¿Qué hacemos con la basura?: La Palma está lejos de tener un sistema de recogida de residuos sostenible

La reciente sentencia firme del Tribunal Supremo (TS), que anula la autorización ambiental integrada del complejo de Los Morenos en Mazo, abre un futuro incierto entorno a un servicio básico como es la recogida de basuras en la isla de La Palma. Desde hace años la Asociación de Vecinos Montaña Azufre ha emprendido una batalla judicial en contra de esta planta por motivos como el sistema de tratamiento de los residuos, la ilegalidad de las instalaciones, supuesto trato de favor a una empresa o la carencia de un proyecto y de un estudio de impacto ambiental en condiciones.

Lo cierto es que los tribunales han venido a ratificar la práctica totalidad de sus denuncias, por lo que, como mínimo, el Cabildo palmero se ve ahora obligado a actualizar el estudio, dado que el anterior adolecía de numerosas carencias de todo tipo. Y ello es así hasta el punto de que, por ejemplo, nunca se advirtió de la desaparición de una planta endémica en peligro de extinción. El TS detecta igualmente que jamás existió un efectivo y real periodo de información pública, sino que en su lugar se procedió a ejecutar un mero trámite sin efecto alguno. Ahora, por el contrario, el nuevo estudio deberá reflejar las repercusiones reales que esta actividad tiene sobre la flora y fauna.

Y es que la autorización ambiental integrada que anuló el TS es un requisito indispensable para permitir el funcionamiento de industrias con un alto potencial contaminador. Es el caso de la Refinería de Santa Cruz o la estación eléctrica de Las Caletillas. Las autoridades por lo tanto se enfrentan a un problema de difícil solución.

El Supremo marca que la hoja de ruta debe pasar por elaborar un estudio de impacto ambiental actualizado y a continuación se tendrá que otorgar la autorización ambiental, siempre y cuando las instalaciones cumplan con todos los condicionantes exigibles. El cierre de la planta daría lugar a poco menos que una catástrofe medioambiental. Un problema añadido es que el Plan General de Ordenación (PGO) de Mazo se encuentra en la actualidad anulado, precisamente por las expropiaciones para construir esta planta. Por lo tanto ahora mismo está en vigor el anterior en el que ni siquiera se contemplaban estas instalaciones.

Más inquietante resulta la posibilidad de que los vecinos acudan a la Fiscalía Anticorrupción para exigir responsabilidades a los representantes públicos que durante los últimos tres lustros han participado en el desarrollo de la planta. En su momento una delegación de la Unión Europea (UE) se desplazó a la Isla para atender las denuncias de la Asociación de Vecinos Montaña de Azufre. Sin embargo, lo único que trascendió con posterioridad es que se había optado por el archivo del expediente.

Por su parte, el Gobierno canario defendió desde un principio y hasta que la realidad judicial se hizo incuestionable que se habían dado todos los preceptivos pasos. Efectivamente, al menos en apariencia había resultado ser así. En 2001 la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) aprobó una declaración de Impacto Ambiental, en la que tan sólo se imponía como reparo la necesidad de elaborar una alternativa de trazado a la pista existente. En 2003 procedería a variar este documento imponiendo otros nuevos requisitos pero sin demasiada importancia.

Cuando los vecinos se dirigieron a la UE, aseguran que la respuesta que recibieron fue la de limitarse a aceptar las explicaciones ofrecidas desde el ejecutivo canario y el central, “sin realizar la menor labor de contraste con la realidad física y jurídico-administrativa”.

Los miembros de la AV se mostraron sorprendidos de que una denuncia que consideraban “tan bien documentada” recibiese una contestación “tan escasamente rigurosa y que se hayan aceptado las absurdas y deliberadamente confusas explicaciones ofrecidas por el Gobierno de Canarias”.

Lo cierto es que las críticas contra la ejecución de la I Fase se presentó a mitad del año 2002 y tenía como eje central la infracción de la legislación ambiental comunitaria en materia de planificación y gestión de residuos, impacto ambiental y conservación de hábitats y de la flora y fauna silvestre.

Poco después desde la UE se mostró interés por la denuncia y se aseguró que iba a ser examinada con detenimiento. Apenas un mes más tarde los vecinos enviaron más documentación en la que se intentaba demostrar el solapamiento de las actuaciones de la cantera Los Morenos y las obras de la primera fase. En aquel entonces se criticó que existía una “escandalosa manipulación y un fraude manifiesto cometidos por las autoridades y una empresa llamada Horpa en aparente y presumible connivencia, como demuestra el hecho de que nunca se produjeran sanciones por las ilegalidades cometidas y que, finalmente, se declare que las actividades ilegales realizadas por una empresa facilitaran la implantación de las instalaciones del Complejo Ambiental”. Pero aquí acabó la comunicación y no se supo más de la UE hasta dos años más tarde y únicamente para que se les indicara que estaban recabando información por parte del Gobierno central y canario. Luego vino el anuncio de archivo.

Para los vecinos las obras consiguieron autorización por medio del falseamiento de su naturaleza dado que “aunque la actividad extractiva estaba prohibida, resulta conveniente para su finalidad posterior”. Consideran que se infringió la ley al llevar a cabo las obras sin que estuviera aprobado el Plan Director de Residuos, cuya elaboración también se desarrolló en medio de inexplicables retrasos.

La ejecución de los trabajos se produjo en medio de una resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ordenando la paralización. Inexplicable era lo que ocurría con los sucesivos actos administrativos: el Cabildo otorgaba la calificación territorial, mientras que el Ejecutivo autonómico apuntaba la necesidad de proceder a modificar el planeamiento vigente para legitimar la actuación que se estaba ejecutando.

De forma paralela, denunciaron que se infringió la declaración de impacto, al omitirse cualquier referencia a los efectos que se producían sobre la población de androcymbiu hierrense, una especie protegida y en peligro de extinción.

En 2004 se ordenaba la expropiación de casi 54.000 metros cuadrados que pertenecían en su totalidad a la empresa Horpa. El colectivo sin embargo criticó que la intención inicial era ocupar 93.000 metros cuadrados, aunque el Ejecutivo dijo que habían optado por reducirla con el fin de adaptarse a la realidad topográfica. Extraño resultaba ser también el cambio en la valoración del suelo: en una primera ocasión se pagaron 636.551,28 euros a razón de 6 por metro cuadrado de los terrenos rústicos y 24 por el industrial, mientras que en la segunda los rústicos se abonaron a un euro el metro cuadrado.

“Como no existe diferencia alguna entre los terrenos rústicos de la primera y de la segunda expropiación, debe concluirse que, o bien en la primera se produjo una estafa y un fraude a los intereses comunitarios, abonando un valor muy superior al procedente, o bien en la segunda se cometió una prevaricación al abonar un precio muy inferior al valor real de los terrenos”.

Y es que parte de las denuncias se centran en un supuesto trato de favor. En principio las instalaciones iban a estar situadas en otra comarca y no fue hasta el año 2000 cuando se acordó el cambio de ubicación. En aquel entonces Horpa ya había adquirido suelo y desarrollaba actividades extractivas, pese a que invadía el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

Con posterioridad el Cabildo y el Gobierno de Canarias declaran que dichas actividades favorecían la implantación del Complejo Ambiental de Tratamiento de Residuos, y abonarían una crecida cantidad en concepto de expropiación a la referida entidad mercantil, entre otras razones por tratarse de suelo industrial. Esta empresa también llevaría a cabo los movimientos de tierra para construir el Complejo en régimen de subcontratación.

“En definitiva, dos meses antes de adoptarse cualquier decisión administrativa sobre la modificación de la ubicación originariamente prevista para el Complejo Ambiental, Horpa conoció, aparentemente por ciencia infusa, el emplazamiento futuro del Complejo Ambiental, por lo que decide realizar al Gobierno de Canarias el 3 de marzo de 2000 una oferta de adquisición de sus terrenos por valor de ciento cincuenta millones de pesetas”.

De la documentación disponible resulta que la entidad mercantil adquirió una de las fincas el 14 de febrero de 2000, es decir, en vísperas de que se decidiera sobre el cambio de emplazamiento del Complejo Ambiental; apenas quince días después, ofrece los mismos terrenos al Ejecutivo autonómico. “Puede afirmarse que Horpa ha hecho un gran negocio con su visionaria previsión sobre el emplazamiento futuro del Complejo Ambiental: a partir de mediados del año 1998, realiza el desmonte de unos terrenos, y, tras triturarlos, los emplea en la ejecución de las numerosas obras públicas que realiza en La Palma, adjudicadas por el Cabildo o por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Posteriormente, tiene la genial intuición sobre el cambio de emplazamiento, y formula una oferta de adquisición, obteniendo un precio desmesurado por unos terrenos industriales en los que, como hemos visto, no se ha realizado la más mínima actuación de urbanización que pudiera justificar el incremento de valor respecto de los terrenos rústicos colindantes”.

El actual presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, es quien tendrá que hacer frente a este fenomenal entuerto. Tras conocer el contenido de la sentencia decidió encargar la elaboración de un informe a los servicios jurídicos de la Corporación insular. Su contenido, como no podía ser menos, fue el previsible: deberá procederse a la redacción de un nuevo estudio de impacto ambiental aunque se delega en el Gobierno canario que fije el alcance real de la sentencia. Los servicios jurídicos admiten lo irregular de la actual situación de la planta pero en todo caso la califican de “alegal” y localizan el origen del problema en una recepción precipitada de las instalaciones por parte del Gobierno canario.

Estas explicaciones no satisfacen desde luego a los vecinos denunciantes, cuyo portavoz, José Gaite Anaya, considera que el cumplimiento de la sentencia sólo puede pasar por el inmediato cierre de las instalaciones. Sobre las consecuencias de tan drástica medida se limita a encogerse de hombros y señalar: “¿Le van pedir a un simple ciudadano que les diga a cincuenta técnicos que viven de esto lo que tienen que hacer? Están obligados a ser ellos los que encuentren la solución, no nosotros”. El colectivo vecinal tiene claro que en breve presentarán una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción aunque aún quedan muchos extremos por concretar. Entre ellos las personas contra la que irá dirigida y los delitos de los que se les acusará. Los más posible es que las flechas se dirijan hacia los consejeros que en aquel entonces ocupaban los cargos y que la acusación tenga como motivo fundamental una supuesta prevaricación.

Contra la empresa poco se puede hacer dado que se ha declarado en quiebra y sus propietarios han abandonado la Isla. “Después de 17 años hemos podido demostrar que nunca existió un proyecto, que jamás se hizo nada de lo que anunciaron y que por lo tanto estamos frente a una infraestructura que resulta ser totalmente ilegal”, dice Gaite. Pese a que el trámite de la futura querella supone otros largos años de batallas judiciales, este representante vecinal cree que estamos “ante el principio del final”.

En las alegaciones presentadas en su día al Plan General de Ordenación (PGO) de Mazo, estos vecinos resaltaron los indudables valores paisajísticos de este enclave desde el punto de vista geomorfológico, faunístico, de la flora, patrimoniales o paisajísticos que han sufrido un daño irreversible después de lo ocurrido, precisamente por no haberse elaborado en su momento el correspondiente estudio de impacto ambiental. El planeamiento fue con posterioridad anulado a través de una sentencia del Supremo después de que Horpa presentara un recurso en contra de las expropiaciones de las que fue objeto para construir el Complejo. Con lo cual el círculo se cerró por el lado más inesperado.