Nekane Murga Eizagaechevarria (Bilbao, 1963) quería pasar a la historia de la política vasca por ser una consejera breve. Llegó al cargo en marzo de 2019 como recambio de urgencia al dimitido Jon Darpón, presionado por las denuncias de irregularidades en las oposiciones médicas del año anterior. En un año tocaban elecciones. O, como mucho, pudo haber sido recordada por cancelar un partido de fútbol de Primera División, un Eibar-Real Sociedad de febrero de 2020, a causa de la contaminación ambiental tras el desplome del vertedero de Zaldibar.

Sin embargo, lo hará por haber tenido que lidiar con la llegada del coronavirus Sars-Cov-2, de la que ahora se cumplen cinco años. La enfermedad causada por ese patógeno, la COVID-19, ha matado a casi 10.000 personas en Euskadi y más de 50.000 han tenido que ser hospitalizadas en algún momento. Hoy todavía siguen produciéndose contagios -los laboratorios de Osakidetza han sumado otros 31 esta semana, por ejemplo- y decenas de personas arrastran síntomas nunca superados.

Murga, que visitó el hospital de Txagorritxu de Vitoria en la noche en que se conoció el primer positivo, el de una internista, vivió en primera línea la génesis de la mayor crisis sanitaria de la historia de Osakidetza. En aquellos momentos, Euskadi y Madrid eran los grandes focos de la emergencia sanitaria en España. Y Vitoria la 'zona cero'. Es recordado el error del portavoz del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, que llamó “Intxaurrondo” a “Txagorritxu”, confundiendo el hospital vitoriano con el cuartel de la Guardia Civil de Donostia.

Esta consejera fue la primera en cerrar colegios tan pronto como el 9 de marzo —los de Vitoria y Labastida— o en cuarentenar una residencia de mayores un día antes —la de Sanitas en el barrio vitoriano de San Martín—. Se cancelaron también las elecciones previstas para abril de 2020 y finalmente se celebraron en julio, después del confinamiento. En esos meses, Murga realizó decenas de comparecencias. Y dejó titulares. Terminó admitiendo que algunas de sus frases eran carne de meme. O “mimi”, como pronunció ella.

A comienzos de septiembre de 2020, el nuevo Gobierno salido de las urnas seguía con Iñigo Urkullu al frente pero Murga cedió su puesto a Gotzone Sagardui. Días antes, esta cardióloga de Osakidetza reconvertida a política circunstancial había declarado nuevamente la emergencia sanitaria y avisado que se avecinaba un “tsunami”. Con motivo del quinto aniversario de aquellos días excepcionales, Murga atiende a elDiario.es/Euskadi. Lo hace por teléfono y con amabilidad. No rehúye ninguna pregunta. Cardióloga de profesión, sigue ejerciendo actualmente en Osakidetza.

—Se conocieron los primeros positivos el 28 de febrero de 2020 por la tarde.

—Sí, estaba anocheciendo. Tenía previsto ir para casa ya y recibí una llamada de Txagorritxu. Me avisaban de que se había realizado una determinación de coronavirus a una profesional y que todavía había que validarla. Pero la prueba había dado positivo. Era una persona que llevaba una semana con síntomas, fiebre y un cuadro respiratorio. Por la clínica y por la determinación, era muy probable que fuera positivo. Entonces, decidí acercarme al hospital en ese momento y convocar a todo el mundo, gerente, director médico, responsable de microbiología, enfermería, … Fuimos como un pequeño gabinete de crisis.

El 28 de febrero era viernes. En Vitoria, se celebró esa mañana la ceremonia de toma de posesión como delegado del Gobierno de España de Denis Itxaso. Relevaba a Jesús Loza... un doctor de Txagorritxu que ya habría regresado para entonces a su puesto. Loza acabó confinado a las primeras de cambio y se temió que hubiese contagiado incluso a la ministra Isabel Celáa, presente en el evento y después en un Consejo de Ministros.

—Ya había habido otros falsos positivos antes. ¿Por qué esto era diferente?

—Había habido sospechas que nunca se confirmaron. No había habido una PCR positiva. Ésta era la primera vez con una determinación positiva. Esto realmente era una determinación positiva.

—¿Se lo comunicó al lehendakari?

—Con el lehendakari tenía, como se puede imaginar, un contacto directo. Sí, fue una de las personas a las que llamo e informo de que me voy a a desplazar a Txagorritxu. En ese momento, tampoco sabía la fiabilidad exacta de la prueba. O sea, necesitaba también tener más detalles. Yo le intentaba tener siempre informado de todos los cambios que había.

—Hay una frase sobre esos momentos que pronunció usted en el cuadragésimo aniversario de Osakidetza, en 2023. “Es como si te encuentras en una película de zombies rodeada de zombies”.

—Sí... Esa situación se fue dando en las siguientes 24 horas. Lo que quise expresar con esa frase... Hasta ese momento no era consciente de lo presente que estaban las personas infectadas. Eran muy próximas a mí y a toda la población. Creíamos que la infección se encontraba en China. O como mucho en Italia. Y pensábamos que podía haber personas con unos antecedentes epidemiológicos y unos síntomas claros que íbamos a poder identificar fácilmente. Pero, claro, cuando ves que realmente el virus lleva probablemente semanas conviviendo contigo y empiezas a hacer una valoración y a pensar quiénes pueden estar infectados, pisas el suelo y te das cuenta de que realmente estás conviviendo con personas infectadas.

El aeropuerto de Vitoria no se caracteriza por su gran actividad de pasajeros, pero sí tiene una conexión directa con Bérgamo. Lombardía, región del norte de Italia y donde se encuentran Milán y Bérgamo, fue el epicentro de la pandemia en Europa. Algunos estudios apuntaron que el neovirus entró en España por avión vía Foronda el 11 de febrero.

—¿Tuvo miedo al contagio?

—A lo largo de las siguientes semanas, era muy consciente del riesgo. Iba viendo a muchas personas que se infectaban a mi alrededor. Es más, contaré que teníamos un plan de cómo actuar si me infectaba. Si no era una situación grave que requiriera ingreso o cuidados especiales, sabíamos dónde me iba a poder aislar para seguir manteniendo mi capacidad de acceso a toda la informática y a la firma electrónica y para poder seguir conectándome a las interterritoriales. El riesgo era real.

—¿Un piso franco?

—No, era mi despacho en Alameda de Rekalde. Tiene una pequeña ducha y se podía acercar un microondas. Allí dentro tenía un ordenador con todos los accesos. Es un último piso. Cumplía unas condiciones para poder hacer un aislamiento con seguridad y, a la vez, estar conectada con todo.

Acompañada de la consejera de Educación entonces, Cristina Uriarte, en los pasillos de la sede de Lakua del Gobierno vasco, se comunicó el cierre de los colegios. Antes, se había reunido a los directores de los centros de Vitoria en el conservatorio de música para adelantarles esta medida. En puridad, también afectó a Labastida antes que a la capital. También es recordado cómo Fernando Simón solemnizó que el nuevo virus golpeaba a tres ciudades: Madrid, Vitoria... y Labastida, que no pasa de 1.500 habitantes.

—Quería preguntarle por el cierre de los colegios. Se hizo muy temprano en el caso de Euskadi. ¿Fue una decisión dura de tomar?

—Había unos colectivos que se habían infectado a través de una persona que había venido de Bélgica. Había bastantes niños pequeños que estaban escolarizados. Todavía no se sabía claramente la repercusión que tenía en la infancia la enfermedad. Luego se vio que era menor que en otros colectivos. Nos costó mucho tomar la decisión. Pero reunimos a la gente de Salud Pública y el lehendakari creyó que era lo adecuado. Avisamos al Ministerio.

—Muchos de aquellos niños fueron cuidados por sus abuelos en esos días...

—Sí. Esto, claro, era inevitable. Por eso hubo localidades y zonas donde la epidemia empezó antes.

El 8 de marzo se decretó ya una cuarentena en una residencia de Vitoria que fue la primera en España, Sanitas San Martín, inaugurada apenas unos meses antes y muy cerca del hospital de Txagorritxu. En los días previos había habido un goteo de positivos y dos de los internos ya habían fallecido. Este periódico preguntaba por ellos a Murga en cada una de sus ruedas de prensa, que eran casi diarias en aquel momento. “Nos dedicábamos a contar muertos”, recordaba en 2021 el familiar de una residente que vivió de forma muy directa aquel brote. Al final, hubo 69 contagiados y 19 fallecidos en la primera ola. En total, hasta marzo de 2023 se estimó en unos 1.400 los mayores de residencias que murieron a causa de la COVID-19, según datos de las tres diputaciones, que tienen la competencia de la materia en Euskadi. Es casi como toda la población de Labastida.

—¿Se pudo hacer mejor en las residencias en aquellos meses?

—Fuimos informados de los casos [en Sanitas de Vitoria]. Mandamos profesionales a esta residencia para hacer 'in situ' con los profesionales de este centro una valoración. Fue pasar de lo teórico a lo práctico. Ver realmente cómo había que hacer la sectorización. Recuerdo que yo hablé personalmente con personas de esta residencia. Pero, como sabe, la gestión de las residencias depende en gran medida de las diputaciones, de servicios sociales. Realmente, habíamos visto imágenes de China, de Italia o de las necesidades de UCI, pero una de las cosas más impactantes que vemos ahora, mirándolo con perspectiva, es el efecto en estas personas más vulnerables. Realmente sufrieron. Ya ve que también fuimos los primeros en adoptar medidas duras. Aislar a estas personas mayores de sus familiares tuvo repercusiones. Para combatir el virus fueron buenas y a muchas pudo salvarles la vida. Pero también tenemos el tema emocional, cognitivo y psicológico, que también es de mucha importancia. Esto es un equilibrio difícil de conseguir. Analizándolo con tiempo, si ahora me pregunta que qué me gustaría hacer, diría que sería tener esto previsto. Haberlo planificado con mucho tiempo. Pero las circunstancias fueron así.

—Un familiar de uno de aquellos internos de esa residencia nos pide que le traslademos que se sintieron “abandonados” y que la empresa, que era Sanitas, fue “negligente”. ¿Hubo alguna persona en esas residencias que no fuera trasladada a un hospital cuando lo necesitaba?

—Si así resultó no fue por indicaciones del Departamento de Salud. Nosotros en ningún momento tuvimos falta de camas para las personas que lo necesitaban en los hospitales. Abrimos unidades y tuvimos capacidad de abrir más. No hubo ninguna directriz en este sentido.

Los datos acumulados reflejan por sí solos la increíble presión asistencial que ha generado la COVID-19. En la primera ola, durante el confinamiento, llegó a haber 1.800 personas de golpe que precisaban atención por lo mismo. Se habilitaron hoteles, residencias y otros espacios como auxilio a unos hospitales saturados y se multiplicó la hospitalización a domicilio. Hasta las capillas y gimnasios de los hospitales sirvieron. Después, el peor momento fue a comienzos de 2022, cuando la variante ómicron disparó los contagios. Ahí llegó un tope de 150 ingresos en 24 horas, uno cada diez minutos. Las UCI llegaban a recibir hasta 40 pacientes más cada día durante la primavera de 2020 y un año después se vivió otro momento crítico con hasta 200 enfermos muy graves.

El 14 de marzo, sábado, se anunció el confinamiento en España. El Gobierno vasco lo criticó. Josu Erkoreka, entonces portavoz, lo vio como “un 155 encubierto” para la autonomía vasca. Y añadió también una frase que quedó en papel mojado en cortísimo espacio de tiempo: “El paseo en la calle es libre y la actividad deportiva en la calle no tiene limitación”.

—El Gobierno vasco criticó casi todas las medidas que venían del Gobierno de Pedro Sánchez en aquellos días.

—Habría que analizar las formas de cómo se hizo. Analizándolo con perspectiva, la situación epidemiológica del país creo que precisaba de medidas como ese confinamiento que se realizó porque realmente la curva de nuevos contagios era exponencial.

—¿Mandaba la política o mandaba el criterio sanitario en esas reuniones interterritoriales?

—Mis decisiones, creo, fueron siempre decisiones sanitarias. Pero a veces también es difícil separar esto de la política. Mi misión en aquel momento, lo que me preocupaba, era dar una respuesta adecuada a la población y conseguir solventar el problema sanitario que había. ¿Era capaz de valorar el trasfondo político que había en muchos aspectos? Pues probablemente no. Pero le puedo decir que me volqué en lo sanitario. Y las personas de mi equipo también.

—¿Cómo era una jornada de trabajo en aquellos días?

—Eran jornadas muy largas. Pero el propio trabajo hacía que los días tampoco parecieran tan largos aunque empezáramos a trabajar a las siete menos cuarto y termináramos a las once de la noche. En muchas ocasiones comíamos una tarrina de ésas de comida preparada. Cada uno en su despacho. Eran jornadas muy intensas. Pero al estar tan metidos en eso tampoco tuve tanta sensación de carga de trabajo.

—¿Y cuál fue el peor momento?

—Como he dicho siempre, el día en que falleció el primer profesional sanitario. Fue muy duro. También murieron otras personas y nunca quiero menospreciar el fallecimiento de nadie, pero ver que un profesional sanitario fallecía... Reconozco que para mí fue muy duro.

—El 17 de marzo, en una comparecencia, dijo que la cuestión estaba “estabilizada”. Esto es textual. ¿Fue un error de cálculo?

—Probablemente en aquel momento tendría datos para opinar así. Habíamos tomado medidas ya desde el 1 de marzo, que era domingo. Realizamos una reunión con todas las organizaciones sanitarias. Mandamos también una 'newsletter' a Atención Primaria informando de la situación. Ya habíamos tomado medidas y también en ese momento pudieron ser criticadas. Por ejemplo, que los estudiantes no rotaran por los hospitales, que los profesionales no fueran a congresos y reuniones, que se evitaran los comités de tumores o las comisiones en las que participaran un número de personas superior a cuatro o seis, que se reorganizaran los comedores, las cafeterías de los hospitales y las urgencias. Empezamos a trabajar muy precozmente. Entonces, hubo momentos en que la sensación y la percepción era de que teníamos logros. Aunque, cuando era necesario, decía que había riesgos también. Creo que en algunas ocasiones fui también muy gráfica hablando del riesgo de infectar a mayores, de fallecer o de tener complicaciones. Pero el equilibrio era complejo.

En el fin de semana del 29 de febrero y 1 de marzo de 2020, en Txagorritxu, muchos profesionales, espontáneamente, empezaron a usar mascarillas. Sanitarios de Osakidetza aseguraron después que se les reconvino porque esa protección generaba miedo entre los pacientes. También eran comunes en los comercios regentados por personas procedentes de China. Uno de ellos, ubicado al lado del Parlamento, colocó un cartel.

—En un inicio, se cuestionó la eficacia de las mascarillas. ¿Esto era convencimiento real o es que no había suficientes?

—Hubo un momento en que yo estaba convencida de lo de las gotículas. Así me lo dijeron y me lo explicaron. Lo interpreté de una forma parecida a como podía ser la transmisión del bacilo tuberculoso. Es rigurosamente cierto que inicialmente lo que nos decían los expertos era que la transmisión era por gotículas y no por aerosoles. Y que con distancia e higiene se podía evitar eficazmente la transmisión. Cuando di esas recomendaciones, creía en ellas.

—¿Se arrepiente?

—Hombre, me hubiera gustado tener en ese momento alguien capaz de decirme 'Oye, que dentro de dos meses va a haber conocimiento nuevo y esto va a cambiar'. Pero en ese momento actúe haciendo lo que creía que debía hacer.

—Precisamente en estos años, al hilo de las mascarillas, han ido saliendo casos de corrupción asociados a aquellos suministros. ¿En Euskadi, permítame la expresión, vio 'koldos' o gente que buscará lucrarse con esos contratos de emergencia?

—Yo no tuve esa percepción, desde luego. Las compras se realizaban siempre en una comisión que tomaba decisiones conjuntas. Es cierto que sí recibí mensajes de personas que tenían actividad en China y que decían que podían ponerte en contacto con empresas de allí para que gestionaran la compra o la realización de mascarillas en talleres. Pero ese grupo valoraba si era real. Miraban los costes y las posibilidades de hacerlo. No tuve ningún tipo de presión o personas concretas que impusieran determinadas compras.

Pasó marzo. Y llegó abril. Fue el peor momento. Murga y Urkullu iban periódicamente a un Parlamento Vasco semivacío para dar información a la oposición, aunque también había cada miércoles una reunión telemática más informal. En mayo empezó la “desescalada”, con normas para ir recuperando lo que se bautizó como “nueva normalidad”. El lehendakari escenificó el final del túnel en la frontera entre Bizkaia y Cantabria saludándose con los codos con el entonces presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla. Llegó el verano, se celebraron las elecciones... y empezaron los “rebrotes”. El 15 de agosto, jornada festiva, Murga salió ante la prensa con la mascarilla puesta. Decretó la emergencia sanitaria nuevamente.

—Avanzando un poco en el tiempo, en agosto, antes de la despedida, habló de que venía un “tsunami”. Tuvo razón.

—En ese momento había varias teorías también. Había oído a personas con conocimientos y expertas decir que no iban a cohabitar el virus de la gripe y el coronavirus y que cuando llegáramos a un nivel de infección iba a haber un efecto... ¿Se acuerda de cómo se llamaba?

—¿El efecto rebaño?

—Eso es, el rebaño. Había teorías de personas que estaban documentadas que hablaban de eso. Pero yo, personalmente, vigilaba cómo iban creciendo los casos y su distribución geográfica dentro de la comunidad. Además, se había hecho un estudio de prevalencia de serología positiva y el número de personas con inmunidad no alcanzaba el 30%. No creía en el efecto rebaño para ese otoño. Tampoco entendía muy bien por qué no iban a convivir dos virus. Porque el coronavirus era un virus que no dejaba una inmunidad permanente como hacía la gripe. Tenía esa teoría del tsunami, que se basaba en estas cosas. Quise transmitirlo porque creía que, cuanto antes la población conociera que había este riesgo, antes tomaría sus medidas.

Tras las elecciones de julio, a primeros de septiembre se celebró la tercera investidura de Urkullu. Para su tercer mandato, el lehendakari eligió a Gotzone Sagardui para la cartera de Salud. Ambos serían los encargados de surfear las siguientes olas de la pandemia. La mesa de crisis que discutía las medidas se conoció como Labi y se reunió en decenas de ocasiones.

—Y llegó el final. ¿Pidió usted no seguir o fue el lehendakari el que decidió que no iba a continuar?

—Como sabe, fui una consejera que llegó en unas circunstancias especiales. Tuve que sustituir a mitad de una legislatura a otro 'sailburu'. Tenía asumido que en el nuevo equipo, probablemente, no entraría. Cuando entré, en ningún momento se me dijo que fuera a continuar otra legislatura. No se me hizo promesa alguna. En ese momento yo me sentía con fuerza, pero también entendía que seguramente hacía falta alguien con una adhesión o con unas condiciones diferentes.

—¿Cómo se lo comunicaron?

—Personalmente, como se hacen estas cosas. Tuvimos una conversación y le dije al lehendakari que gracias por la confianza que había tenido en mí, que había sido una experiencia tremenda y que contara conmigo para lo que pudiera necesitar, por supuesto.

—¿Qué hace ahora Nekane Murga?

—Pues trabajar en Osakidetza... Y disfrutar mucho de mi familia y de mis aficiones.

—De los tres últimos consejeros, es la única que no ha pasado a la Sanidad privada.

—Voy a darle una frase: quizás es que no le valgo a nadie. [Risas] No sé si eso es un piropo. Yo siempre he trabajado en Osakidetza. Cuando mi trabajo era de cardióloga, tuve la oportunidad de trabajar en la privada y no lo hice. Y en este momento tampoco he tenido ofertas. En general, es conocido que soy una persona a la que le gusta su trabajo aquí.

—Nunca estuvo afiliada al PNV, ¿verdad? ¿La política queda descartada?

—No, no estaba afiliada. Y la política... He intentado hacer lo que me han pedido con el mayor esfuerzo y voluntad. Hay que dar el paso también a personas jóvenes. Las hay y muy válidas y con muchas ganas. Desde luego, yo siempre voy a estar para para ayudar en la Sanidad pública.

—¿Cómo ve a Alberto Martínez y a la Osakidetza actual?

—Les veo con muchas ganas de introducir cambios y de hacer cosas nuevas. Espero que estos proyectos consigan el objetivo, que es mejorar la salud de la población. Se lo he dicho personalmente: en todo lo que pueda ayudar, que cuenten conmigo. Le mando mucho ánimo, porque es una tarea dura la de transformar y mejorar el servicio sanitario.

Viernes, 1 de junio de 2018. En Madrid, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se convierte en presidente del Gobierno tras ganar la primera moción de censura de la historia democrática de España. En Vitoria, en cambio, brotan las primeras denuncias de posibles filtraciones en los exámenes de las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) que se venían celebrando aquella primavera. Lo que empezó en las especialidades de Anestesia y Angiología fue creciendo y creciendo hasta poner bajo la lupa trece pruebas y llevarse por delante al consejero de Salud, Jon Darpón, a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y al responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros cargos. Seis años después el asunto sigue empantanado en un juzgado de Vitoria que, de hecho, no ha realizado ningún solo movimiento desde al menos octubre de 2022, cuando se limitó a despachar los últimos recursos. La realidad es que nada se ha movido desde enero de 2022. Quizás ni haya juicio pero, si lo hubiere, las defensas de los acusados sienten que tienen asegurada ya una reducción de la posible condena por lo que técnicamente se conoce como “dilaciones indebidas”.

La vía judicial arrancó en la Fiscalía, que al poco de conocerse esas primeras informaciones abrió una preinvestigación. Aunque Osakidetza no facilitó a la fiscal Carmen Adán toda la documentación que había recopilado internamente (se omitieron, particularmente, decenas de horas de grabaciones a opositores, miembros de tribunales y otros conocedores del proceso en las que se oían referencias a un “tongo”), el ministerio público formalizó una denuncia y derivó el caso a un juzgado de Vitoria. El expediente recayó en Instrucción 2. En estos años hasta cuatro magistradas han tenido la responsabilidad de la investigación. Inició el sumario Yolanda Varona, que era sustituta de Ana Jesús Zulueta, la titular de la sala. Luego Zulueta pasó a la Audiencia Provincial y cedió su lugar a Cristina Rodríguez Ruiz. Finalmente, la última titular del caso ha sido Blanca Ester Díaz Pulido.

Al margen de los cambios, el proceso investigador ha sido muy singular. Se llegó a plasmar en una resolución judicial que revisar los exámenes en una causa que precisamente trata de irregularidades en unas oposiciones no aportaba “nada”. “En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesaridad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, dejó por escrito la tercera de las cuatro magistradas, Rodríguez Ruiz. Y eso que cuando sí se analizaron unos pocos de ellos hubo indicios claros de anomalías. Un ejemplo: en la categoría de Anestesia las opositoras con mejores notas repetían orden de resolución del cuestionario, contenido de las respuestas -palabra por palabra- y hasta los mismos errores. El vocal de un examen llegó a contar que, cuando corregía, tenía la sensación de que los mejores candidatos -los presuntos beneficiarios de las filtraciones- habían presentado “fotocopias”, hojas de respuestas idénticas entre sí y con relación a la plantilla de corrección.

Además de la Fiscalía, han ejercido la acusación dos sindicatos. El más activo ha sido LAB. ESK, de su lado, era la central de tres opositores de Anestesia que fueron los primeros en levantar la voz en su categoría, Manoel Martínez, Marta Macho y Roberto Sánchez. LAB ha intentado sin éxito en variadas ocasiones que se investigue no solamente la irregularidad como tal en el examen sino a la cúpula política de la Sanidad vasca. Las mismas veces que lo ha reclamado le ha sido denegado. El PNV, de hecho, ha celebrado la exoneración de Darpón y se ha valido de ello para denunciar una cacería política contra su figura.

El plazo inicial de investigación finalizó en el verano del 2021 pero se acordó una prórroga de seis meses. En enero de 2022, 'in extremis', las acusaciones lograron seis meses más para que el asunto no muriera. Pero en ese período no se movió ni un papel y, terminado ese medio año, se acordó el final definitivo de la instrucción. Esto fue refrendado por otra instancia, la Audiencia de Álava, en abril de 2023. Ahora está pendiente que la magistrada Díaz Pulido haga público un auto de conclusiones en el que determine si hay base para llevar a juicio a los imputados o si se archiva la causa. Habría también un posible escenario intermedio de sobreseimiento para algunos de ellos y procesamiento para el resto.

¿Quiénes son las personas investigadas? Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica. Ni siquiera ha habido un criterio homogéneo a la hora de hacer las citaciones de los diferentes exámenes. Un ejemplo: las opositoras de Anestesia no están en la lista a diferencia de los de Angiología aunque son precisamente sus exámenes y notas los que sí se han revisado con más detenimiento en la investigación. Ellas comparecieron como testigos.

Y hay cuatro especialidades sin ningún investigado aunque pesaran sobre ellas las mismas alertas de la Fiscalía: Medicina Intensiva, Urgencias Hospitalarias, Microbiología y Cirugía Cardiovascular. En general, el patrón común de las treces es que había una gran diferencia de notas entre los aprobados y los suspendidos, llegando a darse el caso de que los mejores opositores presentaban resultados casi perfectos en pruebas de alta dificultad. Además, luego se comprobó que en muchos casos esos candidatos eran colegas de hospital de los autores de los cuestionarios. “Soy el malo de la película, pero tengo la conciencia tranquila. Yo no he filtrado nada [...]. Si hubiera habido acuerdo, [los míos] habrían sacado 100. Pero yo estoy sentado aquí con la conciencia tranquila. No he filtrado”, llegó a explicar el miembro de un tribunal que dijo no haber cometido ninguna irregularidad y que ha declarado en la causa como testigo.

No es el único caso de “dilaciones indebidas”

Fuentes judiciales indican es “previsible” que un plazo “corto” de tiempo se pueda emitir el auto de conclusiones. “Desde Semana Santa parece que está encarrilado”, añaden. Pero nadie sabe precisar una razón concreta para los retrasos ni una fecha concreta para desbloquear el asunto. Entre los acusados se mezclan dos sentimientos. Por un lado, el de la sensación de continuar con una investigación abierta durante años sin noticias ni novedades. Por otro, el más pragmático de que pase lo que pase a partir de ahora podrán ver muy reducida una posible pena. “El atenuante de dilaciones indebidas lo tenemos ganado ya. De hecho, no son dilaciones indebidas, son unas dilaciones de campeonato”, se felicitan en las defensas.

No es algo inusual en los juzgados vascos y, en particular, en los de Vitoria. En los últimos siete días, sin ir más lejos, la pena a la mano derecha de Dmitry Piterman en el Deportivo Alavés, Pepe Nereo, vio rebajada la condena por el saqueo del club de fútbol por “dilaciones indebidas” mientras que siete acusados ni siquiera fueron juzgados por irregularidades en un matadero ya que se les citó a declarar cuando ya se había pasado el plazo legal máximo de la fase de instrucción. Esa atenuante redujo notablemente también las penas en la mayor trama de corrupción vasca, el 'caso De Miguel', aunque aquí no por atascos en la investigación -que fue mucho más ágil que la de Osakidetza a pesar de su notable mayor complejidad- sino en la fase intermedia previa al juicio. Los casos de Margüello, Balenciaga o Bravo también han estado condicionados por los retrasos en la Justicia.

“La dilación del proceso por diferentes circunstancias, como la COVID-19, no puede ser excusa para depurar las responsabilidades penales de lo que supone a todas luces un fraude en la contratación y otros delitos con los que colisiona la práctica de filtración de exámenes de OPE. Existen elementos muy potentes para realizar imputaciones”, sostiene el sindicato LAB preguntado por el futuro que le ven a una causa de la que han hecho bandera. Y añade: “Hemos echado muy de menos en este proceso al resto de acusaciones y creemos que no haber conseguido traer los exámenes y a la cúpula de Osakidetza dejará este proceso con una laguna importante”. Con todo, realizan una “valoración positiva” porque se han puesto “las bases para tratar este tema con la seriedad que merece”. “Somos un servicio público y el acceso al empleo debe ser en igualdad para toda la ciudadanía. Creemos que hemos roto y hemos forzado a sentar las bases para acabar con décadas de inercias establecidas”, abundan desde el sindicato.

En medio, aflora otro problema. Los exámenes investigados datan de la primavera de 2018 y con plazas ofertadas en 2016 y 2017. Osakidetza decretó paralizar la asignación de plazas en las categorías denunciadas y seis años después así continúan. Pero el tiempo ha pasado. Entre los imputados los hay ya que se han jubilado y para los que no tendría ninguna relevancia lo que pudiera derivar del juzgado. Y, sobre todo, se han ido celebrando ya nuevas oposiciones. ¿Cómo se asignarían ahora esas plazas si queda archivado el caso? ¿O cómo se repite una oposición de hace seis años si se constata la irregularidad? Según la web de Osakidetza, están bloqueadas cautelarmente desde octubre de 2019 Anestesia, Angiología, Digestivo, Cardiología, Traumatología, Plástica, Urología, Medicina Intensiva, Urgencias Hospitalarias, Microbiología y Cirugía Cardiovascular y desde enero de 2020 también Neurofisiología y Neurocirugía. Son trece categorías en total. “Será un marrón para el siguiente que venga”, ironizan desde el actual equipo de Salud, dirigido por la sustituta de la sustituta de Darpón, Gotzone Sagardui, y que previsiblemente dejará el Gobierno en pocos días.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha estado rodeado en estos doce años de 23 consejeros. Solamente dos, Josu Erkoreka y Arantxa Tapia, han completado con él las tres legislaturas. Pero el socialista Iñaki Arriola, con dos legislaturas ahora y antes otra con Patxi López, también alcanza los tres mandatos. En cifras, diecisiete de los consejeros han sido propuestos por el PNV y seis por el PSE-EE, que ha gobernando en coalición con los nacionalistas desde 2016 y durante dos legislaturas.

En Ajuria Enea, el palacio presidencial, ha habido siete fotografías diferentes del gabinete. Fueron en 2012 con el equipo original, en 2015 cuando Juan María Aburto se fue a la alcaldía de Bilbao y llegó Ángel Toña, tras las elecciones de 2016, en 2019 por dos veces tras las salidas de Alfredo Retortillo primero y de Jon Darpón después -por la crisis de las oposiciones de Osakidetza-, en 2020 con el inicio de la tercera legislatura y en 2023 por el ajuste de Nerea Melgosa por la marcha de Beatriz Artolazabal. Urkullu, nada amigo de las crisis de Gobierno, solamente ha hecho cambios por exigencias electorales de cualquiera de los dos partidos o entre legislaturas. La única excepción es la de Darpón: no ha habido más casos en los que directa e indirectamente un problema de gestión le haya costado el cargo a un miembro del Gobierno. Con todo, él sigue insistiendo públicamente en la buena gestión de Darpón.

A diferencia de otros lehendakaris o de otros presidentes, Urkullu ha dirigido todos y cada uno de los Consejos de Gobierno que se han celebrado, habitualmente en martes. Habrán sido más de medio millar. Incluso, si ha sido preciso, los ha celebrado telemáticamente desde lugares como Japón o Bruselas con ocasión de alguno de sus viajes oficiales. Urkullu ha visitado también Estados Unidos, Canadá, el Vaticano -se vio brevemente con el Papa Francisco- y otros países. De hecho, solamente suspendió uno en febrero de este año por el fallecimiento de su madre pudiendo haber delegado en el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka.

Erkoreka ha sido su 'número dos' desde el inicio. Primero ejerció como portavoz porque, como tal, no existía la vicepresidencia. En 2020 ya adquirió ese rango. Entonces también entró la socialista Idoia Mendia como vicelehendakari segunda. En la tercera legislatura, el portavoz ha sido Bingen Zupiria. El lehendakari también ha tenido otros colaboradores estrechos sin rango de consejero. Txus Peña, hasta su jubilación, fue el secretario general de Presidencia como antes con otros lehendakaris del PNV. El lehendakari ha tenido durante doce años a un mismo núcleo duro con Iñaki Bernardo, Manu Castilla, Marian Elorza, Miren Edurne Erezkano, Luis Petrikorena o Jonan Fernández. Bernardo o Erezkano, por ejemplo, ya ocupaban con él las mismas funciones -Comunicación y Secretaría- cuando era presidente del PNV.

Urkullu cambió dos nombres clásicos, Sanidad e Interior, por Salud y Seguridad nada más llegar al cargo. También ha ido ajustando las denominaciones de las carteras hasta el punto de separar en 2016 Trabajo de Empleo o tener un consejero de Economía y Hacienda y luego de Hacienda y Economía. Aunque ha tenido consejeros no vascoparlantes tanto de PNV como de PSE-EE, buena parte de las reuniones del gabinete se han hecho en euskera. El lehendakari dirige también un Consejo de Gobierno virtual, un grupo de WhatsApp llamado “Eusko Sailburuak”.

El lehendakari podrá argumentar que en su tercer y último mandato (2020-2024) ha tenido una elevada producción legislativa. Ha sacado adelante 59 leyes. Sobrepasan claramente las 28 de la etapa anterior (2016-2020) y las 34 de la primera legislatura (2012-2016). Los tres mandatos han sido diferentes. En el primero el PNV gobernó en solitario y en minoría. En el segundo PNV y PSE-EE formaron una coalición en minoría. Y para la tercera llegó el bipartito con mayoría absoluta.

2024, como 2020, es año bisiesto. Por lo tanto, en 2024, como en 2020, después del 28 de febrero llega el 29 de febrero. La última vez que aquello ocurrió en el calendario en Euskadi se inició una “película de zombies”, como gráficamente lo describió hace unos pocos meses la entonces consejera de Salud, Nekane Murga. Llegó el coronavirus Sars-Cov-2 y su enfermedad, la COVID-19. Y, como siguió Murga, “encima no venía de Bután o como se llamara el pueblo [en referencia a Wuhan]”, había transmisión comunitaria. Hace meses -quizás ya años- que el análisis de los indicadores epidemiológicos quedó arrinconado con la mascarilla y los restos del gel hidroalcohólico, pero el balance cuatro años después de aquellos primeros contagios arroja dos grandes cifras: 51.732 personas hospitalizadas -una engañosa media de 35 cada día, una cada 40 minutos- y 9.090 fallecimientos -con 2022 como el peor año tras la llegada de la variante ómicron-.

Este miércoles, como cada semana, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha publicado el informe sobre infecciones respiratorias agudas. En agosto de 2023 se suprimió el reporte específico sobre la COVID-19 y ahora se informa sobre ella dentro de un análisis conjunto con el virus de la influenza (la gripe) y otras patologías. Entre el lunes 19 y el domingo 25 de febrero hubo 19 ingresos por esta enfermedad. Quitando una semana justo después del pasado verano, es quizás el dato más bajo en cuatro años. Ocho hombres y once mujeres han tenido complicaciones. Quince de ellos tenían más de 60 años, el grupo poblacional de mayor riesgo.

Los datos acumulados reflejan por sí solos la increíble presión asistencial que ha generado la COVID-19. En la primera ola, durante el confinamiento, llegó a haber 1.800 personas de golpe que precisaban atención por lo mismo. Se habilitaron hoteles, residencias y otros espacios como auxilio a unos hospitales saturados y se multiplicó la hospitalización a domicilio. Después, el peor momento fue a comienzos de 2022, cuando ómicron disparó los contagios. Ahí llegó un tope de 150 ingresos en 24 horas, uno cada diez minutos. Las UCI llegaban a recibir hasta 40 pacientes más cada día durante la primavera de 2020 y un año después se vivió otro momento crítico con hasta 200 enfermos críticos. En datos, de febrero a diciembre de 2020 16.785 personas fueron hospitalizadas. En 2021 fueron 15.318, en 2022 15.397, en 2023 3.647 y en lo que va de 2024 495.

Varios informes del Gobierno vasco han puesto de manifiesto que la COVID-19, en ocasiones minimizada y comparada con una gripe estacional, ha sido la enfermedad que más ingresos ha generado en la historia de Osakidetza, que tiene ya 40 años. Se estima en 3.000 el número de personas que ha pasado por una UCI a causa de esta enfermedad. Además, según recordó recientemente la actual consejera, Gotzone Sagardui, el sistema tuvo que absorber “cinco millones de pruebas diagnósticas” y otros “cinco millones de vacunaciones”.

La derivada es que las listas de espera para operaciones, consultas y pruebas diagnósticas se han disparado. Todavía ahora el sistema no ha recuperado el nivel de 2019. Y la preocupación ciudadana por la salud de la Sanidad pública vasca se ha disparado. Es ahora el segundo problema para los vascos. Lo menciona un 35%. En el último Sociómetro antes de la pandemia era el noveno y lo citaba un 6% de la población. Otros trabajos sociológicos como el Deustobarómetro han aportado datos que van en una misma línea y, de hecho, Osakidetza va a ser uno de los ejes de la próxima campaña electoral de cara al 21 de abril.

Según datos oficiales del Departamento de Salud, hasta el 31 de enero los fallecimientos de personas con COVID-19 habían sido en Euskadi 9.090. Fueron 3.106 los decesos conocidos de febrero a diciembre de 2020. Bajaron a 1.978 en 2021 pero repuntaron a causa de la gran ola de ómicron en 2022, con 3.260. En 2023 ya empezaron a acumularse jornadas sin ningún muerto por vez primera en meses. La última semana conocida, la final de enero, dejó tres pacientes con COVID-19 fallecidos. Hasta marzo del pasado año, aproximadamente, se actualizaba la estadística de brotes en residencias de mayores, uno de los espacios más vulnerables al neovirus. Según se dijo entonces, en Euskadi, murieron allí 1.400 internos. Ahora mismo hay positivos en siete centros de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Nada queda ya en circulación del primer subtipo del Sars-Cov-2 que apareció en la noche del 28 al 29 de febrero de 2020. Ahora la secuenciación muestra que todos los casos los genera ómicron, “siendo los linajes más frecuentes JN.1 (90,8%), BA.2.86 (3,0%) y JG.3 (1,3%)”, según Osakidetza. Antes circularon alfa, delta, épsilon y otras variantes con nombre griego o de modelo de coche Lancia. La consejera Murga ya contó a elDiario.es/Euskadi en 2021, con motivo del primer aniversario de la emergencia sanitaria, que ella misma se dirigió desde la sede del Gobierno vasco en Lakua hasta el hospital de Txagorritxu, el primer foco de contagios, para cerciorarse de la noticia:

-¿Hay posibilidad de error?

-No, es positivo.

Y la bola empezó a crecer. “En Txago era una profesional y nos dimos cuenta al instante de que, en un día de consulta, podría haber estado con 15 ó 20 personas, que en planta habría visitado a otras 15, que en una sesión clínica habría estado con otro montón y que había participado en una comisión de tumores”, relató. Vitoria, que tiene un vuelo directo con Bérgamo, la ciudad italiana que fue el epicentro de la crisis allí, se convirtió en una bomba epidemiológica en pocos días. Cerraron los colegios y una semana antes del confinamiento ya había residencias en cuarentena al ir sucediéndose los decesos.

2024, como 2020, es año bisiesto y también electoral. Entonces como ahora había convocadas unas elecciones autonómicas en abril. Quedará para la historia cómo el lehendakari, Iñigo Urkullu, tuvo que suspenderlas y llevarlas a julio, justo cuando empezaba a incubarse una nueva ola que sería la primera de muchas más tras el confinamiento. En una decisión que ahora parece impensable, el Gobierno vasco prohibió a los infectados cuarentenados ejercer el derecho al voto bajo la advertencia de imputarles un “delito contra la salud pública”. El asunto llegó a la Junta Electoral y este organismo dio la razón al Ejecutivo. En Ordizia, que en aquellas fechas vivía un brote con 73 casos, se llegaron a fijar franjas horarias para evitar aglomeraciones y que la población de riesgo estuviera más tranquila en los colegios electorales. Se recomendó que los mayores de 65 años votaran de 9.00 a 14.00 horas, que lo hicieran de 14.00 a 15.00 horas personas aisladas negativas en la prueba PCR y que a partir de las 15.00 acudieran los más jóvenes. Tras los comicios, Murga dejó paso a Sagardui, la consejera que esa Navidad de 2020 firmó los albaranes con la llegada de las primeras vacunas. Y Urkullu se convirtió en el presidente del Labi, la mesa de crisis que ponía y quitaba restricciones.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) recoge este viernes el cese de Óscar Aller García “a petición propia” como director gerente de Emergencias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Las fuentes consultadas desvinculan el relevo, decidido ya a finales de julio, de las movilizaciones y denuncias sindicales que se están sucediendo en torno a la gestión de las ambulancias en la Sanidad pública vasca y aseguran que responde a “motivos personales”. El aludido ya había comunicado hace meses a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, su deseo de dejar el puesto.

El cese será efectivo el 30 de septiembre y Osakidetza, en una resolución firmada por la directora general, Rosa Pérez Esquerdo, incluye un “agradecimiento a los servicios prestados”. Con el cese ya comunicado, es posible activar formalmente la convocatoria abierta para la nueva designación. Con todo, esta dirección de Emergencias -que no debe ser confundida con el cargo del mismo nombre del Departamento de Seguridad, con competencias como el 112 o Meteorología- ha sido una silla caliente en los últimos años.

Aller García fue nombrado en junio de 2020, todavía con Nekane Murga como consejera de Salud y Juan Diego al frente de Osakidetza, antes de las elecciones autonómicas de julio de ese año. Se trató de un nombramiento de urgencia ya que su predecesor en el cargo, Jon Sánchez, se vio forzado a dimitir. Este exconcejal y exjuntero del PNV fue sancionado en Castro Urdiales, en Cantabria, cuando acudió a su segunda residencia en pleno confinamiento, durante el estado de alarma. Sánchez, a su vez, relevó a Txema Unanue, que dimitió tras conocerse el proyecto de unificación en Txurdinaga de los tres centros coordinadores de Emergencias de Osakidetza.

Según se indicó en 2020, Aller -bilbaíno de nacimiento- era facultativo en la comarca sanitaria Barrualde-Usansolo y antes había ejercido como médico de Urgencias en Cruces, Basurto y Txagorritxu, tres de los principales hospitales de Euskadi, además de en UVI móviles. “Cuenta también con acreditada experiencia como gestor hospitalario en seguridad clínica y docente MIR”, se dijo.

Euskadi se ha dado de bruces esta semana con una realidad que, sin embargo, era ya conocida y venía siendo largamente avisada por muchas voces: hay una escasez de profesionales en la red de atención primaria, es decir, en los ambulatorios y consultorios que son la puerta de entrada a la Sanidad pública. ¿Acaso esta Navidad no se redujo el horario de atención en 62 centros de salud por las vacaciones del personal imposibles de cubrir y a pesar de estar de lleno en la mayor ola de contagios de toda la pandemia? Los datos son tozudos, puesto que hay más de 100 plazas de médicos de familia sin cubrir en la actualidad, algunas de las ofertas de trabajo quedan vacantes y 500 facultativos de 1.700 se jubilarán en el próximo lustro, además de enfermeros y otros profesionales. Hay un déficit equivalente al 10% de médicos de cabecera y al 15% de los pediatras.

Sin embargo, a los habituales mensajes de que Osakidetza busca recambios hasta debajo de las piedras esta semana se ha sumado una reflexión de la consejera Gotzone Sagardui en la que ha apelado a un “cambio cultural” que implicaría, por ejemplo, desplazarse más lejos al médico o que haya consultorios sólo de enfermería. La oposición, todos los sindicatos y colegios profesionales se han levantado en armas ante lo que entiende como “recortes” en un servicio esencial e incluso se ha producido un choque entre PNV y PSE-EE, socios en el Gobierno, luego de que los socialistas sugirieran que la exigencia de euskera complica la atracción de profesionales. elDiario.es/Euskadi reconstruye la semana y aborda la situación con la voz de dos de los tres últimos consejeros de Salud, Rafael Bengoa y Nekane Murga, con la representante de la organización de enfermería Satse, Amaia Mayor, y con un médico que, según resalta, solamente no ha trabajado en dos de los ambulatorios de Álava y que acaba de abandonar Osakidetza, Roberto Sánchez.

Sagardui realizó su reflexión -desde el Gobierno se insiste en que no se presentó ningún plan ni medidas cerradas y que no se avecinan “recortes”- el miércoles en un foro de Bilbao llamado Executive Forum España y que estaba patrocinado por dos farmacéuticas privadas, Pfizer y GSK. Se da la circunstancia de que 48 horas antes, en el Parlamento, en Vitoria, la directora general de Osakidetza, Rosa Pérez Esquerdo, y la responsable de atención primaria, Susana Martín, ofrecieron una radiografía de la situación y que, 24 horas después, se inauguró en Bilbao un congreso nacional de medicina de familia.

Las palabras precisas de Sagardui, que leyó una intervención escrita, fueron las siguientes: “No podemos obviar que tanto la especialización de recursos derivada de la innovación en técnicas y tecnologías como la escasez de médicos de familia apuntan a un horizonte de mayor movilidad de la ciudadanía para recibir atención. Euskadi es una comunidad pequeña, con buenas redes y servicios de comunicación. La movilidad no debería ser un problema, pero lo es. Nos enfrentamos al reto de trasladar a la ciudadanía que estamos ante un cambio cultural, de usos y costumbres en nuestra relación con los servicios sanitarios. Habrá que desplazarse con más frecuencia. Habrá consultorios que estén atendidos por servicios de enfermería o incluso que permanecerán cerrados en épocas como las que se avecinan, las vacacionales. Recurriremos a consultas telemáticas, a herramientas de triaje telemático. Esto va a ser así”.

La oposición de izquierdas, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, además del grueso de los sindicatos, han entendido que el “cambio cultural” encubre un “desmantelamiento” o incluso “privatización” de la Sanidad pública. Hay convocada una manifestación de protesta. Se ha llegado a decir que Sagardui apuesta por el “modelo Ayuso”, en referencia a la controvertida gestión público-privada de la Comunidad de Madrid. Desde el flanco derecho, PP+Cs ha reabierto el debate de que exigir euskera condiciona que profesionales de fuera se sumen a Osakidetza y el PSE-EE, socio de Gobierno, se expresó en el mismo sentido. La parte del PNV del Gobierno, que se ha visto rodeada de la tormenta, ha optado por contratacar señalando que los socialistas exhiben “falta de conocimiento” y señalando que apenas 20 plazas de las 27.000 que componen la plantilla de Osakidetza requieren un PL4 o C2, el máximo conocimiento de un idioma según el marco europeo.

Un médico: “Tenía contratos de dos horas”

El doctor Roberto Sánchez, que se hizo conocido por ser uno de los denunciantes del fraude en las oposiciones médicas de 2018, tiene doble especialidad como anestesista y médico de familia. Hace pocas semanas ha dejado su hospital, el del Alto Deba, y ni se ha planteado volver a un ambulatorio. Ha optado por trabajar para la red de residencias. Los profesionales de primaria cubren no solamente las plazas de los ambulatorios sino también las de Urgencias, las ambulancias o la creciente red sociosanitaria para personas mayores. Meses atrás, se popularizó un mensaje suyo en Twitter con todos sus contratos cuando trabajaba en atención primaria. “Mi último curro ahí fue en Sansomendi y de tarde. Veía 50 personas en una tarde. Tenía contratos de dos horas. Te llamaban a las ocho de la mañana para entrar a las nueve. En cinco años me conocí todos los centros de salud de Álava menos el de Izarra y Aranbizkarra II. En 2008 lo dejé y ahora que he dejado también el hospital no he planteado volver aunque en mi centro de salud hay tres plazas vacantes e iba a tener trabajo seguro. Están asfixiados y salen con la sensación de que los pacientes necesitan una mayor atención”, señala tras matizar que, en la pandemia, sí ha hecho algunos refuerzos tanto en residencias como en atención domiciliaria en equipos de Osakidetza.

En el Parlamento, Pérez Esquerdo y Martín asumieron que las ofertas no son atractivas aunque, repitieron, el salario que se ofrece a los que acaban de terminar la formación es de “3.000 euros” y, en muchos casos, con horario solamente de mañana y sin fines de semana y guardias. A principios de junio han quedado vacantes diez de doce plazas de Pediatría y 11 de las 24 de atención de adultos. En Emergencias, de ocho sólo se llenó una. Zonas como Lea-Artibai, la Llanada Alavesa o incluso el Bidasoa presentan el mayor número de bajas. “Tiene buena remuneración pero las respuesta que tenemos es ésta”, dijo Martín. “Es más atractivo ir al hospital que a primaria”, asumió la directora general de Osakidetza, una organización que tiene 340 centros de salud. Tampoco hay jefes para esos ambulatorios. “Nos estamos creyendo todo este discurso de que todo está mal y nos cuesta mucho identificar líderes dentro de las organizaciones”, se sinceró Martín, ella misma profesional de primaria. “No hacemos ningún favor diciendo que Euskadi no es atractiva”, imploraron.

Nekane Murga: “En la tele sale el cirujano y el de Urgencias”

Nekane Murga fue consejera de Salud a propuesta de Iñigo Urkullu en 2019 y 2020, coincidiendo con la llegada del coronavirus, con el confinamiento y con las dos primeras olas. Asume que “hay plazas de difícil cobertura” aunque entiende que Euskadi “no tiene el perfil de tener localidades tan alejadas de los centros urbanos”, algo “frecuente en zonas despobladas de Galicia, Castilla y León o Extremadura”, por lo que estima que tendrá más fácil afrontar este reto para la primaria que no es privativo de esta comunidad autónoma. Apunta también que, en el caso de la pediatría, juega a su favor que “está bajando la natalidad”, por lo que se podrá compensar de alguna manera el déficit existente. Para ella, la medida fundamental pasa por prestigiar el trabajo en los ambulatorios y por orientar la formación de los nuevos profesionales para que no huyan de la medicina de familia.

Euskadi “no tiene el perfil de tener localidades tan alejadas de los centros urbanos”, algo “frecuente en zonas despobladas de Galicia, Castilla y León o Extremadura”

Nekane Murga — Consejera de Salud de 2019 a 2022

“La vocación también surge y en la tele sólo sale el cirujano o el de Urgencias salvando vidas. En nuestra etapa se trabajó para aumentar el número de centros con capacidad de acreditar plazas de médicos de atención primaria, para aumentar la capacidad formativa de Osakidetza, para incorporar como profesores a médicos de atención primaria y para aumentar la oferta de prácticas en centros de salud”, explica. En este sentido, la rectora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha dicho esta semana en Radio Euskadi que estudiará la posibilidad de seguir ampliando las plazas de Medicina. La UPV/EHU (pública) construye ya una nueva facultad para mudarse de Leioa a Bilbao, más cerca del hospital de Basurto, y Deusto (privada) estrenó en 2020 su primera promoción de Medicina.

Rafael Bengoa fue consejero entre 2009 y 2012, con el socialista Patxi López, y también ha sido asesor de la OMS o incluso de Barack Obama. Asegura que “hace 17 años” ya se conocía que iba a llegar una pandemia con “ataque respiratorio” y que “desde hace 25 años” se intuye un envejecimiento de la población –con todo lo que implica de cronicidad: “de los que ves en la calle todos los días, el 40% tiene ya una enfermedad crónica al menos”- y un caída de la natalidad, pese a lo cual los sistemas sanitarios llegaron “inmaduros” al momento crítico. “Ahora se sabe que viene una crisis de recursos humanos. Muchos médicos y enfermeros son ‘baby boomers’ y se van a jubilar. No es culpa de nadie en concreto pero es un problema que tendremos que resolver”, reclama Bengoa.

Rafael Bengoa: “Salen ganando los seguros privados”

A su juicio, hay que “asegurar que los incentivos sean proprimaria y no prohospitales para reforzar el sistema” porque “si se está pagando más a un médico para atender en Urgencias que en el ambulatorio” se produce un efecto indeseado. Y alerta de la creciente privatización de la Sanidad en España, lo que puede suponer más plazas para profesionales fuera de la pública. “Sabemos que en esta pandemia se está dando una tendencia absolutamente paradójica. Lo público ha salvado la situación pero salen ganando los seguros privados. La gente que puede está acudiendo a un doble aseguramiento y esto es importante porque ya se empieza convertir en tendencia. Todos los años un 2% más de la población usa su dinero para esto. Vamos a un sistema doble, una medicina de ricos y otra de pobres. Es la ‘latinoamericanización’ del sistema español”, diagnostica. Plantea también “desburocratizar” la tarea en el ambulatorio para dedicar más tiempo a la atención.

Preguntado sobre el “cambio cultural”, incide en que es necesario pero en otro sentido: “Claro que los pacientes han de responsabilizarse más de su salud. Has de saber que tu comportamiento con el tabaco, el alcohol o las drogas a los 20 te va a condicionar mucha cronicidad a los 50 o a los 60. La población tiene interiorizado que tiene un sistema de Salud ‘reparador’, pero toca a asumir responsabilidad en el estilo de vida. Pero también los Gobiernos tienen que crear condiciones para que eso ocurra. Si es más caro el aceite malo que el bueno o el restaurante de comida mediterránea que el McDonald’s…”.

Y. ¿cómo ha encajado la enfermería la idea de que haya consultorios sin médicos? Amaia Mayor, del sindicato corporativo Satse, defiende que “desde hace tiempo” estos profesionales tienen “nuevas competencias” más allá del rol tradicional de un enfermero en el pasado. Hacen “seguimiento de crónicos” o “procesos leves autolimitados”, como también el control de medicamentos que no requieren prescripción médica. Hay muchos puestos de jefatura de unidades de atención primaria ocupados por enfermeras, destaca Mayor, que reclama una “visibilización” de este colectivo muy feminizado. “A partir de ahí, no pretendemos para nada invadir competencias de otros profesionales y no estamos tampoco para nada de acuerdo en ningún tipo de recorte de servicios o en que la ciudadanía se tenga que desplazar más para recibir atención”, subraya Mayor.

Vamos a un sistema doble, una medicina de ricos y otra de pobres. Es la ‘latinoamericanización’ del sistema español

Rafael Bengoa — Consejero de Sanidad de 2009 a 2012

Y, si faltan médicos en primaria, ocurre lo mismo en enfermería. Mayor ofrece un dato: cada profesional tiene entre “1.500 y 1.800” TIS asignadas, esto es, pacientes en su cupo y, en las zonas rurales, llegan a 3.000. Un pediatra, por ejemplo, tiene unas 800 de media, según datos de esta misma semana en el Parlamento. “El enfermero de primaria es el que menos cobra en toda Osakidetza. No se percibe el 4% que cobran en hospitales a pesar de la carga de trabajo importantísima. De ser un trabajo menos gravoso por no tener nocturnidad, se ha ido deteriorando y deteriorando”, remacha.

Suscitada la polémica, Sagardui aseguró que este verano no habrá un servicio muy diferente al de otros años. Eso sí, es ya común que haya reducción en la atención. Salud se escuda en que cae también un tercio la demanda, como también afirma que hay más espera para pedir una cita telefónica con el médico de cabecera (tres días) que una presencial (dos días). A falta de los detalles precisos centro por centro, el plan pasa por que los ambulatorios que cierran a las 20.00 horas lo hagan a las 17.00 horas y que los que durante al año ya cierran más temprano no atiendan a partir de las 15.00 horas. En todo caso, el mensaje oficial es claro: “Toda persona que quiera trabajar en Osakidetza tiene las puertas abiertas”.

En la legislatura vasca que se inició en 2016 y terminó en 2020 -unos meses más tarde de lo previsto por la suspensión de las elecciones debido a la llegada del coronavirus- el lehendakari, Iñigo Urkullu, y los trece consejeros que participaron en su gabinete de coalición en todo el cuatrienio o en parte de él realizaron 248 viajes fuera de Euskadi y gastaron en ellos 712.506,36 euros, según los datos obtenidos por este periódico del portal de Transparencia de la Administración autonómica. El 62% de esos desplazamientos se realizaron dentro de España pero se visitaron 23 países de Europa, América (del norte y del sur), África y Asia. Cada viaje tuvo un precio medio de 2.873 euros.

El lehendakari Urkullu realizó doce viajes en el anterior mandato, el segundo de los tres para los que ha resultado elegido. Sus expediciones son las que más gasto medio tienen, 36.475 euros. La razón es que ha llevado entre cinco y once acompañantes a sus viajes y han sido rutas más largas y estancias de hasta una semana. El viaje más caro, al que asistieron once personas, fue entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre de 2018 a Argentina y Chile. Costó 108.888,86 euros. Un año antes, en fechas muy similares, Urkullu y ocho personas viajaron a Canadá por 100.756,65 euros. Urkullu es quien ha estado en el país más pequeño de todos los recorridos por los miembros del Gobierno, en la Ciudad del Vaticano, donde tuvo ocasión de departir unos minutos con el pontífice de la Iglesia católica, Francisco (11.361,98 euros).

Los consejeros del PNV fueron nueve, ya que Jon Darpón dimitió en marzo de 2019 por la investigación de las irregularidades en las oposiciones médicas del año anterior y le relevó Nekane Murga al frente de Salud. Ellos y Josu Erkoreka, Arantxa Tapia, Beatriz Artolazabal, Pedro Azpiazu, Cristina Uriarte, Bingen Zupiria y Estefanía Beltrán de Heredia realizaron 175 viajes con un precio medio de 1.286,35 euros. Los consejeros del PSE-EE fueron cuatro puesto que el titular de Turismo, Alfredo Retortillo, dejó el cargo en la primavera de 2019 para ser candidato a alcalde de Barakaldo y ocupó su lugar durante el último tramo de la legislatura Sonia Pérez. Además de ellos participaron Iñaki Arriola y María Jesús San José. Son 61 los viajes de los representantes socialistas, con un coste medio de 814 euros.

La consejera más viajera fue Arantxa Tapia, responsable de Desarrollo Económico, ya que tuvo 44 estancias fuera de Euskadi. Darpón, eso sí, llegó a hacer 35 desplazamientos en menos de tres años. En la parte socialista, San José, que se responsabilizó de Trabajo y Justicia, viajó 29 veces. Por el contrario, la titular de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, no hizo más que tres viajes en cuatro años. Eso sí, el precio medio más alto fue el de sus expediciones, 6.497,12 euros. Le siguen los viajes de Azpiazu, consejero de Hacienda, que salieron por 5.867,8 euros. En el lado opuesto, Josu Erkoreka, como responsable de Gobernanza Pública y Autogobierno, se movió seis veces a un coste medio de 238,11 euros.

Con gran diferencia, el destino favorito de los consejeros es Madrid, la capital de España y sede de muchos encuentros institucionales y ferias. Los consejeros vascos viajan cada doce días a Madrid, 120 veces en cuatro años. Son casi la mitad de todos los desplazamientos y el 78% de los que se hicieron sin salir al extranjero. El más cercano fue a Pamplona y los más lejanos a las Islas Canarias aunque se visitaron Andalucía, Castilla-La Mancha, Catalunya o Galicia, entre otras autonomías.

En cuanto a los viajes al extranjero, los más distantes fueron a Japón -una “misión institucional y tecnológica” de cinco personas encabezadas por Arantxa Tapia que duró seis días y cuya factura no es muy elevada, 3.012 euros- y a Sudáfrica -otra expedición de la misma consejera-. Sin más, el punto más visitado es Bruselas, como capital de la Unión Europea. Pero los miembros del Gobierno ha puesto pie en Estados Unidos, Panamá, Reino Unido -y allí en Escocia, Gales e Inglaterra-, en los Países Bajos o en varias ciudades de Alemania.

Han transcurrido prácticamente veinte meses desde que se diagnosticara en Euskadi el primer caso positivo de COVID-19. Las comparecencias de los responsables políticos sobre la materia se han contado por decenas. Ha habido tiempo para datos, para pugnas entre instituciones y para que se hagan familiares conceptos científicos como el R0 o la PCR. Sin embargo, también la pandemia ha dejado un puñado de declaraciones que el paso del tiempo obliga a analizar desde la perspectiva actual. Y no solamente se limitan a la escasa utilidad de las mascarillas que se defendía en una época, como cuando la consejera de Salud, Nekane Murga, le afeó a Pedro Sánchez que compareciera públicamente con ella. “Tendrá coronavirus”, ironizó. “Por supuesto que me arrepiento de no haber recomendado las mascarillas. Siento si en algún momento no transmití el mensaje correcto”, dijo recientemente al hilo de aquellos momentos. “No hemos sido capaces, en ocasiones, de transmitir seguridad a la ciudadanía”, admitió también en el Parlamento, hace unas semanas, el propio lehendakari, Iñigo Urkullu.

1 - Josu Erkoreka. Marzo de 2020.

Euskadi decretó el 13 de marzo la emergencia sanitaria y creó una mesa de crisis llamada Labi y que hasta entonces era desconocida. El 14 de marzo celebró su primera reunión y adoptó algunas restricciones en cuanto a aforos o actividades permitidas. Sin embargo, quedaban horas para que se confirmara un estado de alarma para toda España que implicaría el confinamiento general y cuyos detalles ya habían sido adelantados por los medios de comunicación. En ese escenario, el entonces portavoz del Gobierno de Iñigo Urkullu, Josu Erkoreka, denunció que ese régimen iba a ser “un 155 encubierto” para la autonomía vasca. Y añadió también una frase que quedó en papel mojado en cortísimo espacio de tiempo: "El paseo en la calle es libre y la actividad deportiva en la calle no tiene limitación". Circunstancias de la vida, en la segunda fase de la pandemia fue Euskadi quien reclamó para toda España un nuevo estado de alarma y quien se opuso a su final en mayo de 2020. Y se da la paradoja también que ahora Erkoreka, como consejero de Seguridad, ha tenido que devolver todas las multas a quienes se saltaron aquellas restricciones luego de que el Tribunal Constitucional se pronunciase.

2 - Nekane Murga. Marzo de 2020.

Era 17 de marzo. Euskadi y España llevaban apenas tres días de confinamiento domiciliario y casi no se hacían pruebas diagnósticas para conocer el alcance real de la pandemia. Sin embargo, Nekane Murga dijo ante los medios que en vista de los datos había “esperanza” ante la “estabilización” de la curva de contagios. Que no era lectura correcta lo mostraba que hubo ese día más personas hospitalizadas (53) que casos positivos (38). El pico de aquella primera ola no llegaría hasta el 2 de abril y con la Sanidad vasca al borde del colapso.

3 - Iñaki Berraondo. Abril de 2020.

En los momentos de mayor presión en la Sanidad vasca se llegaron a derivar ingresos a la privada y a medicalizar hoteles. Faltaron camas, equipos de protección y mascarillas y, por supuesto, respiradores para compensar las insuficiencias provocadas por el Sars-Cov-2. El mercado habitual de proveedores estaba colapsado. En aquella primera ola y con el Parlamento paralizado por la convocatoria electoral, todos los miércoles alguien de Salud se reunía con portavoces de la oposición para informar de la pandemia. En una de esas sesiones, el ‘número dos’ de Nekane Murga, Iñaki Berraondo, anunció con entusiasmo la compra de medio centenar de respiradores a Turquía. Sin embargo, algo ocurrió y pronto se empezó a negar tal operación. Lo hizo en público quien en aquella época ejercía como portavoz de Salud, Mikel Sánchez. Ahora bien, más tarde el propio Berraondo admitió a la oposición que la compra sí existió pero que, sin embargo, fue un sonoro fracaso. “Nos birlaron los respiradores de Turquía”, les dijo a sus interlocutores con franqueza, como publicó este periódico. Con todo, se pudo compensar este fiasco con 40 unidades adquiridas en China y que sí llegaron según lo comprometido.

4 - Nekane Murga. Agosto de 2020.

Tras los primeros rebrotes de julio, en agosto de 2020 la incidencia de la COVID-19 volvió a crecer y Euskadi decretó la segunda emergencia sanitaria. La consejera Nekane Murga enviaba mensajes de continuo para que se entendiera que cumplir las normas era vital. De aquel mes datan declaraciones como cuando afeó a la gente que se abrazara cuando en la UCI los sanitarios no se besan -aunque concedió que si alguien quería hacerlo era mejor con mascarilla que sin ella- o su recordatorio a quienes salían de noche de que las UCI se estaban llenando. “Hay más de 40 personas luchando contra la muerte porque alguien ha estado de copas o en una reunión familiar”, zanjó. En otra ocasión, explicó cómo se diferenciaban los muertos “por” COVID-19 y “con” COVID-19. Gráficamente, puso el ejemplo de un positivo que se caía y se mataba para explicar que, claramente, no todas las defunciones eran responsabilidad del coronavirus. En el nuevo Gobierno surgido de las elecciones autonómicas, Murga salió del gabinete.

5 - Gotzone Sagardui. Septiembre de 2020.

En una de sus primeras comparecencias como consejera de Salud, Gotzone Sagardui quiso ofrecer una buena noticia. La segunda ola, la que llegó en agosto, estaba ya remitiendo en septiembre y el Gobierno vasco quería articular con las tres diputaciones un nuevo protocolo de salidas y visitas para las residencias de ancianos. La titular de Salud enfatizó que los mayores habían pasado medio año muy duro: “Cariño y acompañamiento por encima de cualquier circunstancia. Condiciones de seguridad elevadísimas, pero también dignidad”. Sagardui llegó a especular con la posibilidad de que los mayores pudiesen salir en domingo al domicilio familiar para celebrar una comida. Sin embargo, todavía quedaban muchos brotes en estos centros y Álava, Bizkaia y Gipuzkoa mantuvieron en las residencias protocolos muy severos.

6 - Ignacio Garitano. Octubre de 2020.

Con la llegada del otoño, la pandemia estaba creciendo de manera importante a nivel general y algunas comunidades autónomas estrenaron una nueva medida: los cierres perimetrales de municipios o territorios para limitar la movilidad no esencial. En octubre, Ignacio Garitano era el portavoz del Departamento de Salud para el seguimiento de la COVID-19 y también responsable del equipo de rastreadores. Preguntado por la posibilidad de importante esas restricciones a Euskadi, fue tajante: “Esa medida tiene que demostrar que sea útil [...]. No he visto una evaluación hecha por alguien serio”. No transcurrió ni una semana y la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, el órgano conocido como Labi, del que Garitano nunca fue parte, acordó los primeros confinamientos perimetrales en municipios vascos.

7 - Luis Garrido. Enero de 2021.

En la pandemia, al margen de los gestores políticos, ha emergido la figura del magistrado presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Luis Garrido. Por sus manos han pasado la mayoría de recursos contra las medidas adoptadas por el Gobierno vasco y, casi en el 100% de los casos, ha fallado anulando restricciones. Uno de los momentos cumbre llegó cuando reabrió la hostelería en aquellas localidades en alerta roja por alta transmisión comunitaria al considerar su cierre desproporcionado. Lo llamativo es que antes participó en una tertulia en Radio Popular en la que rebajó el papel de los epidemiólogos a meros médicos de cabecera que habían superado un “cursillo”. “Supongamos que suben un 2.000% las enfermedades de transmisión sexual y llego yo, el gran epidemiólogo de la zona, y digo: muy fácil, estén ustedes dos años sin relaciones sexuales y bajará la curva. Y que ahora te digan que para que el virus se reduzca tiene usted que quedarse en casa, no hablar con nadie, no ir a ningún espectáculo teatral, eso se sabía en la Edad Media”. Garrido tenía como perfil de WhatsApp en aquella época el título de una canción de Van Morrison contra los confinamientos.

8 - José Luis Quintas. Febrero de 2021.

En febrero de 2021, la por entonces incipiente campaña de vacunación contra la COVID-19, limitada a residencias y sanitarios, dio un paso adelante con el inicio de las citaciones a la población general de mayor a menor edad. Se empezó con los centenarios y se informó de que alrededor de 1.800 personas de esa edad iban a ser vacunadas. Pero, finalmente, no fueron ni la mitad. El viceconsejero José Luis Quintas, que relevó a Berraondo en Navidad, bromeó que esas personas mayores estarían pasando el invierno “en Benidorm”. Unos días después, en el Parlamento, dijo también que “Osakidetza no sabe los fallecidos por COVID-19” porque “los estima”. “Son estimaciones: nunca esperen concordancias de datos”, recalcó en un momento en que ya se cumplía un año entero de pandemia. Desde entonces, el ‘número dos’ de Gotzone Sagardui ha tenido un papel mucho menos expuesto ante los medios de comunicación.

9 - Iñigo Urkullu. Marzo de 2021.

El Gobierno vasco tuvo que tomar medidas antes del período vacacional de la Semana Santa en vista de que la incidencia seguía al alza. Una de ellas fue reestablecer cierres perimetrales municipales en zonas con alta incidencia. Sin embargo, se hizo una peculiar excepción por motivos económicos y no epidemiológicos: sí podrían viajar quienes tuvieran con antelación una reserva turística en aquellas localidades de alto riesgo. Preguntado por lo ilógico del criterio, el lehendakari, Iñigo Urkullu, no sólo no recomendó a esas personas que no viajaran sino que les animó a que lo disfrutaran. “Goza dezatela!”, repitió en euskera a preguntas de los periodistas.

10 - Iñigo Urkullu. Abril y octubre de 2021.

En el Parlamento Vasco, en primavera, el lehendakari pidió que se detuviera la “estigmatización” de Euskadi, que entonces vivía una gran ola de contagios que llevó a los hospitales a sus peores momentos desde la primera ola. Tuvo que pararse toda la actividad quirúrgica programada y no urgente para liberar personal y espacios para los casos de COVID-19. Con rotundidad, Iñigo Urkullu aseguró que el 5,9% de la población vasca se había contagiado frente a una media del 7% en España y de hasta el 12% en Madrid. Sin embargo, el día en que formuló esas palabras los propios informes de Osakidetza hablaban ya de 193.236 casos confirmados, el equivalente al 8,8% de la población. Reiteradamente, Euskadi se ha presentado como la comunidad que más pruebas diagnósticas hacía -en la primera ola se llegó a asegurar que estaba a la cabeza de Europa- y se ha subrayado también que los niveles de hospitalización y fallecimientos han sido inferiores. Volvió a repetir estas afirmaciones Urkullu en el acto en el que puso fin a la emergencia sanitaria, la pasada semana. Con los datos actualizados hasta este lunes, 4.754 personas han muerto en la pandemia con COVID-19. Es el 0,21% de la población. El Ministerio de Sanidad eleva la cifra a 4.969. Para España, ofrece el dato de 86.827 muertos, el 1,83% del total de habitantes.

Con una investigación abierta al menos hasta enero de 2022 y con 20 imputados ya entre miembros de tribunales y opositores -una cifra que podría crecer aún-, el Departamento de Salud entiende que en la investigación por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de 2018 en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) “está quedando clara [...] la no responsabilidad de los máximos rectores de entonces” en las posibles irregularidades. La consejera Gotzone Sagardui defiende expresamente a sus predecesores Jon Darpón, dimitido en 2019 por este caso, y Nekane Murga, a la que una testigo señaló como conocedora de las filtraciones en su etapa anterior como doctora, a la luz de un auto judicial que rechaza la imputación de Darpón, de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y de otros altos cargos (entre los que no está Murga). Además, el propio aludido ha enviado un mensaje muy breve en Twitter, escrito en euskera, dando las gracias al PNV por su apoyo:  “Ser miembro del PNV es como para estar orgulloso, también haber trabajado por Osakidetza y mi país”

Entiende Sagardui que de las novedades de la investigación -adelantadas por este periódico- “se deduce también la pretensión expresada desde el inicio, es decir, que el fin fue el de proceder al desarrollo de un proceso lo más transparente y participado posible que contaba con cláusulas de compromiso de confidencialidad en la elaboración de las pruebas”. Pese a ello, hay sospechas de que hubo anomalías en una veintena de exámenes, en los que hay notas altas habitualmente entre colegas de hospitales de los autores reales de las preguntas. Además, al menos una de las partes personadas como acusación, el sindicato LAB, ha mostrado su intención de recurrir la decisión de la magistrada, llamada Cristina Rodríguez Ruiz, ya que considera que no es posible que se produjeran filtraciones de manera aislada sin el amparo de un sistema diseñado para permitirlas.

Salud ha hecho estas consideraciones en un comunicado que incluye también otras reflexiones del equipo de Sagardui. Una de ellas es que desean remarcar que el Gobierno “desde el primer momento” y “hasta ahora” está mostrando un “compromiso de colaboración con la Justicia” para el “total esclarecimiento de lo sucedido”. La consejera lanzó un mensaje similar en una reciente entrevista con este periódico. Ello contrasta con algunas polémicas pasadas, como cuando no se entregó a la Fiscalía todo el material recabado en la investigación interna llevada a cabo en junio de 2018, lo que incluía grabaciones con denuncias claras de que había habido “tongo”, en expresión utilizada en uno de los audios que aparecieron meses más tarde.

El mensaje del Gobierno de Iñigo Urkullu sigue al del PNV, que ya mandó un “abrazo grande” a Darpón y deslizó que deberían asumir responsabilidades quienes le señalaron como responsable de la OPE. De hecho, el comunicado del Departamento de Salud expresa también la “esperanza” del Ejecutivo de que “sea superado” el “daño reputacional personal e institucional sufrido por tantas acusaciones por agentes políticos, sindicales y mediáticos” a los que no señala por el nombre.

En el relato de la pandemia en Euskadi hay una ola olvidada. Es muy fácil comprobar revisando la estadística de contagios que los picos han sido seis y no cinco, como se repite. Esa escalada que habitualmente no se cuenta se dio hace un año, en agosto de 2020. De hecho, es la que motivó que un 15 de agosto, la fecha paradigmática de la sequía informativa y de las vacaciones políticas, lo que en Italia se viene en llamar Ferragosto, el Gobierno vasco convocara de urgencia una comparecencia ante los medios de comunicación para anunciar que Euskadi pasaba a estar desde el 17 de agosto de nuevo en “emergencia sanitaria”. Era la primera comunidad autónoma que daba un “paso atrás” ni dos meses después de que hubiese finalizado el primer estado de alarma. 365 días después, la pandemia acaba de vivir su punto con más transmisión desde que aparecieron los primeros positivos el 28 de febrero de 2020. Acertó la entonces consejera de Salud, Nekane Murga, cuando aventuró que lo que venía no era una ola sino un “tsunami”. La desactivación de la emergencia sanitaria, pilotada por una mesa de crisis llamada Labi, no está ni mucho menos en los planes del lehendakari, Iñigo Urkullu, según confirman desde el Ejecutivo vasco.

Lo que llevó a decretar la “emergencia sanitaria” fue una mezcla de un incremento de los casos que se venía incubando desde principios de junio con rebrotes como los de Ordizia y las celebraciones posteriores a la Selectividad -exactamente como en 2021- y de una necesidad de buscar un paraguas para poder adoptar medidas tras un primer choque con la Justicia. El boletín epidemiológico del 15 de agosto del pasado verano reflejaba la aparición de 573 contagios. Muy pronto se superaría el máximo alcanzado en el confinamiento. El R0 estaba por encima de 1,20, los ingresos fueron 32 y en los hospitales había 140 personas con COVID-19, 13 de ellas en la UCI. Este viernes -el último día con informe completo de la situación del coronavirus- se registraron 891 contagios y 47 ingresos, el R0 está en 0,89 y en los hospitales hay 343 personas, 62 en UCI. Entonces empezaron a surgir brotes en residencias, el primero en el complejo Hermano Garate-San Ignacio de Donostia, y ahora han vuelto los casos a estos centros, donde hay del orden de 100 casos activos. En medio, el 27 de diciembre se inició la campaña de vacunación y el 66% de la población vasca ya tiene la pauta completa.

El anuncio de la emergencia sanitaria lo hicieron Murga -que dos semanas después sería relevada por Gotzone Sagardui- y quien entonces estaba dirigiendo la desescalada, Arantxa Tapia, que fue la encargada de tranquilizar a la población al recordar que “emergencia sanitaria” no iba a equivaler a “estado de alarma” y “confinamiento”. La responsable de Salud, en todo caso, mostró su preocupación por las mismas cuestiones que condicionan ahora el desarrollo de la pandemia, el mal uso de las mascarillas, las aglomeraciones y las supuestas no fiestas. En este año no ha habido ni una sola jornada con situación epidemiológica óptima, un semáforo verde que se enciende cuando la incidencia baja de 60 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

Esa ola de verano se superó, pero a ella le siguió la de noviembre, que obligó a reactivar el estado de alarma. Vinieron luego las de después de la relajación de Navidad y Semana Santa y el ciclo lo completa, por el momento, la gran cadena de contagios motivada por la nueva variante delta del Sars-Cov-2, que ha irrumpido como antes la denominada alfa y que han tomado el relevo de la cepa salvaje original procedente de Wuhan. Los hospitales han estado tensionados todo este tiempo, con un momento crítico en abril y mayo que llegó a obligar a paralizar toda la actividad quirúrgica no urgente para centrar todos los esfuerzos en la COVID-19. En la historia de Osakidetza ninguna enfermedad ha generado tantos casos y, sobre todo, tan a la vez.

El avance de las vacunas hizo que en puertas del verano la tasa bajara a un nivel próximo a 100, la mitad del mínimo hasta entonces, una barrera de 200 que prácticamente suponía un repunte automática cuando se alcanzaba. Hubo una comparecencia pública de Urkullu entonces, solamente una, en la que mencionó la posibilidad de desactivar la emergencia sanitaria y desmontar el Labi. Sin embargo, grandes brotes asociados a viajes de estudios y fiestas como las de San Juan de Hernani supusieron un cambio drástico. En julio, ha tocado tomar decisiones hasta en tres ocasiones. El pico de la ola fue más alto que nunca y ya se ha iniciado la caída. Pero todavía ahora, con decenas de festividades si el calendario fuese el ordinario, el Gobierno vasco tiene temor a un nuevo cambio de tendencia, como está ocurriendo en Vitoria después de las aglomeraciones coincidiendo con los días de La Blanca. Solamente Baleares tiene una tasa más alta que la vasca, que supera los 500 puntos.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.

Hace un año, era tradición que los altos cargos que daban una rueda de prensa se la quitaran en el momento de hablar, incluso en interiores. Pero el 15 de julio de 2020, la entonces consejera de Salud, Nekane Murga, no lo hizo. En su enésima comparecencia, traía los peores datos de contagios desde abril, en pleno confinamiento, e iba anunciar la obligatoriedad de las protecciones en todo momento y lugar, incluida la calle. Habían pasado solamente tres días desde las elecciones autonómicas. Era un giro de 180 grados en mensajes críticos sobre estos materiales. Murga llegó a bromear cuando el presidente, Pedro Sánchez, empezó a utilizarlas. “Por supuesto que me arrepiento”, ha confesado este viernes Murga, ya retirada de la política hace casi un año, entrevistada por Xabier García Ramsden en Radio Euskadi.

“Pero se creía que la principal forma de infección eran las gotículas que caían y que se cogían a través de las manos, no los aerosoles que quedaban suspendidos en el ambiente. Eso es lo que transmitimos. Luego hemos sabido que no era así”, ha argumentado Murga, cardióloga de profesión y que accedió al cargo sorpresivamente en marzo de 2019 por la dimisión de Jon Darpón tras las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del año anterior. Y ha añadido: “Creo que la población tiene que entender la incertidumbre, que no conoces todo. Pude dar mensajes al principio que fueron diferentes. Pero lo que nos ha caracterizado ha sido intentar ser transparentes. Nuestros boletines sobre infectados, fallecidos, municipios, ... han sido ejemplares desde el primer momento. Hemos intentado siempre dar la información que teníamos”.

Murga se ha referido también a otros momentos polémicos en los que lanzaba mensajes muy duros, como cuando advirtió en pleno verano del pasado año que había decenas de personas en la UCI debatiéndose entre la vida y la muerte porque alguien se había ido “de copas”. Según la exconsejera, estaba “contando lo que ocurría”. “Es mi forma de ser. Siento si en algún momento no transmití el mensaje correcto”, ha señalado. No obstante, ha asegurado que este verano se han lanzado mensajes en la dirección contraria. “Con incidencias por encima de 100, realizar actividad social de verano no era lo más adecuado”, entiende.

La responsable de Salud cuando llegó el coronavirus ya reconstruyó aquellos primeros momentos en una entrevista con elDiario.es/Euskadi en febrero de 2021, pero ha insistido ahora en la “responsabilidad” que supuso el ver que “el virus había entrado a Txagorritxu”, el principal hospital de Vitoria, y que “estaba extendiéndose de una manera muy silenciosa”. ¿El peor momento? Ha citado los días con “200 personas en la UCI y 1.500 ingresadas” y ha recordado que los traumatólogos tomaban muestras y hasta se tuvo que echar mano de Médicos del Mundo. “Tomé un día de descanso cuando dejé de ser consejera”, ha reconocido.

Este martes se cumplen tres años de que Pedro Sánchez accediera a La Moncloa tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy por la sentencia del 'caso Gürtel'. Ese mismo día, a las 14.00 horas, también trascendieron las primeras denuncias de filtraciones de exámenes para beneficiar a candidatos muy concretos en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). La investigación está ahora residenciada en un juzgado de Vitoria y hay ya siete personas imputadas y una veintena de categorías de aquella OPE investigadas. Pero mucho es el terreno por desbrozar, tanto que parece utópico que en algún momento se fijara como final de la investigación septiembre de 2020. Un ejemplo: este periódico publicó el testimonio de un vocal del examen de Traumatología que vio que los mejores exámenes eran “fotocopias” entre sí y con respecto a la plantilla de corrección y no se han analizado aún esos documentos. La COVID-19 también ha generado retrasos. Es más, la noticia en el aniversario es que se estrena al frente del sumario una tercera instructora en este tiempo. Se trata de la magistrada Cristina Rodríguez Ruiz.

Aquel 1 de junio, este periódico dio cuenta de las sospechas suscitadas por los resultados en Anestesiología y Cardiología. En el primero de los casos, tres opositores interinos del hospital del Alto Deba, Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez, habían denunciando que había pucherazo. Su sindicato, ESK, y la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga revelaron que habían hecho una 'porra' ante notario con quienes iban a tener la mejor nota y las previsiones se cumplieron. En paralelo, la Cadena Ser informó de una carta de un miembro del tribunal de Angiología en el mismo sentido. 72 horas después se produjo un pronunciamiento del entonces consejero de Salud, Jon Darpón, en el que fijó ya la línea argumental para los meses siguientes. No había “elementos objetivos” que probaran las filtraciones, a pesar de que un análisis estadístico mostraba notas casi perfectas en pruebas difíciles, que esos 'dieces' coincidían con el número de plazas en juego y que muchos de esos mejores expedientes eran de compañeros de hospital de los autores de las preguntas. Darpón, a quien en aquella rueda de prensa la directora general de Osakidetza, la también dimitida María Jesús Múgica, llegó a tener que agarrar del brazo pidiéndole tranquilidad, espetó en otra comparecencia a la oposición que esto no era “Venezuela” y que no se podía hacer acusaciones de fraude sin pruebas. Más tarde se conoció que el Departamento de Salud solamente activó una investigación interna después de que el asunto trascendiera a los medios de comunicación ya que, al menos en el caso de Cardiología, el vocal del tribunal Ángel Loma-Osorio había expuesto con claridad sus sospechas. En los exámenes de Anestesia se vio también que había patrones comunes de redacción, de orden y hasta de fallos.

Los primeros pasos de la investigación judicial los dio la Fiscalía. El caso lo asumió en primera persona la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, que bebió de las conclusiones de los expedientes internos realizados por Osakidetza. No obstante, Osakidetza no entregó a Adán todo el contenido de sus pesquisas, solamente sus conclusiones, en las que la clave era la ausencia de esos “elementos objetivos”. Con todo, el ministerio fiscal sí vio indicios suficientes de delito y remitió el caso a un juzgado de Vitoria para el inicio de una causa penal. Eso fue en febrero de 2019. Lo llamativo es que el juzgado pudo acceder a documentación mucho más amplia y en la que sí había elementos todavía más claros para asegurar que en la OPE se habían producido irregularidades. Los expedientes de los instructores internos de Osakidetza no recogían todos los testimonios grabados de vocales y opositores. Este periódico los público en su integridad y en ellos, además de las “fotocopias” de Traumatología, se aludía a un “tongo” en Angiología o a que el sistema de filtraciones era “vox populi” en Cardiología. Había denuncias igualmente en Digestivo o Cirugía Plástica.

Y más testimonios. En los audios se escuchaba a una de las instructoras de Osakidetza, la exdirigente del PNV y exconsejera Belén Greaves, diciendo en plenas declaraciones que esperaba que el asunto no llegara a los tribunales y que quedara “en el ámbito interno”. También otra doctora, Izaskun Obieta, señaló que la consejera que relevó a Jon Darpón, Nekane Murga, era conocedora del sistema por una conversación que mantuvo con ella años atrás. De Obieta se dijo que sus comentarios no valían “para nada” y de los anestesistas denunciantes que les iban a denunciar ante la Fiscalía por “tentativa de actuación fraudulenta”, algo que no consta que se produjera nunca.

Ahora mismo la nómina de imputados, la componen siete personas. Son José Luis Cabriada (autor del examen de Digestivo), César Augusto Valero (Anestesia), María Reyes Vega (Angiología), Eduvigis Álvarez (Neurofisiología), José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández (Neurocirugía) y Javier Meléndez (Cirugía Plástica). También han declarado otros testigos. En el caso de la exdirectora de Osakidetza, María Jesús Múgica, pudo escapar de los periodistas gracias a un comisario y dos ertzainas del Palacio de Justicia y una investigación lo vio claramente “irregular”.

“Lo que se ha sabido por ahora no es mucho”

El caso recayó en el juzgado de instrucción número 2 de Vitoria. La titular de la sala es Ana Jesús Zulueta. Pero en aquel momento estaba reforzando la Audiencia Provincial de Álava, dedicada casi por entero al macrojuicio y posterior sentencia del gran caso de corrupción que se ha conocido en Euskadi, el 'caso De Miguel', que se saldó con condenas de prisión para exdirigentes del PNV de Álava y que ahora revisa el Tribunal Supremo. Así las cosas, fue la sustituta de Zulueta, Yolanda Varona, la que dio los primeros pasos. Terminado el 'caso De Miguel', Zulueta regresó a su plaza y ha dirigido la causa hasta fechas recientes. Pero en las últimas semanas ha vuelto a la Audiencia Provincial de Álava para otra sustitución. Precisamente el que fuera presidente del tribunal de aquel macrojuicio, Jaime Tapia, ha sido fichado por el Gobierno vasco para asesorar en la puesta en marcha del nuevo modelo penitenciario vasco después de la transferencia de Prisiones acordada con Pedro Sánchez y que será efectiva desde el 1 de octubre. Y su plaza ha recaído de manera temporal en Zulueta. En los últimos días, mientras Varona tomaba posesión de otro juzgado de Vitoria, la magistrada Rodríguez Ruiz ha sido designada para dirigir esa sala.

“Aunque parece que hay avances con imputaciones y testigos, el cambio de magistradas no parece que esté ayudando a la resolución de la investigación. Lo que se ha sabido por ahora no es mucho”, explica Manoel Martínez, uno de los tres anestesistas denunciantes. Añade su colega Roberto Sánchez que “evidentemente la pandemia lo ha retrasado todo y es un proceso complejo”, pero apunta a que “las acusaciones particulares se encuentran con trabas por parte de Osakidetza” para recopilar información. “Han pasado tres años y ya nos avisaron que el procedimiento iba a ser largo... Pero la Justicia no dejar de ser otro servicio público precarizado, falto de personal y de recursos”, concluye Marta Macho.

El asunto de la colaboración de Salud con el juzgado sigue muy presente tres años después. Los correos electrónicos sobre algunos exámenes orales, que se solicitaron por vez primera en junio de 2020, han llegado hace pocas fechas y no con toda la amplitud que ha requerido el juzgado después de cinco intentos. En la sesión de control al Gobierno que se celebró este viernes en el Parlamento Vasco, la representante de EH Bildu Rebeka Ubera preguntó por ello a la actual consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que enumeró decenas de requerimientos que han sido atendidos por la Administración como ejemplo de diligencia.

“Estamos en un 'impasse'. La investigación judicial va avanzando, es cierto, pero no tan deprisa como quisiéramos. Pero va avanzando a pesar de los obstáculos que la propia Osakidetza quiere poner constantemente”, explica Patxi Nicolau, del sindicato ESK, uno de los dos que está personado como acusación junto con LAB. “Pero aún así estamos consiguiendo sacar a la luz y poner encima de la mesa la evidencia, lo que todo el mundo sabía, que en el proceso de selección había un sistema clientelar que estaba montado en base a lo que las diferentes jefaturas querían y deseaban para sus acólitos. Y estaba conocido, avalado e impulsado incluso por personas que han pasado por las diferentes Consejerías de Salud así como por los responsables de la dirección de Osakidetza”, abunda Nicolau.

“La acusación ejercida por un sindicato como LAB es sumamente útil. Se han puesto infinidad de diligencias encima de la mesa que vienen a apuntar que no era algo puntual, sino algo generalizado. Y además estaba planificado. La dirección era conocedora y tomaba decisiones para intentar perfeccionar el sistema o hacerlo indetectable”, explica Jesús Oñate, recordando que antes de esta OPE se prometió una convocatoria “limpia” -¿las anteriores no lo fueron?- y se externalizó la realización de algunas partes al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), ajeno a Osakidetza. Pero el IVAP ya reconoció que no tiene especialistas médicos y, en verdad, pidió al Servicio Vasco de Salud una lista de autores de los exámenes, que habitualmente fueron miembros de los tribunales. “Osakidetza tomó unas medidas antes para intentar dibujar una OPE transparente y esas medidas, como la incorporación del IVAP, no eran más que instrumentales. En el fondo, Osakidetza seguía manteniendo el control de la designación de quiénes hacían los exámenes”, añade. Por ello, LAB demanda “la imputación del núcleo operativo encargado de todo, una serie de altos cargos de la dirección de Osakidetza”. Menciona también que se creó un “manual operativo” para garantizar el anonimato durante las correcciones, por ejemplo, pero que la dirección también autorizó no aplicarlo al permitir exámenes orales en pruebas como Urología o Neurocirugía. En una de ellas, la secretaria del tribunal confesó sentirse extrañada por ver el contraste entre unos aspirantes que se lo sabían todo al dedillo y otros que no.

“No hay ninguna medida encima de la mesa para evitarlo en futuras oposiciones”

“Repartir plazas de empleo público de forma discrecional es un delito. Debe ser expuesto a la sociedad como algo grave”, subraya Oñate. ¿Y este caso ha servido para cambiar el sistema? “No hay ninguna medida encima de la mesa para evitarlo en futuras oposiciones”, señala Nicolau, que pide “un 'mea culpa' y un compromiso explícito de que no vuelva a pasar”. La propuesta de ESK incluye una “regeneración democrática” en las jefaturas de servicio de los hospitales. “Osakidetza debe recapacitar, salir de la fase de negación, aceptar que se produjo y tomar las decisiones para que no se vuelvan a producir. El nuevo modelo planteado lo único que hace es blindar los criterios subjetivos y un reparto de plazas fuera de condiciones de igualdad”, coincide Oñate.

“Los estamentos en jefaturas, direcciones y gerencias deberían ser sacudidas y renovadas. Que no sean cargos vitalicios. Que puedan ser evaluados. Va pasando el tiempo y lo que se va madurando es una nueva forma de hacer lo mismo de forma legal pero 'a dedo' igualmente”, señala Macho. Sánchez es también pesimista: “En Osakidetza no ha cambiado nada. Hay un poder en la sombra, que son las jefaturas de servicios. Este asunto de la OPE es simplemente un síntoma. Los que estaban en los tribunales siguen pensando que estaban en su derecho de cometer ese delito. Los denunciantes seguimos siendo los traidores. El delito ha sido tan flagrante que seguramente alguna condena simbólica habrá. pero llegará cuando ya no importe”.

Es viernes, 28 de febrero de 2020. La prensa digital recoge noticias de la situación en Italia tras la llegada de un nuevo coronavirus, pero Fernando Simón insiste en que la situación en España está “bajo control”. Euskadi discute sobre la reciente catástrofe natural en Zaldibar y la inminente celebración de elecciones autonómicas. Pero todo cambia por la tarde. Anochece en Vitoria y, en un despacho en la sede del Gobierno vasco en el barrio de Lakua, la entonces consejera de Salud, Nekane Murga (Bilbao, 1963), recibe un aviso: hay un caso sospechoso de coronavirus en el hospital de Txagorritxu. “Entre Lakua y Txago no hay distancia. En 10 minutos estaba allí”, cuenta a elDiario.es/Euskadi un año después Murga, desde septiembre alejada de la política.

Aunque ahora existe todo un engranaje en los laboratorios de los servicios de salud del mundo entero para hacer cientos o miles de pruebas diagnósticas cada día, por aquel entonces el proceso era más lento y manual. Aunque la técnica era una PCR, primero se analizaba un gen de la muestra y, si daba positivo, se miraban otros tres. Murga llegó al laboratorio entre el análisis y el contranálisis. Ya antes había estado en un trance similar, en Cruces, y se descartó el contagio de un joven. Pero en esta ocasión era diferente.

“¿Hay posibilidad de error?”, preguntó a los responsables nada más llegar. “No, es positivo”, le admitieron. No por esperada, la confirmación del positivo en Sars-Cov-2 en la segunda prueba fue menos jarro de agua fría para todos ellos. “Aquel fue el momento en que te das cuenta de que tienes que llevar a la práctica todos los escenarios e hipótesis que se habían hecho”, explica Murga, cardióloga de profesión y que llevaba menos de un año en el cargo, al que accedió tras la dimisión de Jon Darpón por la polémica en torno a las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas de 2018. Tras las elecciones, Gotzone Sagardui asumió su puesto.

Al mismo tiempo, se confirmaba otro caso en Gipuzkoa, el de una joven. “Pero no era lo mismo. Aquél era más fácil. Sabíamos que venía de Italia. En Txago era una profesional y nos dimos cuenta al instante de que, en un día de consulta, podría haber estado con 15 ó 20 personas, que en planta habría visitado a otras 15, que en una sesión clínica habría estado con otro montón y que había participado en una comisión de tumores”, recuerda la consejera sobre aquella noche. En efecto, la internista había estado varios días trabajando y en contacto con colegas y pacientes hasta que cogió la baja. El coronavirus no solamente había llegado sino que se había colado en el principal hospital de Vitoria y uno de los que habían sido designados como centros de referencia para los pocos casos que se estimaba gestionar.

La doctora, en efecto, había estado trabajando con síntomas. Pero su neumonía atípica no implicaba entonces la activación del protocolo contra la COVID-19 al no haber viajado a zonas de riesgo como Hubei, la provincia china cuya capital es Wuhan. Fue un ajuste en el protocolo lo que llevó a esta sanitaria a comunicar su estado de salud y cogerse la baja. Sus compañeros pidieron una toma de muestras. Antes de conocerse el resultado, el runrún ya se había desatado en el hospital. El entonces gerente, Jesús Larrañaga, pidió en una reunión con los sindicatos que no se generara alarma, según cuentan fuentes conocedoras de aquella cita. Algunos pocos profesionales que habían optado por protegerse con mascarillas fueron invitados a quitársela para no atemorizar a la población.

Aquel viernes se convirtió en sábado en el centro de mandos de Txagorritxu. Se empezaron a hacer listados de contactos de la paciente cero, a crear mesas de crisis y a preparar equipos para la toma de muestras en tiempo récord. Algunas personas ingresadas fueron aisladas en habitaciones individuales. “Entonces tardábamos seis o siete horas en tener los resultados de las pruebas”, apunta Murga. En Osakidetza los había que creían que este virus se iba a quedar en un brote aislado, sin mayor importancia. Los más de 150.000 positivos totales no cabrían en las gradas de todos los estadios de fútbol de Primera División de Euskadi. “Evidentemente nos encontramos con el peor de los escenarios posibles”, asume doce meses después la exresponsable de la Sanidad vasca.

A la mañana siguiente, aprovechando el día extra de los años bisiestos, Murga ofreció una rueda de prensa en Bilbao para comunicar oficialmente lo que ya había saltado a los medios de comunicación horas antes: ya estaba aquí. Luego regresó a Txagorritxu. Loli Ruipérez, celadora de Urgencias, se contagió también y pasó una larga estancia en la UCI. Su recuperación fue una inyección de moral para la plantilla del hospital en pleno confinamiento. El vídeo del momento se hizo viral. Al recibir el alta, contó a este periódico cómo fueron aquellos días: “Recuerdo ese primer fin de semana. Llegamos a trabajar y estaba todo el mundo con las mascarillas. Todos. Los celadores pedimos a las enfermeras que nos dieran una mascarilla ese día y la tuvimos puesta. Pero ya al día siguiente todo el mundo la tenía quitada”. Ella ingresó en la UCI antes del confinamiento y despertó “en otro mundo”.

El domingo, ya 1 de marzo, Murga reunió a los responsables de todos los hospitales para explicarles la situación y adoptar las primeras medidas. “Había quien me decía que era una exagerada”, sostiene Murga, que defiende el haber sido exigente al suspender reuniones y activar algunos cambios organizativos inmediatos. Asegura que ya el lunes 2 de marzo Txagorritxu tenía refuerzos de otros lugares para cubrir las numerosas bajas del personal o contagiado o con sospechas y que habían sido aislados. Ese mismo domingo, en todo caso, Murga también visitó los laboratorios de otro hospital, el Donostia, donde se confirmó el contagio de otro profesional. La consejera, en sus meses al frente de la pandemia, supervisó en primera persona numerosas actuaciones, según cuenta.

“¿Los peores momentos? Había muchos profesionales infectados o contactos estrechos. También el primer fallecimiento, el de aquel hombre de Basauri [4 de marzo], y el de la primera profesional, Encarni [18 de marzo]. Se había estado diciendo que iba a ser de poca gravedad y ves que se lleva personas por delante”, señala Murga. Recuerda también cómo, conforme avanzaba marzo, la ola no paraba de expandirse aunque ella misma, en una rueda de prensa del 17 de ese mes, confió en haber visto una “estabilización” que no fue tal. “Veíamos crecer los casos en UCI de 30 en 30 cada día. Teníamos 150 ingresos en planta. La gente estaba en los gimnasios de los hospitales y hasta en la capilla”, describe. En Txagorritxu, se llegó a reformar en tiempo récord el edificio de consultas externas para meter pacientes con COVID-19. Se vaciaron hoteles y residencias y se dejó a cientos de personas en sus casas. Ahora los informes internos asumen que hasta un 90% de los enfermos no fueron diagnosticados y que la incidencia real habría llegado a 3.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, seis veces más que lo que se considera alerta roja.

La exconsejera entiende que el que se considera el “caso cero” quizás no lo sea en realidad. “Es muy complejo saberlo. Es muy probable que hubiera más casos y que el virus estuviera circulando. Fue tan exponencial en 15 días que habría casos de otro origen seguramente”, aventura. Estudios han aludido al 11 de febrero como un momento probable de la llegada del neovirus a Vitoria, una ciudad con vuelo directo con Bérgamo, uno de los puntos más castigados en Italia y en toda Europa. También hubo otro evento contagiador en un funeral en El Salvador, a las afueras de la ciudad, y que propagó el virus a La Rioja, a Extremadura o a Castilla-La Mancha. Un reportaje de 'The Guardian' consideró Vitoria como un 'contagion point' de primer orden en Europa. “Me da la sensación de que las consecuencias de la pandemia se han banalizado. Algo pasa cuando todavía hay personas que son capaces de dudar de los efectos de este virus”, zanja Murga.

Sanitas, la primera residencia con casos: “Nos dedicábamos a contar muertos”

A unos minutos de Txagorritxu, en el barrio de San Martín, la cadena Sanitas había inaugurado menos de un año antes una residencia de mayores. Esteban, un octogenario natural de Amurrio, regresó ese 28 de febrero a su centro tras un ingreso hospitalario. Pronto empeoró y tuvo que regresar a Txagorritxu. El miércoles 3 de marzo se confirmó que tenía coronavirus, el primer positivo en una residencia. El brote se extendió rápidamente en el centro y Esteban falleció al siguiente fin de semana, al igual que otra mujer residente. El 8 de marzo, Sanitas San Martín se convirtió en la primera residencia de España en cuarentena y acumulaba entonces 26 positivos. Diez comunidades autónomas registraban entonces menos contagios totales que aquel lugar.

José Emilio, sobrino de una de las internas, describe aquellos días como “caóticos” y de “incertidumbre”. Nadie descolgaba el teléfono 900 20 30 50 habilitado por Osakidetza para informar sobre el nuevo coronavirus, Sanitas se encontró gestionando algo desconocido sin un plan muy definido y la Diputación, que gestiona la red asistencial en Álava y que tiene plazas concertadas allí, “no hizo nada con las quejas”. “No teníamos noticias de nuestros seres queridos”, lamenta este familiar. La cuarentena “se comunicó con un papel en la puerta” de la residencia y los días siguientes fueron una sucesión de malas noticias en forma de nuevos contagios y fallecimientos. “Nos dedicábamos a contar muertos”, recuerda con tristeza José Emilio, que conserva una cronología de lo ocurrido en un cuaderno.

El foco alcanzó los 69 positivos y 19 de ellos murieron. Otras residencias vascas, a lo largo de la pandemia, han acumulado más decesos, como Iturbide, en Arrasate-Mondragon, que llegó a 26. En Bizkaia, el primer contagio fue en Birjinetxe, en Bilbao, que luego pasaría a ser centro de referencia para aislar a cientos de positivos de otros recursos. En Gipuzkoa, la primera afectada fue Iurreamendi de Tolosa, aunque el primer deceso se dio en Zarautz, en Santa Ana.

“Es necesario reconocer cómo se expusieron los trabajadores. También la médica, que se quedó con ellos en la cuarentena. Y el personal de ambulancias, que tantos traslados hizo. En Sanitas fueron primerizos en hacer frente a algo difícil de controlar”, señala José Emilio. Ahora que la vacuna ha reducido al mínimo la incidencia en las residencias, es tiempo de balances y en Euskadi 1.052 mayores han perdido la vida en estos centros, además de un trabajador. El total de muertos –hasta el 21 de febrero- era de 3.797 y en este año ha habido cuatro períodos de “exceso de mortalidad”. El de primavera ha sido el peor desde que existen datos, desde 1975.

En aquellos días, no solamente Txagorritxu fue un punto crítico, aunque Fernando Simón lo llamara “Intxaurrondo”. El Ministerio de Sanidad alertaba de los problemas de “transmisión comunitaria” en otras dos ciudades. Una era Madrid… y la otra era Labastida. Más que ciudad, esta localidad de 1.500 habitantes en la Rioja Alavesa es un pueblo. En este aniversario del coronavirus, luce una tasa de incidencia de cero casos. Pero sus colegios fueron de los primeros en cerrar. Su alcaldesa, Laura Pérez Borinaga, ahora también parlamentaria vasca por el PNV, asegura que temió por la imagen del pueblo, que vive en buena medida del turismo y del vino. “Se nos puso en el foco y había cierta indignación, sí. Recuerdo que los hosteleros solamente estaban pensando en salvar el puente de San José, que era el 19 de marzo”, cuenta la regidora. En el pueblo cuatro personas han muerto con COVID-19 en un año y los positivos han sido 124, pero hubo un verano “tranquilo” e incluso con muchos visitantes. En enero volvió la alerta roja con “21 casos en una semana”, pero se superó, cuenta la alcaldesa de Labastida.

Euskadi llega al aniversario de la COVID-19 con 158.708 positivos pero también con 46.556 personas inmunizadas con una vacuna para una enfermedad que hace unos meses ni existía. La incertidumbre en esta fase de la pandemia es la aparición de nuevas variantes que se van abriendo paso. La denominada VUI 2020/12/01, secuenciada en origen en el Reino Unido, ya supone el 40% de los nuevos contagios. 123 pelean por su vida en la UCI y, en silencio, las sirenas de las ambulancias se siguen escuchando con más frecuencia de la normal.

P.D.: No traten de contrastar estos datos con las estadísticas oficiales. Si buscan en el Excel facilitado por Osakidetza (accesible aquí) comprobarán que el primer positivo en Euskadi se produjo varios días después del 28 de febrero. Aparentemente, ocurrió el 1 de marzo y fue el de un hombre de 70 a 79 años. ¿Y la doctora de Txagorritxu? ¿Y la joven guipuzcoana? ¿Y el sanitario donostiarra? El exviceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, llegó a admitir en el Parlamento en diciembre estas peculiaridades de la estadística. “Esto es algo que ha quedado en el sistema de información y nosotros lo recogemos así, aunque sabemos por experiencia propia que fue el 28 de febrero. Son desajustes del sistema de información”, se excusó Berraondo. Su sucesor, José Luis Quintas, manifestó en el mismo foro hace unas semanas que “Osakidetza no sabe los fallecidos por COVID-19”. “Son estimaciones: nunca esperen concordancias de datos”, abundó. En un año tampoco existe un registro fehaciente de los casos activos en cada momento: las cifras que a veces se han difundido también eran “estimaciones”.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación

Los casos totales de coronavirus diagnosticados en Euskadi desde el 28 de febrero de 2020 han sido 116.986 (el 5,39% de la población). Por territorios, han sido 15.880 en Álava (4,88%), 52.842 en Bizkaia (4,66%) y 37.383 en Gipuzkoa (5,26%). 5.521 ancianos de residencias han contraído el Sars-Cov-2, el 30,67% de los cerca de 18.000 que completan allí sus vidas. Sumados los trabajadores, los casos allí han sido al menos 6.773. 910 personas han muerto, 909 residentes y un gerocultor. La pandemia se ha llevado a uno de cada veinte ancianos en estos centros. El total de muertes ha alcanzado en Euskadi las 2.967. Ha sido el año de mayor mortalidad desde que hay registros (1975). 16.722 personas han tenido que ser ingresadas, el 14,29% de los positivos detectados.

En este especial elDiario.es/Euskadi repasa todos los hitos del inolvidable 2020 con un repaso fotográfico e informativo. Puedes clicar en la fotografía principal para acceder al modo galería.

La investigación judicial de las irregularidades en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) llevadas a cabo en la primavera de 2018 vuelve a retomarse este lunes tras un parón (otro más en la causa) de tres meses. Entre este lunes y este miércoles -el martes es festivo- comparecerán en el Palacio de Justicia de Vitoria ante la instructora Ana Jesús Zulueta siete nuevos testigos y una imputada, que es la sexta en la causa. La investigada es Covadonga Fernández Maiztegui, que fue presidenta del tribunal de Neurocirugía.

En 2018, este periódico publicó que en esa especialidad las mejores notas recayeron en los colegas del autor de las preguntas, el doctor José Antonio Elexpuru. El porqué de la imputación de Fernández Maiztegui es que se realizó una exposición oral de las respuestas, lo que quebró el anonimato de los aspirantes. Es algo que también sucedió en Urología. En realidad, el patrón de calificaciones en este examen se repitió en otras muchas especialidades. Así, los otros imputados son los responsables de parte de las pruebas de Anestesia (César Augusto Valero), María Reyes Vega (Angiología), Eduvigis Álvarez (Neurofisiología) y José Luis Cabriada (Digestivo). Se investigan también, aunque de momento sin imputaciones, categorías como Traumatología -el vocal Enrique Uriarte manifestó que los mejores cuestionarios eran “fotocopias” entre sí y respecto a la plantilla de corrección- o Cardiología, donde hasta dos miembros del tribunal denuncian la existencia de anomalías. Igualmente, se está analizando la situación en Cirugía Plástica, en la que la mejor opositora era allegada del autor del examen pero renunció a la nota tras realizar la prueba.

La causa judicial en relación a la OPE ha tenido altibajos. En estos dos años y medio ha habido un cambio de juez instructora, ya que la titular del juzgado estaba reforzando la Audiencia Provincial de Álava por el macrojuicio de corrupción del 'caso De Miguel'. Después se han producido parones de meses y suspensiones de declaraciones por citaciones poco concretas. Incluso un episodio rocambolesco por el cual la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, burló a la prensa con ayuda de un comisario y dos ertzainas. En otras causas que ya se están resolviendo estas circunstancias han sido calificadas como dilaciones indebidas y están motivando rebajas en las penas.

Finalmente, justo a la vuelta de las vacaciones de verano se fijó un calendario en dos tandas pero, realizada la primera justo en el arranque de septiembre, la segunda se tuvo que posponer por un positivo de COVID-19 de una de las personas que tenía que estar presente en las declaraciones. Son las declaraciones que se retoman ahora en diciembre. El grueso de ellas han sido solicitadas por el sindicato LAB, personado como acusación popular. La central, que también ha solicitado pruebas documentales que poco a poco ya se van incorporando al sumario, asegura que su trabajo está permitiendo dar “impulso” a esta investigación. Pese al escaso eco que tuvieron las declaraciones de septiembre -incluso algunas de las partes personadas ni acudió a las comparecencias- algunas de ellas dejaron constancia de las irregularidades en los exámenes. Un vocal del tribunal de Angiología, por ejemplo, testificó que “el examen se concibió para ello”, para premiar a unos pocos elegidos por los autores de las preguntas.

En un comunicado, el otro sindicato personado en la causa, ESK, ha remarcado que en noviembre de 2019 solicitaron la investigación de Neurocirugía y Neurofisiología, a modo de ampliación de la denuncia que cursaron en 2018. La central ha emplazado a la nueva consejera de Salud, Gotzone Sagardui, a que adopte un “compromiso claro” contra estas prácticas. Su predecesora, Nekane Murga, llegó al cargo precisamente por la dimisión del consejero Jon Darpón a raíz de un caso que se llevó por delante, igualmente, a la responsable de Osakidetza, Múgica, y a su responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto.

El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona ha registrado este jueves un escrito dirigido a la Comisión de Ética de Euskadi con el ánimo de que este organismo analice el salto a la empresa privada del sector sanitario Keralty (antigua Sanitas Internacional) de dos altos cargos recién salidas del Departamento de Salud, la exviceconsejera Fátima Ansotegi y la exsubdirectora de Calidad Asistencial Mayte Bacigalupe. Se da la circunstancia de que esta compañía fue la que dio cobijo al exconsejero de Salud Jon Darpón en 2019 a los pocos meses de haberse visto forzado a dimitir por las denuncias de irregularidades en las oposiciones médicas de Osakidetza. Keralty está dirigida por el millonario vasco Joseba Grajales, próximo al PNV, y emplea también a otro exconsejero, Jon Azua.

En su escrito, Estarrona recuerda que este organismo, ahora presidido por la consejera Olatz Garamendi en la nueva legislatura y que en lo que va de 2020 no ha adoptado ninguna resolución aunque tiene pendiente de analizar la actuación de la directora del Instituto de la Memoria (Gogora), Aintzane Ezenarro, en relación a las decenas de contrataciones a las empresas de un cargo del PNV, Aitor Elorza (Montai), debe analizar los comportamientos de los altos cargos de la Administración autonómica a la luz del vigente código ético. Según el parlamentario, hay que determinar “qué consecuencias le puede acarrear a la imagen institucional del Gobierno y de la propia Osakidetza”.

A tenor de la documentación oficial del Gobierno vasco, Ansotegi cesó como viceconsejera de Administración y Financiación Sanitaria -era la 'número tres' de Darpón y lo fue también con Nekane Murga- el 8 de septiembre, martes. En 48 horas, ese mismo jueves, la también exparlamentaria del PNV ya tenía una oferta de trabajo y una autorización en firme del Ejecutivo para saltar a la empresa privada. Este trámite es imprescindible en los dos años siguientes a abandonar la Administración en caso de posible conflicto de intereses. Concretamente, Ansotegi es “gerente global de operaciones” del grupo Keralty y su puesto de trabajo se localiza en la sede central de la compañía, en Arkaute, a las afueras de Vitoria. Estarrona hace constar que todavía hasta el 20 de octubre no fue relevada de su puesto en el consejo de administración del ente público del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, por lo que hubo un solapamiento de algunas semanas. 'El Correo' publicó también que otra persona del equipo de dirección de Salud iba a pasar a Keralty. Bacigalupe, desde septiembre de 2020 también, es gerente de gestión sanitaria.

Keralty, con un importante volumen de negocio internacional (hasta 2.000 millones de dólares), saltó a la primera línea por haber recolocado a Darpón tras su salida del Gobierno, como adelantó este periódico. Según datos oficiales, Keralty (antigua Sanitas Internacional) ha percibido 350.308,26 euros en subvenciones públicas desde 2016 hasta la llegada del exconsejero. Además de Keralty, han obtenido fondos públicos -sea en forma de contratos o principalmente de ayudas- otras empresas relacionadas directa o indirectamente como Biokeralty/Biopraxis, Praxis, Biopharma Praxis o Mizar. La suma total asciende a 98.941 euros procedentes de Salud y 2.014.502,75 en subvenciones del área de Desarrollo Económico, básicamente para desarrollar proyectos de I+D en el ámbito sanitario. EH Bildu denuncia que “nada más dejar el cargo” varios excargos de Salud hayan saltado a la firma de Grajales. “El Departamento ha firmado contratos con estas empresas en los últimos años y en el futuro es posible que se firmen contratos”, añaden. Estarrona se pregunta si esto es compatible con el código ético y con la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía.

Gotzone Sagardui (Bilbao, 1966) tomó posesión como consejera de Salud hace una semana y fue propuesta para el cargo tres días antes, el sábado 5 de septiembre. En este plazo, la titular del área con más presupuesto del Gobierno vasco y responsable directa de la gestión de la pandemia no ha ofrecido ninguna comparecencia pública más allá de su breve discurso -sin posibilidad de preguntas- tras jurar el cargo en el palacio de Ajuria Enea o acudir a la inauguración de una exposición fotográfica en una parada del metro de Bilbao, ciudad en la que era edil hasta su salto al Gobierno vasco.

Aunque la política de comunicación del Departamento de Salud ha sufrido importantes cambios desde que el 28 de febrero se conociera el primer caso de COVID-19 en Euskadi, la anterior consejera, Nekane Murga, no había dejado de ofrecer ruedas de prensa en ningún momento, incluso tres o cuatro semanales. La última comparecencia pública del Gobierno para ofrecer un análisis cualitativo de la evolución del coronavirus la ofreció la propia Murga en la sede de Lakua el pasado 2 de septiembre. Desde entonces tampoco ha habido comunicación de la aparición de nuevos focos de contagios en Euskadi y la información sobre los programas de cribado se ha ofrecido con cuentagotas. Y la última reunión de la mesa de crisis (llamada LABI) que gestiona la situación de emergencia sanitaria que Euskadi declaró el 15 de agosto se celebró el 28 de ese mes, hace más de dos semanas. En contraste, otro consejero nuevo, el de Educación, Jokin Bildarratz, sí ha realizado declaraciones públicas sobre la situación generada por la vuelta a las aulas y la huelga de la enseñanza.

Este martes, tras el Consejo de Gobierno semanal, se estrenará como portavoz el consejero de Cultura, Bingen Zupiria. Comparecerá solo ante los medios de comunicación, sin Sagardui. En los últimos meses ha sido prácticamente una norma que la responsable de Salud escoltase al portavoz, hasta ahora Josu Erkoreka. Las fuentes oficiales consultadas indican que la nueva responsable de Salud necesita un tiempo para asentarse en el cargo en un contexto especialmente complejo e ir definiendo su equipo. Indican que el seguimiento de la evolución de la pandemia continúa con normalidad y que habrá comparecencias públicas próximamente.

Euskadi y Galicia han ido de la mano en todo 2020. Se convocaron elecciones a la par para el 5 de abril, la pandemia las suspendió en ambos casos y los presidentes Iñigo Urkullu (PNV) y Alberto Núñez Feijóo (PP) las recolocaron el 12 de julio. Tras sendas victorias -cada uno a su manera ha logrado mayoría absoluta- también celebraron en la misma fecha la investidura y, por lo tanto, sus cambios en el Gobierno se han conocido al tiempo. Y hay otro punto más en común: Urkullu y Feijóo han forzado relevos al frente de Educación y Salud, dos áreas clave en la gestión de la crisis de la COVID-19 y con los mayores presupuestos han cambiado

En el caso de Euskadi, la revolución es mayor, ya que han cambiado igualmente los titulares del resto de servicios básicos como Seguridad, Justicia o Empleo, así como la ubicación en el organigrama. Solamente uno de los consejeros del gabinete saliente repite con sus atribuciones intactas en el actual, Pedro Azpiazu al frente de Economía y Hacienda. Quien sale de Salud es Nekane Murga, que apenas llevaba 18 meses y que relevó a Jon Darpón tras su dimisión por la investigación de las filtraciones en las oposiciones del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Es un asunto que todavía colea en los juzgados. De hecho, la pasada semana un testigo remarcó que en su examen, el de la especialidad de Angiología, se produjo un “tongo” para primar a los opositores previamente elegidos por los autores de las preguntas.

Murga pasó de estar al frente de esa crisis -otra testigo la sitúa como conocedora de las irregularidades en su condición de doctora de Osakidetza- a verse al mando de la lucha contra la COVID-19. Desde el principio, el Gobierno ya asumió que flaqueaba en comunicación, aunque se destacaba su capacidad de trabajo y que no había nadie mejor para ofrecer credibilidad que una cardióloga que ha salvado vidas en su trayectoria profesional. Aunque al final de esta etapa ya se hallaba más cómoda en las comparecencias, que han sido diarias en algunos momentos de estos meses, dejó momentos para la polémica cuando defendió la no utilización general de las mascarillas por prevención afeando a Pedro Sánchez que la llevara: “Tendrá coronavirus”. Tampoco ha quedado claro por qué en seis meses de pandemia nunca ha aparecido en público el director general de Osakidetza. Fuentes del Ejecutivo vasco indican que su salida ha sido una “decisión acordada” entre Urkullu y la afectada, aunque en las últimas semanas había mostrado su disposición a continuar. Su sustituta es Gotzone Sagardui, también de Bilbao, también licenciada en Medicina pero con mucho más peso político. Es bilingüe. “Tiene un perfil doble, técnico y político”, destacan de ella desde el Gobierno.

En Educación, la salida de Cristina Uriarte se daba por descontada. Desde hacía meses había sensación de final de ciclo. En su caso han sido ocho años, dos legislaturas, al frente de este cartera e incluso en la primera etapa con el añadido de Cultura. No han sido años exentos de polémicas y movilizaciones de los agentes sociales. Hay reformas educativas que no se han llevado a término y una comisión de investigación en el Parlamento puso en evidencia el fraude en la contratación del servicio de comedores de la escuela pública hasta 2015 aunque con origen en 2003 y que también afecta a los exconsejeros de EA Tontxu Campos y Anjeles Iztueta o a la actual ministra del ramo, la socialista Isabel Celaá. Desde el Ejecutivo indican que la salida no puede interpretarse como un fracaso o como un reconocimiento implícito de errores en plena vuelta a las aulas. Subrayan que ningún consejero anterior ha estado tantos años seguidos al frente de un área tan sensible.

El caso gallego es similar. En los meses previos a las elecciones la exposición del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, fue total y sus explicaciones sobre las decisiones que se iban adoptando para frenar la pandemia generaron varios incendios que Feijóo tuvo que solucionar personalmente. Fue el caso de la decisión de cancelar los contratos del personal sanitario con contrato temporal que contraía el virus. La decisión incendió los ánimos de los profesionales de la salud, en unas semanas en las que cada tarde a las ocho el sector recibía el aplauso unánime de los ciudadanos en los balcones. El candidato a la reelección tuvo que rectificar a su conselleiro y pedir disculpas. No sería la primera vez. 

También se sonrojó el barón gallego del PP cuando trascendió la decisión de pagar a los médicos con un cheque para restaurantes y hoteles, destinado a este sector y que pretendía compensar sus desvelos, al tiempo que se atendía a la principal obsesión de Feijóo durante el coronavirus: La industria turística y hostelera gallega. Hubo nuevas disculpas.

Con todas las miradas puestas en la sanidad, Feijóo asumió el riesgo de defender las estrategias que Almuiña ponía sobre su mesa cada día. Ahora, el exconselleiro se cae del nuevo Gobierno y en la Xunta no han tardado salir al paso con la teoría de que el cese del exdirigente de la sanidad gallega se debe a un problema de agotamiento y que la salida ha sido pedida por el propio interesado. La teoría no deja de tener sus puntos ciegos ya que nadie en el nuevo Gobierno gallego explica cómo en medio de la segunda oleada de coronavirus, con más de 200 contagios diarios y con una docena de muertes por semana el conselleiro de Sanidade puede argumentar cansancio para echarse a un lado. 

Tras meses de campaña electoral vendiendo la idea de que en Galicia el COVID-19 golpeaba menos que en el resto, ahora la Xunta presenta su nuevo equipo con una nota de prensa en cuyo primer párrafo se destaca el “compromiso con el realismo” del nuevo equipo. Nada de lo hecho mal al principio de la pandemia podrá ser juzgado políticamente ya que la sanidad gallega tiene un nuevo responsable, al que no se podrá culpar por los errores de su predecesor. 

En cuanto a la Educación, el relevo es producto del desastre con en el que la conselleira saliente, Carmen Pomar, afrontó el arranque del curso escolar al que los padres de alumnos llegan en pie de guerra y apoyando las huelgas planteadas desde los sindicatos. Pomar apostó antes del verano por no ceder a las recomendaciones del Gobierno central que apostaban por desdoblar aulas para reducir el riesgo de contagios. Feijóo llegó a asegurar que en los patios había más peligro que en las aulas. La Xunta acabaría rectificando tarde y al líder del PP gallego no se le ocurrió otra manera de escapar del problema que señalando a Madrid como responsable de no redactar un protocolo único, a pesar de que las competencias educativas son exclusivas de la comunidad autónoma. 

Sin llegar a asegurar que la conselleira sale porque así lo ha deseado, el ejecutivo gallego afirma que la decisión se toma para reducir burocracia en momentos de dificultad. Educación vuelve a integrarse en la consellería de Educación, en donde ya estuvo antes, bajo el mando de Román Rodríguez. Un paso atrás en toda regla.

Euskadi cierra la que, estadísticamente, es la segunda semana de la pandemia de un total de 28 con más casos positivos notificados, tantos como 4.063. Sin embargo, se aprecia también un descenso de casi el 12% respecto a la semana anterior y cierra un ciclo ascendente de diez semanas consecutivas. La ya exconsejera Nekane Murga solía repetir que un cambio semanal de más del 10% -hacia arriba o hacia abajo- era ya un indicador significativo para hablar de un cambio de tendencia y ella se despidió del cargo aludiendo a una estabilización de los nuevos contagios de COVID-19. Este domingo el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha notificado 608 nuevos casos, el 8,4% del total de pruebas PCR realizadas en las últimas 24 horas. Esta tasa de positividad ha descendido también desde el entorno del 10% que alcanzó la pasada semana, pero no es menos cierto que lleva en ligera subida varias jornadas y alejándose del objetivo ideal, que es que se sitúe por debajo del 5%. No hay datos sobre la evolución del R0, que esta semana ha bajado de 1 por vez primera en dos meses e indica una contracción de la cadena de contagios.

Del total de positivos, 324 se han dado en Bizkaia, 188 en Gipuzkoa -es el territorio que presenta una curva de incidencia diferente en las últimas semanas- y 94 en Álava. Asimismo, hay dos personas de fuera diagnosticadas aquí. 36 personas tuvieron que ser ingresadas este sábado en los hospitales de Osakidetza por un empeoramiento de sus síntomas. 47 de ellas presentan un cuadro clínico crítico y están en la UCI. No hay más información acerca de los hospitalizados totales o fallecimientos -que no dejan de producirse- ya que desde julio el Departamento de Salud redujo notablemente la información de seguimiento del coronavirus.

Eso sí, este domingo se ha hecho público un informe con datos generales sobre la segunda ola en Euskadi hasta el jueves y firmado por el equipo de análisis epidemiológico que ha trabajado para el Departamento de Murga en estos meses (Arantzazu Arrospide, Joseba Bidauzarraga, Montserrat Calvo, Igor Goirizelaia, Nuria González, Ania Gorostiza, Gonzalo López-Arbeloa e Imanol Montoya). Desde el 6 de julio hasta el 3 de septiembre se han detectado 19.158 contagios con 332.991 pruebas PCR realizadas. Ello deja la tasa de positividad en un 5,7% por término medio, pero la media esconde que al inicio del verano era de solamente un 0,8% y ha alcanzado un pico semanal del 8,4% a finales de agosto.

En este período se observa un incremento notable en los test diarios practicados (entre 2.000 y 5.000 en julio frente a máximos próximos a 10.000 en la segunda mitad de agosto). Se da la circunstancia de que uno cada veinte test en Euskadi -unos 18.000 en estos dos meses- no los hace la Sanidad pública sino laboratorios privados, cuyas tarifas son elevadas. Sólo entre el 20 y el 30% de quienes se hacen una PCR y dan positivo tenía síntomas. El resto o son contactos estrechos de personas infectadas y son detectados de forma temprana o son localizados en programas de cribado al aparecer un foco o en otros casos ya predeterminados, como al acceder a un hospital. En la primera semana de septiembre el 51% de positivos eran asintomáticos (o presintomáticos) y ya habían sido aislados por ser contactos de otros enfermos. Según Osakidetza, “lo óptimo sería que a más del 50% de los casos positivos se les hubiera realizado la prueba PCR por ser contactos estrechos de otro caso positivo”.

La tasa de incidencia ha tenido un ascenso imparable hasta hace unos pocos días pero ahora ha parecido tocar techo e incluso bajar ligeramente. En las últimas dos semanas, la tasa de Bizkaia es de 404,60 casos por cada 100.000 habitantes, la de Álava de 396,38 y la de Gipuzkoa de 333,38. La evolución es diferente por territorios, ya que Bizkaia y Álava responde al patrón general de freno en el crecimiento, pero en Gipuzkoa ha habido un repunte de casos, aunque siempre ha sido la zona menos golpeada en la pandemia. El pueblo con más casos en relación a su población ha sido Aulestia en estos 14 días, con 31 de sus 665 vecinos enfermos. Entre las grandes localidades, sobresale Gernika por su brote en la zona de ocio. Su tasa de incidencia triplica a la media de Bizkaia. Este foco se aprecia también en pueblos de su comarca como Muxika o la propia Aulestia. En cuanto a las capitales, Donostia es la que menos positivos ha registrado pero la que mayor tasa presenta por delante de Bilbao y de Vitoria. En esta segunda ola, las tres ciudades han pasado de no tener casi casos a ver disparada su tasa. Donostia ha rozado los 350 casos semanales de promedio, Bilbao los 300 y Vitoria los 250. También Getxo y Barakaldo han tenido una tendencia similar. Los focos de Azpeitia, Ordizia, Eibar o Gernika han hecho que las tasas en esas localidades hayan tenido máximos en algún momento del verano.

En el verano han fallecido 96 personas, el 0,5% de los infectados, cuando la tasa general de la pandemia es del 4,3%. Desde principios de agosto se han producido muertes diarias aunque no haya datos regulares y precisos. La letalidad crece con la edad hasta el punto de que, desde que llegó el coronavirus en febrero, el 28,2% de los positivos mayores de 90 años han muerto, el 20,9% de los ancianos de 80 a 90 y el 10,2% de las personas de 70 a 80.No consta ninguna muerte entre los menores contagiados.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha conformado un gabinete para la legislatura 2020-2024 con importantes cambios.Son cinco las caras nuevas en total. A las salidas ya conocidas de las responsables de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, y de Educación, Cristina Uriarte, se ha sumado a última hora la de la titular de Salud desde 2019 y responsable de la gestión de la pandemia en los últimos meses, Nekane Murga, a quien sustituirá Gotzone Sagardui, concejal en BIlbao, exparlamentaria, bilingüe y licenciada en Medicina. Además, Josu Erkoreka será vicelehendakari primero y consejero de Seguridad -pero no portavoz, cargo al que accede Bingen Zupiria- y la socialista Idoia Mendia vicelehendakari segunda y responsable de “Trabajo y Empleo.

En el nuevo Ejecutivo, el tercero de Urkullu, habrá ocho consejeros del PNV y tres del PSE-EE. Son 5 mujeres y 6 hombres. Para acomodar la exigencia socialista de ganar en peso político con una vicepresidencia, el lehendakari ha situado a otro consejero del PNV como vicelehendakari primero. El elegido es Erkoreka (Bermeo, 1960), que es doctor en Derecho y tiene plaza de letrado en los servicios jurídicos del Gobierno vasco. En 1995 se convirtió en director del IVAP y en 2000 inició su carrera como diputado en el Congreso. Fue portavoz del PNV hasta que a finales de 2012 Urkullu lo convocó para su primer gabinete como portavoz y responsable de Administración Pública y Justicia. En la segunda legislatura ha ejercido también de portavoz y su cartera se ha denominado Gobernanza Pública y Autogobierno. Desde ella ha liderado todo lo relacionado con el desarrollo del Estatuto. En la tercera, asume la cartera de Seguridad en sustitución de Beltrán de Heredia, pero no ejercerá la portavocía. La nueva cara del Ejecutivo será Bingen Zupiria, que seguirá una segunda legislatura al frente de Cultura y Política Lingüística. Zupiria fue responsable de Comunicación del Gobierno durante la etapa de José Antonio Ardanza y ha dirigido ETB y el diario 'Deia'.

La cartera hasta ahora liderada por Erkoreka, a de Gobiernanza Pública y Autogobierno, pasará a manos de Olatz Garamendi (EA, 1968), también del cuerpo de asesores jurídicos del Gobierno y que había ocupado el cargo de viceconsejera en los departamentos de Educación y Cultura. En el área económica, Pedro Azpiazu (Bilbao, 1957) vuelve a ser el guardián de la caja de caudales al frente de Economía y Hacienda y Arantxa Tapia (Astigarraga, 1963) vuelve a encabezar una macrocartera ahora denominada Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y que guiará los retos verdes de la nueva etapa. Cede al PSE-EE la parte de Transportes. Con el cambio en Salud se produce también otro en Educación. Jokin Bildarratz (Tolosa, 1963) es el nuevo titular de la cartera. Exsenador desde 2013, vuelve a la política vasca al frente de una cartera clave en un momento clave. La única consejera alavesa del PNV será Beatriz Artolazabal, que dirige una nueva cartera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. En los últimos cuatro años había sido consejera de Empleo y Políticas Sociales.

Los otros consejeros socialistas, como adelantó este periódico, serán Javier Hurtado en Turismo, Comercio y Consumo -un madrileño que era diputado en Álava- e Iñaki Arriola, ahora al frente de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes pero no ya de Medio Ambiente tras la polémica sobre Zaldibar. Salen Sonia Pérez y María Jesús San José.