La Federación de Mayores reclama a la Junta un fondo de compensación para las familias por los retrasos en dependencia

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha solicitado formalmente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la creación de un fondo extraordinario de compensación destinado a indemnizar a las familias de personas dependientes afectadas por los retrasos en la tramitación de sus expedientes.

Así lo ha dado a conocer la FOAM en un comunicado, en el que detalla que la propuesta se fundamenta en la iniciativa registrada por el grupo 'popular en el Parlamento de Asturias y en unos datos que, a su entender, “reflejan con crudeza la situación andaluza: casi 7.000 personas fallecidas en lista de espera solo en 2025”.

En el comunicado, la FOAM recuerda que, en el Principado de Asturias, el PP ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) en la que ha reclamado un fondo específico para compensar el “daño moral y material” causado a las familias por las demoras en la Ley de Dependencia. Esta iniciativa contempla una indemnización económica única por expediente, exenta de impuestos, así como la identificación proactiva de los familiares de las personas fallecidas en lista de espera.

Medida similar a la adoptada en Asturias

Para FOAM, si el propio PP considera imprescindible un fondo de compensación en una comunidad con algo más de mil fallecidos, “resulta incoherente no adoptar una medida similar en Andalucía, donde la magnitud del problema es muy superior”. En estes sentido señalan que, según datos del Imserso (Sisaad), en Andalucía fallecieron 6.GG5 personas en 2025 mientras esperaban valoración o prestación de dependencia, lo que supone el 21,38% del total nacional 32.704 personas.

Añaden que, a 31 de diciembre de 2025, la lista de espera efectiva alcanzaba las 40.092 personas, con un tiempo medio de resolución de 496 días, casi tres veces el plazo legal. “La comparativa ponderada entre ambas comunidades, basada en las estimaciones de población del INE para 2024 (8,73 millones de habitantes en Andalucía frente a 1,02 millones en Asturias), evidencia un problema estructural que va más allá del volumen de gestión”, exponen.

Reconocen que es cierto que la dimensión del sistema andaluz es sustancialmente mayor, gestionando entre 8,5 y 11 veces más volumen que el asturiano en todos sus indicadores clave: Solicitudes (456.133 en Andalucía frente a 50.073 en Asturias); personas beneficiarias (326.811 frente a 32.835); y prestaciones reconocidas (523.381 frente a 48.068). “Sin embargo, esta mayor capacidad de gestión no se traduce en una protección más eficaz”, señalan.

Tiempos de espera y mortalidad altos

En este punto detallan que los tiempos de espera y la mortalidad son “desproporcionadamente altos ”en Andalucía. “Esta ineficiencia tiene un coste humano inasumible: 6.995 personas fallecieron en la lista de espera andaluza en 2025, frente a las 1.245 de Asturias”, relatan.

La FOAM también apunta en que a esta realidad se suman pronunciamientos judiciales firmes, claros y recientes que consolidan un criterio inequívoco, como el expresado en noviembre de 2024 en una setencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Granada; y citan también que, además, existe ya una doctrina consolidada del Tribunal Supremo: la sentencia número 548/2024, de 4 de abril dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

“Estos pronunciamientos evidencian que el daño causado por los retrasos es jurídicamente reconocido, cuantificable y exigible, pero obligan a cada familia a iniciar un procedimiento judicial largo y costoso”, exponen. Para la FOAM, un fondo extraordinario de compensación permitiría dar “una respuesta política, ordenada y homogénea, reducir la litigiosidad y evitar que miles de familias tengan que acudir a los tribunales para ver reconocido un derecho que ya ha sido confirmado por los juzgados y por el Tribunal Supremo”.

Exenta de tributación

Así, proponen que el fondo extraordinario incluya: indemnización económica única por expediente, exenta de tributación, cuando se supere claramente el plazo legal de 180 días o cuando la persona haya fallecido en lista de espera sin recibir la prestación; e identificación de oficio de las familias afectadas, comenzando por las 6.995 personas fallecidas en 2025, junto con la creación de un servicio específico de apoyo administrativo para tramitar las compensaciones.

También proponen la presentación en el Parlamento andaluz, en un plazo máximo de tres meses, de un informe detallado sobre las causas de las demoras, las medidas correctoras y la financiación del fondo; y subrayan que el fondo debe alcanzar a todas las familias de personas fallecidas en lista de espera, independientemente de si contaban o no con grado de dependencia reconocido en el momento del fallecimiento.

“El mecanismo actual de prestaciones retroactivas reconocido por el Tribunal Supremo deja fuera a la inmensa mayoría de los casos, ya que solo ampara a quienes tenían grado reconocido y PIA pendiente. Un fondo normativo es la única vía que garantiza una respuesta justa y universal”, consideran. La FOAM concluye que, si en Asturias se ha afirmado que una sociedad no puede normalizar que los expedientes se cierren por fallecimiento en lugar de por resolución, en Andalucía esa reflexión es aún más urgente e inaplazable.