Golpe canario al centralismo del PP
In extremis. Solo cinco minutos antes de que los representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) se reunieran con el presidente Paulino Rivero en Santa Cruz de Tenerife, los negociadores de la Consejería de Presidencia, con el consejero Francisco Hernández Spínola a la cabeza, pactaron con los alcaldes los flecos del texto definitivo de la Ley Reguladora de los Municipios de Canarias.
Un texto legal que se remitirá en septiembre al Parlamento de Canarias y que tiene por objetivo “acabar con la incertidumbre que generaba la Ley estatal y ampliar las competencias actuales de los municipios relativas, por ejemplo, a empleo o promoción económica”, tal y como explicó Rivero al término de la reunión.
Como se recordará, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada en 2013 por el gabinete que preside Mariano Rajoy dejó en el aire la prestación de varias competencias hasta ahora gestionadas por los ayuntamientos, como las relativas a servicios sociales o educación.
Sin embargo, la Ley pactada este jueves con la Fecam “va a mantener como competencias propias aquellas que mediante leyes sectoriales se habían transferido a los ayuntamientos canarios”, tal y como ha explicado Hernández Spínola.
Un éxito para el municipalismo canario, como resaltó el presidente de la Fecam y alcalde de Alajeró, Manuel Plasencia: “hemos conseguido lo que nos impide la Ley estatal, como es seguir prestando algunos servicios que no se podían seguir prestando en muchos municipios”.
Nueva financiación
Pero además, y ésta era la principal reticencia de la Fecam solventada este jueves con éxito, las competencias estarán dotadas de suficiencia financiera.
“El Gobierno asume con esta Ley el compromiso de modificar el bloque de financiación municipal, así que en el plazo de un año desde que se apruebe habrá un nuevo modelo de financiación para las corporaciones locales”, resaltó el consejero de Presidencia.
Un nuevo modelo que depende también del que negociará el Estado con las comunidades autónomas, pues Canarias “tiene que saber exactamente cuál va a ser su financiación para poder arbitrar luego el de sus corporaciones locales”.
“La suficiencia financiera de las competencias transferidas, que no se recogía en el borrador, afortunadamente se ha incluido en los términos que ha planteado la Fecam”, reconoció Plasencia.
Acuerdo histórico
Un acuerdo histórico, por tanto, sobre un texto que regula por fin el régimen competencial de los ayuntamientos tras tres décadas de autonomía y que, junto a la futura Ley de Cabildos (ya consensuada con la Federación Canaria de Islas) y la Ley de Transparencia servirá para “la racionalización de la Administración pública canaria”.
“Los ayuntamientos sabrán a partir de ahora qué competencias les corresponden, los cabildos también tendrán definidas las suyas y el Gobierno de Canarias también las suyas”, aclaró Rivero.
Para el presidente, el acuerdo se ha logrado “gracias a la disposición de cabildos y ayuntamientos para cerrar un acuerdo histórico”.
Un consenso que incluso la Fecam quiere que se traslade al Parlamento, para lo que sus representantes se reunirán con los distintos grupos con el fin de conseguir recabar su apoyo.
¿Incluso el respaldo del PP? Plasencia lo tiene claro: “Espero que se apele al sentido común ya que alcaldes del PP han dado el visto bueno a este borrador, porque va a ser bueno para los municipios y sus ciudadanos”.
