El Tribunal de Cuentas Europeo (ECA, por sus siglas en inglés) alertó hoy de que los planes contra la desertización efectuados hasta la fecha en la Unión Europea (UE) “carecen de coherencia” y de que la propia Comisión Europea (CE) “no tiene una idea clara” sobre esta problemática.
Un informe publicado hoy por los auditores europeos señala que otras políticas relacionadas, como podrían ser el desarrollo rural, los planes de medio ambiente y acción por el clima o la investigación y política regional, pueden tener un “impacto positivo” aunque existe “cierta preocupación” sobre su sostenibilidad a largo plazo.
“Estos proyectos tienden a ser retazos de proyectos financiados por diferentes instrumentos e iniciativas de la UE”, explicó a Efe el miembro del Tribunal autor del informe, Phil Wynn Owen, quien añadió que “la UE tiene una falta de metodología y coherencia en sus programas, políticas y gastos” para atajar la sequía.
En el año 2015, la UE y los Estados miembros se comprometieron a alcanzar una degradación neutra del suelo en su territorio para 2030.
Sin embargo, el informe presentado revela que aún “no se dispone de una visión clara y compartida” sobre cómo lograr dicho objetivo.
El grupo de expertos de la UE indicó que “no ha habido ninguna coordinación” entre los Estados miembros y que la CE “no ha facilitado” orientaciones prácticas sobre la cuestión.
“Estamos viendo un aumento de las sequías, de la aridez y del riesgo de desertización debido al cambio climático en la UE”, explicó Owen.
Los miembros del Tribunal examinaron las medidas concretas que se están llevando a cabo frente a esta “amenaza real y creciente” en España, Italia, Chipre, Portugal y Rumanía.
En total, trece Estados miembros se declararon como afectados en virtud de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) ratificada en 1994, entre los que se incluye España.
De acuerdo con el Programa de Acción Nacional de España de 2008 para la CLD, el 74 % del país se encontraba en riesgo de desertificación, especialmente la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y las islas Canarias.
“La desertificación puede acarrear pobreza, problemas de salud provocados por el polvo transportado por el viento y un declive de la biodiversidad, además de tener consecuencias demográficas y económicas y obligar a la población a abandonar las zonas afectadas”, añadió Owen.
El informe recoge también un estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) sobre desertización realizado en 2008 en un área de 1,68 millones de kilómetros cuadrados de territorio europeo.
En 2017 comprobó que la cantidad de terreno con sensibilidad a este fenómeno había aumentado en menos de diez años en 177.000 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente al tamaño de Grecia y Eslovaquia juntas.
La mayoría de estos datos están “muy desactualizados” y la preocupación del Tribunal es “aún mayor”, aunque los Estados miembros “hicieron su esfuerzo” y es necesario “coordinar” una estrategia a nivel europeo, según el informe.
“Como auditores tenemos la responsabilidad de advertir sobre esos riesgos, que podrían ejercer una presión cada vez mayor sobre los presupuestos públicos, tanto a escala nacional como de la UE”, agregó el responsable del estudio.
Asimismo, el grupo de expertos presentó una serie de recomendaciones al Ejecutivo comunitario, que fue aceptado “de buen grado”, aseguró Owen.
Según el Tribunal, hay “muchísimos datos disponibles”, pero los auditores avisan de que es necesario que Bruselas desarrolle una “metodología amplia, definida y con indicadores clave que puedan medir el progreso” mediante el establecimiento de un marco legal contra la desertificación, “coherente” con el objetivo propuesto para 2030.