Canaragua devolverá a Arona la mitad del dinero que se le exigía
La empresa Canaragua concesionaria del servicio de agua en el municipio de Arona ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a devolver 525.000 euros al Ayuntamiento por determinados ajustes en el cobro del servicio durante los años 2008 y 2009.
En principio la Corporación local solicitaba que se le devolvieran más de un millón de euros. Sin embargo ahora, pese a que la empresa tendrá que devolver estas cantidades al Ayuntamiento, lo cierto es que el TSJC le da la razón en cuanto a la cifra fijada. Desde un principio Canaragua defendió que debía abonar 144.500 euros en concepto de amortización de las instalaciones durante 2008 y 380.600 por la anualidad de 2009.
La empresa pretendió en el primero de estos ejercicios aplicar un incremento en las tarifas del 3,6%, a lo que se negó el Ayuntamiento apelando a la crisis económica y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y caída de turistas, así como la subida de impuestos estatales. Para compensar a la concesionaria el Ayuntamiento en vez de permitir una subida de los precios introdujo una bajada en los costes que sin embargo nunca se llegó a aplicar. Canaragua aceptó la propuesta de la Corporación local e incluso introdujo un fondo de renovación a favor de la misma por cada metro cúbico facturado que en 2009 llegaba a los 0,05 euros y que en ese ejercicio sumó 380.000 euros.
Posteriormente el Ayuntamiento en pleno aprobó a finales de 2009 una propuesta para que la empresa devolviera 658.500 euros más la parte proporcional del nuevo canon correspondiente a ese año, así como 380.615 a partir de 2009, todo ello en concepto de amortización lineal de las obras hidráulicas ejecutadas por la Corporación local.
En primera instancia los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento, aunque al final la empresa ha hecho valer su punto de vista frente al TSJC. La cifra final viene derivada de restar lo que se obtiene por no haber actualizado el Ayuntamiento los precios durante un año lo que dio lugar a pérdidas económicas en las cuentas de la concesionaria.
“Tal desequilibrio tendría su origen tanto en el retraso municipal respecto de la tramitación de los expedientes administrativos preceptivos, como en la propia decisión municipal de atender la revisión de precios a que Canaragua tiene derecho. Y además hacerlo no mediante una modificación tarifaria sino a través de un reajuste de costes, que posteriormente no fue tal ya que no se aplicó sobre el período para el que se solicitó”.
