La historia de las 'leyes feas' muestra cómo Estados Unidos llegó a expulsar de las calles a personas con discapacidad
Los códigos municipales tardaron bastante en borrar una herencia que hoy resulta difícil de leer sin cierta incredulidad: Chicago derogó en 1974 la última de las llamadas leyes feas que seguían vigentes en Estados Unidos. La retirada llegó después de la Ley de Rehabilitación de 1973, cuya Sección 504 prohibió la discriminación por discapacidad en programas financiados con fondos federales. En 1990, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades amplió esa protección al empleo, los servicios públicos, el transporte y los alojamientos abiertos al público.
Aquellas ordenanzas habían convertido durante más de un siglo la presencia de personas pobres y con discapacidades en un asunto policial, al permitir que las autoridades las expulsaran de calles y plazas por su aspecto. Su formulación castigaba a personas consideradas “desagradables” o “repulsivas” y vinculaba discapacidad, mendicidad y desorden.
Las autoridades castigaban la apariencia de ciudadanos vulnerables
Las consecuencias de estas normas podían acompañar a una persona en algo tan cotidiano como salir a la calle, pedir ayuda o permanecer en un espacio público. Si tenía una discapacidad a la vista y las autoridades consideraban que su aspecto entraba dentro de lo prohibido, podía recibir una multa, acabar en la cárcel o ser enviada a una institución. Así, acciones habituales para cualquier otra persona podían convertirse en motivo de castigo únicamente por la forma en que su discapacidad era percibida.
La expansión de estas normas siguió el crecimiento de las ciudades estadounidenses y acabó formando una red municipal que fue mucho más allá de California. Portland aprobó una ordenanza en 1881 y Chicago hizo lo mismo ese año, mientras Denver y Lincoln siguieron en 1889, Omaha actuó entre 1881 y 1890 y Columbus adoptó la suya en 1894. Pensilvania llevó el criterio a todo el estado y añadió referencias a discapacidades cognitivas, mientras Nueva York intentó aprobar una regulación parecida en 1895 y Los Ángeles lo intentó en 1913.
La crítica organizada tardó décadas en dar a esas normas un nombre que permitiera agruparlas y discutirlas como una misma forma de discriminación. Los defensores de los derechos de las personas con discapacidad Marcia Pearce Burgdorf y Robert Burgdorf Jr. acuñaron a mediados de los años setenta la expresión leyes feas, utilizada en su artículo de 1975 sobre el trato desigual a las personas con discapacidad. El término nació ligado a una labor de defensa jurídica y política que presentó estas restricciones como un problema de derechos civiles.
San Francisco había abierto ese camino en 1867 con una ordenanza contra la mendicidad que prohibía mostrarse en público a determinadas personas enfermas, mutiladas o deformadas. La ciudad crecía después de la fiebre del oro y acumulaba población empobrecida, trabajadores lesionados y personas que no habían logrado prosperar.
En aquel ambiente marcado por el rápido crecimiento urbano, responsables municipales, organizaciones benéficas y reformadores urbanos empezaron a tratar la pobreza y la discapacidad como señales de desorden que debían retirarse de las calles. Esta forma de entender la ciudad convirtió la presencia de determinadas personas en un problema que las autoridades pretendían controlar, especialmente cuando su aspecto se alejaba de los criterios sociales aceptados en aquella época.
Esa forma de pensar acabó extendiéndose desde la regulación de las calles hacia políticas de institucionalización, segregación, rehabilitación y control de la vida privada de las personas con discapacidad. Algunas corrientes benéficas llegaron a debatir sobre cuestiones como el matrimonio, la reproducción y la eugenesia, bajo la idea de impedir una supuesta degeneración racial. Estas propuestas ampliaban así la intervención sobre las personas con discapacidad desde su presencia pública hasta decisiones relacionadas con aspectos especialmente personales de sus vidas.
El jurista y activista Jacobus tenBroek escribió en 1966 que muchas de las dificultades atribuidas a la discapacidad procedían de la forma en que la sociedad la percibía y de las barreras que imponía a las personas con discapacidad.
Su planteamiento trasladaba buena parte del problema hacia las condiciones sociales que limitaban la autonomía y la participación de estas personas, frente a las interpretaciones que atribuían esas dificultades únicamente a sus características físicas o cognitivas.
Los arrestos mostraron los efectos reales de las ordenanzas
La aplicación de las ordenanzas fue irregular, aunque sus consecuencias podían ser severas para las personas seleccionadas por la policía en calles y plazas. El historiador Brad Byrom señaló que la policía muchas veces ni siquiera las aplicaba, pero se conservan casos de personas arrestadas por estas normas.
El primer arresto documentado fue el de Martin Oates, veterano del Ejército de la Unión detenido en San Francisco en julio de 1867. En Omaha, un hombre sin hogar fue detenido en 1974 por sus cicatrices y marcas corporales; el fiscal municipal Gary Bucchino terminó sin presentar cargos porque la ordenanza no definía jurídicamente qué aspecto podía considerarse feo.