Los centros privados y las acciones de formación
Las distintas administraciones públicas destinan periódicamente importantes cantidades a financiar acciones de formación para cualificar y recualificar a trabajadores ocupados y desempleados. La gestión de esos fondos (y la realización de los cursos) se distribuyen en: agentes sociales (patronal, sindicatos…), en torno al 75%, y centros privados, más o menos un 25%.
La metodología de ejecución de los cursos por parte de los beneficiarios tiene varios formatos: los agentes sociales pueden realizarla directamente o la pueden subcontratar con terceros y los centros privados sólo pueden ejecutarlas ellos, en instalaciones propias y homologadas. En cuanto a la forma de impartición, se pueden clasificar en cursos presenciales, a distancia (cada vez menos frecuentes y tendente a desaparecer) y online.
En todos los casos, la administración que concede la subvención tiene la potestad y obligación del control del uso de esos fondos. La mayor dificultad de control se da en los cursos online (no hay un sitio físico para inspeccionar la asistencia de los alumnos), y en los subcontratados donde el subcontratista gira una factura y se encarga de todo. En el caso de los centros privados, la formacion que se adjudica es fundamentalmente presencial (+80%), y de manera residual online.
Para ejecutar un curso un centro privado debe comunicar y someterse al control antes, durante y después de su realización. Durante la ejecución, debe (y en la mayoría de casos lo hace) hacer visitas de inspección. Una vez finalizados, el centro privado presenta una justificación académica y económica, y a partir de ahí, debe comprobar que todo se ha hecho conforme a los compromisos y liquidar.
En el caso particular de Andalucía, las comprobaciones y liquidaciones llevan un retraso de tres años. Esto no solo perjudica al beneficiario que no cobra el resto de la liquidación pendiente (25% o 50% según el caso), sino a la propia administración, que si detecta incumplimientos, ha pasado ya tanto tiempo que las empresas con frecuencia han desaparecido o son insolventes. Consecuencia del retraso en la gestión es que los que cumplen con sus obligaciones se ven perjudicados y aquellos que quieren defraudar lo tienen más fácil.
En nuestra experiencia como auditores podemos constatar que los centros privados ejecutan y justifican en plazo y forma en más del 90% de lo que se adjudica. Los incumplimientos suelen ser puntuales (bajas de alumnos, gasto que no han sido pagados…) y en el caso de totales (no hacer uno o varios cursos) se dan en empresas que luego desaparecen del tráfico mercantil, aprovechando la tardanza en la reclamación del reintegro.
Las excepciones existen, pero en el caso de la ejecución de formación por centros privados en absoluto se puede hablar de fraude generalizado. Si se justifica el 90% de una porción de la formación que supone el 25% del total, lo no justificado sería menos del 2,5%.
En el caso de la formación por agentes sociales, es más difícil el control, por cuanto casi todo se subcontrata, y hay una mayor parte de formación online. Esta fórmula hace mucho más factible el fraude, como ha sido el caso reciente en la comunidad de Madrid.
(*) Arquímedes Auditores es una empresa de auditoría que actúa como tal en todas las comunidades autónomas salvo La Rioja y Navarra y que desde 2009 hasta la fecha ha auditado más de 1.300 expedientes de subvención para 408 clientes distintos.