En lo que va de año, de enero a finales de mayo, han fallecido 24.554 personas en lista de espera para recibir una prestación o servicio del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Son dos listas: las de las que tienen reconocido el derecho porque así les han valorado los servicios sociales y no lo han recibido aún, de las cuales han muerto 17.139; y la de los que habían solicitado esa valoración y nunca se les llegó a hacer, 7.415 –el 80% acaban adquiriendo un grado u otro–. 164 personas fallecen al día en un laberinto burocrático u otro. La conclusión sale del estudio periódico de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y es la primera vez que pueden publicar los datos desagregados y no una estimación.
Las tasas de variación que publica el SAAD, que en 2020 dependen de la Vicepresidencia de Derechos Sociales –en 2019 eran del Ministerio de Sanidad– son “muy negativas”, según el análisis de la entidad, que es referente en el sector. Todos los indicadores respecto al inicio de año son negativos. Se han registrado en 2020, marcado desde marzo por la crisis de la COVID-19, 34.667 solicitudes menos respecto a los datos de enero, se han hecho 25.669 valoraciones menos, hay 15.889 personas menos que están pendientes de recibir su prestación, por fallecimiento, y 11.715 beneficiarios menos, por fallecimiento también.
“Estos datos deberían avergonzar a todo el mundo. Es gente a la que se le da un derecho y muere sin haberlo recibido. Se ha hecho con 24.000 personas de las másvulnerables de este país y los gobernantes son responsables”, dice el presidente, José Manuel Ramíerez. El Sistema de Atención a la Dependencia estaba en retroceso desde hace años, desde los recortes, según venían denunciando muchas entidades, entre ellas la Asociación de Director y Gerentes. Pero estos últimos meses desde el estado de alarma hablan de una “caída estrepitosa” . La entidad sigue reclamando un aumento en los Presupuestos para la dependencia, “de manera urgente y sin esperar a los PGE”. Calculan que harían falta al menos 1.500 millones de euros, para atender la lista de espera y crear 70.000 nuevos puestos de trabajo.
Ramírez lamenta este lunes especialmente que no solo no se incorporen esos 1.500 millones sino que ayer domingo el presidente Pedro Sánchez anunciase que se retiraban los 1.000 millones de los fondos destinados a las comunidades que estaban indicados específicamente para políticas sociales. La partida, finalmente, tendrá 2.000 millones para educación que también reclamaba el sector, pero que ellos entienden que salen en parte de servicios sociales. “Ha sido muy cruel porque nos lo habían anunciado. Esto es como si después de la crisis sanitaria que hemos vivido apuestas por despedir a médicos o recortar en sanidad. Después de la crisis social, recortan en servicios sociales. Nos sentimos abandonados por el Gobierno”, declara. “Nuestros fondos tendrán ahora que salir de Sanidad o de 'otros', lo que decidan las Comunidades”, explica.
La Asociación llevó a cabo sus últimas estadísticas el 31 de marzo, que aún recogían datos de justo antes del estado de alarma, el 14 de marzo. A 31 de mayo, dos meses y medio después, sólo en tres comunidades aumentaron el número de personas con derecho, es decir, fueron valoradas por servicios sociales. Fueron en Asturias, 642 más; la Comunidad Valenciana, 639, y Canarias, 65). En todas las demás disminuyeron, siendo las comunidades que más han caído Rioja, en la que hay 797 menos de valoraciones respecto al año pasado en este periodo, Castilla La Mancha con 4.076, Cantabria con 897 menos, y en cabeza la Comunidad de Madrid, 6.819.
Por tipo de prestación o servicio, lo que más ha disminuido es la atención en residencias. Respecto a principios de 2020, hay un 8% menos de usuarios, 13.740. En la ayuda a domicilio la variación acumulada es del 2,7%, 6.810 personas menos.