La Junta estudia la sentencia del TSJA sobre la limpieza de arroyos y acatará “lo que determine”

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha manifestado que acatarán “lo que determine” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que da la razón al Ayuntamiento de la capital y declara que corresponde a la Junta la conservación y adecuación de los arroyos del término municipal de la ciudad. No obstante, los servicios jurídicos están estudiando la resolución judicial.

En rueda de prensa en la que ha presentado el dispositivo del Plan Infoca de este año, Ruiz Espejo ha indicado, al ser cuestionado al respecto, que los servicios jurídicos recibieron la pasada semana la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y ahora “tienen que hacer una valoración de la misma”. No obstante, “acataremos cualquier decisión judicial como no podía ser de otra manera”.

“Estaremos a lo que disponga la sentencia, pero estamos esperando la valoración de los servicios jurídicos y acataremos lo que determine”, ha finalizado el responsable del Gobierno andaluz en Málaga.

El Consistorio, ante la “inactividad” de la Junta y “la ausencia de respuesta a los reiterados escritos municipales”, realizó en los últimos años trabajos urgentes de limpieza de vegetación de los arroyos de la capital con especial riesgo de obstrucción ante posibles lluvias intensas o peligro de incendios por acumulación de maleza vegetal.

Tras varios escritos municipales dirigidos a la Junta, que en diversas ocasiones ha reconocido que las labores de retirada de elementos naturales (desbroce, retirada de árboles, vegetación y material natural arrastrado por las corrientes) son competencia autonómica, y los de residuos sólidos le competen a los municipios, el Ayuntamiento interpuso este recurso contencioso-administrativo en octubre de 2013.

En el citado recurso, ahora estimado en su integridad, el Consistorio hacía referencia a los requerimientos efectuados para que proceda a la limpieza de los arroyos conforme a las competencias que tiene atribuidas. Además, el Ayuntamiento estudiará solicitar el reintegro del coste de los trabajos ejecutados durante los últimos años, que estiman en unos 60.000 o 70.000 euros anuales, además de los intereses.