Hace justo un año, el 29 de diciembre de 2024, Mamouth Bakhoum murió ahogado en el río Gaudalquivir cuando trataba de huir de una patrulla de agentes de la Policía Local. Una fecha marcada en el calendario para su familia y compatriotas que, a lo largo de estos meses, han buscado respuestas por parte de una justicia que se contradice. Mientras la Audiencia de Sevilla conminó la causa definitiva a la “conducta” del varón de 43 años, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había apuntado a la actuación policial como causa del trágico suceso.
Ante esas resoluciones judiciales, Saliou Ndiaye, secretario general de la Asociación de Manteros de Sevilla y presidente de la Asociación de Senegaleses, reitera lo que pidió hace doce meses: una investigación imparcial. “La comunidad tiene una sensación de impotencia e incapacidad, porque se podría haber resuelto todo de otra manera”, señala en atención a este medio. En la ciudad viven sus hermanos, a quienes acompaña en el luto y a los que comprende en esa sensación de incredulidad, casi desencanto, cuando conocieron los autos de la justicia española.
Bakhoum tenía los papeles en regla y era el sostén económico de su esposa, su hija de un año y de sus padres. Vendía 34 camisetas falsas de equipos de fútbol en la Avenida de la Constitución y con dos atillos, apenas vio llegar a la Policía, huyó. Una carrera mortal de poco más de un kilómetro hasta dar con el muelle, donde se tiró al agua y, sin saber nadar y preso de la ofuscación y ansiedad del momento, feneció bajo las aguas. En el vídeo que se difundió, se observa a dos policías que, después de varios minutos, se zambullen para intentar localizarlo mientras los transeúntes que grabaron el momento comentaban “no se ve”, “es que no se ve”.
Denuncia a un parlamentario
La persecución de Bakhoum en aquella tarde de diciembre luego se trasladaría al cuadrilátero político. El pasado 4 de abril, dos agentes de la Policía Judicial entraron de paisano en el Parlamento andaluz y le notificaron al diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, la denuncia por parte de la Fiscalía Superior por un supuesto delito de injurias a la Policía. ¿Por qué se daba tal trámite? El político había participado en una de las concentraciones que se organizaron en la capital hispalense a posteriori del fallecimiento de la víctima, donde cuestionó la actuación policial y agregó que era “un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”.
De esta forma, la muerte de Mamouth llegó al Alto Tribunal de forma colateral. Los jueces no revisaron la actuación policial, sino la denuncia que interpuso la Fiscalía Superior contra el parlamentario. Por una parte, el TSJA avaló la libertad de expresión del diputado y desestimó los argumentos del fiscal, quien acusaba a García de haberse “extralimitado” en su censura a la hora de analizar la actuación los agentes. Al mismo tiempo, el juez ponente, Miguel Pasquau, hizo un relato muy crítico de los hechos y recordó que el senegalés, como otros manteros inmigrantes, falleció como consecuencia de una intervención policial, en un contexto social donde el extranjero sin papeles se encuentra en una situación muy vulnerable.
Se dio por válido el sobreseimiento que el juzgado había dado, no sin antes expresar que se trataba de “un legítimo, aunque a su vez criticable, ejercicio de la libertad de expresión por un diputado dando voz a una reivindicación de carácter político y protestando por una actuación de la policía local sin la que no se habría producido el trágico suceso”, decía textualmente el auto. Por su parte, la Audiencia de Sevilla determinó tres meses más tarde que la actuación de los agentes aquel 29 de diciembre fue “adecuada, prudente y diligente”. Así, se descartaba “indicio alguno” de la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente por parte de los miembros del cuerpo de seguridad, tal y como denunciaba la representación legal de la familia de Mamouth.
En este sentido, cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción 17, en un auto fechado el 15 de abril de este año, logró acceder a las cámaras de seguridad de la zona y describía la intervención de los agentes como “un cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente” desde donde cayó al río y murió. Aun así, se desestimó el recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de 23 de enero por el que se acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones.
“Racismo institucional”
Archivada la causa en agosto de este año, el diputado José Ignacio García reafirmó en declaraciones a este medio que el hombre había fallecido “en el marco de una actuación policial haciendo su trabajo, que era vendedor ambulante”. “Lo importante es que un caso de racismo institucional, violencia policial y represión va a quedar impune y, con este archivo, se le va a lanzar un mensaje muy peligroso a la Policía, que es el mensaje de la impunidad, de que pueden hacer cualquier cosa”, advirtió.
Un año más tarde, Ndiaye solo tiene una demanda: “Pedimos que se aclaren las causas de la muerte, aunque la justicia ha decidido cerrar el asunto y determinar que no lo habían perseguido”. “Se tiró por cuestión de sobrevivir, pero no han querido valorar tampoco las consecuencias de ello”, insiste. El representante de los manteros conoce de primera mano el contexto en el que viven sus compatriotas. Pese a las protestas y a la movilización ciudadana, advierte que viven con “un acoso constante” y continúan sometidos a las mismas trabas administrativas y legales con las que se encontraron una vez pusieron un pie en territorio andaluz.
En 2018 ya sucedió algo similar: el ciudadano senegalés Mame Mbaye Ndiaye, de 34 años, fallecía de un infarto en un calle de Lavapiés perseguido por varios policías municipales. Vendía perfumes en la Plaza Mayor, en el centro de Madrid, y su muerte provocó una respuesta vecinal multitudinaria. Más de 300 personas se concentraron casi al caer la noche en el barrio en protesta por la actuación policial y por la presión, denunciaban, que existían en la zona contra los manteros.
Sin embargo, la migración, como tema mediático candente, presente en cada tertulia política y el dardo más habitual entre los grupos parlamentarios, agrieta cada vez más a la sociedad. Prueba de ello es que, hace tan solo unos días, medio centenar de personas impedían la entrada a la parroquia Verge de Montserrat, como dispositivo gestionado por Cruz Roja, de una quincena de migrantes que habían sido desalojados de un instituto abandonado de Badalona, el B9. Sin saber a dónde ir, con temperaturas frías y sin recursos sociales, estas personas habían sido derivadas al centro que había acordado la Generalitat de Cataluña hasta encontrar una mejor alternativa.
“Hay quien quiere hacer ver que la migración como la causa del problema, y una vez que estás señalado, estás en boca de todo el mundo”, lamenta. Motivo por el que pide un ejercicio crítico por parte de las personas con las que convive en esta metrópoli, cuna de tantas culturas, para que su modus operandi se base en contrastar la información y verificar los datos, en vez de caer en la “manipulación”. Porque, “¿cuál es la voz más escuchada en los medios de comunicación?”, se pregunta, “ellos”, asiente, “aquellos que quieren ganar votos acusando solo a una parte, como los de Vox”.
Con el propósito de encontrar una solución a todo lo sucedido, desde la asociación se han intentado reunir con las instituciones políticas andaluzas. A pesar de los esfuerzos, “no se ha producido ningún efecto, no quieren hacer nada al respecto, a pesar de que está en sus manos”, añade. A la vuelta del período navideño, volverán a organizar otra protesta en recuerdo a la figura de Mamouth Bakhoum y con el fin de señalar y dejar patente la discriminación institucional a la que se enfrenta su colectivo día tras día.