El “abandono” institucional prende la mecha de la autogestión vecinal en el distrito Macarena de Sevilla
El barrio de El Cerezo, en el corazón del distrito Macarena, en Sevilla, se ha convertido en el escenario de una fractura social que ha traspasado los límites de la protesta civil. Lo que cada noche se vive en sus calles es el síntoma de un polvorín alimentado por años de dejadez administrativa y decisiones presupuestarias, según vienen denunciando, que hoy asfixian la convivencia. La tensión ha escalado hasta tal punto que la justicia por mano propia ha tomado el relevo de las instituciones, con patrullas ciudadanas que, según denuncian diversos sectores y han recogido medios nacionales, han derivado en episodios de insultos, amenazas y persecuciones directas a personas hasta los portales donde pernoctan.
La movilización de los últimos días es la culminación de un proceso de degradación que los residentes llevan años denunciando. Vecinos veteranos como Alfonso, de 76 años, relatan con amargura cómo el barrio se ha transformado en un lugar donde la suciedad y el abandono son la norma. Según su testimonio, la falta de mantenimiento ha llegado a extremos insostenibles, con papeleras que pasan semanas sin vaciarse, una realidad que la cuenta de Instagram @sosbarrioelcerezosevilla documenta a diario como motor del hartazgo.
El detonante técnico, según denuncian más de 50 entidades sociales de Sevilla y reflejan los presupuestos de 2025, ha sido el recorte de plazas en los albergues municipales. Esta decisión ha provocado un aumento crítico de personas pernoctando en las aceras de El Cerezo y Doctor Fedriani. Para muchos vecinos, la acción ciudadana es la única salida ante lo que consideran un vacío de poder.
La organización
La infraestructura de esta respuesta es puramente digital: el grupo de WhatsApp “SOSelcerezo” funciona como centro de mando con acceso filtrado. En las últimas horas, el movimiento ha intentado mantener un cordón sanitario contra la politización, expulsando a representantes de partidos como Vox y advirtiendo en sus stories: “No queremos ultras... no vengáis porque os echamos a la policía”. De hecho, ya se han producido expulsiones de representantes políticos que intentaron acercarse a las patrullas, bajo la consigna de que el barrio no quiere ser “usado” por ninguna sigla.
Sin embargo, a pesar de este rechazo a los extremos, la estética de las patrullas —con individuos encapuchados y con bragas para ocultar el rostro— ha encendido las alarmas. Mensajes enviados a colaboradoras de esta investigación por residentes que claman por la paz alertan de que la situación es una “bola de nieve” de odio. “Ayer ya iban con capucha y tapándose la cara... esto va a acabar mal”, advertía uno de los testimonios recogidos. Esta preocupación coincide con las imágenes de alta hostilidad verbal en las calles que ya han saltado a la prensa nacional.
El Ayuntamiento, contra el Gobierno
Mientras la violencia escala en la calle, el conflicto ha provocado un choque frontal entre administraciones. El portavoz del Gobierno Municipal, Juan Bueno, acusaba este jueves al PSOE de “deslealtad” y exigía que se refuerce la Policía Nacional en la zona, afirmando en una nota oficial que el consistorio “no puede ni debe suplir las funciones” de la seguridad estatal. El Ayuntamiento insiste en que el problema es de orden público, competencia directa del Ministerio del Interior, y defiende su gestión con la incorporación prevista de 220 nuevos agentes de Policía Local.
La respuesta no se ha hecho esperar. El subdelegado del Gobierno en Sevilla ha replicado con dureza al alcalde. Francisco Toscano ha recordado que los problemas de los que se quejan los vecinos —ruidos, consumo de alcohol en la vía pública, limpieza y el control de los gorrillas— son de “estricta competencia municipal”. El Gobierno central acusa al Ayuntamiento de intentar “culpar de todo a Pedro Sánchez” para desviar la atención de su incapacidad para gestionar el cumplimiento de las ordenanzas locales.
Este cruce de reproches choca frontalmente con la realidad que se vive ahora en las calles de El Cerezo. Mientras el portavoz municipal afirma en los despachos que el Ayuntamiento no debe “suplir” funciones policiales, los propios vecinos publican en sus redes sociales imágenes donde se ve a dotaciones de la Policía Local escoltando y acompañando a las patrullas ciudadanas en sus batidas.
El contraste es absoluto: en el papel, las instituciones se declaran incompetentes o se culpan mutuamente; en la calle, la autoridad municipal parece haber validado tácitamente la autogestión vecinal. Con la reunión masiva convocada para este 8 de marzo en el centro San Francisco de Asís, El Cerezo se enfrenta a una pregunta inquietante: si las instituciones han renunciado a mediar y la Policía se limita a escoltar la tensión, ¿quién garantiza que la paz social en la Macarena?