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La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para cinco acusados de extracciones ilegales de agua en Doñana

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Pozo ilegal en el arroyo de la Rocina (Doñana) / Jorge Sierra WWF.

Pozo ilegal en el arroyo de la Rocina (Doñana) / Jorge Sierra WWF.

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado cuatro años y medio de cárcel para los cinco copropietarios de una finca situada en el entorno del Parque Nacional de Doñana, concretamente en la localidad de Aznalcázar, acusados de extraer agua para riego incumpliendo "de forma reiterada y consciente" las limitaciones impuestas por la Administración, "con el consiguiente riesgo para el ecosistema" En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide para cada uno de los cinco acusados tres años de prisión y el pago de una multa de 9.000 euros por un delito contra el medio ambiente, así como un año y medio de cárcel y otros 9.000 euros de multa por un delito de daños al dominio público hidráulico.

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado cuatro años y medio de cárcel para los cinco copropietarios de una finca situada en el entorno del Parque Nacional de Doñana, concretamente en la localidad de Aznalcázar, acusados de extraer agua para riego incumpliendo "de forma reiterada y consciente" las limitaciones impuestas por la Administración, "con el consiguiente riesgo para el ecosistema"

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide para cada uno de los cinco acusados tres años de prisión y el pago de una multa de 9.000 euros por un delito contra el medio ambiente, así como un año y medio de cárcel y otros 9.000 euros de multa por un delito de daños al dominio público hidráulico.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen solidariamente al Estado con 1.967.617,95 euros por los daños al dominio público hidráulico generados entre los años 2008 y 2013, así como el pago de una fianza de tres millones de euros.

Como medida de restauración de la legalidad, el Ministerio Público interesa la eliminación a costa de los acusados de la tubería general que conduce las aguas de la zona norte del caño Guadiamar a la zona sur de la finca Hato Blanco Viejo bajo supervisión del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de la Guardería Fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Igualmente, y en el escrito de acusación elevado a los juzgados de Sanlúcar la Mayor, consultado por Europa Press, reclama la eliminación del pozo "ilegal" de la zona norte "bajo idéntica supervisión".

La Fiscalía relata que los cinco acusados son copropietarios de la finca Hato Blanco Viejo, situada en Aznalcázar y dedicada a cultivos rotatorios tales como algodón y arroz, para lo cual tiene concedida una autorización de riego en la zona al norte del caño Guadiamar.

Según el Ministerio Público, esta autorización "condicionaba la detracción de agua y riego a unos volúmenes máximos anuales, a una zona concreta --la norte, encontrándose dividida la finca por el caño Guadiamar en zonas norte y sur-- y a un máximo de pozos", unos condicionantes "en todo caso necesarios" porque la finca se asienta sobre el acuífero Almonte-Marismas que alimenta el Parque Nacional de Doñana, que ha sido declarado por la Unesco Reserva de la Biosfera en 1980 y Patrimonio de la Humanidad en 1994.

"Pese al conocimiento de la naturaleza del espacio sobre el que la finca se asienta y de los condicionantes impuestos", los acusados "han incumplido de forma reiterada y consciente las limitaciones impuestas por la Administración, detrayendo volúmenes de agua muy superiores a los autorizados con el consiguiente riesgo para el ecosistema y trasvasando agua de la zona norte a la sur, para lo cual tenían instalada una tubería de grandes dimensiones", dice la Fiscalía.

EXPEDIENTES SANCIONADORES

Al hilo de ello, añade que la consecuencia de ello "ha sido una sucesión de expedientes sancionadores, finalizados todos con sanciones confirmadas, que, sin embargo, no han producido efecto regresivo alguno en la conducta ilegal de los acusados".

La Fiscalía enumera cada una de estas sanciones y asevera que, "pese a la sucesión de advertencias y condenas de la administración, y sin intención alguna en cesar la consecutiva violación de las normas", los acusados "continuaron detrayendo volúmenes de agua muy superiores a los autorizados en los años siguientes, los años 2008 a 2013".

En este sentido, indica que, pese a que los acusados tenían autorizado un máximo anual de 3.481.600 metros cúbicos de agua, "el exceso anual de agua detraído ha rondado todos los años, por arriba o por abajo, cantidad idéntica a la autorizada, duplicando con ello los volúmenes permitidos y superando significativamente las necesidades de los cultivos explotados".

A juicio del Ministerio Público, "esto se hace más grave desde el momento en que la masa donde se asienta la explotación Hato Blanco Viejo se encuentra en mal estado cuantitativo, habiendo sufrido un descenso significativo a lo largos de los años y encontrándose incluso por debajo del nivel considerado históricamente como más extremo, la sequía del periodo 1991-1995".

SITUACIÓN "DE GRAN PREOCUPACIÓN"

Según pone de manifiesto, "esto ha ido siendo advertido" por parte del Servicio de Aguas Subterráneas de la CHG en los informes piezométricos anuales de los años 2008 a 2013, "donde se ha concluido que, a pesar de las lluvias, el descenso de los niveles alertaba de una situación de gran preocupación que exigía la intensificación de la vigilancia de las explotaciones ilegales, cuyo control se configuraba como medida fundamental para lograr una gestión sostenible del acuífero".

La Fiscalía añade que la importancia de lo expuesto "es máxima desde el momento en que, al descargar las aguas subterráneas en cauces, caños, humedales, praderas de especies freatófitas y en la marisma a través de la zona de contacto, constituyen la principal fuente de aportación de recurso para el mantenimiento de los hábitats protegidos, siendo muchas las especies estrechamente ligadas al medio acuático".

En este punto, señala que, analizados los "reiterados" incumplimientos por el Juzgado, advertido el funcionamiento de las instalaciones no permitidas y examinado el peligro para el ecosistema de la marisma afectada, el Juzgado de Instrucción número 2 de Sanlúcar La Mayor dictó el 28 de enero de 2015 un auto de medidas cautelares, que se materializaron el 24 de febrero.

Estas medidas cautelares consistían en el sellado de la tubería general que conducía las aguas de la zona norte del caño Guadiamar a la zona sur de la finca; el sellado de un pozo "ilegal" que había en la zona norte, o la colocación de contadores en los ocho pozos autorizados de la zona norte, "que actuaban sin el debido control reglamentario".

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