Son dos casos de exceso de diligencia profesional. O de falta de humanidad. Por lo menos, así lo consideran en el PSOE de Burgos, que acaba de desvelar el cobro que hizo el Hospital Universitario burgalés por atender a dos inmigrantes en 2010 y 2011. Según el secretario de los socialistas en esta provincia, Luis Tudanca, “no sólo se están facturando sino que se están efectivos los cobros”. Y apunta a que, además, se están “recuperando facturas antiguas para cobrarlas ahora, amparándose en la nueva norma que restringe la atención a los inmigrantes”.

El Hospital de Burgos atendió en enero y en junio de 2011 a una mujer embarazada que, posteriormente, sufrió un aborto. Estas dos atenciones médicas supusieron una factura de 1.969,40 euros por la atención realizada, que le fue notificada el día 30 de noviembre de ese mismo año y que le recordaba que “de no presentar en el plazo máximo de 20 días naturales documento de aceptación de gastos o acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria del organismo competente se le enviará liquidación por dichos gastos médicos”, según el documento al que ha tenido acceso La Meseta.

El 29 de abril de 2011 se le vuelve a insistir en que la inmigrante debe al Hospital los 1.969 euros y en septiembre se le recuerda que si no paga en un plazo de 10 días se iniciará “el procedimiento ejecutivo de recaudación”. Y así fue, pues el 14 de diciembre de 2012 la afectada recibió una notificación de diligencia de embargo por un valor de 2.557 euros.

La Junta de Castilla y León tuvo un sueño mastodóntico. Quizá megalómano. En Soria, en un soto cercano a la capital soriana, en el municipio de Garray, en el entorno del río Duero. Un sueño que comenzó en el año 2003, cuando Juan Vicente Herrera anunció que en Soria iba a construir “un parque temático del medio ambiente y desarrollo sostenible”, como forma de que los ciudadanos conocieran “la gestión de los residuos urbanos o la gestión del ciclo del agua”.

Nueve años después, con tiempo para que los miembros del colectivo Asden-Ecologistas en Acción denunciaran y mostraran públicamente su sorpresa y quejas por este proyecto mastodóntico, la propia Junta de Castilla y León, en primer lugar, y luego los tribunales han acabado por arruinar aquel sueño que auspició la que fuera vicepresidenta del Gobierno regional y procuradora soriana, María Jesús Ruiz.

La realidad es que aquel sueño de la Junta de Castilla y León está prácticamente finiquitado. Pese a haberse gastado en torno a 50 millones de euros, el viejo soto de Garray hoy es un lugar con edificios a medio construir y grúas sin funcionar. Y, ¿ahora qué? El consejero de de Medio Ambiente, Antonio Silván, es optimista y asegura que el Gobierno regional “no renuncia al objetivo inicial de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA), pero hay que priorizar y la situación de crisis económica nos exige destinar los escasos fondos públicos que tenemos al suelo industrial». En el galimatías que se ha convertido esta Ciudad del Medio Ambiente, el propio consejero niega que la paralización de las obras de construcción de la Cúpula de la Energía signifique que haya que concluir el proyecto.

Francisco Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid por el PP desde 1995, siempre está en el ojo del huracán. Bien sea por sus declaraciones extemporáneas, bien por un urbanismo a la carta que le echan para atrás los tribunales, bien por permitir una rehabilitación ilegal del edificio donde tiene un piso. Pero siempre está en medio de la polémica, en la que se defiende a la perfección.

Pero ahora, el PSOE en el Ayuntamiento vallisoletano le ha sacado los colores por unos contratos que se ha realizado con empresas vinculadas al que fuera uno de sus asesores, Federico Gallego, periodista vallisoletano que llegó a ejercer de jefe de prensa de León de la Riva.

Según la documentación a la que ha tenido acceso La Meseta, el Ayuntamiento de Valladolid adjudicó, entre 2007 y 2012, un total de 139 contratos a empresas vinculadas con el exasesor, bien de forma directa o bien a través de una persona cercana a Gallego.

Sorprendentes. Inauditos. Desconocidos. Increíbles. Todos estos adjetivos pueden unirse si se quiere analizar lo ocurrido en las últimas horas en Castilla y León. Los partidos políticos con representación en las Cortes de esa comunidad autónoma –PP, PSOE y Grupo Mixto (IU y UPL)- han pactado. Se podría pensar que da igual el fruto de ese pacto, que lo más importante es la unión. Pero es que también los temas que les unen son sorprendentes: desahucios, Política Agraria Común (PAC), Universidad y discapacidad.

El pleno de las Cortes de esta semana ha roto los esquemas. Incluso los de las direcciones de los partidos, pues el pacto se ha convertido en una ‘rara avis’ en la política nacional.

La primera sorpresa fue cuando Fernando Pablos, el procurador del PSOE de Castilla y León que interpela en materia de educación universitaria, propuso que se instara al Gobierno regional a “compensar a las universidades”, además de que se reclamara al gobierno central que permita las contrataciones de profesores”.  Estos dos puntos tuvieron el apoyo del PP. No es lo normal. Pero fue posible.

La Justicia está despertando de los sueños urbanísticos al alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva. Vio en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la capital vallisoletana, por la que hay una investigación penal abierta, una posibilidad de dar un vuelco total a su ciudad, un cambio que tenía como eje principal la construcción de más viviendas y de centros comerciales.

Pero, poco a poco, la Justicia va quitándole esas intenciones. Ayer se ha hecho público, a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la nulidad de un intento de construir cerca de 9.000 viviendas en la zona sur de Valladolid, en el conocido como Plan Parcial Las Riberas. Así, en un auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del máximo órgano judicial de esta comunidad autónoma, se asegura: “no se ha justificado en absoluto la conveniencia de desarrollar el sector  o la conveniencia de la transformación urbanística de los terrenos y más en particular que no se ha justificado que exista en Valladolid la necesidad de ampliar el suelo con destino residencial y especialmente que sea necesaria la construcción de casi nueve mil viviendas más”.

Es decir, un varapalo a los sueños urbanísticos de León de la Riva. Pero no es sólo este golpe judicial. Es la tercera sentencia que echa por tierra ampliaciones residenciales o de centros comerciales. En febrero pasado, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la posibilidad de construir otras 4.610 viviendas en la zona conocida como el Páramo de San Isidro. El argumento que se utilizó en esta ocasión era el mismo que el de no hay justificación para ampliar la zona urbanizable de la ciudad.

Una de las empresas más importantes del sector del ibérico español, Incaher Don Saturnino, ha salido del concurso de acreedores que presentó hace dos años. En aquel momento, y según han reconocido fuentes de la empresa, la decisión de presentar el concurso voluntario se basó en la falta de liquidez y la deuda bancaria, situaciones que habían ahogado a una de las empresas del sector con mayor crecimiento de los últimos años.

Los datos que se aportaron ante el Juzgado de lo Mercantil de Salamanca fueron claros: la sociedad Incaher Don Saturnino tenía un pasivo superior a los 40 millones de euros y sus principales acreedores eran entidades financieras. Esa cantidad se destinó, casi en su totalidad, a financiar el proceso de ampliación industrial de la empresa.

La junta de acreedores de la empresa ha aprobado hace unas semanas una propuesta de convenio, con el apoyo del 93% de sus acreedores, que consiste en una quita del 50 por ciento de los créditos ordinarios y una espera de diez años, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso La Meseta.

José Antonio de Santiago Juárez, portavoz de la Junta de Castilla y León, tiene acostumbrado a esta región a ser el látigo de la oposición o de todos aquellos que se metan contra el PP o contra su propio Gobierno. Pero no era tan dado a arremeter contra los suyos, salvo que le pregunten por el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva. 

Hoy, tras el Consejo de Gobierno de la Junta, De Santiago Juárez ha sido el látigo de Esperanza Aguirre. No le debe haber sentado muy bien que la expresidenta de la Comunidad de Madrid pidiera a Rajoy una "reforma radical" de la Administración.

Ni corto ni perezoso se ha lanzado contra ella. Sin miramientos. Sin contemplaciones. José Antonio de Santiago le ha dicho a Esperanza Aguirre, quien tiene intereses personales en esta Comunidad Autónoma -en concreto, su marido tiene fincas en Salamanca-, que si las encuestas dicen que el PP de Madrid se desplomaría si hoy hubiera elecciones alguna responsabilidad tendría ella sobre esos resultados.

La Fiscalía de Valladolid ha empezado a moverse por las acciones preferentes. Si hasta ahora sólo había intentos de denuncias y pretensiones de abrir diligencias, la Fiscalía de Valladolid ha sido la primera en tomar cartas en el asunto. Así, según han confirmado a La Meseta fuentes judiciales, la fiscal jefe vallisoletana considera que el valor nominal, de salida, en la emisión de acciones preferentes por parte de Caja España y Caja Duero, entre 2003 y 2009, es “superior al de mercado”.

Por ello, y tras un escrito de denuncia que presentó el 16 de abril la Unión de Consumidores (UCE), la Fiscalía considera que hay, por lo menos 25 casos que podrían ser constitutivos de un delito de estafa.

Esta medida judicial ha sido confirmada por el propio presidente de UCE en Castilla y León, Prudencio Prieto, quien a la vista de esta respuesta judicial se van a presentar denuncias en todas las provincias de esta región.

Los trabajadores de las viejas Caja España y Caja Duero, hoy unidas en el Banco Ceiss, han dicho basta. Y han comenzado las protestas y concentraciones en contra de una decisión empresarial de despedir a 1.500 trabajadores como paso previo a ser absorbidos por Unicaja, la entidad que preside Braulio Medel.

El día 30 de este mes, es decir, en menos de una semana, puede que haya ‘fumata blanca’ para determinar las condiciones en las que quedará la entidad de Castilla y León, pero las previsiones son atronadoras para el futuro laboral de sus empleados: se pretende el cierre de todas las oficinas de fuera de esta Comunidad Autónoma, a excepción de las de Madrid, y el despido de esos 1.500 trabajadores. Pero, ¿qué ocurrirá cuando Unicaja se quede con Banco Ceiss?

Y es que los resultados económicos de la entidad resultante de la fusión de Caja Españay Caja Duero son muy negativos: el ejercicio de 2012 se cerró con unas pérdidas de 2.557 millones (frente a los 29 millones de beneficios de 2011) tras destinar casi 3.000 millones a provisiones para cumplir con las exigencias para sanear el sector financiero y por el traspaso de activos a la Sareb o ‘banco malo’.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado un varapalo judicial a Victorino Alonso, conocido como el ‘rey del carbón’ por tener las dos minas más grandes del país y 2.100 trabajadores. La Sala de lo Social de este órgano judicial ha declarado nulo el despido colectivo de 29 trabajadores del Grupo Salgueiro de Unión Minera del Norte (UMINSA), sociedad del Grupo Alonso. Además, ha obligado a la empresa a readmitirles en las mismas condiciones en las que estaban antes, mientras que a los empleados les obliga a que devuelvan las indemnizaciones, si las hubieran percibido.

El Tribunal además obliga al grupo a que abone a los empleados los salarios que han dejado de percibir desde que fueron despedidos el pasado 5 de febrero, según la sentencia a la que ha tenido acceso La Meseta.

El 4 de enero de 2013, se comunicó a los trabajadores del grupo Salgueiro, ubicado en Torre del Bierzo (León), la apertura del expediente de consultas para despedir a 29 trabajadores por causas económicas y productivas. Los representantes sindicales, de UGT y CCOO, reclamaron la nulidad del despido colectivo decidido por la empresa UMINSA para sus trabajadores del Grupo Salgueiro, basándose en tres motivos: “la no realización del período de consultas y no entrega de la documentación prevista”; “la adopción de la decisión extintiva con fraude, dolo o abuso de derecho (alegan los actores que la empresa ha ocultado su auténtica dimensión en cuanto integrante de un grupo de empresas, viciando con ello el proceso de despido colectivo); y “la vulneración de derechos fundamentales y libertados públicas”.