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Junta decreta el cierre del caladero de chirla en el Golfo de Cádiz hasta el 30 de junio para impulsar su recuperación

Publicada en BOJA la orden en la que se establece medidas temporales para la conservación de esta pesquería

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La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha decretado el cierre del caladero de chirla en el Golfo de Cádiz hasta el próximo 30 de junio con el objetivo de impulsar la recuperación y conservación de esta especie.

Según publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), desde la entrada en vigor de la orden este sábado 3 de diciembre, la Consejería, a través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, y las fuerzas y cuerpos de seguridad pública, llevarán a cabo el precintado de todas las artes de draga hidráulica como dispositivo de control.

La manipulación de dicho precinto, así como el incumplimiento del resto de medidas que recoge la orden, será sancionado con las correspondientes multas y la suspensión de la licencia de pesca durante un año.

Inicialmente, la Junta había planteado un cierre temporal del caladero hasta el 31 de marzo de 2017, y una reducción del esfuerzo pesquero desde el 1 de abril al 31 de diciembre, limitando el número de embarcaciones, el tiempo permitido para faenar y el tope de captura. Sin embargo, finalmente, en función de los diferentes informes técnicos y científicos, se ha considerado más conveniente cerrar la pesquería hasta el 30 de junio.

NUEVO MODELO DE GESTIÓN

Durante estos meses en los que no se podrá capturar chirla, la Consejería elaborará un nuevo modelo de gestión en función de cómo vaya evolucionando el estado del recurso, con el objetivo de tomar nuevas medidas en el caso de que sea necesario. Este seguimiento correrá a cargo de la Junta en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía (IEO).

El cierre del caladero responde a la preocupante situación que atraviesa esta pesquería, debido a la sobreexplotación de los últimos años. Según el último informe realizado por el IEO, esta situación, unida a la peligrosa extracción de ejemplares por debajo de los 25 milímetros y a que no se ha respetado la 'zona nursey' (zona de cría) ha llevado a unos niveles críticos de explotación que ponen en peligro la sostenibilidad de la pesquería y el recurso.

Asimismo, la orden especifica que las lonjas y centros de expedición asociados, en los que las embarcaciones están obligados a realizar la primera venta de sus productos, velarán por el cumplimiento de las medidas. En caso de incumplimiento por parte de algún barco, la lonja deberá proceder a su denuncia comunicándolo a la delegación territorial pertinente.

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