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Diez nuevos municipios de Sevilla se adhieren al Programa de Defensa de la Vivienda

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha firmado con diez municipios de Sevilla la adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, con lo que ya son 47 las localidades de la provincia que apoyan dicha iniciativa.

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Diez nuevos municipios se adhieren al Programa de Defensa de la Vivienda, llegando a las 47 localidades

En Andalucía suman un total de 239, además de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Diputación de Huelva y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.

Los ayuntamientos firmantes este miércoles son Gines, Peñaflor, Camas, Coria del Río, La Campana, Lora del Río, Pruna, Gerena, Marchena y Mairena del Alcor. La titular de Fomento y Vivienda ha destacado que este programa está sirviendo para articular "un amplio bloque institucional contra los desahucios, que suma esfuerzos junto con el bloque social, que lleva ya cinco años luchando por parar esta sangría social".

Considera que la oficina de intermediación contra los desahucios de Sevilla asociada al programa se ha mostrado "útil" y ha evitado en la provincia un total de 886 desalojos desde la apertura de este servicio en octubre del pasado año, mientras que a nivel andaluz se han evitado 3.521 desahucios.

Esas 886 personas son las que han acudido a la oficina provincial del programa, en la sede de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, solicitando los servicios de intermediación para evitar el desahucio una vez se encontraban ya en mora con la entidad hipotecaria. "Todas estas familias continúan en sus casas, con lo que se cumple el objetivo fundamental del programa", ha señalado la consejera, quien resalta el papel de los ayuntamientos como "puerta de entrada para atender los problemas y de salida de soluciones".

La oficina de Sevilla, bien en su sede de la Delegación de Fomento y Vivienda o bien gracias a la colaboración de los ayuntamientos adheridos, ha atendido a 1.157 familias. De ellas, 161 han sido en el área de prevención, antes de que los usuarios del servicio entraran en mora con la entidad financiera.

Estos casos han sido resueltos favorablemente, evitando preventivamente un riesgo de vulneración del derecho a la vivienda. Las 886 familias en riesgo de desahucio que han acudido a la oficina en el área de intermediación continúan en sus casas. "Son desahucios que hemos evitado con fórmulas como la dación en pago con o sin alquiler social, la renegociación de las condiciones de los préstamos hipotecarios, carencias en la amortización de capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés, cláusulas suelo, suspensión del lanzamientos y subastas", ha enumerado Cortés.

La consejera ha explicado que, incluso en los casos en que la negociación sigue abierta, las familias se mantienen en sus casas, lo que demuestra que "cuando la administración se pone de parte del eslabón más débil, lo refuerza y dificulta enormemente el desalojo".

En el área de protección han acudido a la oficina 110 familias. En estos casos, la mediación de la Junta abarca medidas que van desde contactar con las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar o suspender los desalojos hasta pedir a los servicios sociales de los ayuntamientos que arbitren soluciones de urgencia, supervisando en todo caso que la familia no queda sin alternativa habitacional.

Elena Cortés ha valorado el "buen trabajo" que se está efectuando en coordinación con la Delegación Territorial "para seguir defendiendo el derecho a la vivienda en este momento de encrucijada".

"Estas firmas son un ejemplo sobre cómo desde lo local puede haber un compromiso claro con los ciudadanos en unos momentos terribles", ha apuntado la consejera, quien ha recordado que tras la firma de estas adhesiones se establecen comisiones de seguimiento.

Por su parte, la delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Granada Santos, considera que este miércoles "es un día gratificante para los responsables políticos, pues podemos ayudar y estar al lado del ciudadano y podemos asesorar a los vecinos, a través de la coordinación entre las administraciones autonómica y los ayuntamientos".

"Pondremos las herramientas públicas y gratuitas de las administraciones a disposición del asesoramiento, intermediacion, prevención de situaciones como los desahucios para estas familias que sufren la mayor estafa conocida", agrega Santos.

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