Caldas y los hermanos Zaldívar quedan en libertad tras pagar sus fianzas
El juez instructor del caso Malaya dictó este jueves libertad con cargos bajo fianza de 50.000 euros para el empresario José María González de Caldas, mientras que los hermanos Mayte y Jesús Zaldívar abandonaron las dependencias policiales tras pagar 90.000 y 50.000 euros, respectivamente. Pasadas las 22:00 horas, el juez Miguel Angel Torres decretó libertad bajo fianza de 50.000 euros para el ex presidente del Sevilla C.F., que abandonó el juzgado tras abonar la citada cantidad.
Además, poco antes de esta medianoche, el juez instructor del caso Malaya dictó libertad con cargos previo pago de otros 50.000 euros para Francisco Zambrana, y las misma medidas para el empresario Eusebio Sierra y para Miguel López Benjumea a quienes impuso fianzas de 30.000 euros a cada uno. Sierra, López Benjumea y Zambrana quedaron también en libertad con cargos esta noche tras depositar las cantidades establecidas por el juez.
Durante la jornada de este jueves, el juez continuó tomando a otros cuatro acusados del total de doce personas detenidas en la tercera fase de la Operación Malaya. Tras las comparecencias, el pasado miércoles, de cuatro imputados -todos en libertad bajo fianza, entre ellos los hermanos Zaldívar-, este jueves el juez Torres tomó declaración a otros cuatro: Eusebio Sierra, José María González de Caldas, Miguel López Benjumea y Francisco Zambrana, todos acusados de un delito de cohecho.
Dos acusados más: Francisco Ramírez, funcionario judicial, y José María Enríquez, empresario de la construcción, prestarán declaración a partir de la una de la madrugada, informaron fuentes judiciales. Este viernes está previsto que comparezcan ante el juez el italiano Giovanni Piero Montalo y el empresario de la construcción José Miguel Villarroya Villar, quien se entregó voluntariamente al juez.
Este jueves, los hermanos Zaldívar quedaron en libertad después de que sus familiares abonaran las fianzas de 90.000 y 50.000 euros, respectivamente, impuestas por el juez, que les imputa delitos de blanqueo de dinero.
“Sin explicación aparente” por el nivel de vida
Por otra parte, según consta en el tomo 33 del sumario, un informe elaborado por la Policía alertó sobre el nivel de vida del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y la que fuera su mujer, Mayte Zaldívar, cuyo balance de cobros y pagos resultaba “negativo casi de forma continua”. El documento, en el que los investigadores no encuentran “explicación aparente que justifique el nivel de vida de ambos miembros del matrimonio”, llama la atención sobre el tipo de inversiones realizadas por Julián Muñoz, entre las que cita 52.500 euros en pagos a una joyería en 2003, y aclara que “es de notorio conocimiento su afición a los relojes de la marca Rolex”, y los 62.100 euros invertidos en tres años en Fórum Filatélico.
Por otro lado, continúan las reacciones a la petición de la Junta de derribar las 334 casas ilegales de Marbella, como la del consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, quien, en Granada, respondió al PP, formación que el pasado miércoles consideró que dicha petición genera “enorme inquietud y alarma” entre la ciudadanía. Zarrías señaló que lo que realmente genera “alarmismo” es que no se cumplan las resoluciones judiciales y agregó que la Junta va a utilizar “todos los mecanismos” y no va “cejar en el empeño” para que el urbanismo discurra por los principios de legalidad y por el estricto cumplimiento de la ley.
Desde Cádiz, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, aseguró este jueves que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, tiene una “responsabilidad política grandísima” en lo ocurrido en el Ayuntamiento de Marbella y le acusó de “dejación de funciones y ser un desastre en los controles urbanísticos”. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, apoyó la petición de la Junta, mientras que los promotores de Málaga son contrarios a demoler y plantean la alternativa de que los dueños registrales de los bienes compensen a la ciudad por la ocupación de zonas de equipamiento, según dijo el presidente de la Asociación malagueña de Constructores y Promotores, José Prado.
El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, que compareció en calidad de imputado por presuntas irregularidades en convenios urbanísticos ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad, Carmen Rodríguez Medel, por una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, mantuvo que su tarea en Planeamiento era “dar informes que no eran vinculantes porque se remitían a la Junta, que podía decir si estaban bien o mal”, según explicó a los periodistas su abogado.
