Es la primera investigación sobre las “terapias de conversión” en España, con testimonios de víctimas, descripción de los abusos y literatura para desmontar las mentiras en que se basan. Saúl Castro, abogado y fundador de NoesTerapia, y una de las personas que destapó la trama de Verdad y Libertad y otras asociaciones, amparadas por y desde la Iglesia para promover la curación de la homosexualidad, acaba de publicar Ni enfermos ni pecadores (Penguin Libros), donde desentraña el papel de algunos obispos –Reig Pla, Munilla, Iceta o Demetrio Fernández– para bendecir estas prácticas, que podrán ser penadas por la ley si prospera la Ley Trans que ultima el Gobierno.
“La Iglesia tiene una doble responsabilidad. En España, los principales perpetradores de 'terapias de conversión' son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución”, relata Castro en base a la investigación que ha plasmado en su libro. Además, denuncia que “obispos como Juan Antonio Reig Pla, José Ignacio Munilla Aguirre, Mario Iceta Gavicagogeascoa, Demetrio Fernández González o Manuel Sánchez Monge, y sacerdotes como Pablo Ormazabal Albistur, colaboran”.
Su libro se llama Ni enfermos ni pecadores. ¿Se les ha considerado así, tanto en la sociedad como en la Iglesia? ¿Sigue pasando?
Desgraciadamente, en muchas partes del mundo, también en España, la respuesta es sí. Con respecto a la orientación sexual, hemos dejado de ser completamente enfermos hace tan solo tres años. En relación con el pecado no se ha avanzado mucho, realmente. El Catecismo de la Iglesia sigue diciendo que “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural y no pueden recibir aprobación en ningún caso”. A pesar de las carambolas para no hacer expresa su LGTBIfobia, está claro que nuestras identidades siguen estando vistas por la oficialidad e institucionalidad de la Iglesia como moralmente reprobables.
En el libro desentraña las llamadas 'terapias de conversión'. ¿En qué consisten?
Todas las “terapias de conversión” se caracterizan por el objetivo común de querer modificar o anular la identidad o la expresión de género de las personas contra las que se dirigen, así como su orientación sexual, para “acomodarlas” a los cánones cisheteronormativos imperantes en nuestras sociedades.
En España, algunos psiquiatras, tras una suerte de cuestionarios que no están avalados por la práctica clínica, les prescriben medicamentos para tratar trastornos bipolares, esquizofrenia o epilepsia. Es decir, se les medica para castrarles forzosamente
En el proceso de documentación que he llevado a cabo he encontrado casos de desnudez grupal forzada, la castidad forzada por periodos de hasta 270 días, realización de ejercicios “biodinámicos” –consistentes en dar golpes y gritos para liberar energía–, prácticas aversivas –como ponerse una goma elástica en la muñeca y golpearse con ella cuando se siente deseo sexual–, rezo continuado y del rosario en los momentos de mayor deseo sexual, empleo de técnicas de reprocesamiento traumático como el EMDR –ya que parten de que la diversidad sexual y de género es fruto de traumas que hay que sanar–, 'abrazoterapia', logopedia, terapia hablada, estudio de textos acientíficos sobre la orientación sexual y la posibilidad de modificarla, realización de ritos como entierros simulados o exorcismos, así como control diario a través de aplicaciones de mensajería y telefonía como Telegram.
Suena a un proceso parecido al de una secta.
Hay que destacar que el funcionamiento de estos grupos se centra en separar a las víctimas de sus círculos familiares y de amistad, para que dependan emocional y socialmente de los grupos de “itinerantes” y de la propia organización. Les asignan grupos de compañeros, orientadores o supervisores, que les monitorizan diariamente, obligándoles a escribir tres veces al día por los chats y exigiéndoles que contacten inmediatamente al grupo cuando tengan deseos sexuales no heterosexuales. También les requieren que asistan a quedadas semanales en las que practican deporte, van a bares o al cine, con el objetivo de afianzar relaciones de “masculinidad sana”. Al integrarles de una forma tan completa en estos grupos, las víctimas cortan lazos con el resto de círculos y los perpetradores se aprovechan de ello para mantener un control leonino sobre ellas, así como para chantajearlas con el ostracismo en el caso de que no progresen adecuadamente.
En España, algunos psiquiatras, tras realizarles una suerte de cuestionarios que no están avalados por la práctica clínica, les diagnostican el origen de su homosexualidad, bisexualidad o identidad de género no cis, y les prescriben medicamentos para otras dolencias –generalmente para tratar trastornos bipolares, esquizofrenia o epilepsia–, entre cuyos efectos secundarios se encuentra la reducción o eliminación de la libido. Es decir, se les medica para castrarles forzosamente.
¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia en estas prácticas?
La Iglesia tiene una doble responsabilidad que, desgraciadamente, está ignorando de forma deliberada. En España, los principales perpetradores de “terapias de conversión” son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución. En concreto, estos grupos se llaman Es Posible la Esperanza y Verdad y Libertad, operando en distintas regiones de España y con muchas sedes organizadas jerárquica y estructuralmente.
Por un lado, Es Posible la Esperanza o EPE fue fundada y es coordinada por Santiago Olmeda Sánchez –capellán del Convento Carmelitas Descalzas de Ruiloba en Cantabria– y por Belén Vendrell Sahuquillo –colaboradora del Centro Diocesano de Orientación Familiar Regina Familiae de Alcalá de Henares y mano derecha del obispo de Alcalá–. En 2015, EPE remitió un dossier de 450 páginas a todos los obispos españoles y otro con unos 118 testimonios de víctimas a la Santa Sede para solicitar que, de forma institucional, se impartieran “Itinerarios de Maduración Integral para salir de la Atracción sexual al Mismo Sexo no deseada en todos los Centros Diocesanos de Orientación Familiar (COF) y en los Seminarios”. Es decir, desde la institucionalidad se conoce que estas prácticas se llevan a cabo y, a pesar de ello, no se han puesto barreras para cortarlas de raíz.
En España, los principales perpetradores de "terapias de conversión" son agrupaciones vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas. Estos grupos se llaman "Es Posible la Esperanza" y "Verdad y Libertad"
No solo eso, sino que diferentes personalidades de la Iglesia –obispos como Juan Antonio Reig Pla, Pablo Ormazabal Albistur, José Ignacio Munilla Aguirre, Mario Iceta Gavicagogeascoa, Demetrio Fernández González o Manuel Sánchez Monge– en connivencia con seglares al frente de los diferentes COF –como José María Gea Rosat, Federico Mulet Valle, Isabel Lacruz Silvestre o Marisa Vendrell Sahuquillo– han promocionado los itinerarios ofrecidos por EPE, “acompañando” a personas en su proceso de maduración de la masculinidad/feminidad, captado a potenciales itinerantes y participado en las convivencias periódicas que se hacían en esta asociación, así como fungido como orientadores y miembros de los grupos de apoyo.
Por otro lado, está el caso de Verdad y Libertad (VyL), que es quizás todavía más sangrante. Esta agrupación, fundada en 2013 por Miguel Ángel Sánchez Cordón –un pediatra granadino actualmente jubilado– y Alberto López –que se desligó de la misma en 2015 y lucha contra las terapias desde entonces– ha sido abiertamente investigada por la Santa Sede en el año 2020. En diciembre de ese año, el cardenal Beniamino Stella remitió un informe, que no se ha hecho público, a la Congregación para el Clero en el que concluía que “un grupo de cinco o seis obispos” –entre los que se incluyen Xavier Novell i Gomà (ex obispo de Solsona), Arturo Pablo Ros Murgadas (obispo auxiliar de Valencia) o Francisco Javier Martínez Fernández (arzobispo de Granada)– habrían colaborado en sus retiros, compartiendo su testimonio y derivando a jóvenes y adultos a las “terapias” que se practicaban en el seno de VyL.
En abril de 2021, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española abordó este tema y el informe, limitándose a destacar que VyL no es una organización reconocida por la Iglesia y a animar a “quien se considere afectado o víctima que denuncie por la vía civil, porque desde el punto de vista canónico no se puede frenar lo que hacen”. Es decir, al igual que en el caso de los abusos sexuales a menores en la Iglesia, esta institución se ha desmarcado sin cesar a ningún miembro del clero ni publicar los informes y las investigaciones llevadas a cabo.
Tanto el Opus Dei como el Camino Neocatecumenal han colaborado con ambas organizaciones, remitiendo a jóvenes LGTBIQA+ a estos itinerarios, así como a conocidos psiquiatras ultraconservadores como Aquilino Polaino o Enrique Rojas, que de acuerdo con el testimonio de las víctimas que recojo en el libro, prescriben fármacos previo pago de tarifas de entre 100 y 200 euros por sesión, pautados para tratar enfermedades y trastornos mentales graves como la bipolaridad, esquizofrenia o la epilepsia.
El Gobierno está a punto de aprobar la ley que prohibirá las terapias de conversión.
Bueno, realmente la Ley Trans y LGTBI no se ha aprobado todavía ni se sabe si se llegará a aprobar antes de que termine la legislatura. Lo que ha sucedido es que el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Trans y LGTBI y ha acordado registrarlo como Proyecto de Ley ante el Congreso. El problema de esa ley es que replica un modelo desfasado, inútil e inefectivo, ya que impone una prohibición genérica de “practicar terapias de conversión” y establece un régimen sancionador en el que se pena con multa a quienes las practiquen o las promuevan.
Este régimen no es nuevo; de hecho ocho Comunidades Autónomas –la Comunidad de Madrid, Andalucía, la Comunitat Valenciana, Aragón, Cantabria, Canarias, La Rioja y Castilla La Mancha– ya tienen un sistema sancionador. Sin embargo, en los seis años en que se han ido adoptando y entrando en vigor estas normas autonómicas, no se ha investigado ni sancionado firmemente ningún caso de práctica o promoción de “terapias de conversión”, a pesar de las numerosas denuncias interpuestas ante los órganos administrativos competentes, así como de los reportajes que han salido a la luz en los últimos años.
Desde No Es Terapia exigimos ahora a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que modifiquen el Código Penal, creando un tipo delictivo autónomo que criminalice la práctica de terapias de conversión, tal como se ha hecho en 44 jurisdicciones, entre las que se incluye Francia, Malta, Alemania, Canadá, Nueva Zelanda, Ecuador o diferentes estados mexicanos.
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