De las promesas a la realidad: el campo ante las elecciones del 29 de noviembre
El campo español vuelve a situarse ante una cita electoral con más dudas que certezas. En la campaña previa al próximo 29 de noviembre, agricultores y ganaderos tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas de los partidos, pero también de recordarles que el sector agrario no puede vivir permanentemente de promesas que, en demasiadas ocasiones, se quedan en papel mojado.
Cada campaña electoral trae consigo compromisos para mejorar la situación del mundo rural, proteger las explotaciones familiares y reconocer el papel estratégico de quienes producen nuestros alimentos. Sin embargo, una vez pasadas las elecciones, muchos profesionales del sector siguen esperando soluciones a problemas que llevan años condicionando su actividad. El campo está cansado de buenas palabras y necesita comprobar que las promesas se traducen en decisiones concretas.
El aumento de los costes de producción, los precios insuficientes en origen, la burocracia, la incertidumbre sobre el agua y la competencia de las importaciones continúan marcando el día a día de muchas explotaciones. Mientras tanto, agricultores y ganaderos siguen asumiendo riesgos económicos y climáticos para mantener una actividad esencial para la alimentación, el empleo y la economía española.
La pregunta es sencilla: ¿de qué sirve presumir de la fortaleza agroalimentaria de España si quienes trabajan la tierra encuentran cada vez más dificultades para vivir dignamente de su trabajo?
Defender el campo no significa rechazar las exigencias ambientales o sanitarias, sino asegurar que sean razonables, proporcionadas y compatibles con la viabilidad económica de las explotaciones
La rentabilidad debe ocupar un lugar central en el debate electoral. No basta con anunciar ayudas o aprobar medidas sobre el papel; es necesario que estas lleguen a tiempo y respondan a las necesidades reales del sector. Producir alimentos no puede convertirse en una actividad en la que los costes aumentan, los márgenes se reducen y el productor tiene cada vez menos capacidad para negociar el precio de lo que vende.
También resulta imprescindible simplificar los trámites administrativos, garantizar una planificación hídrica eficaz y exigir condiciones de competencia justas para los productos importados. Defender el campo no significa rechazar las exigencias ambientales o sanitarias, sino asegurar que sean razonables, proporcionadas y compatibles con la viabilidad económica de las explotaciones. No se puede pedir al agricultor que cumpla cada vez más obligaciones y dejarlo después solo frente a las dificultades del mercado.
El agua merece una atención especial, sobre todo en territorios donde la sequía y la irregularidad de las precipitaciones amenazan las cosechas y las inversiones. La modernización de los regadíos, el aprovechamiento eficiente de los recursos y una planificación a largo plazo no pueden depender de la proximidad de las elecciones. El campo necesita soluciones duraderas, no anuncios que se repitan cada vez que la situación se vuelve insostenible.
Otro desafío decisivo es el relevo generacional. Sin jóvenes dispuestos a incorporarse a la agricultura y la ganadería, muchos pueblos perderán actividad económica, empleo y población. Para evitarlo, hacen falta facilidades de acceso a la tierra, financiación, formación y perspectivas reales de futuro. No tiene sentido hablar de combatir la despoblación rural mientras mantener abierta una explotación resulta cada vez más difícil.
La verdadera cosecha electoral se medirá después de las elecciones: en los precios que reciben los productores, en las ayudas que llegan, en el agua disponible y en la capacidad de las familias para seguir viviendo del campo
Ante las urnas, los partidos deben concretar sus compromisos, explicar cómo los financiarán y establecer plazos para cumplirlos. Quienes han gobernado deben rendir cuentas de sus decisiones y resultados; quienes aspiran a hacerlo deben demostrar que sus propuestas son viables. Los agricultores y ganaderos tienen derecho a saber qué se les ofrece, qué medidas se pondrán en marcha y cómo se comprobará su cumplimiento.
Nadie debería obtener un cheque en blanco por pronunciar las palabras “agricultura”, “ganadería” o “mundo rural”. El campo tiene derecho a escuchar, comparar y exigir. Y los responsables públicos tienen la obligación de responder.
El campo no necesita convertirse en protagonista de campaña para volver a quedar relegado después de las elecciones. Necesita políticas estables, decisiones eficaces y responsables públicos dispuestos a escuchar a quienes conocen de primera mano la realidad de las explotaciones. Porque detrás de cada finca hay inversión, esfuerzo, familias y, en muchos casos, generaciones enteras que han dedicado su vida a mantener viva una actividad imprescindible.
El 29 de noviembre, las promesas volverán a ocupar los discursos. La verdadera cosecha electoral, sin embargo, se medirá después: en los precios que reciben los productores, en las ayudas que llegan, en el agua disponible y en la capacidad de las familias para seguir viviendo del campo.
Defender la agricultura y la ganadería no consiste en pronunciar discursos ni en hacerse una fotografía junto a un tractor o una vaca. Consiste en garantizar que quienes producen nuestros alimentos puedan seguir haciéndolo con dignidad, rentabilidad y futuro. Ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos, porque el campo no puede esperar indefinidamente a que las promesas se conviertan en realidad. Porque la cosecha de un político se mide en resultados. La de un agricultor, en cambio, se juega con su trabajo, su inversión y, muchas veces, el futuro de toda su familia.