Los incendios de Ávila y Madrid han tocado a Carlos Madrigal (1980) por partida doble. Aunque el decano territorial de Madrid del Colegio Oficial de Ingeniería Técnica Forestal ya nació en esta comunidad, su familia paterna es originaria de Cebreros, uno de los municipios más afectados por los fuegos, y él creció paseando por esos bosques y bañándose en los ríos de la zona. Hoy, el vecino Carlos ve desolado cómo el pueblo “ardió por completo” y muchas familias, muchos conocidos, han perdido sus casas o sus negocios.

El ingeniero forestal también sufre por los efectos de las llamas. “Se ha perdido una zona de un valor incalculable”, sostiene. Y las consecuencias de los incendios apenas acaban de empezar, advierte. Cuando se apague el fuego quedará la ceniza, que con la lluvia irremisiblemente acabará en los ríos y de ahí, a los pantanos cercanos, con un gran riesgo de desastre ecológico.

A Madrigal le preocupa especialmente la relación de la sociedad con el fuego y los grandes incendios. La falta de información y de consciencia de lo que implican. “Tenemos que entender dónde nos encontramos. No sabemos qué es un incendio forestal ni qué consecuencias puede tener. Estoy convencido de que ni una sola de las personas que ha perdido la casa era consciente del riesgo”.

Un riesgo que aumenta con el paso de los años y que, en su opinión, ha cambiado la manera de abordar los fuegos. “Los incendios forestales han dejado de ser un problema de protección de la naturaleza para convertirse en un problema de protección civil, de protección de las vidas de las personas”, dice Madrigal.

¿Qué implica este cambio?

Las dimensiones y el comportamiento que están adquiriendo los incendios, tan extremos y tan difíciles de apagar, nos crean un problema de protección de la población. Lo estamos viendo: cada pocos kilómetros tenemos que evacuar un municipio, una urbanización o un lugar donde hay personas.

Como sociedad tenemos que entender que, si hay un incendio forestal en la zona donde estamos, podemos vernos directamente afectados. La inmensa mayoría de la gente no es consciente del peligro que corre cuando compra o construye una casa en ese sitio idílico, rodeado de árboles, con un solo camino de entrada y salida. Hasta que la situación se convierte en un desastre, con viviendas quemadas o afectadas. Estoy convencido de que ni una sola de las personas que ha perdido la casa era consciente del riesgo.

¿Qué tienen que hacer esas personas que viven en zonas de riesgo, en la ínclita interfase urbano-forestal?

Al final se trata de un problema de autoprotección, de protegernos a nosotros mismos, a nuestros vecinos y a nuestras familias.

Hay dos aspectos determinantes en esta cuestión. Lo primero es saber que ese riesgo existe y hay que tomar una serie de medidas individuales. La parcela debe estar desbrozada, limpia de pasto alto o matorral para evitar que el fuego tenga continuidad hasta la vivienda. También hay que retirar materiales inflamables como sillas, toldos, persianas o la leña acumulada para el invierno, y mantener limpios los tejados.

Es muy habitual ver viviendas dentro de pinares con los tejados llenos de pinocha. Eso es un combustible que arde perfectamente y puede hacer que el fuego entre en la vivienda. Y, en el peor de los casos, si una persona tiene que confinarse, debe bajar las persianas, cerrar puertas y ventanas y tapar las rendijas con trapos húmedos para impedir la entrada de humo.

Ha dicho que había dos elementos. ¿El otro?

Lo más importante es lo colectivo. La normativa obliga a municipios, urbanizaciones e infraestructuras situadas en zonas de alto riesgo a disponer de planes de autoprotección. El problema es que muchas veces esos planes se quedan guardados en un cajón.

Hay que ejecutarlos: eliminar el combustible de los primeros 100 o 200 metros junto al monte, tener un plan de evacuación, un director del plan en contacto permanente con la dirección de extinción y que toda la población sepa por dónde evacuar, dónde puede confinarse y a quién debe dirigirse.

Es muy habitual que, cuando se ordena evacuar un municipio, algunas personas decidan quedarse para defender su vivienda porque es lo único que tienen. Pero cuando el fuego llega entran en pánico y salen de forma desesperada, sin saber por dónde, sin que nadie conozca sus movimientos. En lugar de huir del incendio pueden acabar metiéndose de lleno en él [es lo que se especula que pasó con los muertos en Los Gallardos, Almería].

¿Cómo puede resolverse esta falta de información y formación?

Siempre pongo el mismo ejemplo: lo que se hizo con la educación vial en los años 80. Hubo campañas constantes, publicidad en todos los niveles y después llegó el carné por puntos. Todo eso consiguió que España tenga hoy una buena cultura de seguridad vial.

Con los incendios forestales habría que hacer lo mismo. Primero, conseguir que la población conozca el riesgo; después, enseñar cómo protegerse. Para eso hacen falta campañas de sensibilización permanentes, no solo cuando empieza el verano, sino durante todo el año. También habría que introducir esta formación en colegios e institutos para que la sociedad conozca el gran problema que ya tenemos y que, en mi opinión, irá a más.

Si estos incendios del centro de la Península tienen algo positivo es que, pese a las numerosas evacuaciones y confinamientos, no ha habido ninguna desgracia personal. Creo que ahí hay que reconocer la buena gestión realizada.

Aparte de faltar información y formación, ¿cree que hay un problema de falta de consciencia?

Sí. No somos conscientes del peligro que existe cuando llega esta época del año y vivimos o tenemos una vivienda en medio del monte. Es verdad que el riesgo solo existe durante unos meses, pero las consecuencias pueden ser perder la vida o quedarse sin casa.

La prioridad debe ser que la gente comprenda el riesgo al que está expuesta. Los servicios de extinción y prevención no pueden abarcar un territorio tan enorme, así que lo primero es que cada uno tome las medidas que están a su alcance.

¿Infravaloramos los incendios? Da la sensación de que nos tomamos mucho más en serio una alerta por lluvias torrenciales o nieve que una por fuego.

El problema de los incendios es que no son tan fáciles de predecir. Podemos tener una alerta porque las condiciones son muy favorables para que se produzca un incendio, pero luego tiene que existir una ignición. Si no hay fuego, no percibimos el riesgo como algo real.

Sin embargo, hay que concienciar a la sociedad de que nosotros mismos somos juez y parte: el 95% de las causas de los incendios forestales tienen origen humano y, sobre todo, obedecen a negligencias. Muchas veces provocamos un incendio simplemente porque desconocemos el riesgo que entraña una determinada actividad.

¿Por ejemplo?

Hay que evitar determinados trabajos cuando las condiciones son extremas. Puedes estar un domingo por la mañana soldando en tu parcela y provocar un incendio sin ser consciente del riesgo. Cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde.

Todavía no es oficial, pero se habla de que el incendio de Guadalajara pudo originarse por una cosechadora y el de Burgohondo por una máquina de obra pública que estaba abriendo un camino forestal. Tenemos que ser mucho más estrictos con las regulaciones y, en determinados momentos, prohibir este tipo de actividades en zonas forestales.

Pero también es una cuestión colectiva, ¿no? Siguiendo con el caso de Burgohondo, cuesta creer que un señor estuviera trabajando con una máquina pesada y nadie supiera lo que estaba haciendo.

No somos conscientes del riesgo. Estoy convencido de que, si quienes estaban allí hubieran sido plenamente conscientes de las consecuencias que podía tener esa actividad, habrían evitado que se realizara. La prevención no depende solo de quien maneja una máquina, sino también de que todos entendamos cuándo una conducta supone un peligro.

¿Tiene fe o esperanza en que lo que está pasando este año cale en la sociedad o cree que en septiembre se nos habrá olvidado y el año que viene volveremos a empezar de cero?

Soy bastante negativo. No es la primera vez que vivimos grandes incendios forestales con consecuencias muy graves y, sin embargo, las medidas que se han tomado después han sido mínimas.

Es verdad que este episodio ha sido especialmente grave, aunque afortunadamente no ha habido fallecidos, que habría sido lo peor. Ojalá esta vez sirva para cambiar las cosas, pero, si soy sincero, hay una parte de mí que piensa que todo seguirá prácticamente igual.

¿Y ahora qué? ¿Qué va a ocurrir después de estos incendios?

Ahora llegan unas consecuencias que muchas veces pasan desapercibidas. En el incendio de Burgohondo, por ejemplo, la ladera norte vierte sus aguas al Alberche y la sur, al Tiétar. Cuando empiece a llover, toda la ceniza será arrastrada hacia esos ríos y acabará llegando a embalses como el del Burguillo o el de San Juan.

Creo que esos ecosistemas van a sufrir muchísimo. Gran parte de la vida que albergan puede desaparecer y harán falta muchos años para recuperarla.

Otro problema muy importante será la pérdida de suelo. Las raíces de los árboles sujetaban la tierra y, cuando desaparezcan, el terreno empezará a lavarse con las lluvias. Se perderá el suelo fértil y, si eso ocurre, la regeneración de la vegetación será mucho más difícil porque solo quedarán las piedras al descubierto.

¿Tiene solución?

Hay que actuar muy rápido. Desde el primer momento hay que preparar el terreno y construir las infraestructuras necesarias para reducir al máximo esa pérdida de suelo. Aun así se perderá una parte importante, pero si conseguimos sujetarlo y favorecer la regeneración de la vegetación, el impacto será mucho menor.

Lo bueno es que gran parte de las especies de la península están adaptadas al fuego y rebrotan con rapidez. En cuanto vuelvan a aparecer las plantas, sus raíces empezarán otra vez a fijar el suelo y disminuirá el efecto erosivo de la lluvia.

Sobre las 19.15 del jueves 23 de julio el móvil de Miguel Cañizares empezó a emitir a todo volumen el atronador pitido de un ES-Alert. Se evacuaba Aldea del Fresno y tenía que dejar su casa. “Desde el día anterior estaban llegando pequeños trozos como de carbón, pero ya quemados, fríos. Sí que piensas que si empieza a caer alguno caliente...”, recuerda. “Pero está el Alberche entre medias y entre el río y la orilla se forma una especie de cortafuegos de unos 100 metros”. Insuficiente. Tenía que irse igual. Fue a buscar a sus padres, que viven en otra casa en la misma parcela, y en 15 minutos estaban en sus coches camino de Villamanta, donde tienen familia. Pensaban que sería solo esa noche. Acabarían pasando cinco días fuera.

El fin de semana, los Cañizares era unos más entre las cerca de 75.000 personas que simultáneamente habían sido forzadas a salir de su casa por un incendio, principalmente los del centro de la península y el de La Vall d'Uixó, en Castellón. Solo durante el fin de semana del 25 de julio, en el momento de máximo apogeo de esos fuegos, hubo en España más desplazados que en cualquier otro año previo completo, según los registros de Protección Civil y del Departamento de Seguridad Nacional.

En todo 2019 fueron 17.618 personas; en 2020, año de la pandemia, 7.497, una cifra similar a la de 2021 (6.346). Pero entonces se dispararon las evacuaciones: 30.143 en 2022; un total de 28.150 en 2023; el año siguiente hubo un paréntesis con 6.827, pero 2025 volvió con fuerza (42.913) y este 2026 se ha disparado, con el mayor incendio forestal de la historia del país por medio, hasta superar los 75.000 en decenas de municipios cuando ni siquiera ha acabado el verano.

No es una situación exclusiva de España: en Francia superan los 200.000 desplazados por el infierno de llamas al sur del país, cerca de Burdeos.

“Las evacuaciones son algo reciente”

“Los incendios forestales han dejado de ser un problema medioambiental para pasar a ser un problema de protección civil, de riesgo para la vida de las personas y sus infraestructuras”, sostiene Carlos Madrigal, decano territorial de Madrid del Colegio Oficial de Ingeniería Técnica Forestal.

En los últimos años el escenario ha cambiado y los incendios, violentos y rápidos, han dibujado una nueva realidad, explica Félix Pérez, presidente de la Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia (Aprafoga). “Las evacuaciones y los confinamientos [por fuego] no eran habituales, son algo reciente. Los fuegos forestales eran fuegos forestales, pero ahora hay mucho fuego de interfaz que impacta en los pueblos. El tratamiento de todo esto está en evolución”, explica.

En Galicia, empezaron a hablar de confinamientos y evacuación sobre todo a partir de 2017, cuando murieron en Nigrán dos mujeres evacuando un pueblo, recuerda Pérez. La tragedia de Pedrograo Grande, en Portugal, donde fallecieron 64 personas atrapadas en una carretera ese mismo año, también fue un punto de inflexión.

El incendio del centro de la península aúna todo lo que relata Pérez. La tormenta perfecta para los incendios en el monte —vegetación abundante por las lluvias de invierno y primavera, pero sequísima por el calor del verano y sin limpiar por el abandono del rural y la falta de medios— se junta con un creciente modelo residencial extensivo, metido en la naturaleza —la interfaz urbano-forestal— y forman un cóctel explosivo que, con una pequeña chispa que genere un fuego, fuerza desplazamientos masivos.

Y las evacuaciones son complicadas, no se pueden apurar, recuerda el agente forestal: “Dicen los estudios que hay que hacerlas con muchas horas de antelación. En los pueblos hay enfermos, gente encamada, gente sin vehículos. Hay que estudiar las vías de salida. Todo eso lleva mucho tiempo y cada vez se hace con más anticipación, se va mejorando”, asegura.

El relato de Miguel Cañizares encaja con las explicaciones de Pérez. Él solo veía humo desde su terraza cuando recibió la alerta de evacuación, el fuego aún estaba lejos. “Creo que, en parte, nos evacuaron para que no pasara lo que sucedió en Villa del Prado (un municipio cercano). Allí no los evacuaron porque no tenían salida”, cuenta, y se tuvieron que quedar confinados.

Unas pautas claras

Virginia Barcones, directora de Protección Civil, explicaba en una entrevista con este periódico que “la Protección Civil tiene pautas claras: lo primero siempre son las personas, una vez garantizada su seguridad y bienestar, lo siguiente son las poblaciones, los domicilios, las casas, y, en tercer término, el medio natural”.

Con esa política y la realidad sobre el terreno, explica Rubén Laina, profesor de la Escuela de la Ingeniería de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), “uno de los asuntos que más preocupa ahora es la protección de esos núcleos urbanos en colindancia con los núcleos forestales, y es una preocupación internacional. Pasa lo mismo en Portugal, Grecia y Chile”.

Y, en los últimos años, la interfaz urbano-forestal no ha parado de crecer. En el año 2000 se calculaba que sumaba algo más de un millón de hectáreas. Más adelante se amplió el criterio de qué es interfaz urbano-forestal y se elevó hasta el 13% del territorio, cifra que puede subir hasta el 20% si se considera como zona de contacto no solo las urbanizaciones periurbarnas sino las construcciones más alejadas. Eso serían 10 millones de hectáreas.

La consecuencia derivada de esta nueva realidad, sostiene el profesor, es que se dedican muchos recursos a proteger municipios o urbanizaciones y “los medios quedan secuestrados” —una expresión de los profesionales de la extinción— y no puede atacar el incendio. “Pasó en León en 2025, por ejemplo, donde tuvieron el gran problema de que el fuego afectó a muchos núcleos urbanos muy dispersos, de manera que los servicios de extinción, en vez de estar mirando la cabeza del incendio (la que dice hacia dónde va, cuándo se va a parar, etc.), estaban protegiendo esos núcleos”. Laina ahonda en la idea de Pérez y añade que “es significativo” que en esa zona “no habían hecho evacuaciones nunca” hasta el año pasado.

Esta combinación de fuegos intensos, núcleos urbanos diseminados y la cautela y anticipación a la hora de evacuar llevan a los expertos a concluir que veranos como el actual, con decenas de miles de desplazados temporales, empezarán a ser relativamente normales. También exigirá que esos propietarios mantengan sus fincas en condiciones que impidan o ralenticen el avance del fuego. Como dice Madrigal, ingeniero forestal, “lo primero es saber que el riesgo existe y luego pensar en la autoprotección”.

Respecto a la gestión de los evacuados, la experiencia personal de Cañizares le dice que lo siguiente a mejorar es la comunicación. “Lo que más echas en falta es información. Quieres saber cómo evoluciona todo, cuándo vas a poder volver a tu casa... Y lo único que te dicen es que hay una reunión del Cecopi, pero no sale nada. En el fondo lo entiendes [que no haya mucha información], pero frustra”, reflexiona. También entiende que las autoridades tiren por lo alto con las evacuaciones. A los vecinos de la urbanización Encinar del Alberche se les permitió volver a casa en un momento dado, para luego volver a desalojarlos por incendios, una experiencia que Cañizares no envidia: “Ya puestos a lo malo, mejor esperar un poco más”.

En lo que están de acuerdo todas las fuentes consultadas es en poner en valor el éxito de las evacuaciones. Más de 75.000 desplazados en unos pocos días y ni un solo incidente reseñable es para sentirse satisfechos, cree el agente forestal Pérez, que habla de un sistema que “funciona”.

Plantón del PP al Gobierno. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP no han acudido este miércoles ni a la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) ni a la Conferencia Sectorial de Educación, bloqueando de esa manera el reparto de 181 millones de euros para diversos programas.

En el lado universitario, la ausencia de los populares deja paralizada la financiación del programa María Goyri, por el que el Gobierno cofinancia la contratación de 3.500 profesores universitarios en toda España, según ha denunciado el departamento que dirige Diana Morant. Por el lado de Educación, la imposibilidad de celebrar la sectorial bloquea 31 millones para la Formación Profesional y la educación inclusiva.

Algunas consejerías de Educación populares, como la de Castilla y León, han explicado que no han acudido por estar centradas en los incendios. Ayer se celebró una reunión similar entre las comunidades y el Ministerio de Transportes y el PP sí acudió. Las dos reuniones eran telemáticas.

“La reunión no ha podido celebrarse exclusivamente por la decisión de varias comunidades autónomas de no asistir, lo que ha impedido alcanzar el quórum necesario para adoptar el acuerdo”, ha informado el ministerio de Universidades esta mañana. “El reglamento de la Conferencia establece que para constituir de forma válida el pleno se necesita la presencia de la mitad más uno de las comunidades autónomas”, cifra que no se ha dado.

Según Universidades las ausencias no tienen justificación: “No había ninguna negociación pendiente, no había ningún desacuerdo sobre el reparto y no había ninguna votación política pendiente”, explica un portavoz. Además, añade, “la reunión era telemática, su duración prevista no superaba los treinta minutos, el orden del día constaba únicamente de dos puntos, el reparto ya había sido acordado por unanimidad y el Reglamento permite expresamente que la consejera o consejero sea sustituido por otro alto cargo de su departamento cuando no pueda asistir”. Pero nadie del PP se ha conectado.

Lo mismo ha sucedido en la cita en Educación, programada para las 13 horas. Alguna comunidad, dice el ministerio, ha avisado de que no iba a acudir una hora antes de que la reunión empezase. Desde el ministerio que dirige Milagros Tolón no se explican la ausencia con el argumento del fuego. “El Gobierno de España está volcado en la lucha contra los incendios. Está dirigiendo directamente la emergencia y mantiene también un amplio despliegue de medios estatales para apoyar las tareas de extinción y protección de la población. Mientras tanto, continúa ejerciendo con normalidad las responsabilidades que tiene encomendadas para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y el desarrollo de las políticas que afectan al conjunto de la ciudadanía”, sostiene el departamento.

A las reuniones sí han acudido las comunidades donde no manda el PP: País Vasco (PNV), Catalunya, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra (PSOE las cuatro) y Canarias (Coalición Canaria).

Creup, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, ha manifestado también su “profundo malestar” por la decisión del PP, que ha calificado de “inaceptable”. “Nos resulta difícil entender que no haya sido posible por parte de las consejerías competentes en universidades dedicar apenas media hora a una reunión telemática para ratificar un acuerdo que ya contaba con el consenso de todas las administraciones. Más aún cuando ni siquiera era imprescindible la asistencia de los propios consejeros y consejeras, al poder delegar su representación. La paralización de estos fondos genera una incertidumbre que dificulta la planificación de las plantillas y pone en riesgo la incorporación o la nómina de miles de docentes previstos para el próximo curso”, ha comunicado a través de una nota la principal organización de estudiantado universitario del país.

Un trámite de media hora

La reunión en Universidades era prácticamente un trámite, según el ministerio, y además telemático y corto. El reparto estaba aprobado y se trataba de iniciar el procedimiento administrativo para transferir los fondos a las comunidades. Ahora todo queda bloqueado, el reparto de dinero no se pone en marcha y el profesorado no podrá ser contratado por el momento.

“Quienes han decidido no asistir sabían perfectamente que estaban bloqueando el inicio de ese procedimiento y la consecuencia es clara: se retrasa la llegada de 150 millones de euros destinados a financiar los contratos María Goyri”, explican desde el ministerio. “Las consecuencias recaen sobre las propias comunidades autónomas y, en última instancia, sobre las universidades públicas y el profesorado beneficiario del programa”.

El programa María Goyri es una iniciativa del Ministerio de Universidades para cofinanciar la contratación de profesorado ayudante doctor en las universidades públicas españolas, una exigencia derivada de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que los centros no pueden afrontar con sus propios medios. Ante esta evidencia, el departamento que dirige Morant ofreció cofinanciar esas contrataciones los primeros años, una medida insólita dado que las competencias universitarias pertenecen a las comunidades autónomas y el Gobierno central no ha financiado contrataciones docentes desde que se traspasaron.

Pero algunas comunidades, especialmente la madrileña, protestaron porque sostienen que la cofinanciación está muy bien, pero que a los seis años el Ejecutivo central se retira y son ellas las que deberán hacerse cargo de ese personal. Pero todas firmaron sin mayores problemas, excepto Madrid. La discusión entre Morant e Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, fue pública y agria. Madrid finalmente cedió y se incorporó al programa a regañadientes. Ahora ha decidido no acudir a una reunión convocada y el proceso de contratación se paraliza. Este periódico ha preguntado a esa y otras consejerías por qué se ha ausentado de la cita, pero no ha obtenido respuesta.

Vienen malos días para la lucha contra el fuego. La ola de calor que a partir de este miércoles puede llevar los termómetros por encima de los 40 grados en medio país, junto al aumento previsto de la velocidad del viento del sur, dificultará las tareas de extinción de incendios y puede favorecer que surjan nuevos focos, advierte la Aemet. Durante el fin de semana la inmensa mayoría del país entrará en riesgo “extremo” de incendio, explica la agencia.

Este nuevo episodio llega justo cuando la meteorología había dado una tregua que ha permitido que los incendios de Ávila (el mayor fuego individual registrado en España) y Madrid hayan remitido en los últimos días y que implica que ahora puedan reavivarse. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alertó este mismo martes de que “los próximos días serán especialmente complejos” en la lucha contra el fuego.

Como se aprecia en los siguientes mapas, el riesgo extremo de incendio —el color rojo— irá extendiéndose por prácticamente todo el territorio en los próximos días, ocupando casi todo el país el domingo y el lunes. En el resto del país, predominará el riesgo alto o muy alto.

Si se analiza por porcentaje de territorio según cada nivel de riesgo, salvo el jueves, el peligro extremo de incendios irá aumentando, del 48% del país este miércoles, al 70% el próximo lunes. El riesgo muy alto tampoco dará tregua, porque el paso del 37% al 20% se produce a costa de aumentar el peligro, y no de reducirlo.

¿Tanto influye en el riesgo de incendio que suba la temperatura un puñado de grados? “No es solo la temperatura. Es la falta de humedad, el tiempo que lleva sin llover, cómo de rápido suben esas temperaturas, cuánto tiempo se mantienen... Es importante también el viento, que ayuda a secar y es un factor fundamental en los incendios”, explica Cristina Santín, investigadora en el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (CSIC-Universidad de Oviedo-Principado de Asturias).

“Los incendios se producen sobre combustibles finos y muertos, que son los que primero se equilibran con la humedad y temperatura ambiente, con un retardo de diez horas, más o menos. También pasa al revés: si tenemos tiempo húmedo, esos combustibles se equilibran con el tiempo húmedo. Con temperaturas bajas, una chispa no debería generar una ignición, con estas temperaturas y condiciones, sí”, elabora Félix Pérez, presidente de APRAFOGA, la Asociación Profesional de Axentes Forestais de Galicia.

"La primera ola del verano seca la vegetación y la deja lista para arder. Ahora vamos a iniciar la cuarta. Lleva unos dos meses sin llover y la vegetación está muy seca, totalmente disponible. Cualquier incendio, con un combustible tan seco, va a arder"

Carlos Madrigal — Decano territorial de Madrid del Colegio Oficial de Ingeniería Técnica Forestal

Pero la acumulación de olas de calor, cada vez más tempranas y más largas, provoca que cada año se alcancen antes las condiciones necesarias para que el monte arda, explican los expertos. “La primera ola del verano seca la vegetación y la deja lista para arder”, explica Carlos Madrigal, decano territorial de Madrid del Colegio Oficial de Ingeniería Técnica Forestal. “Ahora vamos a iniciar la cuarta. Lleva unos dos meses sin llover y la vegetación está muy seca, totalmente disponible. Cualquier incendio, con un combustible tan seco, va a arder”, advierte.

De cara a los próximos días, al aumento en la velocidad del viento, factor decisivo en la expansión o no de un incendio, se sumarán las bajas humedades relativas y el calor intenso, explica Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo que provocará que el miércoles y el jueves el peligro de incendios suba hasta niveles muy altos o extremos en la mayor parte del país, incluidas las islas más montañosas de Canarias.

Y cuanto más se prolongan las horas de calor, mayor es la posibilidad de que se produzcan de manera simultánea grandes incendios forestales en zonas geográficamente separadas, advierte la Aemet.

El peligro meteorológico, disparado

El endurecimiento de las condiciones ambientales en los últimos años está provocando que el peligro meteorológico ya esté más alto que nunca, espoleado por el calentamiento provocado por la actividad humana, , advierte Del Campo: el cambio climático antropogénico ha incrementado el peligro meteorológico de incendios desde la década de los 80 en el suroeste de Europa, explica la Aemet.

Santín cree que con la evolución de los últimos años, la regla de 30-30-30 como línea roja antiincendios —más de 30 grados, humedad relativa de menos del 30% y viento superior a 30 kilómetros por hora—, “se está quedando corta”. “Vamos ya con la cuarta ola de calor del año. Hay un índice, el riesgo meteorológico de incendio, que tiene en cuenta varios parámetros específicos de incendios. El año pasado, que tuvimos la temporada más grave de incendios desde que hay registros, esos índices fueron los más altos de los últimos 40 años (no hay datos de este año aún). Hay una relación clarísima entre oleada de incendios y condiciones meteorológicas, que están exacerbadas por el cambio climático” y este a su vez está espoleado por la acción humana, sostiene la experta.

La organización World Weather Attribution elaboró un informe el pasado verano, cuando se registró una de las peores temporadas de incendios que ha sufrido el país, que concluía entre otras cuestiones que los datos “sugieren que, en el clima actual —que se ha calentado 1,3 grados desde la era preindustrial—, se prevé que las condiciones extremas que provocaron esos incendios forestales se reproduzcan aproximadamente una vez cada 15 años. En comparación con un clima 1,3 °C más frío, sin el [impacto del] cambio climático, solo cabría esperar que el fenómeno se produjera menos de una vez cada 500 años”.

Que durante el año haya más olas de calor también implica que las temporadas de incendios son más largas, cuenta el agente forestal Pérez. “En Galicia, que teníamos primaveras bastante lluviosas, el estrés de la vegetación [cuándo va a arder con facilidad] llegaba en agosto o septiembre. Fuera de esa temporada apenas teníamos fuegos por maquinaria agrícola, porque la probabilidad de ignición por un chispazo era muy poco probable. Pero en los dos últimos años, tenemos bastantes accidentes e incendios por esta causa. Eso significa que el combustible muerto está disponible y es posible provocar una ignición. En Galicia antes era improbable, quizá en septiembre. Ahora empieza en julio. Los incendios forestales están totalmente desestacionalizados, dependen de la climatología”.

Madrigal, del Colegio Oficial de Ingeniería Técnica Forestal, lo llama “suerte”, pero rápidamente se matiza: “Ahora estamos en manos de la suerte. Hemos tenido una semana meteorológica muy mala y viento del suroeste. Estábamos en riesgo extremo y teníamos que evitar que surgiera un incendio. Pero surgió, y además en zonas con una gran extensión forestal... Estás abandonado a la suerte, pero la suerte se busca, y si tienes masas forestales mal gestionadas, habrá que gestionarlas mejor”, cierra.

Para entender cómo un fuego puede llegar hasta aquí, hay que levantar la vista al cielo.

Los distintos sistemas de satélites que observan Europa a diario permiten estudiar la evolución de un incendio a partir de varios parámetros y reconstruir así una imagen completa de la 'vida' de un fuego. Todo, a vista de pájaro: mientras las detecciones del proyecto FIRMS de la NASA y las imágenes de los satélites del programa Copernicus muestran el inicio y la expansión del fuego, la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) permite ver cómo influye la meteorología -sobre todo el viento- en su avance.

A diferencia de los anteriores, que orbitan la Tierra y solo pasan unas pocas veces al día, los satélites Meteosat que alimentan este sistema están fijos respecto al planeta, siempre mirando hacia Europa. Por eso captan imágenes de forma continua y permiten seguir el desplazamiento del fuego a través de la columna de humo que genera.

Y ese viento es la clave de lo que pasó. Debajo, las imágenes animadas de EUMETSAT muestran cómo, durante los primeros días, soplaba hacia el norte: la estela de humo llegó a alcanzar los Pirineos. Pero en la mañana del sábado giró y empezó a empujar el fuego hacia el sur, hacia el Valle del Tiétar. Era el escenario más temido por los servicios de emergencia, porque acercaba los dos grandes frentes -el de Ávila y el de Madrid- hasta hacer que “se buscaran”, como acabó ocurriendo. Ese giro es, en buena parte, lo que explica cómo se transformó el incendio.

Espoleado por la gran cantidad de combustible disponible y unas condiciones meteorológicas propicias, el fuego devora el territorio a ritmos nunca vistos. “Estamos detectando en algunos incendios velocidades e intensidades de propagación no registradas antes. Lo vimos este año en Los Gallardos, Almería, pero también el pasado en León”, ilustra Raúl de la Calle Santillana, secretario general del Colegio Oficial de la Ingeniería Forestal.

La situación este fin de semana es “muy complicada”, según los equipos encargados de tratar de contener la emergencia nacional que han activado los fuegos de Madrid y Ávila —ampliada a última hora de la tarde a Toledo, al reactivarse el incendio de Almorox—, donde más de una veintena de municipios ha sido evacuados y otros siete confinados. En total, en estas localidades viven casi 90.000 personas, a las que se han sumado durante este sábado los confinamientos de varias urbanizaciones por el fuego en Cubelles (Barcelona) y el municipio de La Vilavella (Castellón).

La velocidad e intensidad con la que se propagan los incendios este verano la observan con preocupación los expertos y la sufren los municipios. Arturo Varas, alcalde de El Tiemblo, Ávila, habló de “infierno” para describir el incendio que azota desde esta semana la provincia castellanoleonesa, con llamas de “12 o 13 metros”, que avanzan a una velocidad “increíble”. “Estos incendios son los que realmente hacen daño, porque obligan a evacuaciones masivas. [La normativa] pone en primer lugar las personas y las infraestructuras y luego el medio natural (flora y fauna) y los medios de extinción quedan secuestrados y son difíciles de atacar”, continúa De la Calle.

Justo el escenario que se está dando en el límite entre Ávila y Madrid, donde se desataron tres fuegos de una gran intensidad que forzaron la declaración de emergencia nacional en la zona y la evacuación o confinamiento de más de 90.000 personas de varios municipios. Una situación, advierten los expertos, que va camino de convertirse en la nueva normalidad en lo que a la evolución de los incendios se refiere.

“La voracidad de los incendios que afectan a Toledo, Madrid y Ávila responde a una acumulación de factores entre los que destacan dos años seguidos muy lluviosos con un súbito parón de lluvias en mayo y la llegada inmediata del verano con altas temperaturas constantes y baja humedad”, explicó al Science Media Centre (SMC) de España Eduardo Rojas Briales, profesor de la Universitat Politècnica de València y ex subdirector general de la FAO. “A ello se suma que se trata de la zona del sistema Central con menor precipitación por la reducción de la altitud de las cotas más altas y, por ello, una vegetación más xerófita [adaptada a ambientes secos] y proclive a quemar que en otras áreas del sistema Central”.

De la velocidad a la intensidad

Bajo las condiciones adecuadas, que en los últimos años encuentran por todo el territorio nacional, los incendios pueden entrar en un bucle peligroso. “El fuego corre y corre”, simplifica Rubén Laina, profesor en la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid. “Empieza a correr y al principio tiene mucha velocidad, pero no intensidad (el calor que desprende la llama). Pero se va cargando de intensidad y puede comenzar un comportamiento convectivo, la siguiente fase de peligrosidad, que es cuando el propio incendio se retroalimenta. Empieza a generar sus propias corrientes de aire y a transmitir calor en todos los sentidos y direcciones. Ese comportamiento genera una onda electromagnética que no es llama, pero que predispone la vegetación que tiene delante a quemarse”.

El incendio de Selas, en Guadalajara, devoró 2.000 hectáreas en 24 horas, recuerda Laina. En el de Tres Cantos se registraron velocidades de 10 kilómetros por hora, un ritmo que la persona promedio no aguanta a pie. “Es una velocidad descomunal, bastante con que la gente se pueda poner a resguardo”, asegura el profesor. En el incendio de Burgohondo, que se originó el miércoles, han ardido ya unas 25.000 hectáreas y en el trío de fuegos de Madrid, que acabaron convirtiéndose en apenas tres días, cerca de 18.000 hectáreas.

La velocidad a la que se propagan los incendios también explica por qué es relativamente habitual que un fuego que empieza en una zona habitada, o cerca de una, se descontrole en minutos, pese a que pueda ser tentador pensar que es sencillo sofocar un fuego que acaba de originarse, por ejemplo provocado por una máquina agrícola, como ha sucedido en Ávila, donde el Seprona atribuye el origen del fuego a una “chispa” causada por el uso de maquinaria pesada en una zona prohibida.

O en La Mierla (Guadalajara). “En aquel caso el fuego alcanzó los 20 metros por minuto en algún momento. ¿Cada cuánto tiempo mira hacia atrás (que es donde se producen los incendios) un agricultor que va en una cosechadora? Te despistas un minuto y tienes una línea de fuego de 20 metros. Eso no lo apagas ya, pese a que están obligados a tener un extintor de 15 litros. Y ya puede llegar el helicóptero a la media hora, que tampoco”, pone como ejemplo. Si el combustible es un cultivo o pastizal seco, la velocidad se puede disparar hasta los 20 kilómetros por hora, asegura De la Calle.

“Llevamos advirtiendo esto muchos años”

Como explicaba Laina, tras la velocidad llega la intensidad. Que cada vez es mayor, según detectan los expertos. “La intensidad de las temporadas de incendios ha aumentado entre un 30% y un 40% a nivel promedio en las últimas décadas. Llevamos advirtiendo de esto muchos años”, insiste en el SMC Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería forestal y Cambio global de la Universidad de Lleida e investigador de Agrotecnio. “Este aumento en la intensidad se debe a toda la energía guardada en los montes en forma de biomasa, como resultado del abandono rural y, en ocasiones, de políticas ambientales excesivamente proteccionistas. También, por otro lado, porque la atmósfera está cargada de energía desecante, como consecuencia de la quema de combustibles fósiles”.

Todo está confluyendo estos días en los fuegos entre Castilla y León y Madrid, como recordaba Rojas Briales, junto a unas características del terreno y ambientales óptimas para la propagación del fuego. “Desde la vertical de Ávila ciudad hasta prácticamente El Escorial, el sistema Central se hunde unos 1.000 metros, perdiendo mucha de su capacidad de atracción de lluvia y tormentas, facilitando también el intercambio de masas de aire más cálidas y secas desde el sur. Con ello, desaparecen los elementos templados y de alta montaña (pino silvestre, rebollo…) para ser sustituidos por pino pinaster y piñonero, además de encina. Adicionalmente, los suelos no retienen mucha agua ni nutrientes y son bastante superficiales”, explica sobre la violencia que se está registrando en los fuegos.

Y un incendio forestal intenso es difícil de apagar, a veces imposible. “Estos incendios son muy voraces, con mucha velocidad y una gran capacidad de liberación de energía que hace que sean inabordables o fuera de la capacidad de extinción”, sostiene De la Calle. El frente emite tanto calor que no se puede atacar de frente y toca contener y “esperar ventanas de oportunidad para que los medios de extinción puedan atacarlos con cierta seguridad”.

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, responde a la llamada de este periódico desde el coche, desplazándose entre los incendios que asolan la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. Barcones explica que estos fuegos, que se desplazan a gran velocidad y generan temperaturas muy altas, son ya una realidad presente y futura. Y no solo, recuerda nombrando el tren de borrascas que cruzó España en invierno. eventos climáticos extremos que justifican la necesidad del pacto de Estado contra la emergencia climática que ha propuesto el Gobierno.

“Es una necesidad imperiosa. [Los eventos catastróficos] no son algo que vaya a pasar; ya ha pasado y va a seguir. La realidad es tozuda, hay que creer en la ciencia y en los datos objetivos”, defiende. Mientras tanto, los servicios de emergencias trabajan para mitigar los efectos del fuego en una zona de gran dispersión inmobiliaria —“interfase urbano-forestal”, dicen los técnicos— que dificulta los trabajos de extinción. A los nueve minutos de conversación, la llamada se corta y no se puede recuperar.

¿Cuál es la situación de la emergencia en estos momentos? ¿Qué es lo que más preocupa?

La evolución sigue siendo desfavorable, se están produciendo en estos minutos diversas evacuaciones. También se ha enviado un nuevo ES-Alert para evacuar más municipios [aquí puedes consultar la última hora sobre estos incendios]. Esto era algo que podía ocurrir, estábamos evaluando todos los posibles escenarios.

¿Prevén más evacuaciones?

Es difícil de anticipar. La emergencia climática nos lleva a tener incendios con una virulencia y que generan dinámicas propias, temperatura extrema, poca humedad, mucho viento... No se puede descartar ningún escenario. Ahora hay unos 30.000 evacuados.

Se habla mucho hoy de evitar que los incendios se unan, algo que ya ha sucedido al menos en un caso y está a punto de suceder también con el fuego de Ávila. ¿Qué implica que se unan dos fuegos?

Los incendios cuando se unen generan fuerza y virulencia, adquieren una mayor intensidad, que sumada a la velocidad en la propagación, que está siendo un factor común a esta campaña de incendios, fruto de esa emergencia climática, están generando un escenario más adverso.

¿Estos incendios, veloces e intensos, van a ser la norma en adelante?

Esto es una realidad. El año pasado tuvimos la peor campaña de incendios forestales simultáneos de la historia reciente del país. Y precisamente por eso, por las lecciones aprendidas, el presidente del Gobierno puso encima de la mesa un pacto contra la emergencia climática. Un pacto que se ha ido enriqueciendo con asociaciones, organizaciones, colectivos, con la sociedad civil organizada... Es una necesidad imperiosa. No es algo que vaya a pasar, es algo que ya ha pasado y que va a seguir. La realidad es tozuda, hay que creer en la ciencia y en los datos objetivos. Cuando el presidente del Gobierno puso encima de la mesa el pacto de Estado contra la emergencia climática era una evidencia lo que había pasado y lo que iba a seguir pasando.

Y por eso el Gobierno de España ha reforzado sus capacidades para poder hacer frente desde la anticipación, prevención y planficación para poder dar la mejor respuesta a las zonas afectadas. Pero hace falta que sea un acuerdo de país, un acuerdo de fortalecimiento compartido en esa estrategia de abordar desde la anticipación hasta la recuperación el daño que provocan estos terribles y desgraciados incendios, así como otras catástrofes naturales que suceden. Hay que recordar que estuvimos dos meses con un tren de borrascas que generaron mucha afección, muchos daños. Ahora llegan los incendios. Hemos tenido temperaturas extremas desde muy pronto. Batimos récords de temperatura, de duración de olas de calor, de anticipación... Esta es la emergencia climática y ese es el riesgo para todas las personas, para los pueblos. La única manera de combatirla es hacerlo desde un pacto de Estado.

Estos incendios están en una zona con mucha dispersión inmobiliaria, mucha interfase urbano-forestal que obliga a destinar muchos medios a rescatar/evacuar personas y proteger sus propiedades, retirándolos de la primera línea de ataque del fuego. ¿Son más peligrosos por esta razón, porque obligan a centrar los recursos en prevención-atención y no en extinguir el fuego?

La Protección Civil tiene pautas claras. Lo primero siempre son las personas. Una vez garantizada su seguridad y bienestar, lo siguiente son las poblaciones, los domicilios, las casas, y en tercer término el medio natural. Así lo hacemos y luego la orografía, la dispersión, puede incidir de manera más o menos relevante a la hora de la intervención en cuanto a la extinción, pero las prioridades son claras y la emergencia climática también.

¿Está el sistema de protección civil preparado para afrontar un escenario en el que este tipo de grandes incendios puedan repetirse cada verano con más frecuencia?

Este año hemos aprobado la nueva directriz básica de incendios forestales, con unanimidad del Consejo Nacional de Protección Civil y emergencias, que agrupa a las entidades locales, a las comunidades y ciudades autónomas y el conjunto del Gobierno de España. La aprobamos por unanimidad. Creo que es la prueba más evidente de ese trabajo de reforzar las capacidades del sistema, que pasan por la planificación.

Arde estos días el Ibón de Plan, en el Pirineo aragonés, pero los expertos no se sorprenden. Hace no tanto que un incendio a 2.000 metros de altitud como este se habría considerado una rareza. Hoy no es que pase cada día, pero ya no es novedoso para ellos. El fenómeno se veía venir: ya el año pasado se batieron récords de hectáreas quemadas a más de 1.500 metros.

“El área quemada va a seguir aumentando en los próximos años si no se toman medidas, porque la intensidad de los incendios está aumentando. Las zonas en las que previsiblemente veremos mayores aumentos en el área quemada son montañosas, de gran altitud, que tradicionalmente no se quemaban porque estaban muy húmedas”, explicó al Science Media Centre (SMC) España Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería Forestal y Cambio Global de la Universidad de Lleida e investigador de Agrotecnio. Y cita Pirineos, el sistema Central o la cordillera Cantábrica como ejemplos.

Esto genera varios problemas, advierten los expertos. A esas altitudes, la presencia de medios terrestres para atacar al fuego es complicada, tanto por el mero acceso, aunque existen las brigadas aerotransportadas, como por su capacidad de moverse por un terreno hostil. El acceso al agua también se complica. Y, como explica Rubén Laina, profesor de la Escuela de la Ingeniería de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), “si no hay acceso de medios terrestres no puedes gestionar el incendio”.

Además, son zonas que no están acostumbradas a arder, añade Raúl de la Calle Santillana, secretario general del Colegio Oficial de la Ingeniería Forestal: “Tienen una menor experiencia histórica con incendios frecuentes y eso les lleva a ser más vulnerables. Tienen una capacidad de regeneración inferior a la vegetación de otras cotas, son ecosistemas mucho más sensibles: también hay consecuencias en los suelos, suelen ser zonas de cabecera de cuenca que puede afectar a la capacidad de infiltración del agua y su calidad y hay especies muy especializadas en esos hábitats. Por eso son especialmente preocupantes estos incendios”, argumenta.

Acción y omisión

Las causas tampoco son un misterio y tienen un factor común: el ser humano, por acción y por omisión. “A medida que aumente el combustible [en el monte] por el abandono rural, y que ese combustible se seque cada vez más por el cambio climático, nos vamos a encontrar con una mayor probabilidad de desarrollar megaincendios, o incendios extremos, porque en esas zonas es donde hay mayores acumulaciones de combustible”, añadía Resco de Dios.

“No es que antes no pasara”, matiza De la Calle Santillana, “ni es igual en toda España, pero en muchos casos el fuego empieza en zonas inferiores y encuentra condiciones para propagarse que antes no se daban montaña arriba, zonas que históricamente estaban más protegidas porque había una temperatura más baja y humedad y una mayor durabilidad de la nieve”, elabora.

A la mayor sequedad causada por el calentamiento global de origen antrópico se suma también “una mayor continuidad de la vegetación disponible”, motivada en buena medida “por el abandono de pastos y aprovechamiento típicos de estas zonas de cumbre”, continúa.

“En zonas de montaña donde hay una actividad ganadera relevante”, tercia el profesor Laina, “el interés es el pasto, y para que haya pasto se ha quitado el material y el arbolado y luego metían a su ganado, que hacía el mantenimiento del pasto. Una ganadería en extensivo en una determinada zona hace que el arbolado ni el arbusto tengan tiempo de regenerarse. Ahora, como esa actividad de ganadería extensiva se ha perdido, el monte no se limpia”, dice tirando de un verbo que, explica, no le gusta porque tiene connotaciones negativas, pero sirve para trasladar el mensaje.

Primero las personas, luego sus cosas y después el monte

Todo esto, explican Laina y De la Calle, se ve exacerbado por las políticas humanas. “Los dispositivos [de extinción] priorizan las zonas habitadas. El Real Decreto 893/2013 lo deja claro: primero las vidas humanas, después los bienes inmuebles e infraestructuras [aquí se incluyen las ganaderías] y después el medio natural. Y los medios quedan secuestrados y los bomberos no pueden atacar el fuego”, cuentan. No es una crítica al sistema, aclaran, pero sí un hecho que tiene afectación sobre el monte.

Sucedió en los incendios de León de 2025, ilustra Laina. “Tuvieron el gran problema porque afectaron a muchos núcleos urbanos muy dispersos, de manera que los servicios de extinción, en vez de estar mirando la cabeza del incendio (la que dice hacia dónde va, cuándo se va a parar, etc.) estaban pendientes de eso”, recuerda. Aquellos fuegos arrasaron con 129.836 hectáreas, la misma cantidad que, de media, se quemaba la década pasada en toda España en un año.

El profesor Laina cree que es necesario que “la población expuesta al riesgo, además de esperar apoyo de los servicios públicos, debería ser consciente y adecuar sus casas, sus jardines, y su cultura de incendios”.

También las administraciones, explica el ingeniero De la Calle, porque la nueva realidad obliga también a repensar los planes de prevención: “Zonas que antes se consideraban relativamente protegidas ahora hay que incluirlas en la planificación”.

“Un monte gestionado da ventanas de oportunidad”

Pero a veces ni siquiera actuar sobre el terreno es suficiente. Lo explicó el lunes Ricardo Jiménez, alcalde de La Mierla (Guadalajara), donde se está produciendo estos días unos de los peores incendios forestales del año: “La Junta ha hecho un esfuerzo grandísimo este invierno [para la prevención de incendios], han hecho cortafuegos, pero no ha sido suficiente”.

“Además de que no podemos actuar en el 56% del territorio [que tiene consideración forestal]”, tercia De la Calle. “Hablamos de actuar en zonas estratégicas, de disminuir la biomasa en zonas concretas. Porque es cierto que cuando llegan incendios voraces extremos es muy difícil pararlos aunque esté el monte gestionado. Pero un monte gestionado da ventanas de oportunidad, y muchos de los incendios que se apagan se debe a esto”.

En los alrededores del Ibón de Plan, a 2.000 metros de altitud en pleno Pirineo, los medios terrestres hacen lo que pueden, que es poco, como admitía el alcalde de la localidad, José Serveto. “Es [un incendio] muy difícil de atacar” porque en el terreno hay “una cortada de precipicios” por la que “caen árboles en llamas desde arriba hacia la parte baja”. El trabajo se hace fundamentalmente con medios aéreos, “pino a pino”. No hay otra manera y la tecnología, opina el ingeniero De la Calle, no resolverá esta cuestión. “Tener más medios no va a hacer más fácil este tipo de extinción”, cierra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Gobierno destinará 300 millones de euros a la lucha contra los incendios y el cambio climático. En concreto, la partida se destinará a pymes —pequeñas y medianas empresas—, “para producir de manera más limpia y eficiente, adaptar nuestro tejido productivo a la nueva realidad climática, y desarrollar tecnologías para combatir los fenómenos extremos”.

El presidente ha realizado el anuncio minutos antes de su visita a la zona de La Mierla (Guadalajara), donde han ardido más de 30.000 hectáreas del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalaja, y cinco pueblos fueron evacuados, aunque ya se ha levantado esta medida. Es el incendio que más superficie protegida se ha quemado en España en el último cuarto de siglo.

Tras su visita, Sánchez ha recordado que en lo que va de año ya han ardido en España 100.000 hectáreas, dato que en la década anterior era el total anual y este 2026 se ha alcanzado “antes de llegar a los puntos más críticos del año”. “En lo que llevamos de año llevamos 22 grandes incendios, cuatro veces más que el año anterior”, ha destacado Sánchez.

“No podemos acordarnos de los incendios cuando se producen”

El presidente ha insistido en la necesidad de alcanzar un pacto de estado ante “la emergencia climática”, una propuesta que ya realizó el año pasado, cuando media España ardía, pero que no parece haber avanzado mucho en este periodo.

“España necesita un gran acuerdo contra la emergencia climática. No podemos acordarnos de los incendios o emergencias cuando se producen, hay que hacerlo previamente. Necesitamos concienciar a la ciudadanía, tomarnos la emergencia climática en serio. Tenemos olas de calor que superan los 40 grados, como estamos viendo. Es imperativo que se alcance un pacto de estado entre instituciones y también en las Cortes, para hacer leyes, recursos económicos a lo largo de todo el año, [tomar] medidas fundamentales para salvaguardar la vida, la seguridad y proteger la prosperidad de los territorios”, ha expresado.

Sánchez, que ha comparecido junto a Ricardo Jiménez, alcalde de La Mierla, y Emiliano García Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, ha destacado la colaboración entre administraciones en este incendio, aspecto que han subrayado también los otros dos políticos, y ha puesto en valor el servicio público.

“[La emergencia climática] es un fenómeno que afecta a todos los países, pero lo estamos abordando de distinta manera. En España tenemos unas políticas públicas, un estado del bienetar, unos servidores y servidoras públicos que están respondiendo de manera valiente, con coraje, eficaz”, ha asegurado.

Jiménez, alcalde de La Miera, ha señalado que “la Junta ha hecho un esfuerzo grandísimo este invierno [para la prevención de incendios], lo veo en mis pedanías, han hecho cortafuegos, pero no ha sido suficiente”.

Más de 120.000 hectáreas quemadas

En lo que va de 2026, las imágenes por satélite muestran la destrucción de al menos 120.000 hectáreas por el fuego, según las estimaciones provisionales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) El siguiente mapa muestra las áreas quemadas y los principales focos activos en los dos últimos días que han detectado los satélites de la NASA en España.

El año 2025 fue, con diferencia, en el que más superficie protegida ardió en España: más de 100.000 hectáreas que afectaron a entornos naturales como la Sierra de Gredos, los Picos de Europa o el Lago de Sanabria. También fue un año récord en superficie arrasada por incendios. Y 2026 va por el mismo camino: como ha recordado Sánchez este miércoles, la estadística dice que España ya está en los registros de todo el año anterior.

De récord en récord, este martes está previsto que empiece en España la tercera ola de calor del verano, cuando ni siquiera ha llegado el mes de agosto. Hasta 2017, nunca se habían registrado tres olas de calor antes del final de julio, pero ese año se rompió una racha histórica que, desde entonces, se ha repetido hasta en tres ocasiones: ese 2017, en 2022 y este 2026.

También de récord en récord, una gran mayoría del país está sufriendo el año más caluroso de su historia. Hasta 33 provincias —de las 50 que hay— ven cómo los termómetros se disparan como nunca desde que hay registros este 2026. También es el segundo más cálido en otras cinco y, en lo que llevamos de año, se han batido ya 109 récords de temperatura, 31 de ellos en capitales de provincia.

Las temperaturas inhabitualmente altas comenzaron oficialmente el 20 de mayo, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explicó que España padecía un calor fuera de lo común. Desde ese momento, el bochorno ha castigado casi sin descanso. Aquel calor inusual “de verano” en plena primavera duró hasta el 2 de junio. Para el 21 de este mes, se declaró una ola de calor que subía el nivel de severidad un punto más y que duró hasta el día 24.

La segunda ola de la temporada llegó entre el 5 y el 9 de julio, como se puede observar en el siguiente gráfico interactivo. La infografía muestra visualmente cómo el calor se adelanta: el espacio casi blanco de las primeras décadas del registro en junio y julio va dejando paso año tras año, especialmente a partir de 2015, a olas (en rojo) cada vez más tempranas y también más largas: el pasado año hubo una de 17 días y otra de 16.

En esta tercera ola del verano se esperan máximas de 41 grados en varias zonas del sur y el este peninsular. En ninguna de las anteriores olas de calor registradas por la Aemet (sin contar las de este año, para las que no hay datos definitivos aún) se superaron los 40 grados de máxima, según el registro de la agencia, excepto un episodio en 2017, cuando se llegó a 41,1 grados.

Ya desde mayo el servicio de vigilancia por satélite de la Unión Europea Copernicus viene advirtiendo de que estos eventos “son consistentes con el rápido calentamiento y la creciente frecuencia e intensidad de las olas de calor en Europa, que es el continente que se calienta más rápidamente”. Es decir, a medida que el cambio climático avanza, “Europa se recalienta y las olas ocurren antes y más allá del verano”, como ha acreditado el panel internacional de expertos IPCC. Es un calor que viene pronto y no se va.

“Prácticamente imposible” sin los humanos

Es un calor que, los investigadores lo tienen claro, “habría sido prácticamente imposible” sin el efecto del cambio climático, según la evaluación rápida de los científicos de la World Weather Attribution (WWA). Unas temperaturas que trascienden España y que, en los últimos días, ha provocado que el 45% de las 854 ciudades de, al menos, 50.000 habitantes por WWA ha alcanzado sus récords de estrés térmico: la mezcla de temperaturas y humedad que condiciona la capacidad del cuerpo para refrigerarse mediante la transpiración.

Más de 90 millones de europeos han soportado temperaturas por encima de los 35ºC y unos 350 millones, de más de 30ºC. El calor extremo ha golpeado a España, Francia, Gran Bretaña y Alemania, dejando un reguero de muertes a su paso.

Porque es un calor que dispara los fallecimientos y amenaza al sistema sanitario. De récord en récord, desde el mes de mayo, cuando empezó el calor extremo, el Ministerio de Sanidad calcula que en España ha habido un exceso de 2.495 muertes —sobre lo que sería estadísticamente habitual— atribuibles a la temperatura, según los últimos datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). Solo la segunda ola del año, a principios de mes, sumó 622 personas fallecidas por calor, pero mayo, sin ola de calor, ya sumo 123.

Esta estadística, aclara siempre el Ministerio, no refleja un “conteo de muertes”, sino los “fallecimientos que, mediante un modelo estadístico —con lo que ha ocurrido en los diez años anteriores— se atribuye que pueden deberse a las altas temperaturas; no significa que sea una muerte por un golpe de calor, sino por patologías que se agravan”.

Hasta 45 grados

Para este episodio concreto —una ola de calor oficialmente son al menos tres días consecutivos en que, como mínimo, el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95 % de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000—, siete comunidades del sur y la mitad este peninsular activaron el lunes el aviso naranja (peligro importante) por altas temperaturas que alcanzarán hasta 41 grados, según ha informado la Aemet.

Son Andalucía, Aragón, Catalunya Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Baleares y Castilla-La Mancha. Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y Ciudad autónoma de Ceuta están en aviso amarillo.

Hasta 45 grados podrán registrarse esta semana en Murcia capital durante una ola que irá acompañada de polvo en suspensión, calima y un empeoramiento de la calidad del aire, además de tormentas secas, posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

La previsión es que las temperaturas den un cierto respiro el fin de semana y se sitúen por debajo del promedio para la época en el oeste de la península y en torno a lo normal en el resto.

Además, recuerda la Aemet, durante buena parte de esta semana el peligro de incendios “será muy alto o extremo en la mayor parte del territorio”. Porque si las temperaturas se están saliendo de las gráficas, los fuegos no le andan muy a la zaga.

La temporada de incendios de este año ya supera la media de los últimos años tras los fuegos de Almería, donde han fallecido 13 personas, Zaragoza y La Mierla. Quitando las excepciones de 2025 y 2022 (cuando los incendios se dispararon muy por encima de lo habitual), es el año en el que más hectáreas se han quemado ya a estas alturas del verano.

En lo que va de 2026, las imágenes por satélite muestran la destrucción de al menos 105.000 hectáreas por el fuego, según las estimaciones provisionales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

El traspaso de las competencias en Educación a las comunidades autónomas ha servido para reducir las diferencias entre regiones en el último cuarto de siglo. Así lo asegura CCOO en un estudio publicado este jueves, en el que analiza 22 indicadores educativos y su evolución comunidad a comunidad entre el año 2000, cuando se completó el proceso de transferencia competencial, y el 2026.

“A diferencia de lo que suele a veces transmitirse como una opinión extendida”, dice CCOO, “la asunción de las competencias educativas por parte de las comunidades autónomas ha supuesto una sustancial mejora en los indicadores y reducción de las diferencias territoriales”.

El estudio analiza la evolución de aspectos como la escolarización a diferentes edades, los recursos económicos destinados a educación, lo que califica como “procesos” (ratios de alumnado por docente, tasas de estudiantes en programas de diversificación, tasas de idoneidad –quién está en el curso que por edad le corresponde–) o resultados académicos y las diferencias entre comunidades durante estos años.

Sostiene el sindicato que casi todo ha mejorado en dos décadas y media. “En todos los indicadores hay –entre el primer curso y el más reciente de cada serie– un claro incremento (o reducción, para el caso de las ratios o de la tasa de abandono educativo temprano); esta mejora es más fuerte en el caso de los indicadores de escolarización, multiplicando por cinco o por cuatro anteriores tasas. Pero si analizamos las diferencias entre las comunidades autónomas en cada indicador, nos encontramos con que en 17 indicadores se ha producido una reducción –en ocasiones muy fuerte– de las diferencias territoriales, frente a cinco casos en los que estas diferencias han aumentado ligera o moderadamente”.

Y en esos cinco que han empeorado (la tasa de abandono temprano y cuatro programas de refuerzo o diversificación para estudiantes con problemas), “las diferencias son reducidas y, salvo uno (la tasa de abandono educativo temprano), todos son indicadores de procesos educativos, en los que las comunidades autónomas tiene mayor margen de actuación o están más condicionadas por factores sociales”, añade CCOO.

Todo mejora

CCOO empieza explicando que la educación no es ajena a la sociedad. “Las que son diferentes, desde el punto de vista de numerosos indicadores sociales y económicos, son las distintas comunidades y no solo su educación. Así, la tasa de paro, el PIB per cápita, el número de plazas hospitalarias por habitante, etc., no son los mismos en todas las comunidades, mostrando importantes y, en cierta medida, históricas diferencias entre ellas, con una dispersión no menor a la de los indicadores educativos. Es en este marco de desigualdad social en el que hay que entender y valorar las diferencias educativas, así como plantear medidas de reducción”, explica el sindicato.

El informe muestra una mejoría evidente generalizada en los últimos 25 años en los 22 indicadores, en 17 comunidades autónomas (más de 10.000 datos, destaca CCOO). De media en España, todos los indicadores han subido, algunos en tasas superiores al 100%. La tasa de escolarización ha mejorado en todas las edades, superando el 90% en 3, 16 y 17 años. En el tramo 0-2 ha pasado de un 9% a rozar el 40%.

Algo similar pasa con el gasto por estudiante (que ha pasado de 4.271 euros en 2004 a 6.851 en 2023), la tasa de idoneidad (del 63,2% al 76,3%), las ratios de alumno por profesor (de 12,1 a 10,9), las tasas de graduación (del 73,4% al 93,2% en la ESO, del 46,8% al 54,9% en Bachillerato) y el abandono temprano (del 29,1% al 12,8%).

“Hay comunidades que han colaborado más”

Partiendo, como hace CCOO, de que la evolución de la educación está ligada a la evolución de la sociedad, y dado que España ha mejorado en casi todo en el último cuarto de siglo, que los indicadores mejoren con carácter absoluto puede considerarse esperable, reflexiona el sindicato. Para CCOO, lo destacable es que se haya ido avanzando la vez que se reducen las diferencias entre territorios. Aunque, apostilla, “hay comunidades que han colaborado más que otras a la convergencia”.

Porque a la vez que mejoraban los indicadores con carácter general se reducían las diferencias entre comunidades. Para medir esta brecha, CCOO utiliza el coeficiente de variación, una medida de dispersión que analiza la relación entre la desviación estándar y la media de los valores. Traducido: “El coeficiente se incrementa a medida que los datos se vuelven más diversos y disminuye cuando son más homogéneos”, explica CCOO.

Así, en escolarización, el CV entre la mejor comunidad y la peor para el alumnado menor de tres años ha pasado de 116% entre Catalunya y Galicia, respectivamente, a un 21% hoy entre Galicia —que estaba la última y hoy es la primera— y Asturias. Algo similar sucedió con los jóvenes de 16 años (de una diferencia de seis puntos porcentuales a 2,4, que es prácticamente converger) y de 17 años (la brecha ha bajado de 25 puntos entre Baleares y Euskadi en el 2000 a 14 entre las mismas regiones en 2025).

El gasto por estudiante también tiende a la convergencia. Los 4.271 euros anuales que se invertían en cada alumno en 2004 se convirtieron en 6.851 en 2023, y el CV pasó de 13,52 a 12 en esos 20 años. Murcia y Euskadi eran entonces los extremos bajo y alto, respectivamente; el País Vasco sigue liderando la inversión hoy, pero Madrid ha caído a la cola.

Lo mismo sucede con la tasa de idoneidad a los 15 años, que puede analizarse como la cara contraria de la repetición. En el año 2000 estaba en un 63,2% (el porcentaje de jóvenes que está en el curso que le toca por edad) y hoy ha subido al 76,3% mientras las diferencias entre la comunidad con mejores datos (Castilla-La Mancha) y la peor (Baleares) se ha reducido a la mitad.

El informe analiza también los resultados académicos, con la misma conclusión. Las tasas brutas de graduación en ESO y Bachillerato han mejorado cinco puntos en 20 años con carácter general, llegando al 79% y el 55%, respectivamente, mientras se cerraba la brecha. Los 20 puntos de diferencia entre Extremadura, a la cola en esta estadística en 2001, y Asturias, han bajado hasta menos de 15 hoy.

La importancia de los programas de compensación

El sindicato explica que, más allá de la inversión anual en educación, buena parte de la convergencia se ha logrado a partir de programas ajenos a esa financiación general del sistema, programas dedicados específicamente a la compensación de desigualdades territoriales específicas de la educación. “Sin ellos no se explicaría la importante reducción de las diferencias territoriales”, explica CCOO, que destaca además que son fondos que parten de la Conferencia Sectorial de Educación, el órgano en el que negocian el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas.

Aparecen en este apartado los fondos vinculados a la Memoria de la LOGSE (cuyos importes se extendieron en más años de los previstos); los de la LOE 2006 (que llegaron hasta 2010 y se prolongaron hasta 2011) y los recursos vinculados a los llamados Programas de Cooperación Territorial y de impulso de la Formación Profesional (de 2018 hasta la actualidad, claves para la eclosión reciente de la escolarización en la educación infantil).

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad y también su modelo de financiación, en lo que supone “la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, en palabras del ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Solo Vox ha anunciado durante el debate previo su voto en contra de ambos cambios y de la nueva financiación. El PP ha adelantado su “sí” al aumento de la partida económica después de reprochar al Gobierno que solo busca votos con este cambio y de no tener presupuestos para ejecutarlo, pese a que hay 6.200 millones extras anunciados y negro sobre blanco en la ley para dependencia, y tras mantener la intriga toda la tarde se ha abstenido en la votación de la reforma de la ley en sí. Finalmente, las reformas normativas han salido adelante con 179 votos favor (del Gobierno y sus socios), 137 abstenciones (del PP) y 33 en contra (Vox).

“Es un día que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestra política social. El 14 de julio se recordará durante décadas como el día que se refundó el sistema de cuidados. Es difícil poner en perspectiva los cambios. Son comparables a lo que sucedió en el siglo XX con la construcción del sistema de pensiones, del sistema público de sanidad o del sistema educativo”, ha expresado Bustinduy en el Congreso.

Formalmente han sido dos debates. Uno, sobre la financiación de las reformas, que el Gobierno regará con 6.200 millones extra entre este año y el siguiente para alcanzar la inversión récord de 7.239 millones de euros en 2027. El otro, sobre las propias reformas de las leyes. Pero el ministro, y todos los grupos excepto el PP, lo han abordado como un todo (ambas reformas son copmlementarias), en la línea mantenida por el Ejecutivo con estos dos temas, y ha realizado una defensa conjunta de los dos cambios.

Bustinduy ha insistido en su intervención en que el objetivo de la reforma es pasar del “modelo asistencialista” que ha regido los cuidados hasta ahora a uno en el que las personas con discapacidad o en dependencia tengan autonomía en su propio hogar y se base en derechos y autonomía personal.

"Hay millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata. La mirada asistencialista o paternalista sobre personas con discapacidad o dependencia ya no nos sirve. El modelo de macrorresidencias alejadas de los centros urbanos ya no nos sirve. Condenar a miles de compatriotas a vivir de forma no elegida ya no nos sirve"

Pablo Bustinduy — Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

“Hay millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata. La mirada asistencialista o paternalista sobre personas con discapacidad o dependencia ya no nos sirve. El modelo de macrorresidencias alejadas de los centros urbanos ya no nos sirve. Condenar a miles de compatriotas a vivir de forma no elegida ya no nos sirve”, ha enfatizado. Según el ministro, el 90% de la población desearía envejecer en casa.

La mayoría de los partidos del Congreso han celebrado la reforma. Compromís, CC, BNG, Podemos, Junts, ERC y Sumar desfilaron por la tribuna del Congreso para anunciar su apoyo a la propuesta, pero también para recordarle al Gobierno que hace años que las comunidades vienen exigiendo el aumento en la financiación, porque el Gobierno central solo se hace cargo actualmente del 27% del coste de la dependencia, según advirtió ERC, dejando el grueso a los Ejecutivos regionales. También se plantearon dudas respecto a qué pasará a partir de 2028.

El PP reprochó al Gobierno que solo busca votos, que la reforma que se aprueba hoy “no cambia el sistema de financiación de la dependencia”, que los 6.200 millones extras anunciados “son solo un titular político” y, recogiendo una expresión que había utilizado Pilar Calvo, de Junts, que el Ejecutivo practica el “yo invito, tú pagas”. Finalmente, tras un discurso que dio la impresión contraria, anunció el voto favorable del partido. Pero solo al aumento de la financiación, en la reforma propiamente se abstuvo.

Vox justificó su rechazo porque duda de que el Gobierno esté en condiciones de implementar todo lo que dice la ley. “Qué fácil es votar 'sí' a esta propuesta, quedar bien con todo el mundo y dejar que las personas con discapacidad y sus familias crean que va a mejorar sus vidas. De nada sirve aprobar ayudas si no están en disposición de asegurar que vayan a llegar”, ha sostenido la diputada María de la Cabeza Ruiz.

Ayudas compatibles y aumentadas

Con esta doble reforma el Gobierno amplía y flexibiliza las ayudas en la ley de dependencia y la discapacidad (entre un 18,4% y un 120% en función del grado concedido), más que duplica la inversión en ambas materias y garantiza que la Administración General del Estado (AGE) aportará en adelante el 50% de la financiación, que las comunidades autónomas deberán complementar.

Con los 6.200 millones extras que aportará el Ejecutivo en dos años, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas “una cantidad récord”, en sus propias palabras, de 5.513 millones de euros este año y 7.239,4 millones el siguiente, primero en el que se aplicará la nueva financiación de manera íntegra.

Los principales cambios en la norma apuntan a flexibilizar y ampliar las ayudas que contempla la ley. Una persona podrá recibir ayudas diferentes de forma simultánea: “Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia, etc.”, explica Asuntos Sociales.

El amigo cuidador

La asistencia personal sale del hogar. “La persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en su casa, también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra, ir al médico, etc.”, explica el ministerio.

También se abre el abanico de los cuidadores no familiares y se contempla que personas del entorno del beneficiario de la discapacidad puedan ofrecer cuidados, “asumiendo los diferentes modelos de convivencia que hay”, argumenta el Ejecutivo: “Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casados, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí (modelos unipersonales)”.

Además, se universaliza el derecho a la teleasistencia, de manera que este servicio debería llegar a más gente en situación de dependencia o a otras que no podían acceder actualmente, por ejemplo las personas con demencia. Esta herramienta se usará también de manera preventiva, para evitar o retrasar la institucionalización de alguien.

Finalmente, se eliminan las sujeciones farmacológicas (personas a las que duermen con pastillas), que quedan “solo como medida alternativa”, según el Ejecutivo.

Accesibilidad universal

La reforma de la ley de la discapacidad centra buena parte de sus novedades en el acceso universal, pese a que ya es un servicio recogido en la normativa nacional. Ahora pasa de principio rector a derecho subjetivo.

La diferencia es que el primero marca un objetivo para la administración, mientras el segundo es una garantía reconocida a las personas. Es la diferencia, por ejemplo, entre el derecho a la vivienda digna, principio rector constitucional, y el derecho a la Educación.

Para reforzar esta línea de actuación, la ley modificará la Ley de Propiedad Horizontal “para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de vecinos tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita”.

Se calcula que unas 100.000 personas viven confinadas en su casa porque no es accesible y no pueden salir.

Reconocimientos automáticos

La reforma también contempla que habrá reconocimientos automáticos de discapacidad para agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera. A las personas que se asigne un grado I de dependencia se les reconocerá igualmente un 33% de discapacidad y las que obtengan un grado II o III llegarán al 65%.

Por último, se prohibirá que algunos contratos de seguros penalicen económicamente la discapacidad, como hacen algunos actualmente, y se crea la figura del “facilitador procesal” que actúe de mediador entre los operadores jurídicos y las personas con discapacidad cuando estas afronten procesos judiciales.

Cambio de paradigma. El Congreso vota este martes la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, una de las medidas más ambiciosas del Gobierno para esta legislatura y con la que el Ministerio de Derechos Sociales pretende darle la vuelta a la manera en la que se aborda la ayuda a personas dependientes y/o con discapacidad. La idea del Ejecutivo, según ha explicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es pasar del enfoque “asistencialista y de macrorresidencias” a “un nuevo modelo de atención basado en los derechos de estas personas y en su voluntad de vivir en sus hogares y entornos próximos”. Los cambios podrían afectar a unos dos millones de personas.

Si se aprueban ambas reformas —y saldrán adelante si los partidos se mantienen en las posturas que han tenido hasta hoy–, en la ley de dependencia quedará garantizado que el Gobierno aporte el 50% de la financiación, como le pedían las comunidades autónomas. Se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, el servicio domiciliario saldrá de las paredes del hogar y la persona que ofrezca asistencia podrá acompañar al usuario en su día a día, se abre el abanico de quién puede cuidar a alguien y la teleasistencia se configura como un derecho subjetivo. Por el lado de la discapacidad, la accesibilidad universal se reconoce como un derecho, se establecen ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad, se reconocerá la discapacidad de manera automática a partir de la dependencia y se prohibirá la discriminación actualmente existente para personas con discapacidad en algunos seguros.

Además, el Ejecutivo pondrá 6.200 millones de euros extras para financiar la ley, según anunció hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, valoró el lunes que la dependencia “es el gran desafío que tenemos a futuro para que no dependa del patrimonio y los recursos de una familia, y que el estado del bienestar proteja y permita vivir a los mayores en su casa”, según explicó en la Cadena Ser. El ministro ha puesto en valor su reforma y ha subrayado la importancia de “dignificar la labor en los cuidados”: “Si mañana no fuesen el medio millón de mujeres que dedican la jornada a cuidar a quienes lo necesitan, nada sería posible”.

El Ministerio de Sanidad informó el pasado mes de abril de que 30.000 personas mueren cada año esperando una ayuda a la dependencia. El plazo medio hasta que se obtiene una respuesta de la administración es de 246 días, y si se obtiene una respuesta favorable pasan otros 62 hasta que se obtiene. Es un total de 329 días, 11 meses.

“Una prioridad institucional”

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha explicado a este periódico que si sale adelante la reforma será una “extraordinaria noticia” que “fortalece el sistema de servicios sociales”, y ha valorado que “el estado ponga a las personas en situación de dependencia y con discapacidad en la agenda pública como prioridad institucional”.

Sin embargo, Ramírez también ha advertido de la necesidad de “incrementar las prestaciones, subir las intensidades de los servicios y compatibilizarlos y mejorar los salarios y las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sistema”. El experto ha recordado además que existe el riesgo de que las comunidades autónomas, como ocurrió con el plan de choque del 2026, disminuyan su presupuesto propio de dependencia.

El Gobierno espera y prevé que la reforma salga adelante. El pasado jueves la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados aprobó el dictamen de la norma —una especie de previa a que lo haga el Pleno— con los únicos votos en contra del PP y Vox. Esta decisión de los populares les han costado las críticas de otros partidos, que recuerdan que las comunidades autónomas que gobierna el PP llevan años exigiendo que el Ejecutivo financie el 50% de la ley de dependencia. “Lo hemos recogido y blindado, y han votado que no”, se sorprendía este lunes Bustinduy. “Espero que ese grado de contradicción les haga votar que sí”, añadió. Junts, habitualmente el partido bisagra en las votaciones del Congreso, votó a favor del texto el pasado jueves.

Dependencia: ayudas compatibles y aumentadas

La ley de dependencia reformada incluirá una disposición, acordada el jueves en la Comisión del Congreso, para blindar el sistema y garantizar el 50% de financiación estatal. “La nueva financiación estatal crece en los dos niveles de que hay, tanto en el nivel acordado como, sobre todo, en el nivel mínimo en el que las cuantías se duplican”, explica Derechos Sociales. Con los 6.200 millones extras que aportará el Ejecutivo en dos años, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas “una cantidad récord”, en sus propias palabras, de 7.239,4 millones de euros para 2027, el primer año completo con la nueva financiación.

Los principales cambios en la norma apuntan a flexibilizar y ampliar las ayudas que contempla la ley. Así, una persona podrá recibir ayudas diferentes de forma simultánea: “Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia, etc.”, explica el Gobierno.

Ayuda en el médico o el vecino cuidador

La asistencia personal sale del hogar, donde estaba confinada hasta ahora. “De esta forma, la persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en su casa, también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra, ir al médico, etc.”, ilustra Derechos Sociales.

Se abre el abanico de los cuidadores no familiares. La ley contemplará que personas del entorno del beneficiario de la discapacidad puedan ofrecer cuidados, “asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que hay”, dice el Ejecutivo: “Esto supondrá garantizar que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda cuidar de una persona en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casados, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí (modelos unipersonales)”.

Se universaliza el derecho a la teleasistencia, de manera que este servicio debería llegar a más gente en situación de dependencia o a otras que no podían acceder actualmente, por ejemplo las personas con demencia. También se utilizará esta herramienta de manera preventiva, para evitar o retrasar la institucionalización de alguien.

Por último, se eliminan las sujeciones farmacológicas (personas a las que duermen con pastillas), que quedan “solo como medida alternativa”, según el Ejecutivo.

Discapacidad: la accesibilidad universal como derecho

La reforma de la ley de la discapacidad centra buena parte de sus novedades en el acceso universal, pese a que ya es un servicio recogido en la normativa nacional. Pero hasta ahora, explican desde el ministerio, era un principio rector y pasa a ser un derecho.

La diferencia entre uno y otro es que el primero ejerce de especie de guía para la administración, sobre qué debe hacer, mientras el segundo es una garantía reconocida a las personas que se puede reclamar en los tribunales. Es la diferencia, por ejemplo, entre el derecho a la vivienda digna, principio rector constitucional, y el derecho a la Educación. Una persona que acuda ante un juez para reclamar un hogar solo basándose en ese párrafo de la Constitución está destinada a fracasar, pero una que alegue que se ha vulnerado su derecho a la educación probablemente gane.

Para reforzar esta línea de actuación, la ley modificará la Ley de Propiedad Horizontal “para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de vecinos tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita”. El Gobierno explica que “esta medida es fundamental para acabar con el drama que viven miles de personas en España (se estiman que unas 100.000) que no pueden salir de sus casas porque sus edificios no son accesibles para ello”.

Reconocimientos automáticos

La reforma también contempla que habrá reconocimientos automáticos de discapacidad para agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera. A las personas que se asigne un grado I de dependencia se les reconocerá igualmente un 33% de discapacidad y las que obtengan un grado II o III llegarán al 65%.

Por último, se prohibirá que algunos contratos de seguros penalicen económicamente la discapacidad, como hacen algunos actualmente, y se crea la figura del “facilitador procesal” que actúe de mediador entre los operadores jurídicos y las personas con discapacidad cuando estas afronten procesos judiciales.

“Confiamos que la ley alcance su pleno cumplimiento”, cierra su positiva valoración Ramírez, de la asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, “porque está en juego la dignidad y la calidad de vida de dos millones de personas y sus familiares, y porque están en juego 400.000 empleos directos y 200.000 empleos potenciales de nueva creación, por cohesión territorial y por lealtad institucional”.

Para el ministro Bustinduy esta reforma es una victoria. Pero no del Gobierno, “es una victoria de la sociedad”.

“Nunca había sido tan fácil acceder a una noticia sobre una vacuna, un estudio nutricional o el último informe sobre cambio climático. Y nunca había sido tan difícil saber si esa noticia es verdad”. El estudio Desinformación Científica en España 2026, elaborado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (Fecyt), alerta de que la desinformación ha crecido en los últimos cuatro años y, aunque admite que no es un fenómeno nuevo, señala que “ha cambiado de escala y velocidad”, creando un ecosistema en el que distinguir lo verdadero de lo falso “se ha convertido en una competencia fundamental para la vida ciudadana, casi tan necesaria como leer o calcular”.

De teléfono a tableta, del televisor a las conversaciones cara a cara, en las que también se difunde desinformación, los bulos campan a sus anchas. Y la sociedad señala a los políticos como los primeros responsables, apunta Fecyt. Un 57% de las personas cree que es la clase dirigente la principal originadora de desinformación, seguida de cerca por influencers y personalidades de internet (54,5% de los individuos) y los gobiernos, políticos o partidos políticos extranjeros (45,4%). Los medios de comunicación y periodistas también concentran una proporción relevante de atribución (45,6%), por encima de los lobbies y los grupos de presión (40,4%).

Eso supone un problema más profundo que la mera difusión de contenido falso. “En el nivel individual, erosiona la capacidad de tomar decisiones informadas sobre salud, medio ambiente y tecnología”, sostienen los autores, Celia Díaz Catalán, de la Universidad Complutense de Madrid, y Pablo Cabrera Álvarez, de la Universidad de Essex (Reino Unido). “En el nivel colectivo, socava los marcos de conocimiento compartido que sustentan la deliberación democrática, alimenta la desconfianza institucional y puede comprometer la cohesión social cuando amplios sectores de la ciudadanía operan desde universos informativos incompatibles”, añaden.

Sobre esto opera también, continúan los científicos, la relación que tiene la ciudadanía con la desinformación y su expansión. La encuesta revela que la gente se ve mayoritariamente a sí misma como capaz de distinguir entre información falsa y verdadera, pero cree que los demás no pueden hacerlo. En concreto, más de la mitad de las personas (51,5%) se sienten bastante seguras de poder identificar información falsa: el 7,2% muy seguras, y el 44,3% más bien seguras. En cambio, el 81,9% se sienten nada o no muy seguras de que la persona promedio en España es capaz de distinguir la desinformación y solo el 3,0% de las personas creen que la persona promedio en España puede distinguir la desinformación.

Esto supone un problema, cuentan los autores, porque “los bulos más peligrosos no son los que activan las alarmas, sino los que llegan disfrazados de información razonable, esperanzadora o simplemente interesante”.

Además, esta dualidad lleva a que una mayoría esté a favor de que se tomen medidas para proteger a esos otros que, considera la sociedad, no son capaces de hacerlo por sí mismos: el 63,8% apoya la restricción gubernamental de información falsa online, aunque limite la libertad de prensa.

De la covid a la IA

Este informe es la segunda parte de una primera edición que se realizó en 2022. Aquel estudio mostró que la preocupación por la desinformación científica era amplia y transversal, que la confianza en el personal científico se mantenía como un activo sólido en medio de la desconfianza institucional generalizada y que la alfabetización mediática actuaba como un factor protector relevante frente a la susceptibilidad a los bulos.

Ese año lo más problemático era todo lo relacionado con la pandemia y los bulos sobre las vacunas o los tratamientos de la infección. Hoy, “la inteligencia artificial generativa, con aplicaciones como ChatGPT, Gemini, o los resúmenes automáticos de los buscadores, ha irrumpido como canal de información y como herramienta de producción de contenidos falsos a una velocidad enorme”, describe el informe. “Las redes sociales han multiplicado su peso como fuentes de noticias científicas a la vez que las personas más jóvenes las perciben como el principal vector de los bulos”, añade.

Díaz y Cabrera advierten de que uno de los cambios más importantes en los últimos años es que la desinformación ya no es una disfunción, es parte de la vida cotidiana. “Ha dejado de ocupar una posición marginal para integrarse en la experiencia informativa cotidiana de la sociedad. La exposición frecuente a contenidos falsos en ámbitos como la salud, la alimentación o el cambio climático indica que la desinformación no es una anomalía del sistema, sino una de sus dimensiones constitutivas”, han explicado en un briefing para el Science Media Centre (SMC) de España. Es, de hecho, uno de los principales desafíos para las sociedades contemporáneas, según han valorado los autores.

El análisis de este fenómeno, junto a la complejización de todo el sistema de desinformación —los contenidos falsos se difunden a través de una combinación de canales que incluyen redes sociales, medios tradicionales y redes interpersonales, en conversaciones cara a cara o mediadas a partir de aplicaciones de mensajería— y la “tensión estructural en la relación entre ciencia, instituciones y sociedad” —la gente cree en los científicos, pero no en los políticos— “permiten avanzar hacia una comprensión más integrada del fenómeno. La desinformación científica no puede abordarse únicamente como un problema de contenidos falsos, sino como el resultado de la interacción entre estructuras mediáticas, dinámicas sociales y marcos de confianza”, escriben Díaz y Cabrera.

Nutrición y bienestar a la cabeza

En cuanto a los detalles, nutrición y bienestar es el tema con mayor percepción de bulos recibidos en la última semana (40,0%), seguido de cambio climático (36,2%), tratamientos médicos (31,9%) y vacunas (28,3%). Las plataformas de vídeo y redes sociales son el canal principal de recepción de desinformación (70,7% y 70,5% de los afectados) y la IA ya aparece como canal de bulos para el 29,8%.

Además, más o menos la misma gente se informa a través de las redes que a través de los medios convencionales (un tercio de la población en cada caso), un dato que debería provocar algún pensamiento autocrítico, según ha valorado Laura Teruel Rodríguez, profesora y coordinadora de Periodismo Científico y Medioambiental en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, para el SMC: “Ese abandono de la consulta a los medios por parte de la audiencia, junto al aumento del consumo accidental, debe hacer reflexionar sobre la renuncia de la sociedad a recurrir a informadores creíbles y profesionales”.

Los científicos y el personal sanitario son el colectivo en el que más se confía como fuente de noticias (un 80% lo hace) seguidos de la prensa, la radio y la televisión, aunque ninguno de los tres se acerca a los niveles de las fuentes expertas. Mientras, la IA se comporta, a ojos de la sociedad, como lo hacían antes las redes: mucha gente la usa, pocos confían en ella. Mientras un 62,4% cree que facilita la distribución de desinformación, un 27% opina que es útil para combatirla.

El informe aborda también una cuestión relativamente nueva como es la manera de acceder a la información. Así, el 35,2% de las personas sostiene que no necesita buscar noticias porque le llegan por redes sociales. Este “comportamiento informativo pasivo”, como lo define el texto, se asocia con mayor exposición a la desinformación. Los autores han explicado en el briefing del SMC que esto se debe a que la persona media tiende a considerar que la información que le llega —frente a la que se busca— es objetiva o responde a sus intereses porque así lo ha decidido un algoritmo, un pensamiento cuanto menos cuestionable, sostienen. Pero ese aire de objetividad le otorga credibilidad y hace que sea más probable que las compartan, ha explicado Cabrera.

Y así se va esparciendo la desinformación, independientemente de que alguien se considere a sí mismo capaz de discernir informaciones verdaderas de falsas. Un 13,3% de las personas encuestadas reconoce haber compartido información falsa en conversaciones presenciales o telefónicas y el 9,5% lo ha hecho a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, según el informe. Al analizar por género se observa que en la propagación en redes existe una brecha significativa: los hombres reconocen haber compartido información falsa en el 12,0% de los casos, frente al 7,1% de las mujeres. Sin embargo, esta brecha desaparece en el canal conversacional cara a cara o telefónico, donde la diferencia no resulta significativa.

En el mundo científico raro es el investigador que no ha tenido que poner dinero de su bolsillo para un viaje de trabajo. O que se ha visto obligado a compartir habitación con un compañero durante un desplazamiento. También los hay que, para evitarse esas situaciones, han dejado de viajar o lo hacen mucho menos. Y eso es un problema en un sector en el que, buena parte de la labor de estos profesionales pasa, precisamente, por ir a congresos, bajar al terreno a tomar muestras de campo o realizar colaboraciones con otros colegas.

Las dietas que paga la Administración para estos desplazamientos se fijaron en 2002 y, desde entonces, no se han actualizado, denuncian los científicos. Un cuarto de siglo después, los 65 euros por noche y los 37 euros para tres comidas diarias que contempla el Real Decreto que lo regula se han quedado escasísimos, sostienen los investigadores. Y suponen, dicen, un obstáculo para desarrollar su trabajo.

“Es un tema conocido por todos”, sostiene César González-Pérez, investigador científico en el Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en Santiago de Compostela. “Es fantasioso alojarse por 65 euros la noche en ciudades como Madrid o Barcelona; acabas teniendo que poner dinero de tu bolsillo. Un año perdí 4.500 euros, así que decidí minimizar los viajes de trabajo”, lamenta. “Es relativamente habitual poner dinero propio”, coincide María Luz, profesora en la Universidad de Granada (UGR).

El precio medio de una habitación de hotel en España fue de 166,1 euros por noche en 2025, un 4% más que el año anterior, según la consultora Cushman & Wakefield. En Madrid, esa media sube ligeramente, hasta los 168 euros por noche. Es más del doble de lo que paga la Administración, aunque buscando en plataformas online sí es posible encontrar habitaciones que rondan los 60-70 euros para días concretos.

“Pero encuentra tú una habituación por ese dinero para un congreso en València en junio”, cuenta María Luz. “Porque, además, cuando vas a un congreso te interesa quedarte en el mismo hotel en el que se celebra. Suelen durar 8-10 horas cada día y así te ahorras el desplazamiento. Así que te ves compartiendo habitación con tu compañero, te caiga bien o no”. Ella lo ha sufrido y conoce a varios colegas que han pasado por lo mismo. “En un viaje de trabajo no es de recibo, qué menos que un poco de intimidad”, opina. Y eso que, como sucede en su caso, algunos organismos han elevado motu proprio esa cifra. Pero los 80 euros de que disponen en la UGR para pernoctaciones nacionales tampoco dan para mucho.

Realmente, el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio aplica a todos los funcionarios. Los divide en tres categorías y estipula unos gastos en dietas en función del grupo en el que se encuadra el trabajador. Los científicos quedan en el 2, el intermedio. Los altos cargos disponen de 102 euros para dormir y 53 para comer y el tercer escalón, grupo 3, apenas 48 euros para la habitación y 28 para tres comidas.

Que todos los empleados públicos se acojan a las mismas reglas es justamente parte de la disfunción de la normativa, explica Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. “Entre el funcionariado hay una inmensa mayoría de trabajadores que hace como mucho un viaje al año, pero los científicos hacemos muchos más. Por eso, siempre hemos querido salirnos de esa norma. Tenemos una vida que el resto de funcionarios no entiende bien porque no es de fichar, hacer un horario regular... Nuestra labor depende mucho de hacer viajes para hacer trabajo de campo, congresos, etc. Es un problema que afecta a una minoría del colectivo de funcionarios, por eso cuando le llega al secretario de Estado de Administraciones Públicas de turno, no le da prioridad, no acaba de entenderlo. Para nosotros es un poco dramático, pero para el gestor no es un problema”, argumenta el sociólogo.

Este periódico ha preguntado al Ministerio de Hacienda si tiene intención de actualizar las dietas o hacer algún cambio en la normativa, pero no ha obtenido respuesta.

“Una tormenta perfecta”

La cantidad no es el único problema. “Además, [en la administración pública] todo va por compra centralizada”, explica Miller. “Si no quieres adelantar dinero de tu bolsillo, tienes que ir a través de ellos. Pero prácticamente ya nunca tienen ofertas. Durante estos años pasados nos hemos buscado la vida como podíamos, pero ya es imposible”, relata. La salida de la pandemia fue un punto de inflexión, coinciden los investigadores: “Ha habido una tormenta perfecta de crecimiento económico, millones de turistas y precios disparados”.

¿El resultado? “Tenemos ese dilema: están desde los que deciden no viajar hasta los que adelantan el dinero”, cuenta el sociólogo. O los que, como González-Pérez, lo ponían de su bolsillo. O quienes juntan dos dietas para coger una habituación doble, como explicaba la profesora María Luz.

Pero viajar es imprescindible para su trabajo, recuerdan los científicos. “Como investigadores, uno de los deberes que tenemos es difundir conocimiento. Eso implica ir a congresos, a charlas... Hay que hacer esa labor evangelizante, digamos, de presentar tus resultados a la sociedad”, explica González-Pérez. “Lo más insustituible es el trabajo de campo”, añade Miller. “Recogidas de muestras, entrevistas, reuniones de equipo en directo, visitas a grandes laboratorios, que están en determinados sitios... No es solo el estereotipo del congreso”.

A la vez, alguno admite que desde que el confinamiento global mostró que ciertas actividades, especialmente los congresos, se pueden hacer a distancia hay un cierto debate sobre la necesidad de determinados desplazamientos.

Pero también hay quien defiende la necesidad de acudir, que no es ni remotamente parecido atender un congreso online que presencial porque la ciencia es una labor comunitaria, de intercambio. “Nunca es lo mismo [presencial que virtual]. Si voy a Ámsterdam estoy ocho o nueve horas en el congreso hablando con gente, conociendo personas que a lo mejor un día me pueden ser útiles para hacer una estancia o cualquier cosa. Para mí el networking [las relaciones que se establecen en un evento profesional] es fundamental. Es casi más importante quién voy a conocer que el contenido del congreso”, reflexiona González-Pérez.

Es cierto que algunos organismos, como el CSIC, tienen una normativa propia que contempla excepciones que permiten elevar el gasto. Pero es engorrosa, para unos supuestos muy concretos, con determinadas partidas de dinero y circunstancias, y de facto casi nadie la usa, cuentan los investigadores consultados.

Este es el último boletín del curso y quiero empezar dándote las gracias por leernos y acompañarnos todo el año. La pequeña comunidad que nos juntamos en torno a este boletín ha crecido mucho estos meses y estamos muy contentos. No pasaré lista, pero os espero a todas y todos en septiembre.

Hoy quería hablaros de esta cosa tan española que son las grandes reacciones catastrofistas a todo lo que parezca un poco de progreso. Hoy, los creadores de “si se prohíbe fumar en interiores cerrarán los bares” —cuya versión moderna son las terrazas— y “si se peatonaliza el centro habrá pérdidas millonarias en los comercios” nos traen que “reducir las ratios en las escuelas infantiles puede suponer el cierre de todos los centros privados”. Así, con mesura: todos. Ni uno solo se salvaría.

Esa ha sido la reacción que han tenido las patronales –y alguna administración– al anuncio del Gobierno de que va a reducir a la mitad las ratios en la Educación Infantil de cero a tres años. Os cuento.

Un poco por sorpresa, el Ministerio de Educación irrumpió el pasado miércoles en las protestas de las educadoras de Infantil (que en Madrid llevan desde el 7 de abril de huelga indefinida, que ha escalado puntualmente a paro nacional) y anunció que va a bajar a la mitad el número máximo de niños y niñas por clase.

Digo “irrumpió” porque las protestas se dirigen en principio a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, pero el Ministerio tiene la capacidad de fijar el marco básico para todas y, con su movimiento, consiguió apuntarse un tanto atendiendo a una de las principales reivindicaciones de las educadoras.

Basta leer la reacción de la plataforma que ha convocado los paros, PLEI, para dimensionar el calado del movimiento: “Queremos reconocer y agradecer el importante esfuerzo realizado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, encabezado por la ministra Milagros Tolón, su equipo técnico y político, implicado de lleno en este proceso desde el primer día de las movilizaciones de las educadoras infantiles. Consideramos que el trabajo desarrollado ha requerido una voluntad clara de diálogo, una capacidad sostenida de negociación y una firme determinación política para abordar una cuestión que llevaba décadas sin avances reales. (...) No obstante, el impacto real de esta medida dependerá única y exclusivamente de su aplicación efectiva por parte de las Comunidades Autónomas, (...) la pelota está ahora en su tejado.

Golazo del Gobierno.

Cuando vi el anuncio de Educación mi primer pensamiento fue que las patronales de centros privados, que suponen más o menos la mitad del sector, dirían que las ratios a la mitad provocarían que los precios fueran el doble. Me quedé corto: lo que dijeron es que iban a desaparecer todas.

Más de 224.000 alumnos podrían quedarse sin plaza y 60.000 trabajadoras sin empleo, vino a advertir Acade. Escuelas Católicas, la patronal que controla los centros educativos de la Iglesia, solo habló de “muy serias dudas sobre la pervivencia de más de 4.000 escuelas”.

Algunas administraciones también se subieron al carro: Rueda, el presidente gallego que rechazó 22 millones de euros europeos para crear plazas públicas porque prefiere subvencionar las privadas (como Moreno, en Andalucía), sostiene que la medida “compromete muy seriamente la gratuidad” (es lo que tiene no tener un sector público potente). Madrid, cómo no, también tenía algo que decir, aunque un poco sorprendentemente su crítica fue más racional: la consejera Zarzalejo dijo que es “una cortina de humo” y criticó que el Gobierno no hubiera negociado ni hable de cómo financiarlo.

De momento lo de Educación es solo un anuncio y hasta que no esté en el BOE no se puede cantar victoria, pero si se consolida la rebaja propuesta se habrá merecido el calificativo de “histórico” que el propio Ministerio se autoadjudicó en la nota de prensa (menos histórica es la bajada en Bachillerato hasta 30 estudiantes que va en el mismo paquete, sigue siendo un número considerable de adolescentes por clase).

Dos pildoritas y sigo con más cosas:

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Como os decía, con este boletín cierro el curso.

Quiero daros las gracias a todos y todas por estar ahí, por leer, comentar, por protestar cuando algo no os parece bien. Os leo y tengo en consideración siempre, aunque a veces no tenga tiempo para contestaros.

Pero cierro muy satisfecho, el boletín ha crecido mucho este curso y eso significa que algo de lo que hacemos os gusta.

Nos retiramos unos meses a descansar –del boletín, seguiremos con la información–, a darle una vuelta al formato y volver en septiembre con energías renovadas para seguir dando guerra al poder.

Me encontráis en educacion@eldiario.es o en dsanchez@eldiario.es para denunciar, proponer, consultar, criticar o lo que os apetezca.

¡Pasad un buen verano!

Un abrazo.

Antonio es profesor interino en Castilla-La Mancha. Con un buen puesto en la bolsa, consiguió una sustitución que empezaba a mitad de septiembre. Fue encadenando bajas (ajenas) durante el curso hasta que, en la última, el docente titular de la plaza, al que sustituía, le anunció que se reincorporaba a trabajar el 25 de junio, pocos días antes de acabar el año académico. Con pequeños parones entre puesto y puesto, estuvo trabajando durante todo el año, excepto esos últimos cinco días, porque en julio el profesorado no trabaja, excepto las direcciones y quienes forman parte de tribunales de oposiciones.

Ana también es interina, pero ejerce en Madrid. En otoño no trabajó y se incorporó a un colegio a principios de diciembre, con el curso bien entrado ya, para cubrir una baja. Ejerció dos trimestres hasta que este 26 de junio quedó dispensada de ir al centro y empezó sus vacaciones.

Antonio trabajó casi nueve meses, pero no cobrará un céntimo en julio ni en agosto; Ana, con su medio año en el instituto, tendrá nómina durante todo el verano.

Es la lotería de la interinidad en la docencia, donde cada comunidad autónoma ha puesto unas normas propias en lo que, hasta 2011, era un derecho consolidado de todo el profesorado, ejerciera donde ejerciera. Hoy el pago del verano depende del Gobierno regional de turno, de cómo de arriba esté cada persona en la lista de aspirantes —la bolsa de interinos— y, por tanto, lo pronto o tarde que pueda coger una plaza, o incluso del movimiento de docentes que haya en esa comunidad autónoma y su sistema de reparto. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, faltan profesores y, más temprano que tarde, un interino acabará teniendo una sustitución que hacer. En la Comunitat Valenciana las listas se mueven poco y es habitual estar varios meses en espera.

Dado que ni siquiera hay cifras oficiales de cuántos interinos tiene el sistema, no se conoce tampoco cuántos están cobrando el verano y cuántos no. Algunos sindicatos calculan que en España los trabajadores temporales suponen un 20% del total, lo que elevaría la cifra por encima de las 100.000 personas. En Castilla-La Mancha, una comunidad que está entre las que ofrece condiciones más duras para acceder al pago del verano, el sindicato CSIF denuncia que solo el 12% de los docentes interinos cobra julio y agosto.

Pérdida de un derecho y recuperación... a medias

“Algunas comunidades continúan discriminando al colectivo interino respecto a los funcionarios de carrera”, sostiene el sindicato UGT, que denuncia año tras año las diferentes situaciones que vive el profesorado desde hace más de una década.

Hasta 2011 lo habitual era que el profesorado interino cobrase el verano íntegro. En ocasiones se ocupaban, incluso, de las recuperaciones de septiembre. Y entonces llegó la crisis de las hipotecas y los recortes en Educación. Empezó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que suprimió una paga extra y congeló salarios y oposiciones, y le siguió con entusiasmo el exministro José Ignacio Wert con el famoso Real Decreto 14/2012, que consagró un retroceso en el sistema educativo que aún hoy colea.

Apoyados en aquella norma, los Gobiernos de las comunidades autónomas dejaron de pagar el verano a los interinos. A partir de ahí, con el paso de los años, cada región dibujó su propio camino y hoy “la situación es muy diversa, dependiendo de la comunidad autónoma y la modalidad de contratación: vacante o sustitución”, desgrana UGT. El Tribunal Supremo falló en 2018 que despedir a interinos “que son contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar, sin pagarles los meses de julio y agosto (...) supone una vulneración del principio de no discriminación”, y prohibió la práctica. Pero el TS solo hablaba del profesorado que ejerciera desde septiembre y durante todo el curso.

Los Gobiernos regionales se aferraron a ese matiz. Se respeta la sentencia del alto tribunal y quien coge una vacante, las plazas que no tienen dueño (si, por ejemplo, un instituto tiene dos docentes de Matemáticas en plantilla, pero por el número de niños matriculados sabe que necesitará al menos otro), cobrará el verano. Para quienes van cubriendo bajas durante el curso la situación es muy variada. Hay regiones que pagan el verano con 5,5 meses trabajados; otras exigen siete o incluso nueve, como Extremadura; algunas, además, estar activo el 30 de junio; las “más sangrantes”, siempre según UGT, son Galicia y Canarias, que lo tienen aprobado pero no presupuestado, de manera que nadie lo cobra.

Todas las casuísticas se pueden consultar en el cuadro al final de este artículo.

Una carrera desde septiembre

Cada principio de curso miles de docentes, decenas de miles quizá —no hay cifras oficiales de interinidad, que algunos sindicatos calculan en un 20%—, comienzan una carrera para llegar a junio con los meses que necesite cumplidos. Quien coge una vacante respira tranquilo. Quienes están más abajo en la bolsa deben esperar.

Ana (nombre ficticio) no sufre mucho, cuenta, porque en Madrid las bolsas se mueven. “Yo ahora tengo una posición relativamente alta y, en mi especialidad al menos, hay bastante rotación”, cuenta. De hecho, no pudo incorporarse hasta mitad de diciembre por cuestiones personales, pero no le preocupaba porque sabía que para final de curso sumaría los meses requeridos para cobrar el verano.

“Al principio, cuando estaba más abajo en la bolsa, lo pasé peor algún año”, explica. Esos años tenía que echar cuentas, calendario en mano, de los días trabajados y los que quedaban de año para ver si llegaba, mirando con ansiedad el día que la Administración te da de alta o baja cuando haces una sustitución. “A veces un día o dos te pueden descolocar todo según cómo caigan”, explica. “Te dan de baja de la sustitución que acabas de terminar un día tarde, lo que te impide optar a una plaza que sale, la Administración cierra las contrataciones porque llega la Navidad —por ejemplo— y de repente un día se convierte en dos semanas y ya no llegas”. Le ha pasado y la diferencia son unos cuantos miles de euros.

Antonio (pide anonimato) no es que esté resignado, pero sabe que no va a cobrar el verano. En Castilla-La Mancha los interinos deben trabajar al menos ocho meses de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio y con nombramientos que deben haberse producido antes del 31 de octubre, explica. “He estado todo el curso haciendo sustituciones, pero con los periodos de inactividad entre una plaza y otra no llego a los ocho meses y además acabé el día 25, por lo que no llegué hasta el 30 como exigen”, lamenta el agravio comparativo con otros compañeros, tanto suyos en la región como de otras comunidades autónomas. “Los interinos se sienten docentes de segunda categoría, y es así porque realmente son discriminados por la Administración, ya que deben cumplir unas condiciones leoninas”, sostiene el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez.

Además, las administraciones siguen apretando, intentando ahorrarse unas nóminas, recuerda UGT. Madrid ha sido condenada hace unas semanas por no pagar el verano a una interina porque no estaba activa el 30 de junio, un requisito que no aparece en el acuerdo que firmaron sindicatos y Gobierno regional en 2018, tal y como le recuerda el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la sentencia. Y no es la primera vez. “Deben homologarse las condiciones económico-laborales del profesorado interino con las del resto de docentes funcionarios de carrera”, cierra el sindicato.

Habemus fecha. La huelga indefinida del profesorado que convocarán más de una decena de organizaciones de todo tipo en la Comunidad de Madrid (desde sindicatos hasta asambleas de docentes, apoyada por estudiantes y familias) empezará el próximo 14 de octubre, según decidió este miércoles la asamblea unificada de docentes que tuvo lugar en la capital.

Nómina en mano para probar que lo son, más de 500 docentes se acercaron hasta el auditorio Marcelino Camacho, de CCOO, convocados por 16 organizaciones diversas (de las principales de la región solo faltaban los sindicatos ANPE y CSIF, de perfil más conservador) para afinar con algunas cuestiones esenciales de cara a la convocatoria. Se votó —a mano alzada— la fecha y se validaron las demandas que se plantearán a la Comunidad de Madrid. Si son atendidas antes de que empiece el paro en octubre —en su totalidad o hasta un punto que esta misma asamblea unitaria considere aceptable—, se desconvocará la huelga.

Como han hecho esta primavera sus compañeros de la Comunitat Valenciana o de Catalunya, el profesorado madrileño exige unas mejores condiciones de trabajo (y esto es más que dinero) que le permita atender mejor la creciente diversidad en las aulas, que ha hecho de la docencia una profesión cada vez más difícil de ejercer. El grupo de trabajo que ha elaborado la tabla de reivindicaciones, formado por representantes de CCOO, UGT, STEM, CNT y CGT, así como de las plataformas Educación Especial Digna, el Sindicato de Estudiantes y el colectivo de docentes Menos Lectivas, ha elaborado un documento con seis bloques de demandas: horario lectivo, ratios, lucha contra la segregación escolar, mejora salarial, burocracia y participación e infraestructuras. La asamblea docente de este miércoles ha añadido que se exija eliminar el sistema bilingüe, muy criticado por segregador y bajar el rendimiento del alumnado.

Una mayoría de los sindicatos docentes de la región pretendían lograr una huelga unitaria de todas las organizaciones, incluidas asambleas de profesorado como Menos Lectivas, para tener la mayor fuerza posible de cara a la negociación con la Comunidad de Madrid. Los sindicalistas que se han sentado en la mesa con el Gobierno regional saben que no les van a regalar nada y querían doblar la mano a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con el máximo apoyo posible. Pero ANPE y CSIF, dos de los cuatro que tiene representación en la mesa de negociación oficial con el Ejecutivo regional, siempre han mostrado dudas con su participación.

Pese a ello, las organizaciones han valorado la unidad conseguida y que se haya refrendado la composición de un comité de huelga unitario, con presencia de todas las organizaciones de docentes, que será el que negocie con la Consejería de Educación que dirige Mercedes Zarzalejo. Chame Pinto, de UGT, ha destacado la asistencia a la reunión; Rafael Valentín, de CGT ha puesto el ejemplo de los docentes de Asturias, Euskadi, Catalunya o la Comunitat Valenciana y cree que la huelga “es la [única] opción que le quedaba al profesorado”; Alberto Sánchez, coportavoz de STEM, que hay que “buscar el apoyo del conjunto de la comunidad educativa, familias y estudiantado, logrando que la lucha trascienda los centros educativos y llegue a cada barrio, (...)pues la educación pública fue un derecho conquistado por y para la clase obrera y es necesario que esta en su conjunto se movilice en su defensa”, según han valorado tras la reunión.

Las condiciones de trabajo en los centros

Las peticiones empiezan con las condiciones de trabajo en los centros educativos. Las asociaciones exigen bajar a un máximo de 17 horas lectivas (de clase) semanales en Secundaria (ahora son 20) y 22 en Primaria (desde 25). Además, para el caso de Secundaria, las horas de tutoría o dedicadas a gestionar la jefatura de departamentos contarían como lectivas. Esta medida pretende corregir una treta del Gobierno regional, que pactó con los cuatro principales sindicatos (ANPE, CSIF, CCOO y UGT) un acuerdo el pasado curso para bajar una hora lectiva semanal, pero después incluyó una letra pequeña que excluía de facto de esa rebaja a todos los tutores, que aproximadamente son la mitad de la plantilla, un movimiento que partió en su momento el movimiento sindical madrileño, ahora en reparación.

También exige la asamblea de docentes que se considere que, a la hora de contabilizar al personal en los centros, todo el profesorado mayor de 55 cuente como si fuera a pedir la reducción de jornada a la que tiene derecho. Y si no lo hace, “quedaría como 'extra' en el centro para otras necesidades”.

La eterna pelea por las ratios

En cuanto a las ratios, los docentes quieren que bajen a 13 estudiantes por aula en el secundo ciclo de Educación Infantil, 15 en Primaria (están en 25 en ambos casos), 20 en Secundaria (25) y 23 en Bachillerato (35). En las tres etapas de la Formación Profesional (Básica, Media y Superior) se pide también un máximo de 15. Además, y este es un punto en el que han insistido mucho las organizaciones sindicales, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (Acneae) computará doble a efectos de medir las ratios.

Aunque esta reivindicación se dirige a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el Gobierno central justo este miércoles el Ministerio de Educación ha ofrecido a los sindicatos una rebaja histórica en el primer ciclo de Infantil y en Bachillerato, a la vez que tramita una ley en el parlamento para hacerlo en Primaria y Secundaria. Educación no llega a las cifras que piden los docentes, pero fija un marco de mínimos que las comunidades deben cumplir.

También hay un hueco para la atención a la diversidad, que se concreta en la exigencia de que cada orientador tenga una población de referencia de 250 estudiantes, siguiendo las recomendaciones europeas, frente a los 750 actuales. En los centros de educación especial se pide un profesoinal por cada seis alumnos con discapacidad intelectual, uno para cuatro si existen pluridiscapacidades y el mismo máximo para los trastornos de conducta y el alumnado TEA (espectro autista).

Salarios e infraestructuras

El profesorado madrileño está entre los peores pagados de España, pese a que Madrid es la región más rica en PIB per cápita y tiene uno de los precios más elevados de vivienda. Por eso la asamblea pide una subida salarial de 600 euros al mes, para equipararse o acercarse al menos a sus compañeros de Euskadi. También porque han visto en Catalunya que es posible: la Generalitat ofreció esa misma subida a sus docentes. Pero, como se vio también en Catalunya, el salario no lo es todo: incluso ese aumento será insuficiente si no viene acompañado del resto de medidas. También se exige que el profesorado de FP cobre lo mismo que el de Secundaria.

Los convocantes, que defienden con carácter general la escuela pública, piden además la climatización de los centros, que se garanticen plazas de gestión y titularidad pública para todos (no concertadas) y la eliminación de infraestructuras provisionales.

Las reivindicaciones concluyen con una exigencia de que se reduzca la burocracia, que crece ley tras ley y aplasta a docentes y equipos directivos, y un plan de choque para la FP, donde el profesorado y/o las direcciones dedican muchas horas a la búsqueda de empresas para realizar las prácticas, obligatorias ahora en todas las modalidades en mayor o menor medida.

Bajada sobre bajada, el Ministerio de Educación ha propuesto a los sindicatos bajar las ratios de alumnado por aula en Educación Infantil, el sector más precario de toda el sistema educativo, a la mitad de las cifras actuales. El departamento que dirige Milagros Tolón también propone reducir el estudiantado en las clases de Bachillerato, en una maniobra que, junto a la ley que se tramita para hacer lo mismo en Primaria y Secundaria, completaría una bajada de ratios histórica en toda la etapa educativa preuniversitaria, según ha adelantado El País.

En esta negociación que mantiene abierta con las organizaciones sindicales, Educación trata así de abordar el descontento docente, que se ha manifestado en los últimos meses, especialmente en la Comunitat Valenciana, en Catalunya y entre las trabajadoras de Infantil, que ya han protagonizado dos paros estatales. En Madrid están en huelga indefinida desde el pasado mes de abril.

Así, para Infantil, Educación propone que las clases de 0 años tengan un máximo de cuatro bebés (son ocho actualmente); que las de 1 se queden en seis (desde 13); y que las de dos años tengan ocho niños y niñas como tope (son 20 ahora). En el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) la cifra máxima sería 20, según la propuesta del ministerio (desde 25) y en Bachillerato 30 (35 en este momento).

CCOO ha valorado la propuesta positivamente. “El único pero es que plantean que [implantar las nuevas ratios] sea progresivo, iniciándose en el curso 27/28 y finalizando en el 29/30”, ha expresado el sindicato a través de un comunicado.

El descenso de las ratios es una de las principales reivindicaciones del profesorado en las protestas que ha protagonizado esta primavera y que amenazan con volver en septiembre si nada cambia. Estas reivindicaciones, en forma de huelgas, se dirigen contra los Gobiernos regionales, que tienen las competencias directas en educación, pero el Ministerio tiene la capacidad de fijar el marco mínimo al que las comunidades deban atenerse.

Hasta ahora las diferentes ministras habían optado por no tocar las ratios —pese a que se le viene exigiendo al Gobierno desde que tramitó la Lomloe, en 2020—, pero finalmente Educación, que al menos a nivel de declaraciones se había mostrado comprensivo con las protestas de las educadoras de Infantil, ha entrado de lleno en la materia y bajará todas las ratios.

La situación era especialmente precaria en Infantil, donde además de las condiciones laborales —hay maestras y educadoras cobrando poco más del Salario Mínimo Interprofesional— las educadoras podían estar a cargo de hasta 20 niños por aula en algunos modelos.

“El 100% de las escuelas infantiles cerrarán”

La patronal de centros privados Acade ha emitido un comunicado un par de horas después de conocerse la oferta de Educación en el que expresa su “profunda preocupación” por la medida y advierte de que “podrían verse abocados al cierre los 5.345 centros privados de educación infantil existentes en España”. La organización lamenta que el anuncio del Ministerio se produce sin diálogo y señala que “más de 224.000 alumnos, cerca del 50% del total escolarizado en esta etapa en el conjunto de la red pública y privada, podrían quedarse sin plaza” porque “Las familias no podrían asumir el incremento de costes derivado de la medida, lo que haría inviable su aplicación sin un sistema adecuado de financiación pública”.

Según Acade, si se rebajan las ratios a la mitad se perderían “más de 60.000 puestos de trabajo” y “se vería gravemente afectado un sector altamente feminizado y con gran presencia de profesionales jóvenes”.

El sector privado de la educación infantil, en la que conviven modelos de gestión pública, privada y mixtos (públicos de gestión privada) es el que peores condiciones laborales ofrece a sus empleadas, con salarios apenas por encima del SMI.

Se acaba el curso y, tras una primavera agitada, las protestas de los docentes se apagan tras una primavera agitada. Quizá sería más correcto decir que entran en suspenso, dado que tanto en Catalunya como en la Comunitat Valenciana ya han anunciado un “otoño caliente”, y el profesorado de Madrid vota este miércoles cuándo va a comenzar el paro indefinido que ya está acordado para el próximo curso. Las educadoras de Infantil, no nos olvidamos de ellas, siguen y seguirán en su protesta.

El caso es que llevamos todo un curso entre protestas del profesorado —de arriba abajo, desde la educación infantil hasta la universidad y en muchas comunidades autónomas— y también de los médicos, que andan revueltos contra el Ministerio.

Que docentes y doctores, dos pilares del estado del bienestar, estén simultáneamente en huelga, protestando en la calle, nos ha llevado a preguntarnos si nos tenemos que preocupar o si simplemente son dos situaciones diferentes que han coincidido en el tiempo. Y, por lo que nos cuentan, igual hay que torcer un poco el gesto.

Luis Miller, sociólogo del CSIC y experto en políticas públicas, cree que al estado del bienestar “se le están viendo las costuras”. El problema que detecta Miller es que llevamos al menos un par de décadas sin grandes reformas, pero el mundo se mueve demasiado rápido. Como dice el adagio popular, si no te mueves retrocedes, y eso es lo que está pasando aquí.

Se ve muy claro en el caso de los docentes. Cuando preguntas qué ha pasado para que se disparen las protestas, la respuesta es siempre muy similar: nada especial, es un constante deterioro de la profesión, que cada vez es más compleja. El profesorado, poco a poco, se va viendo desbordado hasta que todo ha estallado este curso. Un signo de la gravedad de las protestas, interpreta Miller: no ha “pasado nada”, el malestar es estructural y eso lo hace más peligroso.

Aquí te dejo la pieza en la que hemos analizado esta cuestión, que seguiremos de cerca.

Por último, y con esto cierro este capítulo de las protestas, ayer se conoció que un juzgado de València investiga la agresión del antidisturbios que empujó violentamente a una maestra en las manifestaciones docentes en la comunidad. Seguro que viste el vídeo, circuló por toda España. 

“Aprobar es fácil”

En este cierre de curso también colea la selectividad. Es un clásico ya que haya protestas por algún examen concreto, por las correcciones o alguna cuestión similar. Este año, por ejemplo, se ha hablado de un par de tribunales de Euskadi que han puesto un montón de ceros en el examen de Euskera a determinados grupos de estudiantes o del examen de Matemáticas de La Rioja, que ha suspendido la mitad del alumnado. En Cantabria, una alumna ha llevado a los tribunales un error en la prueba de Biología. Efe ha recopilado las principales polémicas de este curso, que puedes consultar aquí.

También hemos querido contestar este año a la recurrente queja de que la selectividad es un examen “de mierda” porque lo aprueba todo el mundo —esta, específicamente, es del opinólogo Juan del Val, que no tendría mayor relevancia si no la hubiera dicho en prime time; por supuesto que él tiene su sólida opinión sin haber hecho el examen—.

La gente que sabe, que estudia los temas antes de soltar su opinión alegremente, nos dice que no solo es normal que haya un 95% de aprobados, sino que lo contrario sería una anomalía. Resume este argumento Juanma Moreno, catedrático de la UNED: “Si la Selectividad es un examen de graduación y para presentarte a él has tenido que aprobar el Bachillerato, se espera que apruebes. Acabas de terminar el curso y te examinas de esas mismas materias, tiene sentido una tasa de aprobados alta. Pero el antiguo nombre, Ebau (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, aunque no es ya el oficial en la ley, que es PAU), da una idea de que es una prueba con doble función, la graduación, sí, pero también el acceso a la universidad. El juego de la Selectividad no es aprobar, son las centésimas, si te da la nota para tus propósitos”.

Creo que no hace falta añadir nada más. Te dejo en este enlace la pieza en la que hablamos de esto, de los cambios que ha sufrido la Selectividad, de la inflación de notas y de cómo esta afecta a la gente, y pasamos a más cosas.

Esta semana hemos hablado de...

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