahora no existe, y varios aspectos básicos de la profesión.

Lo está haciendo ahora en parte, ocho años después de llegar a La Moncloa. Cuando Celaá tramitó la Lomloe, algunos partidos como Podemos le pidieron que bajara las ratios de alumnado por clase, que había subido el exministro José Ignacio Wert en 2012. Pero el PSOE optó por no meterlo en la ley finalmente. Lo está abordando estos meses con la aprobación de un anteproyecto de ley para reducir las ratios de alumnado por clase y las horas lectivas semanales que para muchos llega tarde, entre otras cuestiones porque establece unos mínimos que muchas comunidades ya habían alcanzado motu proprio en los últimos años. Será, en el escenario bueno de que el Congreso lo apruebe, la primera medida que tome el Gobierno en favor de los docentes en la “legislatura del profesorado”, según la han definido las dos últimas ministras.

La educación pública madrileña va a la huelga. Más de 20 organizaciones de representación del profesorado de Primaria y Secundaria, de Universidad, del personal técnico, de administración y servicios, de estudiantes y familias se reunieron este jueves para dar forma a la idea surgida hace dos semanas de unirse a las compañeras de Infantil y convocar un paro indefinido el próximo curso en una fecha aún por determinar.

La cita se celebró con buen ambiente, según varias personas presentes, y aunque hubo algunas discusiones técnicas y no hay un acuerdo unánime respecto a ciertas cuestiones, pesan más las ganas de hacerlo y el hartazgo del profesorado, añaden. Cada colectivo tiene sus particularidades y políticas y métodos propios, pero todas dicen ser flexibles en casi todo. La deseada unidad, o acercarse a ella lo más posible, es básica para enfrentarse a un rival, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que varios portavoces califican de “duro”.

Las organizaciones presentes en la reunión fueron los sindicatos CCOO (con representantes de Pública, Universidad y Personal de Atención Educativa), UGT, ANPE, CSIF, STEM, CGT (con representantes también del personal de administración y servicios y de la Universidad), CNT, CSIT, CO.BAS, Solidaridad Obrera, los colectivos Menos Lectivas (de docentes), Educación Especial Digna, la Marea Verde, Integradoras en Lucha, la Coordinadora Juvenil Socialista, Técnicos de Integración Social en lucha, Queremos FP, las organizaciones de estudiantes Sindicato de Estudiantes, Frente de Estudiantes y Contracorriente (del ámbito universitario) y la confederación de Asociaciones de Familias Confapa.

La decisión está tomada y la respaldan la inmensa mayoría de las organizaciones, explican fuentes presentes en la cita, pero la unidad que anhelan casi todos no está garantizada: CSIF, ANPE y CSIT no han mostrado un respaldo abierto a los paros. “No descartamos nada”, explica Miguel Ángel González Martínez, responsable de Educación de CSIF en Madrid, “nosotros seguiremos acudiendo a estas reuniones, pero somos un sindicato profesional y si nos llama a negociar la Comunidad de Madrid, iremos”. Y si logran un acuerdo que les satisfaga actuarán en consecuencia sin esperar a los demás, añade.

Un aspecto este que preocupa a algunos portavoces. CSIF y ANPE, siendo minoritarios en la Comunitat Valenciana, rompieron la unidad al aceptar por su cuenta un acuerdo con la Generalitat que el resto no firmó. “Y en Madrid estos dos suman más que CCOO, UGT, STEM y CGT juntos”, recuerda un sindicalista. “Eso quiere decir que el profesorado madrileño puede ver el sindicalismo de otra manera”, advierte este veterano. “Y una huelga es la herramienta más importante del profesorado. Si la convocatoria no tiene éxito, la movilización en Madrid está enterrada”, cierra.

Como puntos importantes para la preparación de la huelga, que seguirá adelante con o sin estos sindicatos, queda acordar la fecha exacta de arranque de los paros (el 1 o el 15 de octubre o el 11 de enero) y elaborar la tabla de reivindicaciones que se presentará al Gobierno regional, según cuentan diversas fuentes presentes en la reunión del jueves. Para este último paso se conformarán grupos de trabajo que elaboren las tablas reivindicativas y preparen la asamblea unitaria y abierta que se celebrará el próximo día 24 de junio y que tendrá poder de decisión: lo que vote se hará.

Lo mismo en todas partes

Las reivindicaciones del colectivo son muy parecidas a las que grita en las calles el profesorado de todo el país, más allá de particularidades autonómicas como el uso del idioma en clase en la Comunitat Valenciana, pero con el peso que da que Madrid sea de las regiones que peor paradas salen en todos los indicadores educativos. Así, los docentes piden mejores salarios (y en este punto los madrileños tienen argumentos), más recursos en general (la región es la que menos invierte por alumno del país), más profesorado, más especialistas de atención a la diversidad, menos horas lectivas semanales (Madrid es de las pocas regiones que no las ha bajado tras subirlas en 2012) o más plazas públicas de Formación Profesional (el mercado privado se ha multiplicado en la región en los últimos años).

El rol de la asamblea está entre lo que más debates ha generado. Si debía ser vinculante, como se ha decidido finalmente, o si cada organización debía validar las propuestas. En este momento, STEM es el único que pone reparos al poder decisorio de la asamblea unitaria. Este sindicato tiene que consultar a su propia asamblea, según establecen sus estatutos, pero en ningún caso esto supondrá saltarse a la asamblea unitaria si hay discrepancias, según explica un portavoz. STEM respetará lo que decida el conjunto del profesorado, con una línea roja marcada por su propia normativa: que la asamblea de STEM diga que no a algo que la asamblea unitaria sí apruebe. En ese caso este sindicato, que no es mayoritario en Madrid, no firmará. En el caso contrario acatará la decisión mayoritaria.

Otro de los elementos que más quebraderos de cabeza está despertando en este momento a las organizaciones es cómo van a organizar un sistema para decidir sobre los posibles acuerdos o las decisiones que se tomen para que vote solo quien tiene que votar, que son los trabajadores llamados a parar. Varios sindicatos denuncian que el Gobierno regional no les facilita el censo de docentes que les corresponde por normativa.

De momento, para empezar, pedirán una nómina de este curso para acceder a la asamblea del 24, la primera que tomará decisiones. Más adelante esperan articular un sistema que permita el voto telemático solo a los trabajadores (por ejemplo accediendo a través de las cuentas de email corporativas, aunque este sistema plantea problemas).

De 13 a 24 en una semana

La gestación del paro no ha sido sencilla, aunque las ganas de huelga de las organizaciones han pesado más que las diferencias entre los sindicatos. Empezó con una doble convocatoria, simultánea pero independiente, de dos huelgas indefinidas diferentes. CCOO y UGT anunciaron, junto a la confederación de asociaciones de familias Confapa, un paro desde el primer día del curso. El mismo día hicieron lo propio el colectivo de docentes Menos Lectivas y CGT sin fecha determinada. La (conocida) voluntad de otros sindicatos y colectivos de parar hizo el resto.

El pasado lunes 1 eran 13 organizaciones de todas las ideologías; ayer 24. “Demasiados” incluso, según expresó algún portavoz. “Es positivo que haya mucha gente, pero también tiene desventajas, lo complica todo”, opina González, de CSIF.

Es una realidad que la protesta ha crecido. Empezó sobre todo como un paro del profesorado y ha saltado al personal de administración y servicios y a la universidad, lo que ha provocado que las reivindicaciones se amplíen y mezclen. Por eso se va a abordar de manera separada, con un grupo de trabajo para los docentes y, si el resto de profesionales consolida su presencia en el movimiento, otro de universidad y otro de personal no docente. Hay trabajo por delante.

El profesorado catalán ha dado un golpe en la mesa esta semana. Alto y claro, además: “No vamos a aceptar cualquier acuerdo”. Y han rechazado unas condiciones para detener la huelga que a sus representantes sí les habían parecido adecuadas y habían pactado con la Generalitat de Salvador Illa.

Alguna vez os he comentado que en periodismo que algo siga pasando, sin más, no suele ser noticia. Excepto que la noticia sea precisamente que algo siga pasando. Pues eso es exactamente lo que está sucediendo en varias comunidades autónomas. Muchas semanas después, las huelgas docentes siguen: continúa la de maestras de Infantil en Madrid, aunque no haga tanto ruido, y siguen las de la Comunitat Valenciana y por supuesto la de Catalunya. Y están teniendo un efecto llamada: 13 organizaciones negocian estos días cómo montar un paro indefinido en Madrid para el curso que viene.

Empezamos por Catalunya. Los sindicatos y el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya habían alcanzado un acuerdo que, parecía, iba a poner fin a la huelga. Se pactó una subida salarial mayor de la contemplada hasta entonces (600 euros brutos más al mes para 2029) y 6.400 contrataciones de perfiles especializados (psicopedagogos, logopedas, etc.). Solo faltaba que el profesorado lo corroborase.

Pero, para sorpresa de muchos, votaron que no. Más de 60.000 personas quisieron participar y un 65% de ellos rechazó el acuerdo. ¿Y ahora, qué?

Hay más preguntas que respuestas. La conselleria de Esther Niubó ha comunicado que mantendrá las mejoras pactadas, pero nada hace prever que vaya a reabrir las negociaciones de nuevo, menos aún con unos sindicatos que salen más divididos de este asalto.

Las huelgas se mantendrán y se alargarán esta semana –coincidiendo con la visita del Papa–, pero a partir de ahí se abren los interrogantes. ¿Cuáles son las reivindicaciones docentes que desbordan el pacto? ¿Quién las canalizará ahora y dónde? ¿Habrá movilizaciones el curso que viene? Pau Rodríguez os explica aquí el minuto y resultado de una huelga que trasciende lo salarial.

En la Comunitat Valenciana continúan las negociaciones, entre acusaciones de inmovilismo a la Generalitat valenciana, dicen los docentes. Este lunes se celebró la undécima reunión entre la conselleria y parece que ha habido algún avance. Se han alcanzado preacuerdos en tras la última propuesta enviada por el Consell, que mejoraba “notablemente” sus propuestas iniciales en materia de infraestructuras, burocracia o ratios. Menos bien ha ido con la cuestión salarial o el uso del valenciano en la escuela..

La reunión cerró con una oferta de la conselleria que los sindicatos quieren estudiar y deberán, en algunos casos, refrendar sus asambleas. El profesorado se mantiene firme y advierte: si se acaba el curso sin acuerdo, la huelga continuará en septiembre. Entre otras razones, porque no creen pedir imposibles: un colectivo ha realizado un informe que sostiene que la Generalitat podría asumir sus demandas sin mayores problemas económicos. Esta es una situación cambiante, iremos colgando las novedades correspondientes en la web.

Madrid va camino de unirse a estas dos comunidades. Tras una doble convocatoria de huelga indefinida para el próximo curso (por un lado UGT y CCOO, por otro un colectivo de docentes con CGT) hasta 13 organizaciones se ufanan ahora en cerrar un paro indefinido y unitario, a la valenciana. La tarea tiene su complejidad: hay sindicatos de clase, profesionales, anarcosindicatos, uno intersindical progresista, hay colectivos de docentes de base, sindicatos estudiantiles y asociaciones de familias. Todos ellos se tienen que poner de acuerdo.

Tras una primera toma de contacto la semana pasada, este jueves se reúnen las organizaciones para ver dónde está cada una. Quién se une y cómo se articula el paro. Las negociaciones entre las partes se están centrando, sobre todo, en tres aspectos: la fecha para comenzar el paro (algunos prefieren septiembre, otros enero); quién va a negociar con el Gobierno regional (hay acuerdo en que sea un comité mixto) y el rol de la asamblea unitaria que se va a organizar (si será vinculante o solo consultiva y cada organización decidirá por su cuenta después).

Os dejo aquí la intrahistoria de esta negociación, contada por varios de sus protagonistas, y la semana que viene os cuento novedades de lo que se decida el jueves.

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Cambio de estrategia. Tras un año y medio convulso en el principal centro de investigación sobre cáncer del país, el Gobierno ha decidido “refundar” la Fundación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) “para reforzar la estabilidad institucional, la transparencia y la excelencia científica del centro mediante una nueva estructura de gobernanza adaptada a los retos actuales de la investigación biomédica”, según un comunicado.

El patronato del centro creará “una estructural temporal de Gobernanza” formada por “un órgano colegiado de Dirección Científica” que compondrán tres personas: un representante de la investigación básica, un representante de la investigación clínica y un representante de las unidades de servicio. Según ha adelantado El País y podido confirmar este periódico, las tres personas elegidas son Óscar Llorca, Luis Paz-Ares y Fátima Al-Shahrour.

Esta troika formará, junto con la actual gerente (Cristina Navarro), la Comisión Permanente del CNIO, que se ocupará de la gestión diaria del centro, ha informado el Ministerio.

Esta estructura estará activa hasta que se renueven los estatutos del centro “para actualizar los mecanismos de control, responsabilidad y funcionamiento interno del centro”, según el comunicado emitido. La previsión es que estén listos para el primer trimestre de 2027.

“Se favorece así, una toma de decisiones más plural y alineada con las necesidades del centro”, sostiene la nota enviada por el CNIO. Cuando los nuevos estatutos estén listos, continúa la nota, “se disolverá la Comisión permanente del CNIO y se pondrá en marcha la nueva gobernanza para el centro”.

El CNIO lleva 18 meses sumido en una crisis institucional y de reputación tras la abrupta salida de Maria Blasco, que ejercía la dirección científica del centro, y Juan Arroyo, que gestionaba la económica desde la gerencia. Con estos nombramientos, el departamento que dirige Diana Morant trata de cerrar así una crisis que desde la salida de Blasco y Arroyo ha incluido denuncias, una investigación de la Fiscalía, renuncias de candidatos a dirigir el centro antes de tomar posesión, el cese de otro gerente por un supuesto caso de acoso o los tejemanejes del anterior responsable cuando ya había sido destituido.

Renunciar antes de empezar

Los últimos meses han sido convulsos en el centro. La última persona que se designó para dirigirlo, el científico español Raúl Rabadán, que llegó de EEUU para ser el nuevo director científico del CNIO, presentó la semana pasada su renuncia ante el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades antes incluso de tomar posesión del cargo. El científico señaló las “controversias y el ruido mediático” como las principales causas de su marcha.

Los escándalos se sucede en el CNIO desde que estalló la crisis en la dirección del centro con la salida de la directora científica, Maria Blasco, y el responsable económico, Juan Arroyo, en enero del año pasado. La marcha de ambos, acordada por el patronato del centro en enero de 2025, desató una sucesión de denuncias, investigaciones judiciales, despidos, dimisiones y controversias científicas.

A Blasco la sustituyó Rabadán había sido elegido por unanimidad el pasado 4 de septiembre de 2025 por el patronato del CNIO para sustituir a María Blasco tras la crisis desatada a principios de ese año. Ese mismo día, para reemplazar al gerente del centro, Juan Arroyo, el patronato designó a José Manuel Bernabé, que salió incluso más rápido cuando el Gobierno pidió su cese en febrero de 2026, solo seis meses después de su entrada, tras un supuesto caso de acoso.

Este goteo de escándalos, en los que se incluye una reciente incursión en el edificio del centro del exgerente Juan Arroyo, después de haber sido despedido, ha tenido como consecuencia la salida de todos los patronos privados del CNIO, desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) a la Fundación CRIS Cáncer o el BBVA.

¿Cómo se monta una huelga unitaria entre dos sindicatos de clase, dos profesionales conservadores, dos anarcosindicalistas, otro intersindical progresista, una asociación de familias, un colectivo de docentes, otro transversal y dos asociaciones de estudiantes? A esa pregunta tratan de responder estos días CCOO, UGT, ANPE, CSIF, CGT, CNT, STEM, CSIT, la confederación de AMPAS Confapa, la asamblea Menos Lectivas, la Marea Verde, el Sindicato de Estudiantes y el Frente de Estudiantes para organizar una protesta que, idealmente, paralice la educación madrileña, a imagen y semejanza de la huelga docente en la Comunitat Valenciana.

La idea se concretó la semana pasada, cuando UGT y CCOO, por un lado, y CGT y la asamblea de profesores Menos Lectivas anunciaron el mismo día de manera independiente que convocarían sendos paros el próximo curso. CCOO y UGT explicaron desde el primer momento que su idea era sumar al resto de organizaciones para lograr un frente común que dote de fuerza al movimiento y también aprender de las lecciones que deja la pelea en el Levante: es más fácil empezar unidos que acabar unidos.

La tarea requerirá flexibilidad de todos. Como explican desde el sindicato STEM, “la unidad de acción sindical en nuestra Comunidad se encuentra actualmente muy deteriorada, con apenas espacios de coordinación entre los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial [CCOO, UGT, CSIF y ANPE] y aquellos que trabajamos fuera de esta [STEM, CGT, CNT, CSIT]”, entre otras cuestiones motivada porque los primeros firmaron un acuerdo con la Comunidad de Madrid que los segundos rechazaban por insuficiente y que acabó siendo una treta del Gobierno regional.

Para explorar hasta dónde puede llegar la unidad, las 13 organizaciones se reunieron el pasado lunes —con una cierta protesta de algunos sindicatos porque les convocaran a algo ya planteado en vez de incluirlos desde el principio— con el objetivo de poner elementos en común y empezar a diseñar una agenda que acabe en una convocatoria de huelga indefinida. La reunión fue positiva para casi todas las partes, según han relatado a este diario varias personas presentes en la cita.

Ahora, cada organización debe respaldar o no la movilización y en qué términos la apoya. Unas ya han hecho ese proceso, otras están consultando a sus bases. El próximo jueves 11 se vuelven a reunir para definir posturas ya de manera oficial y empezar a dar pasos.

Donde hay bastante acuerdo, más allá de aterrizarlo más adelante en cifras o reivindicaciones concretas, es en las áreas de reclamación: mejores salarios, más docentes, especialistas para atender la diversidad, menos horas lectivas, más recursos en general, la falta de plazas públicas en la FP, medidas contra el calor en los centros...

Es más lo que nos une que lo que nos separa", dice UGT; "Hay una burbuja con las protestas del 0-3, con la Comunitat Valenciana, Catalunya... es ahora o nunca", sostiene CCOO. "Hay una intención clara de que haya unión y coordinarnos", opina Menos Lectivas. "Nadie se puede permitir fallar aquí", sostiene CGT

“Creo que es más lo que nos une que lo que nos separa”, expresa Chema Pinto, de UGT, un sentir optimista mayoritario entre las organizaciones. “En este momento hay una burbuja con las protestas del 0-3, con la Comunitat Valenciana, Catalunya... es ahora o nunca”, sostiene Aída San Millán, de CCOO. “Los movimientos sociales, esto está estudiado, van y vienen. Y este puede no volver en 20 años”, cierra. “Hay una intención clara de que haya unión y coordinarnos”, corroboran desde el colectivo docente Menos Lectivas. “Nadie se puede permitir fallar aquí”, ahonda Rafael Valentín, de CGT, “creo que vamos en el buen camino para solucionar este asunto, que es conseguir mejoras laborales que necesitamos como agua de mayo”.

La primera toma de contacto sirvió para ver dónde está cada uno y empezar a abordar los asuntos que marcarán la convocatoria: quién se va a unir —las dudas atañen principalmente a ANPE y CSIF, el resto está a favor de movilizarse—; en qué fecha empezarán los paros —hay propuestas de septiembre, octubre o incluso enero—; quién negociará con la Consejería de Educación llegado el momento —hay acuerdo en que será un comité mixto que incluya también a organizaciones que no están presentes en la mesa sectorial—; el rol de la asamblea unitaria que se reunirá el próximo día 24 para votar sobre todas estas cuestiones –si será consultiva o vinculante–; y cómo se articularán esas votaciones —quién puede votar y cómo se establece un método fiable—.

ANPE es el sindicato que parece plantear más dudas. “Plantear una huelga a finales de curso para dentro de varios meses sin saber cómo van a venir las instrucciones de inicio de curso, que se publican ahora, y cuando en el seno de la mesa sectorial la administración estaba proponiendo abrir un proceso negociador sobre diversos temas... Nos sorprendió”, explica Esteban Serrano, vicepresidente de ANPE Madrid. “Nosotros somos más de la vía de comenzar con una negociación, intentar llegar a acuerdos y, si la Administración no atiende a razones, entonces plantear medidas reivindicativas”, argumenta.

CSIF Madrid emitió un comunicado en el que señala que los servicios mínimos que suele imponer la Comunidad de Madrid hacen las huelgas poco efectivas y, como ANPE, advierte de que “los descuentos en nómina podrían ser muy abultados y no serviría nada más que para dar un balón de oxígeno” al Gobierno regional, aunque concluye que “no descarta adherirse a esta convocatoria o a otras y tomará en breves fechas una postura definitiva, siempre valorando el interés general de los docentes y por supuesto en pro de la unidad sindical de acción”. A nivel estatal, el sindicato comunicó después que empieza en septiembre una “campaña de movilizaciones” que no descarta concluya en una huelga.

Cuándo se para

La fecha de la convocatoria es de los primeros elementos a resolver. CCOO y UGT habían propuesto que el curso ni empezara (hacerla en septiembre), mientras Menos Lectivas, de la mano de CGT, apostaba por enero. No parece que este vaya a ser un gran escollo, en cualquier caso.

“Nosotros vamos a la huelga, a eso ya estamos comprometidos por mandato de la asamblea”, explica San Millán, de CCOO. “No nos importa flexibilizar las fechas”.

Exactamente la misma palabra utilizado por Valentín, de CGT. “Nosotros la preferimos en enero, con alguna movilización y quizá incluso paros antes, en octubre. Pero si CGT tiene que cambiar su propuesta de hoja de ruta para la huelga, se cambia. Es una propuesta flexible, lo importante es que salga bien para que sea masiva, eficaz y efectiva contra la consejería, que está muy muy muy –la triple repetición es suya– en contra de los derechos laborales”.

Una persona presente en la reunión, no adherida a ninguna de estas dos formaciones y que prefiere no identificarse, pondera ambas propuestas: “Una huelga indefinida a partir de septiembre es complicada, no veo tanto mimbres como en la Comunitat Valenciana. Y a la de CGT le veo el problema de que si a una indefinida en enero le metes unas jornadas previas puede resultar desmotivador”, y apuesta por una especie de tercera vía: huelga en enero, pero sin grandes alharacas previas, como mucho algún paro parcial para no desgastar al profesorado. El paro en enero tiene la ventaja, cierra esta fuente, de que da más tiempo para organizar cajas de resistencia, etc. y llegaría con la paga extra de navidad recién ingresada, que ejercía de colchón.

Quién negocia

Aunque no hay nada cerrado a la espera de la reunión del próximo jueves, varias fuentes coinciden en que hay un cierto consenso en que las futuras negociaciones deben recaer en un comité mixto de huelga que represente a todas las organizaciones y no dejar ese rol solo a quienes están presentes en la mesa sectorial de Educación (CCOO, UGT, CSIF y ANPE), el órgano oficial de negociación entre sindicatos y Gobierno regional. Entre otras razones, para que no se dé la paradoja de que alguien que eventualmente no apoye la huelga (si fuera el caso de ANPE O CSIF) negocie en nombre de otros que sí.

“Era una propuesta que llevábamos varios y un acto de confianza”, sostiene Millán, aunque otras organizaciones dicen que más bien “lo aceptaron”. Su compañero Pinto cree que “no es el momento de egos”, y también menciona que “hay que restablecer la confianza”, alusión a las diferencias pasadas entre organizaciones. En STEM dudan de que las asociaciones estudiantiles formen parte de ese comité porque es una huelga de profesores lo que está sobre la mesa y deben ser ellos quienes negocien, argumentan.

En cualquier caso, ahonda San Millán, “es un lugar complejo, porque la huelga la hacen los trabajadores, pero tenemos mucha responsabilidad los convocantes. Y es igual de importante saber dibujar la puerta de entrada que la de salida. Un comité mixto es la forma más realista y honesta de negociación de salida de una huelga”, sostiene.

Quién decide

Uno de los aspectos que más debates puede levantar es quién tendrá el poder de decisión sobre los movimientos del colectivo durante la huelga. Sobre si una eventual propuesta de la Consejería de Educación se acepta o no. Sobre hasta dónde forzar.

De momento las organizaciones han convocado una asamblea unitaria de profesores el próximo día 24, como siguiente paso a la reunión del jueves 11. En esa gran cita se debe votar la fecha de la convocatoria y dibujar una tabla de reivindicaciones, idealmente con unos máximos y unos mínimos “de salida” a partir de los cuales una propuesta merece ser votada por el colectivo de trabajadores.

La duda es si esta asamblea debe ser consultiva o vinculante. Si su voto es decisión o si luego cada una de las 13 organizaciones debe validarla por su cuenta y método: algunas con sus propias asambleas, otras no. Y aquí las posturas difieren algo.

“CGT quiere que la asamblea sea vinculante. Sabemos que cuando se negocia, se debaten cuestiones, se puede ganar o perder. Nosotros queremos que sea vinculante para que no pase eso de 'tú has ganado y tú has perdido', sino que la asamblea pueda decidir cosas y se respeten, independientemente de cada sindicato”, sostiene Valentín, de CGT. CCOO también cree que la asamblea del 24 debe decidir, pero STEM no lo tiene claro.

“En STEM los acuerdos pasan por la asamblea de STEM”, expone Sergio López. “Nuestra asamblea nos suele dar mandatos abiertos, un plan A y un plan B, según el contexto. Está en nuestros estatutos consultar”, justifica.

¿Un censo para votar?

Lo que apela a la cuestión de la unidad, de las reivindicaciones mínimas, de qué se acepta y qué no. Qué se vota (¿tiene sentido plantearle a la asamblea una oferta de subida de, por ejemplo, 50 euros al mes, si se están reivindicando varios cientos?) y cómo y quién. Los sindicatos le dan vueltas a cómo establecer un mecanismo por el que un sindicato no se pueda desmarcar por su cuenta aceptando un acuerdo que el comité de huelga rechaza en su conjunto, una situación que se acabó dando en la Comunitat Valenciana.

“Tenemos algunas propuestas”, desliza San Millán, que prefiere reservarlas para el jueves 11. “Hubo hasta quien propuso firmar algo ante notario, pero no sé si es legal. Debería haber un compromiso de mínimos, una línea roja común. Y también establecer de alguna manera que si se consulta algo y sale que no, sea que no para todos”.

Lo que tiene que quedar es clara la función de la asamblea, pide Valentín, de CGT. “Sería importante que si se establece que es vinculante, sea vinculante, no vale bajarse del carro”.

STEM también planteó en la reunión del lunes, que para su sindicato es importante, tanto como posible motivo de autoexclusión si no se da, establecer un mecanismo para votar posibles propuestas que sea transparente. “Que todo el profesorado tenga la oportunidad de decidir sobre el tipo de movilización en cada momento. Si se mantiene, si se suspende, que pueda opinar sobre cualquier propuesta de acuerdo. Esto no es incompatible con asambleas unitarias, que nos permiten ir modulando acciones. Pero en los momentos clave, que se dé la oportunidad a todo el profesorado de opinar. Y, habida cuenta de que no somos capaces de juntar a los más de 50.000 que somos a día de hoy, plantear consultas telemáticas fiables y verificables, como han hecho en la Comunitat Valenciana y en Catalunya”, explica López.

CCOO ve con buenos ojos la propuesta. “Es importante articular mecanismos de voto, pero con censos”, sostiene San Millán. “Quizá a través del email de la consejería”, desliza.

Con estos frentes abiertos, las organizaciones se disponen a avanzar. Hay optimismo porque, dicen, el profesorado “no puede más” y está dispuesto al paro, según les cuentan en sus visitas a sus centros. Llamar hoy a un sindicalista es que te explique que acaba de salir de un colegio o instituto y muchos profesores, todos, dicen algunos, les muestran su hartazgo y su disposición a parar. Solo STEM tiene dudas de este espíritu y ANPE duda de la conveniencia del momento y del orden de los factores.

Pero todos son conscientes de la importancia del momento y del movimiento, y de los riesgos de que salga mal. Lo resumen STEM: “La huelga es uno de los instrumentos de lucha más importantes de los que nos dotamos los trabajadores y trabajadoras y su utilización a la ligera puede ser contraproducente, más aún la huelga indefinida por el elevado desgaste que supone y el riesgo de derrota que puede suponer de no organizarse correctamente”.

* Este artículo ha sido editado. Entre los convocantes de la huelga que anunciaron Menos Lectivas y CGT no estaba CNT, como se informó en una primera versión del texto, pero el sindicato sí apoya el paro indefinido previsto para el próximo curso.

“En las últimas horas del día los alumnos empiezan a acumular cansancio, a estar deshidratados, y no pueden concentrarse. Interrumpen constantemente para ir al baño a rellenar botellas y refrescarse y ya no hay manera de dar clase con normalidad”. Dolores Almudéver, profesora en un instituto de Móstoles, no ha visto todavía en su día a día la “inspiración” que, según el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, despierta el calor en los jóvenes.

No les culpa. Dar clase a 30 grados o más no es una experiencia que recomendaría. “Hay chicos literalmente tirados sobre el pupitre, diciendo: 'Profe, lo siento, pero no puedo'; y los que están sentados junto a la pared de la fachada preguntan si se pueden cambiar de sitio”. No es que hiciera falta, pero aclara que son “estudiantes estupendos, de sobresaliente”. “Hoy mismo [por el jueves] una chica me dijo: 'No sé cómo vamos a aguantar aquí hasta el día 15'”, cuenta.

El consejero Mariano de Paco ha defendido este jueves desde la Asamblea madrileña que “el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración”. Las experiencias de los docentes consultados por elDiario.es contradice esa afirmación que, por otro lado, tampoco cuenta con el más mínimo respaldo científico y apunta a un desconocimiento flagrante del efecto de las altas temperaturas en niños y adolescentes.

“Son más vulnerables al calor que los adultos y pueden sufrir antes deshidratación, agotamiento o deterioro del rendimiento físico y cognitivo u otras complicaciones”, advierten desde la Asociación Española de Pediatría (AEP). Coincidiendo con el Día Mundial del Medioambiente, que se celebra este viernes, —y antes de las declaraciones del consejero de Ayuso— los pediatras habían enviado un comunicado en el que recomendaban “adaptar los centros escolares con medidas de prevención, ventilación, sombra, hidratación, climatización eficiente con energías renovables y reorganización de espacios y actividades”.

La AEP pone grados a los riesgos para los menores, que apuntan en la dirección contraria de lo expresado por el Gobierno madrileño. El calor no es fuente de inspiración, sino todo lo contrario. “Cuando un aula supera los 26-27 grados, la evidencia nos dice que empieza a deteriorarse el bienestar, la concentración y el aprendizaje; y cuando se alcanzan temperaturas superiores, estamos en un escenario de riesgo sanitario prevenible. La infancia no puede seguir siendo el termómetro pasivo del cambio climático”, advertía el coordinador del Comité de Salud Ambiental de la asociación, Juan Antonio Ortega.

Óscar Centeno, director de un colegio de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria (CEIPSO) en Algete, adelanta la hora en la que ya se hace muy cuesta arriba dar clase. “A partir de la segunda o la tercera ya sube la temperatura en el aula de manera notable, por mucha ventilación cruzada o ventanas abiertas que haya”, explica. “El estudiantado acusa mucho el calor y ya no se siente capacitado para atender”.

Y se deja de dar clase de manera efectiva. “Cuando llega el calor la incidencia es clara a la hora de avanzar sobre el currículo”, explica Centenero. “Igual que les pasa a los adultos, pero ellos —en su centro hay desde Infantil hasta Secundaria— reaccionan con menos control, claro. El comportamiento deja de ser adecuado. Pero no es que se estén portando mal, simplemente están incómodos”.

En el caso de los más pequeños, añade, hay que estar especialmente atento porque se pueden deshidratar sin ser conscientes. Algo parecido refiere Almúdever, que trata con adolescentes. En ese caso los problemas surgen de la exposición incontrolada al sol en el patio. “Se pasan media hora dándolo todo en el recreo y alguno vuelve medio insolado”, cuenta.

La jornada del jueves, el termómetro alcanzó máximas de 27 grados en la ciudad de Madrid, donde se encuentra la Asamblea, con aire acondicionado. La previsión es que los próximos días se superen los 30 grados, mientras la Consejería de Educación contestó por carta a una queja formal de una familia en la que derivaba el problema a los centros, que “han de adaptar el plan general de actuación frente a olas de calor a las necesidades propias, debiendo adoptar las medidas que consideren adecuadas”.

Este mismo jueves, Unicef ha indicado que “miles de niños y niñas en nuestro país pasan sus últimos días del curso escolar en aulas que, en algunos lugares, llegan a alcanzar los 35 grados, dado que muchos centros educativos no están preparados para el calor extremo”. Es este alumnado quien “paga las consecuencias” porque es a los menores a quienes “el calor afecta más, porque su cuerpo se calienta más rápido que el de un adulto”, señalan. “Esto puede causar fatiga, deshidratación o dificultades para concentrarse”.

Rafael Valentín, profesor de Educación Física, tuvo que intervenir hace unos días porque una chica casi se desmaya en el patio. Cuando la llevó a enfermería –trabaja en un centro grande—, tenía la tensión muy baja por un golpe de calor. “Parece que están esperando a que pase algo”, lamenta este docente, que cuando no puede mover sus clases a primera hora las suele cambiar para hacer actividades tranquilas que no requieran esfuerzo.

Un informe de la Universitat Oberta de Catalunya incide también en la idea de que “la exposición prolongada al calor tiene un grave impacto en el rendimiento académico y el aprendizaje”. “Afecta a las habilidades cognitivas del alumnado y del profesorado y comporta una menor capacidad para realizar tareas complejas, limita la comprensión lectora, la actividad neuronal y la memoria”, apunta.

El trabajo, elaborado por Mar Satorras, del Institut Metròpoli, Isabel Ruiz Mallén, de la UOC, y Joana Ortiz, del Institut de Recerca en Energia de Catalunya, recoge también investigaciones que confirman peores resultado del alumnado más expuesto al calor en PISA: “Las puntuaciones caen un 0,18% por cada día con más de 26,7ºC, mientras que el rendimiento mejora cuando se reduce la temperatura”.

Después de que la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, despachara este martes el asunto de las altas temperaturas en colegios e institutos de toda la región aludiendo a que “cuando hace calor, hace calor”, la Consejería se ha lavado las manos ante nuevas protestas formales.

Proceden de varias familias del CEIP Ignacio Zuloaga, en el distrito de Tetuán de la capital, a las que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha contestado que es cosa del centro resolverlo. “En el marco de situaciones de altas temperaturas, los centros han de adaptar el plan general de actuación frente a olas de calor a las necesidades propias del centro, debiendo adoptar las medidas que consideren adecuadas para la realidad del centro, que han de quedar recogidas en el documento elaborado para tal adaptación”, dice la carta de respuesta, firmada por la directora del área territorial de Madrid ciudad, Marta González Rodríguez.

Las palabras de Zarzalejo durante el foro Desayunos Madrid, organizado por Europa Press, levantaron una polvareda que esta contestación acrecenta. Las familias del Ignacio Zuloaga no pueden más. Como cientos de miles por todo el territorio, sus hijos e hijas se asan en el colegio, que apenas tiene elementos para mitigar el calor que abrasa el centro. Y como tantas comunidades educativas, han decidido pasar a la acción. Pídanle cuentas a la dirección del colegio, viene a decir ante ello la Consejería: “Disponiendo el centro de autonomía de gestión y recursos para la adopción de medidas, corresponde la solicitud de la implantación de aquellas que consideren adecuadas a la dirección del centro escolar, a través de los cauces establecidos para la comunidad educativa; esto es, en el seno del Consejo Escolar a través de sus representantes”, se lee en la misiva.

“Pero los centros públicos no tienen presupuesto para adoptar las medidas de climatización necesarias, tiene que elaborar proyectos para que las administraciones los aprueben y la administración las tumba”, expone una madre para ilustrar la “espiral sin fin” a la que se enfrentan. Para la Asociación de Familias de Alumnos y Alumnas (AFA) la situación es especialmente sangrante en su centro porque este colegio es de referencia en el barrio para campamentos y actividades de verano por su ubicación privilegiada, cerca de una piscina municipal y de la Dehesa de la Villa. “Las administraciones se pasan la pelota una a otra, cuando usan el colegio prácticamente todo el año”, lamenta Belén López, miembro del AFA del centro.

Ante la inacción de las administraciones, la AFA del Zuloaga se movió para conseguir una pequeña subvención y, junto al colectivo Basurama, instalar unas carpas de material reciclado que al menos dan un poco de sombra en el patio, aunque “de la forma más casera posible, porque no se puede anclar nada al suelo por normativa”, explica López. Esta madre explica que, aunque quisieran, no pueden ir más allá por una cuestión de leyes y competencias. A diferencia de otros territorios, donde las familias están organizando rifas para sufragar la climatización, desde la FAPA Giner de los Ríos les han advertido de que hay precedentes del Gobierno regional denunciando actuaciones de ese estilo.

Una plataforma para organizar y movilizar la indignación

El Ignacio Zuloaga es precisamente uno de los centros donde la plataforma Aprender Sin Calor está agitando la movilización a través de las redes y también en la calle. Este jueves 4 de junio desde las 17.00, la AFA presentará en el pleno de la Junta Municipal de Tetuán una propuesta para su climatización del colegio. “La comunidad educativa de Tetuán dice basta ante la inacción de las administraciones frente a las olas de calor prematuras y el aumento global de las temperaturas. Exigimos soluciones reales urgentes: la climatización y el acondicionamiento térmico de las aulas y patios de nuestros hijos e hijas. Bajo el lema El barrio se organiza contra el cambio climático, acudiremos vestidos con indumentaria de pleno verano: chanclas, gafas de sol, flotadores, abanicos y pulverizadores de agua”, recogen en la convocatoria. Están previstas concentraciones similares en los plenos de Arganzuela (9 de junio) y Centro (el día 11).

En la iniciativa a debate en la Junta de Tetuán, de nuevo, las posibilidades legales del Consistorio con este fin son limitadas y la información que tienen en la AFA es que lo máximo a lo que aspiran es a intervenir sobre elementos como la envolvente del edificio, las cubiertas o los patios, plantando árboles o instalando pérgolas. Las perspectivas de que se apruebe, dice López, son buenas. Porque la climatización de las aulas en principio es competencia del Gobierno regional, aunque algunos municipios las han llevado a cabo en sus centros sin, de momento, problemas. Ha sucedido en Torrejón, gobernado por el PP, y en Rivas, donde manda IU.

Dimas, padre de dos niñas de 9 y 5 años en el CEIP Lope de Vega de Carabanchel, es uno de los cientos de padres y madres implicados en la iniciativa Aprender Sin Calor. Vincula su origen a la movilización de 2023, uno de los años más duros con unas altas temperaturas que empezaron ya a finales de abril. “La situación hizo que surgiera un grupo de WhatsApp que nos ha ido dando soporte, aunque es complicado organizar tanta gente. Varias familias se han animado para sacar la web, los perfiles en redes y dar visibilidad, ya que el calor una vez más está apretando cuando las clases siguen a pleno rendimiento. Se han unido AFAs de Madrid y de toda la región porque vemos la dejadez de una Comunidad que no hace nada”.

“Si digo crudamente lo que pienso tenemos que cortar esta conversación”, asevera Dimas. “Opino que es un plan para favorecer lo concertado y lo privado. A nivel administrativo te das contra una pared, porque a la temperatura se unen otros problemas como la falta de gimnasio, instalaciones deportivas o hasta una sala de profesores. Carencias que la Comunidad de Madrid debería resolver, pero no lo hace”.

“No hay ningún plan, ni trienal ni quinquenal, para acometer esto. Van con parche año tras año. La aerotermia ha tardado dos en algunos centros y en otros ni ha llegado. En el Lope de Vega conseguimos la autorización para los toldos con un contrato menor, a instancia del Ayuntamiento (propietario del suelo y mantenimiento). Pero se pasan la pelota con la Comunidad constantemente”, reprocha. No en vano, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida también ha protagonizado importantes controversias en torno a este tema. Dimas asegura que celebran “reuniones anuales con la Junta de Carabanchel, donde todo son buenas palabras que no se cumplan”. En esta ocasión, dice, ni siquiera se ha producido ese encuentro.

Javier, padre de un niño de 3 años en el CEIP República de Venezuela de Usera, también se ha implicado en Aprender Sin Calor. El República de Venezuela, como el Zuloaga, forma parte de la más de una treintena de colegios e institutos se han sumado a una iniciativa para registrar medidas de temperaturas y síntomas. “En la mayoría de aulas de Madrid la temperatura supera los 30 grados, algo que incumple la normativa laboral”, dice. El Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, fija el rango de temperaturas en puestos de interior entre los 17 y los 27 grados. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) aconseja por su parte mantener los espacios nunca por encima de 26 grados.

En este contexto, donde “no es que a veces haga calor, sino que las olas van a ser cada vez más intensas” (como reflejan informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), “no queda otra opción que preparar nuestros colegios ante la nueva normalidad”. La plataforma Aprender Sin Calor “hereda una movilización que ya existía gracias a Madres por el Clima o Revuelta Escolar”. Así, “conforme crece el descontento se suma más gente”. Para Javier, “frente a un calor que con el cambio climático no va a cambiar y solo va a ir a más, lo inadmisible es que las instalaciones no ofrezcan una respuesta adecuada”.

“La idea de la plataforma surge de que en centros hay familias con experiencia de lucha y demanda en las condiciones climáticas de los centros. Esto ha ido confluyendo hacia una intervención en el pleno de abril de Usera donde tratamos de aunar esfuerzos para la mejora de los espacios en nuestro centro”, narra Sonsoles, madre de una niña de 8 años y otro de 6 en el República de Venezuela. “Nos hemos sumado a otras familias con el mismo diagnóstico y demandas. La plataforma, surgida en las últimas semanas, es prometedora. No es cosa de un colegio, de una familia, es la lucha de todos los centros de Madrid para que consigan las condiciones que merecen”. Califica de “desesperante” tener la sensación de que “tus hijos salen cocidos del colegio”.

Sangrados, cefaleas y miedo a que vuelvan a producirse golpes de calor

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los principales riesgos para la salud son la inflamación, disfunciones renales y potencialmente la muerte”, recuerda Javier. El sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III ha atribuido un total de 1.180 fallecimientos a las olas de calor en el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 13 de julio de 2025. Esta cifra representa un aumento de más del 1.035% respecto al mismo periodo de 2024, en el que se registraron 114 muertes. “El de la infancia es uno de los colectivos a los que más hay que proteger, sudan menos y son más vulnerables”, recalca. Dimas alerta de que en el alumnado del Lope de Vega se han producido “sangrados nasales y cefaleas habituales estas semanas” y avisa de que “no se puede jugar con que haya que llamar al 112”.

“Queremos que ese plan incluya medidas pasivas de adaptación, como la envolvente térmica con la que cubren edificios de bloques. Es lo más sostenible. También renaturalizar los parques, no pueden ser como los de los ochenta cuando el clima es otro. Una vez hecho eso, si no es suficiente, medidas activas como la aerotermia y otros sistemas de climatización”, cuenta Javier.

Cree que todo ello obedece a “criterios objetivos y transparentes, no pedimos nada que no pida cualquier otro actor como los sindicatos, arquitectos o el propio plan del Ayuntamiento de Madrid”. Dimas tampoco entiende que se autoricen campamentos de verano en recintos que no están preparados para el calor, como el propio Lope de Vega, al que seguirán acudiendo en los meses estivales “unos 80 escolares” frente a los 420 que asisten durante el período lectivo.

La Consejería presume de un aumento del presupuesto

“Un colegio como el nuestro requiere 2,5 millones de euros para adaptarse climáticamente. Después de reclamar nos dieron 300.000”, lamenta Javier. La Comunidad de Madrid destina este curso que acaba 17,8 millones de euros “a mejorar la climatización y reducir los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos públicos de la región”, según explicó el Ejecutivo regional en una nota a mitad de mayo. “Esta cuantía supone un incremento del 33% respecto a los 13,3 millones invertidos el pasado año académico y permitirá desarrollar 106 actuaciones orientadas a mejorar el confort térmico en las aulas madrileñas”.

“Si hay si unos 1.900 centros, hablamos de un 5% de intervenciones”, contextualiza Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos. Y eso en el mejor escenario (en el que se cuentan las 106 actuaciones a nivel de centro), porque la nota es ambigua en su redacción y habla tanto de las envolventes térmicas de los edificios o las cubiertas como de la compra de “unidades de refrigeración evaporativa de bajo consumo, que permiten un descenso de entre 8 y 11 grados sobre la temperatura de la estancia”.

Estas últimas actuaciones solo tienen impacto a nivel de aula. En aquella nota la Comunidad adelantaba por dónde va su política para mitigar el calor: “Los centros educativos también pueden tomar medidas en los días de calor como adaptar el horario a las circunstancias meteorológicas y hacer cambios en las actividades físicas y sus horas de realización, evitando el ejercicio intenso y extremando las precauciones en las salidas al patio en los momentos más calurosos del día. Asimismo, tienen la posibilidad de revisar las actividades complementarias y extraescolares para evitar que se hagan en lugares expuestos al sol”, proponía.

Zarzalejo destacó en su acto del martes que la Comunidad de Madrid ha instalado, con una inversión de 18 millones de euros, unidades enfriadoras en las instalaciones con suelo radiante y unidades adiabáticas de reducción de temperaturas para aquellos centros que carecían del recurso. “Estamos haciendo todo dentro de ese plan de inversión que tenemos en climatización estamos haciendo todo lo posible y yo creo que estamos invirtiendo muchísimo dinero en esto, pero no se puede pedir que tapemos el sol con un dedo”, zanjó la consejera.

La salud, la educación y el trabajo, derechos en juego

En paralelo, la vertiente laboral comienza a agitarse también desde sectores sindicales. La Federación de Educación de Comisiones Obreras de Madrid ha presentado una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social después de constatar que numerosos centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid registran “temperaturas incompatibles con unas condiciones adecuadas de trabajo y aprendizaje”. Para Comisiones se trata de “un problema estructural, no una anomalía puntual”. Recuerdan que Inspección de Trabajo ya emitió requerimientos a la Consejería de Educación por denuncias presentadas en 2018 y en 2022. Una nueva actuación de inspección, entre 2025 y 2026, volvió a exigir medidas a la Comunidad de Madrid. “Los centros educativos siguen registrando, pese a todo, temperaturas que incumplen los límites establecidos por la prevención de riesgos laborales”, lamentan.

Las mediciones, efectuadas por delegadas y delegados de prevención durante las primeras horas de la jornada escolar, alcanzan hasta 35 grados en algunos centros antes incluso de que lleguen las horas más cálidas del día. La cifra se da en el IES Juan de la Cierva de Arganzuela. La organización ha registrado mediciones que superan los 30 grados desde primera hora en centros de Madrid capital (IES Vista Alegre, CEIP Alhambra o Colegio Raimundo Lulio), Getafe, Leganés, Parla, Alcobendas, Casarrubuelos y Mejorada del Campo.

Javier rescata el artículo 111 de la Lomloe para poner sobre la mesa que no hay un efecto únicamente sobre el derecho a la salud, sino también contra el derecho a la educación: “Los centros deben adaptarse a las consecuencias del cambio climático o vulnerarán la legislación. Los profesores son los primeros que lo sufren”, concluye. Para Sonsoles, los cambios llegarán aunque el equipo de Ayuso escurra el bulto: “Tarde o temprano habrá medidas de calado porque se incumplen los derechos laborales. Además, es difícil que esto se apague en centros con fuerte tejido de familias que vamos a estar mínimo nueve años. Es tiempo suficiente para acumular indignación y movilización. Queremos acciones pensadas porque nuestros hijos van a pasar mucho tiempo y después vendrán otras familias. Conservamos esperanza en que las dos administraciones planteen algo realista, pero pensado y planificado. Despacito, pero lo lograremos”.

¿Qué tal, cómo va todo? ¿Fresquito en la oficina con el aire acondicionado? Tienes suerte si es el caso, podrías estar cinco horas al día en un aula dejándote la salud a más de 30 grados.

Este año más temprano que nunca estamos viendo ya lo que fácilmente sea la mayor vergüenza del país curso tras curso. Y mira que está la educación para darle una vuelta, pero personalmente no sé si hay algo más grave que el espectáculo anual de clases convertidas en hornos, pequeños y mayores de todas las edades sudando a 30 grados desde las 9 de la mañana. Creo que no pasa en ningún otro sector (sin entrar, claro, en la gente que trabaja al aire libre).

Este curso se ha añadido una novedad –o ha trascendido públicamente, igual ya había pasado–, que son las familias pagando ellas mismas o buscando fondos debajo de las piedras para instalar aires acondicionados ante la pasividad de las administraciones, porque siempre hay un piso más en el sótano de la ignominia.

Las familias no saben qué hacer ya y en comunidades autónomas como Aragón el caso ha llegado a la inspección de trabajo. Como nos explicaba una madre hace unos días, las familias están cansadas de que la inspección educativa ignore absolutamente este tema y han decidido abordarlo por legislación laboral, ya que los profesores no dejan de ser trabajadores y sus centros de trabajo no cumplen el requisito legal de un máximo de 27 grados en oficinas. 

Uno será un poco ingenuo, pero cuesta entender cómo la administración no aborda este tema. Sí, cuesta dinero. Pero es un problema de salud –algún día pasará algo más grave aún– ya transversal a todo el territorio, a todas las edades y etapas e ignorarlo no lo va a resolver. Es previsible, sucede todos los años, y solo va a ir a más y a pasar antes. Este curso ha empezado en mayo. ¿Tienes calor hoy? Piensa que es el día más fresco de lo que queda de verano (exagerando un poco).

En esta pieza hemos abordado el estado de la situación en el país. En resumen: en la mayoría de comunidades autónomas ni siquiera hay cifras actualizadas de cuántos colegios están climatizados, adaptados o una radiografía precisa de necesidades o inversiones, un calendario conocido o una previsión de cuándo se completará. El resumen del resumen es que no tienen ni idea y que, como admite alguna administración, es muy caro climatizar.

Pero esta argumentación es un poco tramposa, porque como nos explica una experta, climatizar no es todo. “Lo primero es tomar medidas pasivas, que no consumen energía. Por ejemplo, poner toldos en ventanas, aislar las cubiertas del edificio sobre todo —es bastante fácil y económico en los colegios de techo plano— y poner sombras y vegetación en los patios. También es importante que los acabados de superficie sean de color claro. Si no, pueden llegar a coger 60 grados”. Todo eso refrigera y, de propina, hace que luego climatizar sea más barato porque no necesitas tanta potencia.

Cierro este tema, que tenemos que hablar de las huelgas, con una derivada de toda esta situación que da que pensar. Lo explica Ginés Ruiz Macía, del PSOE en Murcia, a raíz de las familias realizando una rifa para pagar la climatización: “Sabemos de centros a los que las editoriales de libros de texto le ofrecen aparatos de aire acondicionado a cambio de que elijan sus manuales. Hay centros donde la línea pedagógica no se está decidiendo porque prefieran un proyecto educativo, sino porque les ponen cuatro aparatos”. Y así vamos.

Esta semana hemos hablado de...

Efecto dominó con la huelga educativa: Madrid se suma. El paro indefinido en la Comunitat Valenciana o el de las maestras de Infantil en Madrid están sirviendo de ejemplo para otros docentes: tres sindicatos docentes y una asamblea de profesores se suben a la ola y también convocarán una huelga en Madrid a partir de septiembre. El caso catalán permite ver, además, que es posible doblar la mano a la administración, como hicieron en su momento los vascos, si hay determinación suficiente.

En Catalunya, os decía, han ganado. La huelga ha conseguido forzar un acuerdo entre la Generalitat catalana y los docentes, que contempla una subida de 600 euros brutos al mes de forma progresiva hasta 2029 (puede parecer mucho, pero no es tanto cuando se analiza en términos porcentuales anuales) y el deseado aumento de los recursos humanos. Aquí están los detalles del pacto, que debe refrendar el profesorado antes del jueves.

Quizá no sea la victoria que a muchos habría gustado, eso depende de las expectativas de cada uno, pero una negociación también es ceder y llegar a compromisos, y este pacto ha costado muchos días sin trabajar (sin cobrar) y un encierro.

En la Comunitat Valenciana no están teniendo tanta suerte. La reunión de este domingo entre Generalitat valenciana y huelguistas acabó también en encierro, aunque tuvo un final más abrupto que el de sus vecinos del norte. La policía cargó contra los manifestantes en la puerta y amenazó con sanciones “muy graves” a los encerrados, que desistieron.

Por el momento la reunión del domingo se saldó sin acuerdo, y el paro suma ya cuatro semanas. La consellera, Carmen Ortí, le ha dicho a los sindicatos que las decisiones no se pueden tomar “bajo presión”, en lo que podría ser el segundo capítulo de la saga “esta huelga es demasiado política”, protagonizada hace unas semanas por el president Pérez Llorca.

Antes de eso se dio la agresión policial a una docente en una de las manifestaciones en los alrededores de la Conselleria. Supongo que habrás visto el vídeo porque ha circulado por todas partes: un policía empuja por detrás y sin previo aviso a una peligrosísima profesora jubilada, que cae a plomo al suelo. Se rompió el tabique nasal. El agente en cuestión tiene un expediente abierto y la rabia de media España encima, excepto un par de sindicatos policiales, por una agresión innecesaria, injustificada y desproporcionada.

En un tono un poco más amable, esta semana os hemos contado también el fenómeno Bezares. Javier Bezares es el responsable de redes de UGT y ha conseguido tener a media comunidad docente pendiente del canal de Telegram del sindicato. Allí, este profesor de Música va contando las negociaciones, los avances y retrocesos, los gestos que se hacen en la mesa, con un tono que le ha convertido en una estrella. Le paran por la calle para hacerse fotos.

Para subir nota

“La Selectividad disfraza azar como mérito”. Antonio Amante pasó tres años como presidente de Canae (la principal asociación de estudiantes del país) peleando para eliminar la Selectividad (o PAU, en su nombre oficial) como método de cribado para repartir al estudiantado por los diferentes grados y universidades. “No estamos de acuerdo con que en una prueba de tres días que se realiza a una persona de 18 años, con toda la presión, la ansiedad y el estrés que produce, determine su futuro profesional y también personal”, repetirá durante la entrevista.

¿Es justa la Selectividad?

Yo creo que no. Desde Canae siempre hemos defendido avanzar hacia un sistema en el que la nota de Bachillerato, que es donde un estudiante puede desarrollarse –su esfuerzo, su trabajo durante dos años, los conocimientos adquiridos de una manera más integral–, sea la referencia para el acceso a la universidad. No estamos de acuerdo con que en una prueba de tres días que se realiza a una persona de 18 años, con toda la presión, la ansiedad y el estrés que produce, determine su futuro profesional y también personal.

Pero hay estudios que dicen que en los centros privados y concertados muchas veces inflan las notas. Contar solo con esas calificaciones para el acceso a la universidad les favorecería mucho.

Somos totalmente conscientes de que esto existe. Nosotros lo que defendemos es acompañar esta propuesta con mecanismos efectivos de inspección en aquellos centros donde se producen estas situaciones. También valoramos propuestas adicionales a la de la nota en sí, como podría ser un trabajo final de Bachillerato, igual que se hace en la universidad en grado y en máster, que sea corregido por personas independientes vinculadas a la universidad, como sucede con los exámenes también de selectividad.

Se trata de afrontar el fondo de la cuestión, que es obligar a un estudiante a presentarse a algo parecido a una oposición, y sustituir ese sistema por algo más flexible que además elimine la competencia desleal que pueda haber entre centros. Pero pensando sobre todo en el estudiante, en que si realmente tiene capacidades para hacer la carrera que quiere hacer las pueda demostrar a través de algún mecanismo que no tenga por qué ser un examen concentrado en 90 minutos, con el componente de estrés que eso conlleva.

En la Lomloe dice que la EBAU “mide la madurez académica y los conocimientos adquiridos en el Bachillerato, así como la capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios”. ¿Cree que se ajusta a esta definición la prueba?

No. Tenemos un sistema establecido durante muchos años, pero en ningún momento ha habido voluntad política de plantear una alternativa. Simplemente se han atendido algunas reivindicaciones que hemos hecho, sobre todo organizaciones estudiantiles, para flexibilizar la prueba, homogeneización de criterios y otras cuestiones algo menores. Pero no se ha ido más allá nunca. Nunca se ha intentado valorar otras opciones.

Hay gente experta que ha estudiado mucho durante muchos años sobre esta cuestión y que plantea alternativas. Creo que el problema fundamental es de voluntad por parte de las administraciones. Que nos quieran escuchar, saber y ponerse de verdad en la piel de un estudiante que se enfrenta a esas pruebas. Pero cada vez que hemos planteado esta cuestión la Administración ha dado portazo a valorar un posible cambio de modelo. Yo entiendo que les ha podido venir muy bien este sistema para hacer un cribado y como método selectivo de alumnado, pero podemos hacer reflexiones, como otros países han hecho, para buscar modelos diferentes.

La selectividad disfraza azar como mérito

¿Qué mide entonces la PAU?

La capacidad de memorizar y de retener información a corto plazo. Creo que también en cierto modo intentan que puedas tener una capacidad de gestionar la presión de un examen. Y pueden ser habilidades reales, pero no las que la universidad ni el mundo laboral van a valorar después. La universidad también necesita personas con pensamiento crítico, con capacidad de analizar, conectar ideas, etcétera. Pero la PAU, tal y como ha funcionado durante las últimas décadas, no fomenta esto. Hay estudiantes brillantes que a lo mejor se bloquean en un examen y estudiantes que les puede costar un poquito más y que luego lo superan con una súper buena técnica de memorización en apenas dos semanas. Estás disfrazando azar como mérito. No creo que se mida la capacidad real de una persona. En cambio, sí la puedes medir en una etapa de dos años de Bachillerato con un mejor desarrollo y una mejor atención individualizada.

Pero si el examen es igual para todos, ¿no hay una cierta justicia?

Nosotros hemos valorado positivamente que se hayan homogeneizado criterios de corrección, faltas ortográficas y demás, pero queremos ir más allá y cambiar la fórmula que tenemos actualmente. El sistema perjudica al estudiante en cuanto a su desarrollo académico y personal. Se dedica todo un curso entero a preparar a un estudiante para estos tres días, cuando realmente el alumno puede adquirir durante esos dos años de bachillerato muchas competencias que son valoradas con una observación directa por parte del profesor en el aula. Durante meses se puede valorar realmente de manera transversal todas esas competencias; en apenas unos días no se refleja la capacidad real de una persona.

Está mencionando mucho el tema del estrés, la presión, la salud mental. ¿Estamos normalizando algo que no debería ser normal? Y, relacionado de alguna manera, ¿es malo que un estudiante de 18 años afronte un poco de presión, que luego se va a encontrar en la vida?

Creo que deberíamos hacer una reflexión. Si ya de por sí tenemos, en general, un sistema que está diseñado para ser suficientemente estresante –más aún para las personas jóvenes, que tenemos cantidad de barreras para desarrollar nuestro proyecto vital–, si ya tenemos un futuro poco óptimo y además añadimos al desarrollo personal y profesional de una persona esa barrera que es la selectividad, creo que estamos perpetuando un sistema que lo que hace es ahondar en una peor salud mental de las personas, en mayores problemas de ansiedad. Evidentemente durante la vida hay problemas, pero las administraciones, la sociedad en general, podemos aportar nuestro granito de arena para reducir esa carga negativa, esa ansiedad. Porque las personas jóvenes somos quienes tenemos una peor situación y todo esto ahonda más en ese problema.

El cambio de modelo de examen en los últimos dos años, ¿supone algún cambio real respecto a todas estas cuestiones que hablamos o es simplemente cambiar una cosa por otra muy parecida que no arregla realmente nada?

El modelo actual sigue teniendo componentes muy teóricos y muy mecánicos de procedimiento que se podrían repensar. Aun así, es verdad, por experiencias que he escuchado de compañeros en el último año, que en la última selectividad se ha notado ese ámbito competencial introducido en las pruebas para acercar un poco el contenido teórico a ejemplos prácticos. Por esa parte la valoración puede ser más positiva que el modelo actual, pero aun así creo que seguimos con una idea que en fondo sigue siendo la misma. El procedimiento es el mismo: muy teórico, muy mecánico. Estudio y vomito en el examen y después prácticamente me olvido de todo lo que he puesto. Esto es el sistema que hay ahora y creo que es el principal problema.

El componente socioeconómico se despliega en varias ramas en la PAU. Por un lado están las tasas para examinarse; también influye si te puedes pagar una academia

¿Crees que es una prueba en la que influye el componente socioeconómico del estudiantado?

Por supuesto. El componente socioeconómico se despliega en varias ramas. Por un lado –esto lo denunciamos desde Canae todos los años– están las tasas que hay que pagar para examinarse de la PAU. No tiene ningún sentido hacer pagar, insisto, a un estudiante de 18 años más de 150 euros para examinarse para poder entrar a la universidad. La siguiente rama que se desprende es que el nivel socioeconómico de tu familia te permita apuntarte a una academia para poder reforzar contenidos que no has podido asentar lo suficiente durante el bachillerato o si necesitas entrar a una carrera que tiene un 13 de nota de corte. Por supuesto que hay una desigualdad socioeconómica brutal en este sistema.

Hay muchas carreras y cada vez más que tienen unas notas de corte imposibles. ¿Buena parte del problema se solucionaría si hubiera más plazas públicas que hiciera que las notas de corte cayeran algo?

No soluciona el problema de raíz, pero creo que ayudaría. Vemos todos los años estudiantes que sirven, que valen, que lo desean y que se han esforzado durante mucho tiempo para poder acceder a unos estudios que realmente quieren hacer y que por algunas décimas no pueden acceder a esa carrera. Aquí hay otro problema, que es la creación de las universidades privadas. Si no aumentamos plazas en la pública, pasa como en la Formación Profesional, que la gente se tiene que ir a estudiar a la privada por unas décimas.

Ha mencionado que les parece adecuado que se hayan homogeneizado criterios entre comunidades autónomas. ¿Tanto agravio había? ¿Era necesaria una selectividad más similar por todo el estado?

Estamos de acuerdo con la homogeneización sobre todo en relación a los criterios de corrección, penalización por faltas de ortografía, etc. En eso sí estamos de acuerdo. Pero no pensamos que haga falta una selectividad única. Además de las competencias, creemos que en todas las comunidades no se puede estudiar exactamente lo mismo. Hay contenidos históricos que deben conocer los estudiantes de su propio territorio, y eso se debe seguir manteniendo.

Otra cuestión que nos preocupa y que nos comenta mucha gente son los plazos, del tiempo que hay entre que acaba el curso y se hace la selectividad. Porque todas las comunidades se examinan en los mismos días o casi, pero hay comunidades en las que se empieza más tarde las clases de bachillerato y por tanto terminan más tarde. Entonces, hay estudiantes que tienen una semana de preparación intensa de selectividad hasta que empiezan los exámenes y otras comunidades que tienen 15 o 20 días para prepararse. Hay un agravio entre territorios. Nos gustaría que se homogeneice también ahí.

La música es más cara que las matemáticas. Los idiomas, también. Pero los reyes son el canto y el tenis. El sector de las clases particulares marcha en España, subido a una espiral en la unos no se quieren quedarse atrás en clase y otros, que no necesitan este refuerzo, apuestan por diferenciarse de los demás perfeccionando habilidades y conocimientos. Puede ser para ampliar el universo personal (instrumentos, deporte) o mantener el académico (lenguas extranjeras, ahondar en materias); se da en presencial y, desde la pandemia, mucho a distancia también, según una radiografía del sector realizada por el portal especializado TusClasesParticulares.com en base a 70.000 anuncios.

El precio mediano de una clase particular en España es de 15 euros la hora, según este análisis. Las más caras se van hasta los 25 (siempre con medias, se han eliminado los extremos para no distorsionarlas) mientras las más baratas caen hasta unos 10. Puede haber diferencias de hasta el 50% en el precio entre las grandes ciudades y localidades más pequeñas y, destaca el informe, lo online no significa necesariamente más asequible porque es ahí donde se ofrece el profesorado especializado, más escaso.

Una de cada dos familias (un 47%) con hijos en edad escolar recurre a las clases particulares, según recogió el estudio Educación en la Sombra, realizado por EsadeEcPol en 2023, y la previsión es que este mercado solo crezca. Actualmente, está valorado en unos 2.000 millones de euros anuales, según Deep Market Insight, que calcula que subirá un 9% anual hasta 2033 apoyado en la incorporación a este sector de hogares con menos poder adquisitivo. Esade calcula que cada estudiante gasta 270 euros al año, de media, en esta partida.

“La demanda continúa al alza”, corrobora Albert Clement, CEO de TusClasesParticulares.com. “Y esto es especialmente relevante porque sabemos que la natalidad en los últimos años ha caído, por lo que los jóvenes en edad de recibir clases son menos. La penetración de este tipo de servicios se ha incrementado”, sostiene.

La "educación en la sombra" se consolida como un bien de primera necesidad, según interpreta Esade el comportamiento que ha tenido el sector en los últimos años: "La caída del gasto familiar durante la pasada crisis no le ha afectado; es el caso en todos los hogares, incluidos los de menores recursos”

La educación en la sombra se consolida como un bien de primera necesidad, argumenta Esade en base a su comportamiento en los últimos años: “La caída del gasto familiar durante la pasada crisis no parecía haberle afectado en absoluto, y (...) además es el caso en todos (...) los hogares, incluidos los de menores recursos y los que más sufrieron el impacto de la Gran Recesión”.

Los datos dicen que el sector crece apoyado en un “cambio de paradigma”, explica Clement. “Empieza a haber muchas familias que recurren a estos servicios para complementar la formación que ofrece la escuela; hasta ahora el uso más habitual era para mejorar y no quedarse atrás”. Según este experto –el portal está integrado en una red internacional– España estaba históricamente a la cola de Europa en este uso de las clases particulares, situación que está cambiando.

El análisis de Esade respalda esta afirmación. El 30% de las familias más humildes paga clases particulares para sus hijos, un dato que las más pudientes duplican, con un 60%, según el informe. De cada tres euros que se invierten en las clases particulares, dos se destinan a “ampliar y perfeccionar” y el otro a “reforzar y recuperar”; el afán diferenciador se va imponiendo.

“La hipótesis de que las familias con más capacidad de gasto tienden a gastar más en clases particulares para ampliar y perfeccionar cobra fuerza cuando vemos que los hogares más ricos gastan más en clases de idiomas y de artes. En el quintil 5 [el 20% de los hogares más adinerados], la combinación de ambas asciende hasta el 74% de su gasto, mientras que se queda en el 45% en el Q1 [el 20% más humilde]. Las clases particulares de materias centrales del currículum, que se atribuyen a clases de refuerzo y recuperación, son el gasto mayoritario en los dos quintiles inferiores, para después caer con fuerza en los tres quintiles superiores hasta llegar a un mero 18% del total del gasto en el quintil más rico”, exponen los autores.

La familia de Rosa –quintil uno– es la personificación en un solo hogar de esta descripción. El hijo pequeño, con más problemas de rendimiento académico, recibe clases particulares de materias como Matemáticas o Física. El mayor, con más facilidad para el instituto, aprende robótica o programación fuera de la escuela. “Nos funcionan muy bien las dos”, asegura. “Un dinero bien invertido”. En su caso, tradicional como es, prefiere (y ha encontrado) un profesor a domicilio.

La especialización se paga

El diferente uso de las clases particulares puede explicar la situación del mercado que dibuja el informe de TusClasesParticulares.com. Un mercado en el que las clases particulares no dedicadas a cuestiones estrictamente académicas (idiomas aparte por su propia idiosincracia) son más caras que las destinadas al refuerzo de materias.

Así, las clases particulares de deportes, música y artes ascienden de media a 20 euros la hora, las categorías más costosas. Le siguen los idiomas y la tecnología, con 15 euros por cada 60 minutos. Las cuestiones más ligadas a las clases de la escuela o el instituto –humanidades, matemáticas y ciencia y apoyo escolar– caen al rango entre los 13 y los 10 euros.

El informe del portal especializado también muestra que lo online, quizás contraintuitivamente, es más caro en algunas áreas porque es el espacio en el que se mueve el profesorado especialista, que escasea y lo cobra, explica Clement.

“Según sube el nivel del alumno el profesor tiene que estar más especializado”, explica el CEO. “Y en las clases a distancia se está configurando un segmento muy profesionalizado, con un perfil muy alto, que por el exceso de demanda de estos perfiles puede ser más caro”.

En Matemáticas, Euskera, Música, Programación, Alemán, Química, Español para extranjeros, Economía, Inglés y para la ESO en general el precio de las clases a distancia sube, en el orden citado, entre un 36% y un 6,7% extra, según TusClasesParticulares.com.

Respecto a las ciudades, Barcelona, Madrid y Palma copan el podio de las más caras con 15 euros la hora de precio medio, cifra que va cayendo hasta los 10 euros de Córdoba y Granada, las localidades donde la enseñanza privada es más asequible.

¿Se amplía la brecha?

Los autores del informe de Esade analizaban si el diferente modo en que unas familias y otras utilizan las clases particulares acaba suponiendo que se amplía la brecha que existe de partida entre hogares acomodados, que rinden mejor en la escuela, y los más humildes.

Ángel Martínez, economista investigador en EsadeEcPol, explicaba cauto que “para saberlo a ciencia cierta habría que cruzar los datos con los resultados educativos” y argumentaba que “la diferencia entre quintiles [de renta] no es tan grande como estamos acostumbrados”, aunque admitía que “puede ser que aumente la desigualdad”. El otro autor, Juan Manuel Moreno, catedrático de Didáctica y Organización Escolar (UNED) y Senior Policy Fellow de Educación en EsadeEcPol, era más categórico: “Sin duda son un factor de desigualdad. Las clases particulares distinguen a los más ricos, la novedad es que las clases medias se están incorporando”.

Es una realidad que ha habido grandes avances en la educación pública. Pero es igual de incuestionable el deterioro actual“. Aurora Ruiz ha estado analizando el mundo educativo durante décadas desde el Colectivo Lorenzo Luzuriaga, lo que le ha permitido ver a la escuela pública crecer, abrazar la universalidad y la equidad, sufrir los recortes y, en los últimos tiempos, convertirse en un mercado, especialmente la universidad, cuenta. Todo en 50 años.

Hoy, en plena oleada privatizadora, España vuelve a debatir, si es que alguna vez dejó de hacerlo, sobre el papel de la escuela, dice Elena Martín, catedrática de Psicología Evolutiva de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. “No se ha conseguido un acuerdo sobre la función social de la escuela. Si la educación tiene la función de compensar desigualdades o si la meta es el esfuerzo y la excelencia. Aunque yo no creo que esto sea contrario a la equidad, se presenta así”. Para esta experta esa “tensión” es “un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. El individualismo, la derechización, lleva a la gente a considerar la educación como un elemento para su beneficio privado y a discutir la función social de la escuela como un medio de compensación de desigualdades”, la función que (teóricamente) se le asignó cuando se democratizó. Y esa dicotomía se ha ido trasladando a las sucesivas leyes y a las aulas.

La educación postfranquista empezó con Franco, coinciden los expertos. Cojo aún, inicial, pero el libro blanco de la Educación publicado en 1969 –tan crítico con el sistema que “sorprende que se pudiera editar y difundir”, en palabras de Álvaro Marchesi, alto cargo varios años en el Ministerio de Educación– modeló la Ley General de Educación (LGE), primer gran punto de inflexión del sistema educativo español.

Hasta entonces la escuela era segregadora –chicos por un lado, chicas por otro–, controlada por la Iglesia y para unos pocos. El propio libro blanco explica que de cada 100 alumnos que iniciaron la Primaria en 1951, 27 llegaron a la Enseñanza Media, 18 aprobaron la reválida de Bachillerato Elemental, diez el Bachillerato Superior, cinco el Preuniversitario y tres culminaron estudios universitarios en 1967. Ese año había medio millón de niños sin escolarizar.

La LGE rompió con aquello, o al menos sentó las bases para hacerlo. Estableció la obligatoriedad hasta los 14 y reconoció la etapa preescolar (Infantil hoy). Tras la muerte de Franco, los Pactos de La Moncloa impulsaron la educación como un bien común, universal, público y gratuito, como quedaría plasmado en el artículo 27 de la Constitución, incluidas las alusiones a la “libertad” y la “igualdad” que modelan las dos visiones de la escuela que chocan hoy, adelanta Ruiz.

Comenzó entonces la ingente tarea de llevar esos principios a la práctica. El cambio que se iba a llevar a cabo fue una de las mayores transformaciones sociales de la incipiente democracia, coinciden las personas consultadas, y comenzó la construcción masiva de institutos y centros de FP.

“Se ideó una escuela inclusiva, en la que están niños y niñas que no estaban y ahora sí –recuerda Martín–. Se hablaba de inclusión y a un concepto más amplio de inclusión, de la diversidad general del alumnado, de la importancia de incluir como parte de esta diversidad al alumnado con dificultades socioeconómicas. Era una tendencia a hacer un sistema más comprensivo, que el alumnado estuviese junto, que no se separasen en itinerarios”. Una escuela para todos.

Pero en 1985 hubo un hito que marcaría dónde estamos hoy: para apuntalar esta expansión a bajo coste, el Gobierno de Felipe González aprobó la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), que estableció el sistema de conciertos para la financiación pública de centros privados. Se abría una puerta de par en par a la escuela concertada.

La gran expansión

Los siguientes años el sistema educativo estuvo recogiendo los frutos de esas grandes reformas. Se continúa ampliando la educación para todos. La LOGSE, de 1990, universalizó la educación obligatoria hasta los 16 años, y la década de los noventa consolidó una amplia red pública.

En paralelo, las universidades públicas vivieron un crecimiento sin precedentes: bajo la misma concepción de un sistema para todos que regía las etapas obligatorias, se llevó la educación superior a casi cada rincón del país abriendo nuevos campus en ciudades medianas (Palma, Cádiz, varias localidades castellanomanchegas, Jaén, Logroño, Almería, Huelva, etc.), y se democratizó el acceso. En 1975 había apenas medio millón de universitarios; en el año 2000, eran ya más de un millón y medio, la inmensa mayoría en instituciones públicas. Para cientos de miles de familias era la primera vez que alguno de sus miembros pisaba un campus.

Con matices, con desigualdad y mucho abandono, pero en apenas 25 años se había alfabetizado a todo un país. La evolución del gasto educativo muestra el esfuerzo: en 1976 el gasto en el sector fue de 912 millones, equivalentes al 1,9% del PIB. En el 87 se había multiplicado por nueve para alcanzar los 8.237 millones (el 3,13% del PIB) y en el 2000 alcanzaba los 27.407 millones de euros (un 4,35% del PIB).

En el cambio de siglo, el sistema público mostraba una madurez “inédita” en la historia de España: cobertura casi universal, profesorado cualificado y una estructura institucional sólida, aunque ya asomaban ciertos elementos (escuela concertada, las primeras universidades privadas) que anticipaban lo que vendría.

Y entonces llegó José María Aznar.

El giro neoliberal

En su segunda legislatura, ya con la mayoría absoluta en la mano, el expresidente empezó a sentar las bases de lo que vendría. Su Gobierno aprobó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002), que aunque nunca llegó a aplicarse plenamente ya adelantaba una concepción más competitiva del sistema educativo: rankings, autonomía de centros, y un discurso de “excelencia” que preparaba el terreno para la lógica del mercado.

También se consolidó e impulsó el sistema de conciertos educativos. Como hizo en 1985 Felipe González, muchas comunidades autónomas, ya titulares de las competencias educativas, eligieron esta vía, más barata que construir centros, para hacer frente al crecimiento demográfico e inmigratorio de la década de 2000. La red pública crecía de forma contenida; la concertada se expandía.

La ola ya era imparable y la última estocada la dio la crisis de 2008 y los recortes que vinieron detrás, que dieron paso a la llamada “década perdida” en educación. Al presupuesto educativo se le quitó un 13%, según datos del ministerio, y las familias tuvieron que empezar a poner el dinero que el Gobierno no invertía. “Está más que demostrado por la sociología de la Educación que existe una correlación inversa en cuanto que lo que no gasta el Estado lo hacen las familias”, explica Fernando Trujillo, profesor en la Universidad de Granada. El gasto particular en educación pasó de 7.318 millones de euros en 2004 a 11.417 millones en 2019.

La función social de la escuela

Los recortes, junto a las reformas del PP, marcaron un punto de inflexión y empujaron una nueva visión de la escuela, coinciden Ruiz y Martín. Empieza a coger fuerza la idea de “que mi hijo esté bien educado”, explica la catedrática, “que choca con la tendencia de inclusividad anterior”. “Es una idea que en el fondo remite a ¿qué función social se le da a la escuela? Y esta tendencia dice que ninguna a nivel social, que se le da para cada persona”.

Cuando se une este pensamiento con el hecho de que la diversidad social –el alumnado con necesidades de apoyo, extranjeros con problemas de idioma, niños con discapacidad que entorpecen el buen discurrir de las clases– está mayoritariamente en la pública, el resultado es casi inevitable: “En los últimos años se ha disparado la visión de que la escuela concertada es buena y la pública mala”, remata Martín.

Es la disputa entre “libertad de enseñanza” (libertad de que mi hijo no se mezcle con migrantes o alumnado desfavorecido en general, y eso pasa en la privada, sea subvencionada o no) y la “igualdad” (la escuela debe reflejar la composición social), ambos términos presentes en la Constitución pero que se interpretan de manera casi contraria, explica Ruiz. Esta dicotomía marca el debate público y la evolución de las leyes: la derecha, capitaneada por el Partido Popular, siempre ha apostado por la primera; la izquierda, PSOE mediante, por la segunda.  

“Cuando ir a la pública se convierte en un acto militante, es que la hemos perdido”, se lamenta la catedrática Martín. A ella, cuenta, las familias de su localidad (Tres Cantos, en Madrid) le solían preguntar si era mejor la escuela pública o la concertada. “Hoy lo que me preguntan es si es mejor una concertada u otra”.

¿Campus o mercado?

Pero hablar de privatización hoy es hablar sobre todo de universidad. De nuevo, los números cuentan la historia: en 1975 había 23 universidades en España, de las que solo cuatro eran privadas. Tras la mencionada expansión pública, el balance en 1996 era 47-15; hoy es 50-46 y el sorpasso es ya solo cuestión de tiempo. El alumnado que acude cada día a un campus privado se ha duplicado en apenas diez años, y con él los ingresos.

Esta deriva preocupa en la universidad. “La irrupción del sector privado en el sistema plantea dudas tanto de calidad como de igualdad de oportunidades, dados los elevados precios de sus estudios”, afirma María Fernández Mellizo-Soto, profesora en el departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. “Es un disparate”, dicen, menos diplomáticos, algunos rectores de centros públicos, como Manuel Torralba, de la Universidad de Córdoba.

El plan Bolonia, la armonización del espacio europeo de educación superior, puso a principios de los 2000 las bases que facilitaron la expansión privada estableciendo el sistema de grado-máster. Pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también dejó “una gatera abierta”, según lo define una profesora universitaria, al permitir que el precio de los posgrados –cada vez más importantes para distinguirse en un mercado ultracompetitivo, obligatorios incluso para ciertas profesiones– sea sensiblemente más alto que el de los estudios básicos, una cuestión que no imponía Bolonia.

En cualquier caso, la situación no es homogénea en todo el Estado, y cuando se piensa en universidad privada se piensa sobre todo en Madrid, donde se ha aplicado el guion neoliberal hasta la última coma. La región, gobernada por el Partido Popular desde 1995, aprovechó la crisis de 2008 para pegarle un estocazo a los presupuestos de sus centros públicos del que aún no se han recuperado. Madrid no es la única región que realiza estas políticas, pero sí el epítome de las mismas. ¿El resultado? En los últimos cinco años los créditos para pagar estudios han subido un 60%. “El mercado está invadiendo la educación”, se lamenta Ruiz.

Efecto dominó. CCOO y UGT, junto a la confederación de AMPAS Confapa, convocarán una huelga educativa indefinida en la Comunidad de Madrid a partir del primer día del próximo curso, según ha adelantado El País. La región más rica de España y la que menos invierte en sus colegios e institutos sigue así la senda de las maestras de Infantil de la comunidad, que suman un mes y medio de paro continuado, y de sus compañeros de la Comunitat Valenciana, que cuentan dos semanas ya.

Unas horas después de que se conociera esta convocatoria –pero no motivada por ella, porque no la conocían– Menos Lectivas, una organización de docentes, ha comunicado que su asamblea había tomado la misma decisión esa misma tarde. De la mano del sindicato CGT, también llamará a la huelga general indefinida en el mes de septiembre, a partir de una fecha aún sin concretar, han anunciado.

La idea de CCOO, UGT y Confapa es unir a todos los sindicatos de la comunidad en la protesta, han explicado fuentes de las organizaciones. Menos Lectivas ha contado que no han podido abordar la cuestión porque la han conocido al final de su reunión. Abordarán el tema más adelante.

“Venimos de un ciclo de movilizaciones en el tercer trimestre y pensábamos en una huelga para iniciar el curso, pero no en una indefinida”, admite Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO. “Pero el contexto ha cambiado. Ha cambiado con lo que están haciendo las compañeras del 0-3, hay una sensación de que los trabajadores están cambiando su forma de ver las movilizaciones”, asegura. Tras unas semanas de trabajo previo CCOO hizo este martes una asamblea a la que acudieron 280 personas –“una cifra muy alta para este tipo de cosas”–, muchos de ellos en representación de las plantillas de sus centros. “Votaron unánimemente que huelga indefinida”, explica. Pues huelga indefinida.

Las reivindicaciones son similares a las que presentan profesores por todo el país y van en dos línas: las mejoras laborales y una inyección de recursos que mejore el sistema con carácter general. “Pedimos subida salarial (tenemos los salarios más bajos, o como poco por debajo de la media del país, pese a ser la región más rica); bajada de horas lectivas en Infantil y Primaria a las 23 (ahora son 25) y de Secundaria a 18 (desde las 20 actuales); bajadas de ratios de alumnado por clase, especialmente para la atención a la diversidad; inversión en infraestructuras (hay centros con goteras); y menos burocracia”, explica la primera parte Chema Pinto, responsable de Enseñanza Pública de UGT.

Más recursos, en general (más dinero) permitirán mejorar un sistema que cada vez requiere más atención personalizada, pero no pone los medios para brindarla. “Llevamos años denunciando esta falta de inversión en educación pública en general, que repercute en todo: recursos para atender la diversidad en las aulas, acoso, profesionales para atender al alumnado con necesidades educativas especiales... Con más recursos se pueden solventar algunos de estos problemas”, sostiene Fernando Mardones, vicepresidente y portavoz de Confapa. También se reivindican otras cuestiones que no entran en esas dos categorías pero que afectan directamente a las familias, como la falta de plazas públicas en la FP, que “obliga a ir a la privada”.

San Millán explica que ahora el objetivo es lograr la unidad sindical, una de las razones por las que la huelga espera a septiembre. Las organizaciones se dan ese plazo para alcanzar un mínimo acuerdo sólido entre ellas, que permita negociar con el Gobierno regional en bloque, y también para ofrecer a la consejera, Mercedes Zarzalejo, la oportunidad de enmendar su política antes de que llegue el paro. Como ha pasado en la Comunitat Valenciana, donde la huelga sostenida durante dos semanas ha obligado al consejero al menos a sentarse.

La Comunidad de Madrid es la más rica de España, pero aparece sistemáticamente entre los últimos lugares (habitualmente el último) en inversión en Educación. El Gobierno regional destina aproximadamente el 2,2% de su PIB al sector, casi dos puntos menos que la media nacional. También está entre las que peor paga a sus docentes: el complemento de destino en Euskadi es de 400 euros mayor que el madrileño.