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Justino Sanchón

Soy un periodista que siempre ha buscado la noticia, y siempre en Castilla y León. Salamanca, Zamora, Valladolid…

He trabajado en medios salmantinos como El Adelanto, La Gaceta o Tribuna; zamoranos, como La Opinión y El Correo; y vallisoletanos, como El Mundo de Valladolid y El Día. También he estado en el mundo de la comunicación, como responsable de prensa de la Confederación Hidrográfica del Duero y del Consejo de Abogados de Castilla y León.

Condenan en Ávila a Bankia a devolver más de 50.000 euros por perjuicio en la compra de acciones en 2011

Hubo un quebranto patrimonial. O mala información. Lo que está claro es que el dinero que gastó un pequeño inversor en Caja Madrid se hizo con la idea de un posible beneficio económico de la entidad, cuando la realidad es que ya estaba en pérdidas.

En una de las primeras sentencias de este tipo en Castilla y León, un inversor consigue que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arévalo (Ávila) condene a Bankia a devolver más de 50.000 euros por perjuicio patrimonial.

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La Junta de Castilla y León pagó un sobrecoste de 30 millones de euros por un edificio de oficinas en Valladolid

Nuevo sobrecoste. Nueva justificación. Aunque se pague una mayor cantidad económica por una obra o por un edificio, la Junta de Castilla y León, en manos del PP desde hace 28 años, siempre encuentra un argumento para justificar ese incremento en el pago, a través del dinero público.

La investigación sobre la compra del edificio que alberga la sede de la Agencia de Desarrollo de la Junta de Castilla y León –antes, la Agencia de Desarrollo Económico (ADE)- depara sorpresas cada vez que se conoce un informe. La Cadena Ser de Castilla y León desveló ayer que un informe de la Agencia Tributaria reconoce que por ese inmueble se pagaron nueve millones más de los 60 abonados por la Junta de Castilla y León. Y este incremento del valor final se debió, según ese informe, a argumentos como “imputación de la carga financiera incurrida durante la ejecución de la edificación del edificio de oficinas”.

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Nuevo sobrecoste de 218 millones para el Hospital de Burgos que el Gobierno regional ve como “mejoras”

Ya no es desfase presupuestario. Ya no es sobrecoste. Ni siquiera mala gestión. Ni un precio sobrevalorado. Ahora se trata de “mejoras”. El Hospital Universitario de Burgos tuvo un nuevo modificado presupuestario, por 218,4 millones de euros, que aprobó el Gobierno de Castilla y León el pasado mes de diciembre, según ha denunciado hoy el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca. Una ampliación que fue ocultada por el Ejecutivo regional y que se conoce a través de un informe del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Sin embargo, para el consejero de Sanidad de esta comunidad autónoma, Antonio María Sáez, esto no es un sobrecoste sino “mejoras” que se han acometido en el nuevo Hospital de Burgos, y que están relacionadas con el número de camas, las consultas y su equipamiento. Es decir, que para el consejero, se puede ampliar en 218 millones el coste del nuevo complejo hospitalario con el fin de “hacer un hospital mejor”.

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Investigan las cuentas personales del exnúmero dos de la Consejería de Economía de Castilla y León

Un edificio que no para de generar informaciones. Y dudas. Y sospechas. Y ahora hasta investigaciones judiciales. El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid quiere investigar las cuentas personales de Rafael Delgado Núñez, el que fuera número dos de la Consejería de Economía durante 8 años –entre julio de 2003 y julio de 2011- y, por tanto, mano derecha del actual consejero Tomás Villanueva.

El origen de estas investigaciones está en la compra de un edificio en el municipio de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, por parte de esta Consejería por un valor de 60 millones de euros, con el IVA incluido, un valor superior a la tasación que hizo la Consejería de Hacienda, que era de 40 millones de euros.

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Las sospechas siguen abiertas sobre los préstamos de Caja España a su expresidente

Es una de las guerras judiciales abiertas en Castilla y León. Otra más sobre la gestión de las antiguas cajas de ahorro. Una más sobre los pasos previos a aquel ‘músculo financiero’ que se quiso implantar desde la Junta de Castilla y León.

Desde que en 2011, IU y Ecologistas en Acción dieron el paso de denunciar la gestión de la antigua Caja España, antes de fusionarse con Caja Duero, que hoy es Unicaja, se tomaron decisiones judiciales. Pero todavía, cuatro años después, nadie aclara los motivos por los que se concedieron préstamos millonarios, y se renegociaron, con el que fuera presidente de la entidad leonesa, el empresario Santos Llamas. Casi nadie lo trata de esclarecer. Salvo los peritos del Banco de España, quienes reconocen ante el Juzgado de Instrucción número 5 de León que la refinanciación de estos créticos responde a “razones inexplicables, ya que ni siquiera superaban el informe de riesgos elaborado” por la propia Caja España.

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La acusación quiere lejos de la hija de Isabel Carrasco a la policía local relacionada con su asesinato

Si la vida política de Isabel Carrasco, la expresidenta de la Diputación de León y del PP en la provincia leonesa, fue considerada siempre como azarosa, la investigación por su asesinato no está siguiendo un camino de rosas.

Hasta ahora están en prisión las dos principales sospechosas del asesinato, que ya han confesado su participación. Montserrat González es la autora confesa, ya que llegó a declarar que la mató “por venganza” y porque “había hecho mucho daño” a su familia. Su hija, Montserrat Triana, también pudo participar en el asesinato como acompañante de la madre y como la persona que hizo desaparecer la pistola. Según su declaración, la entregó a una amiga. Esta, según los primeros indicios, era Raquel Gago, una agente de la Policía Local de León.

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Itacyl: un organismo público de Castilla y León que utiliza “indebidamente” la fórmula de patrocinio publicitario

Un ente público creado a las faldas de las administraciones siempre ha generado dudas, no solo de gestión económica, sino de funcionamiento ético. Siempre ha estado en las sospechas, en el juego político de denuncias públicas y judiciales. Pero, en la mayoría de los casos, se libran de que se concrete la duda.

Es el caso del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, adscrito a la Consejería de Agricultura y Ganadería que dirige la segoviana Silvia Clemente.  Un ente de derecho privado que está navegando entre dudas, incluso planteadas por el Consejo de Cuentas de esta Comunidad Autónoma, y a cuyo frente está el exprocurador del PP por Salamanca, Jesús Encabo. Si en octubre pasado planteaba más que sospechas a su gestión, esta semana Encabo compareció ante las Cortes regionales y dijo con rotundidad, en el Informe de Fiscalización de la gestión del ente público de derecho privado Itacyl, del ejercicio 2011, que “no ha elaborado en el año 2011 un plan de actuación para llevar a cabo las encomiendas de gestión”.

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8.000 euros de multa por hacer catas sin permiso a la empresa que abrirá minas de uranio en Salamanca

Un varapalo más simbólico que económico. Pero se trata de una advertencia, un aviso de que las organizaciones ciudadanas no se quedarán quietas mientras se abra la tierra para la búsqueda de uranio en la provincia de Salamanca.

El Ayuntamiento de Retortillo multó a la empresa Berkeley con 8.000 euros por realizar catas sin permiso municipal. Según dio a conocer la plataforma ciudadana Stop Uranio, esta empresa “realizaba las perforaciones del terreno, catas y sondeos en el término municipal de Retortillo, sin solicitar la licencia al Ayuntamiento y en consecuencia carecer del permiso correspondiente”. Todo ello, buscando el uranio para lo que ya se le están concediendo las autorizaciones.

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Sanción ejemplar de 134.000 euros del Gobierno regional a la empresa que sirvió gusanos en colegios de León

Primero fue un “esto no puede volver a ocurrir”, que no vuelvan a aparecer gusanos en la sopa de colegios de León y de Segovia. Luego, la Junta de Castilla y León renueva el contrato con la empresa que sirvió esos platos de comida. Y ahora, que el Gobierno regional aprueba una sanción ejemplar: 134.601 euros por incumplimientos en la legislación alimentaria.

El Ejecutivo de Castilla y León anunció ayer, a través de una nota de prensa, que finalizaba la “tramitación de los expedientes incoados a través de las consejerías de Sanidad y de Educación a la UTE Serunión-Grupo Lince Asprona, con motivo de los incidentes alimentarios acaecidos el 9 de octubre de 2014 en seis comedores escolares de las provincias de León y Segovia”. Y que como consecuencia de esos expedientes se decía sancionar, de forma solidaria a la UTE, con una multa de 134.601 euros por incumplimientos de la legislación alimentaria.

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El Juzgado investiga al director de Fomento de la Diputación de Salamanca, amigo de Mañueco, por supuesto cohecho

La Diputación Provincial de Salamanca está en el ojo del huracán. Una tormenta que inició el propio equipo de Gobierno, presidido por Javier Iglesias (PP), y azuzada por el Grupo Socialista con kilos de documentación.

La pasada semana, el Juzgado de Instrucción número uno de Salamanca admitió a trámite, según confirman a La Meseta fuentes judiciales, una denuncia interpuesta por la Fiscalía salmantina en la que daba a conocer una serie de posibles irregularidades en el área de Fomento de la Diputación Provincial salmantina, que dirige un funcionario “amigo” de Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca, secretario general del PP en Castilla y León y presidente del Comité de Derechos y Garantías.

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