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ITC: es la guerra

LOS TRABAJADORES NO ACEPTAN LAS CONDICIONES; HABRÁ DESPIDOS

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Instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo.

Instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo.

Se sabe cómo ha comenzado, de dónde vienen los grandes males del Instituto Tecnológico de Canarias, pero no se sabe cómo va a terminar el conflicto abierto ya de modo descarnado entre los representantes de los trabajadores y la empresa, que no es otra que el Gobierno de Canarias a través de su Consejería de Empleo, Industria y Comercio. A su titular, Paquita Luengo, presidenta del consejo de administración del ITC, le ha tocado la peor parte de la historia. Ella que no ha enchufado a nadie a lo largo de la historia de la compañía, con 105 trabajadores solo en Gran Canaria; ella que no es la responsable de ventajosas (y en estos momentos escandalosas) condiciones salariales concedidas a algunos empleados de lujo; ella que no ha cortado ninguna cinta ni ha podido presumir de algún logro exportable. Su último comunicado no deja resquicios: "La única decisión que puede adoptar [la empresa] es la que ya han tomado los trabajadores [el expediente de regulación de empleo], pues de lo contrario hay riesgo de vulnerar la ley y poner en peligro el patrimonio personal de los miembros del Consejo de Administración". Se salva por la campana el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, que tras reunirse con la consejera puso en manos de sus técnicos un estudio de las condiciones en las que debía aportar un millón de euros para asumir una parte del personal a través de la Sociedad de Promoción de Gran Canaria. Se salva la Fundación Parque Tecnológico, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que no tendrá que inventarse el modo de sacar otro millón para pagar su parte de las nóminas y transformar en investigadores propios los que les propuso Luengo cederles del ITC. Y se salva, como dice el comunicado de la consejería, el consejo de administración de la empresa, que pondrá a buen recaudo su crédito alegando que ofreció alternativas y que han sido los trabajadores los que las han rechazado.

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