Pablo Iglesias defiende en un acto organizado por la ONU el ingreso mínimo vital: “Supone un nuevo derecho social en España”

El vicepresidente de Derechos Sociales ha participado en una reunión del Programa para el Desarrollo de Nacionales a cuenta de la aprobación en España del ingreso mínimo vital. “Significa el reconocimiento formal de un nuevo derecho social en nuestro país. Desde el punto de vista de la protección social, y especialmente en relación con la lucha para erradicar la pobreza severa, esta es una decisión histórica”, ha afirmado Iglesias.

“Este debate también está presente en la Unión Europea. No es posible volver a una gestión de la crisis como la de 2008. Las políticas neokeynesianas no solo son una cuestión de justicia social sino que también permiten que el consumo y la actividad económica se reactiven en nuestro país”, ha insistido el vicepresidente del Gobierno.

El acto por videoconferencia (webinar) titulado Explorando el potencial de un ingreso mínimo universal para alcanzar la seguridad económica y la igualdad de género ha sido moderado por la directora del Equipo de Género del PNUD, Raquel Lagunas, y en él han participado, además del vicepresidente segundo del Gobierno de España, el economista jefe del PNUD, George Molina; el profesor de economía y finanzas de la Northwestern University Dean Karlan; la directora de la región de Asia y Pacífico del PNUD, Kanni Wignaraja, y la activista y presidenta de la Federación Nacional de Mujeres de la India, Aruna Roy.

Wignaraja, asistente del secretario general de la ONU, ha destacado la necesidad la necesidad de que todas las personas deben tener un “suelo de ingresos” para garantizar “sus necesidades básicas”, y ha señalado que esto “no desincentiva el mercado laboral, sino que la medida brinda recursos para la búsqueda y acceso al empleo”.

El vicepresidente de Derechos Sociales también ha destacado que el ingreso mínimo vital tiene “un impacto de género gracias a las aportaciones del Ministerio de Igualdad”, en tanto que está previsto que puedan recibirlo víctimas de violencia de género, de trata o de explotación sexual que no llevan un año residiendo legalmente en España.

Este miércoles, el pleno del Congreso apoyó con 297 votos a favor, 52 abstenciones de Vox la convalidación del real decreto-ley que regula esta renta mínima, que oscilará entre los 461 y los 1.015 euros mensuales y llegará a 850.000 familias, que agrupan a unos 2,3 millones de personas, que sufren pobreza severa. La medida tendrá un coste calculado de 3.000 millones de euros anuales, y se ha acelerado por las graves consecuencias sociales de la pandemia de coronavirus, con un fuerte aumento del desempleo y la pobreza.

Escribe Andrés Gil.