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Periodismo a pesar de todo

Justino Sanchón

Soy un periodista que siempre ha buscado la noticia, y siempre en Castilla y León. Salamanca, Zamora, Valladolid…

He trabajado en medios salmantinos como El Adelanto, La Gaceta o Tribuna; zamoranos, como La Opinión y El Correo; y vallisoletanos, como El Mundo de Valladolid y El Día. También he estado en el mundo de la comunicación, como responsable de prensa de la Confederación Hidrográfica del Duero y del Consejo de Abogados de Castilla y León.

El “comentario machista” de León de la Riva, que “roza el carácter delictivo” y “viola la dignidad de la mujer”

Francisco Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid.

Es así. Un volcán o un terremoto. Es Francisco Javier León de la Riva, ginecólogo de profesión y alcalde de Valladolid desde 1995. Es decir, que lleva al frente del Ayuntamiento vallisoletano 20 años, sin que nadie le haya hecho sombra, ni dentro ni fuera del partido. Y siempre rodeado de polémica. Por exabruptos, por no callarse, por insultar o por defender. Siempre en el ojo del huracán. No se sabe bien si por convicción o por devoción. De forma concreta, se desconoce si es provocador o si le pierde la verborrea. Pero, independientemente de ello, gana elecciones, y por mayorías absolutas.

Su idea es que “dejaría de ser yo si no dijera lo que pienso”. Y lo dijo. En una entrevista que le hicieron en Onda Cero Valladolid, le preguntaron por los avances en la investigación por una violación perpetrada en la capital vallisoletana en agosto. Su respuesta: “No podemos tener a las seis de la mañana en cada parque de la ciudad a un policía por si pasa algo. Yo no voy a justificar una actuación contra una mujer ni contra un hombre en ningún caso, pero hay veces que a las seis de la mañana un mujer sola tiene que cuidar un poco por donde va”. Ese fue el contexto. Y esa fue la respuesta.

Nueva pregunta sobre las recomendaciones del Ministerio de Interior para las mujeres. Su respuesta: Hay veces que en un ascensor a mí me da cierto reparo entrar, depende con quién me encuentre dentro. Porque hay veces que el fenómeno puede ser al revés. Tu piensa que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir”. Ese fue el contexto. Y esa fue una nueva respuesta.

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"Si León de la Riva gana elecciones por mayoría absoluta, ¿quién lo va a quitar?"

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Francisco Javier León de la Riva, que fue ginecólogo de Ana Botella cuando ella vivía en Valladolid durante el tiempo en el que José María Aznar fue presidente de la Junta de Castilla y León, es como un virrey del siglo XV. Un dirigente de los que piensa que en las elecciones "se le vota a él". Y un alcalde que fue capaz de enfrentarse al entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, por la llegada del AVE a Valladolid. Pero ese carácter indomable también lo hace extensible a su propio partido. Nadie se atreve a replicarle. Y el que lo haga puede tener fecha de caducidad política.

Las mujeres del PP también son de las que prefieren callar, de las que evitan pronunciarse públicamente. Aunque bajo la promesa de no citar sus nombres, reconocen que "son declaraciones deleznables". Como también lo exclamaron cuando León dijo de la que fuera ministra de Sanidad y Política Social con el Gobierno de Zapatero, Leire Pajín: "cuando le veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí".

Pero ninguna de ellas habla de forma pública. Incluso la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, que siempre se ha caracterizado por no callarse ante declaraciones humillantes contra las mujeres, en esta ocasión lo ha hecho. Y ha preferido el silencio a contestar los exabruptos de León de la Riva.

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La Comisión Europea desconoce la intención del Gobierno de prolongar la vida de la nuclear de Garoña

Fachada de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, en el norte de Burgos.

Un olvido o una negligencia. O un paso más para conseguir prolongar la vida de la central nuclear de Garoña, en el norte de Burgos. O un respaldo a las eléctricas que son propietarias de las plantas nucleares de España. La realidad la ha puesto de manifiesto la Comisión Europea, que desconoce las intenciones del Gobierno de Mariano Rajoy de prolongar la vida de Garoña.

Así, según un comunicado del PSOE de Burgos, “el Gobierno incumple su obligación de comunicar a la Comisión Europea los proyectos de actividades nucleares mientras procura la renovación de Garoña”, ya que el vicepresidente de la Comisión Europea, Günther Oettinger, deja claro, en una respuesta a la europarlamentaria socialista, la castellano-leonesa Iratxe García, que “aún no ha recibido la notificación por parte de España en el marco del artículo 41 del Tratado Euratom”. Según este artículo, los estados miembros deben comunicar a la Comisión Europea los proyectos de inversión relativos a las actividades nucleares.

Sin embargo, sí está al corriente de las distintas modificaciones que el Gobierno ha realizado para propiciar la renovación de la solicitud de explotación de Garoña y su intento de prolongación de su vida útil hasta 2032

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El movimiento Ganemos se moviliza para entrar en los ayuntamientos de Castilla y León

Asamblea de 'Ganemos Valladolid', celebrada a finales de julio. Foto: facebook de 'ganemosvalladolid'.

La izquierda se moviliza para entrar en los ayuntamientos de Castilla y León. Colectivos sociales, vecinales, sindicales, además de partidos de izquierdas están moviendo el llamamiento Ganemos. Y así ya está formalizado en Valladolid y está dando sus primeros pasos en Salamanca y en Burgos.

En la capital vallisoletana, el primer paso lo dio el movimiento ‘ Valladolid toma la palabra’, ya que a finales de junio se presentó en la plaza de la Universidad con la intención de "pensar en la ciudad que queremos para ir construyendo un programa común".

Más tarde surgió ya el llamamiento Ganemos Valladolid, con la intención de presentarse a las elecciones municipales, porque tal y como definió María Velázquez, portavoz de este movimiento, a eldiario.es, "la democracia empieza desde lo más cercano". Por el momento, tiene el respaldo de Equo, aunque IU no concretará su apuesta hasta mediados de septiembre. Y Podemos podría incorporarse en breve.

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Hoja Parroquial de Vitigudino: “El acto sexual debe tener lugar solo en el matrimonio. Fuera de él es pecado grave"

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Celebración del Corpus, en el municipio de Vitigudino (Salamanca).

Ya hay una justificación a una decisión eclesiástica. Los párrocos de la iglesia de San Nicolás de Bari, en Vitigudino (Salamanca), “Paco, Ángel y José Antonio”, se han retratado. Y no solo lo han hecho en la persona de María del Carmen –a la que no dejaron ser mayordoma por “vivir en pecado”, es decir, vivir con su pareja sin estar casada-, sino que lo han dejado por escrito.

En la Hoja Parroquial, a la que ha tenido acceso La Meseta, del día 27 de julio, cuando prohibieron a María del Carmen ser mayordoma, los tres sacerdotes publican un extenso artículo que titulan “Parejas de hecho y católicos divorciados vueltos a casar, su relación con la Eucaristía”. Un texto en el que quedan retratados, en el que muestran su opinión sobre las parejas de hecho unidas a algunos textos promovidos por la Iglesia.

Y lo comienzan justificando los motivos del artículo: “ante la proliferación, por desgracia, cada vez más frecuente de bautizados que deciden de mutuo acuerdo llevar una vida familiar sin ningún tipo de compromiso civil (uniones libres o parejas de hecho), o simplemente regularizando su unión conyugal con un contrato civil (matrimonio civil)”.

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Una mujer no puede ser mayordoma en la parroquia de Vitigudino (Salamanca) por “vivir en pecado”

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Celebración del Corpus, en el municipio de Vitigudino (Salamanca).

Su pecado, vivir con su novio y no estar casado. Su devoción, acudir a un acto centenario, a una tradición en su pueblo de Salamanca, en Vitigudino, en las puertas de Las Arribes. Pero hubo un impedimento, los curas no la dejaron por “vivir en pecado”.  En una palabra, que esta mujer, de nombre María del Carmen, no pudo seguir una tradición religiosa por impedimento de los tres curas de la parroquia San Nicolás de Bari, de la localidad vitigudiense.

La semana pasada, la cofradía Villa de Vitigudino, con 70 miembros y de 160 años de tradición, votó que esta mujer, y otra más, fueran mayordomas, es decir, que hasta el próximo Corpus Christi, en 2015, fueran la encargada de cuidar el Cristo, así como la conservación del palio, que sale en procesión en los meses de mayo o junio, y la decoración del altar durante todo el año.

En la votación, realizada en la Cofradía Villa de Vitigudino, estuvo presente uno de los tres curas de este municipio, José Antonio Andújar, que no tiene voto, pero que vio el discurrir del acto. Sin embargo, en ese momento, “desconocía la situación real de la chica”, según declaró a salamancartvaldia.com. Una mujer que lleva viviendo varios años con su novio.

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Los miembros del Consejo Social de la Universidad de Salamanca no podrán recibir regalos de más de 150 euros

Fachada del edificio histórico de la Universidad de Salamanca.

Se trata de un Código Ético y de Buen Gobierno. O dejar por escrito unas normas que deberían ser de obligado cumplimiento. Pero la Universidad de Salamanca quiere atajar posibles problemas de futuro. O que se hayan encontrado alguno en el pasado y quieran poner coto. La realidad es que el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) del día 23 de julio publicó el “Código Ético y de Buen Gobierno del Consejo Social” de la Universidad de Salamanca.

Uno de los puntos esenciales es el que se refiere a los regalos que puedan recibir los miembros del Consejo Social de la Universidad de Salamanca, que preside Ignacio Sánchez Galán, salmantino del municipio de Villavieja de Yeltes y presidente de Iberdrola. Así, sus miembros -representantes del empresariado, sindicalismo y de las administraciones públicas de Castilla y León- no podrán recibir ni regalos ni obsequios cuyo valor supere los 150 euros.

Esta norma será aplicable, según el Código Ético, “a todos los miembros del Consejo Social independientemente de la entidad o ente que los designe”, además será aplicable a sus miembros pero “en su actuación como miembros de patronatos de fundaciones o de órganos de gobierno y administración de sociedades propias o participadas por la Universidad".

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La Administración actuó con “temeridad” al sancionar a un forense de Salamanca con un año sin empleo ni sueldo

Fachada del edificio de los Juzgados de Salamanca.

La Administración vulneró derechos de un funcionario expedientado. Quizá esta frase sea frecuente en sentencias de lo contencioso-administrativo. Pero es llamativo que en un fallo judicial se hable de “temeridad” por parte de quien administra a los trabajadores públicos. Y esa palabra implica la imposición en costas, es decir, que la Administración debe pagar el coste judicial del procedimiento seguido. O lo que es lo mismo, que se abonará con dinero público.

Un médico forense de Salamanca, que hoy trabaja en otros juzgados de Castilla y León, no ha parado hasta conseguir que lo que él creía desde el principio: que había persecución por parte de una parte de sus compañeros. Y no solo ha logrado respaldo judicial, sino que ha cosechado una sentencia que llama temeraria a la Administración.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de anular una sanción administrativa que se había impuesto al forense Manuel Sola de un año de suspensión de empleo y sueldo. Los motivos argumentados por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia fueron los de “desconsideración con los superiores”. La tesis utilizada por los tribunales para anular esa sanción es que hubo indefensión por el médico forense y que se actuó contra él con “temeridad”.

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Los sobresueldos a funcionarios de la Junta de Castilla y León llegan a la Fiscalía Anticorrupción

El presidente de la Junta de Castila y León, Juan Vicente Herrera (dcha.), conversa con el portavoz del PP Carlos Fernández Carriedo (izq.), en un pleno de las Cortes regionales.

Lo que era una denuncia pública se ha convertido en judicial. La investigación ya no será política, sino que serán los tribunales los que deban investigar el denominado ‘caso de las bufandas’. Esto es, un dinero que recibe un "grupo selecto" de funcionarios de la Junta de Castilla y León. Son gratificaciones. Ayudas. Ahora bien, se desconocen los motivos, salvo que se otorgan por funciones que se realizan fuera de su horario de trabajo.

Si hace unas semanas, el PSOE se unía a la Junta de Personal de Servicios Centrales del Gobierno de Castilla y León para denunciar públicamente, y políticamente, este "chanchullo más" –tal y como dijo el procurador socialista Pedro González-, ahora es el colectivo que reúne a cinco sindicatos –CSIF, CGT, CC OO, UGT Y USAF- el que ha llevado, de forma unánime, este caso a la Fiscalía Anticorrupción.

En el escrito, firmado por el presidente de la Junta de Personal, Marcial Barba, se denuncia el pago de supuestos "sobresueldos" a trabajadores públicos, para lo que se utiliza el argumento de "gratificaciones extraordinarias por tareas fuera de su horario de trabajo". Es decir, lo que ya se conoce en medios periodísticos y políticos como 'bufandas'.

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811 adjudicaciones de 7 millones de euros para empresas de un empleado del Ayuntamiento de Valladolid

El presidente del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, tras presentar la denuncia ante la Fiscalía.

Cada vez que se conocen más datos, más sospechas surgen. Dudas que se acercan a la certeza de que en torno a las adjudicaciones de contratos menores de obras en el Ayuntamiento de Valladolid estaba una familia, la del ex jefe de Mantenimiento del Consistorio vallisoletano. Si hace dos semanas, el PSOE desveló contratos irregulares, lo llevó ante los tribunales e, incluso, amplió en dos ocasiones la denuncia, ahora todo se amplía y las sospechas se acrecientan.

Según los datos dados a conocer por el Grupo Socialista, la cuantía de los contratos menores adjudicados por el Ayuntamiento a la “trama corrupta” vinculada al ex-jefe de Mantenimiento supera ya los 7 millones de euros, con la detección de otros 269 contratos en el periodo 2000-2006.

Así, los 269 contratos conocidos ahora se suman a los 542 ya denunciados en la última semana  por el Grupo Municipal Socialista, haciendo un total de 811, “por los que el entramado de empresas familiar cobró la friolera de 7.097.437,40 euros de fondos públicos”.

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