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NC defenderá un voto particular al dictamen de la ley turística para las islas occidentales

Román Rodríguez asegura que apoyará la propuesta original del Cabildo palmero “adulterada” por las enmiendas de CC y PSOE de dudoso encaje legal

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El diputado de Nueva Canarias, Román Rodríguez, interviene en el pleno del Parlamento de Canarias. EFE/Ramón de la Rocha

El diputado de Nueva Canarias, Román Rodríguez. EFE/Ramón de la Rocha

Nueva Canarias (NC) defenderá en el primer pleno del nuevo curso parlamentario de la próxima semana el voto particular al dictamen de la proposición de ley turística para las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

La formación recuerda que esta Ley autoriza 33 hoteles, seis anulados por el Tribunal Supremo; cinco campos, todos también anulados por el mismo tribunal; además de incluir tres puertos deportivos y una decena de artículos de la futura ley del suelo, cuya tramitación parlamentaria aún no ha comenzado.

El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, defenderá la proposición de ley original, impulsada por el Cabildo de La Palma, "adulterada con posteridad, y en su totalidad," a través de las enmiendas de CC y PSOE con dudas sobre su encaje en la legislación básica y su adecuación a la Constitución.

Según explica NC, el voto particular deja constancia de los motivos, desde el punto de vista de los contenidos y del procedimiento seguido, por los que rechaza el dictamen aprobado a finales del pasado mes de julio por la comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, a la Proposición de Ley del Cabildo de La Palma para la Modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley sobre Medidas de Ordenación Territorial de la Actividad Turística de las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

Rodríguez ratificará el apoyo de NC a la toma en consideración del texto inicial, como solicitó al plenario el presidente del Cabildo palmero, Anselmo Pestana.

Sin embargo,  el partido rechaza las enmiendas de los grupos del Ejecutivo "porque no tienen nada que ver" con la propuesta del Cabildo, según el portavoz.

En el voto particular, se detallan todos los pasos seguidos por NC, en base al Reglamento de la Cámara y a la Ley del Consejo Consultivo de Canarias, para “tratar de informar sobre la legalidad” de las enmiendas que alteran la citada proposición de ley. Procedimientos dirigidos a los órganos de gobierno de la comisión y del Parlamento, que "han sido rechazados o ignorados,” recalcó.

Hace referencia a la solicitud a la Mesa de la Cámara para acceder al informe del letrado sobre la adecuación de las enmiendas a la “debida homogeneidad y conexión” con la iniciativa legislativa en trámite.

También recoge otra petición a la mesa de la comisión para que propusiera a la Mesa de la Cámara que el Consultivo realizara un dictamen excepcional sobre la adecuación constitucional y estatutaria del informe de la ponencia. Así como dos demandas más dirigidas también al órgano de gobierno y, la más importante, directamente a la Presidencia del Legislativo, como dispone el artículo 14 de la ley del Consultivo, para que esta última recabara el dictamen del Consultivo denegado por la mesa de la comisión.

Román Rodríguez, a través de la defensa del voto particular, hará constar las “preocupantes” consecuencias de dos de las nuevas determinaciones incluidas. Una, la disposición adicional primera del dictamen que introduce, con pequeñas modificaciones, la figura de los proyectos de interés insular del polémico proyecto de ley del suelo, cuya tramitación parlamentaria aún no ha comenzado, y sobre el que existen dudas sobre su adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

Para Nueva Canarias,  “lo más grave,” es la disposición adicional segunda, con la que se declara por ley como “de interés insular, a los efectos de la tramitación de instrumentos de planificación singular turística,” un conjunto nominado de actuaciones territoriales. Se trata de los cinco campos de golf y 33 hoteles, 21 de ellos en suelo rústico, y tres puertos deportivos.

El portavoz parlamentario insiste en que la sección quinta de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de mayo de 2015, anula los cinco campos de golf y seis de los 33 hoteles, declarados ahora de interés insular.

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