Parecía que las declaraciones de los cinco aforados nacionales (Viera, Griñán, Chaves, Zarrías y Moreno) daban por cerrada esta fase de la investigación del Tribunal Supremo relativa al caso ERE. Pero el juez decidía este miércoles citar, también en calidad de imputados, a otras dos personas (el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exconsejero de Empleo Antonio Fernandez). Sus declaraciones tendrán lugar la semana próxima, los días 28 y 30 de abril, respectivamente. En medio, el miércoles 29 de abril, la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces pondrán fecha al tan esperado pleno de debate de investidura.
Las previsiones decían que el alto tribunal podría tomar alguna decisión de consideración esta misma semana tras escuchar las explicaciones de los exaltos cargos de la Junta de Andalucía, ahora diputados o senadores. Las nuevas citaciones, solicitadas el día anterior por parte de la Fiscalía del Supremo, podrían retrasar una primera resolución del Supremo (pedir el suplicatorio a Congreso o Senado), al menos, hasta la misma semana de la doble investidura, entre el 4 y el 8 de mayo.
Pero, ¿por qué van a declarar ahora el exinterventor y el exconsejero cuando ya están imputados por Alaya, ya han declarado en aquella sede judicial y el Supremo viene insistiendo en que se trata de los mismos hechos? La comparecencia del Gómez Martínez ha sido también solicitada por él mismo y por la acusación popular que ejerce Manos Limpias. El sindicato justificó su decisión en las declaraciones prestadas por Chaves, por Griñán y por Viera coincidieron en manifestar que no tenían conocimiento de los reparos y de las advertencias de ilegalidad efectuados por el exinterventor al sistema de concesión de las ayudas. El propio exinterventor manifestó también su interés en hablar al considerar “inverosímil” la versión del Griñán de que no conocía los informes de la Intervención. Esta misma cuestión ya tuvo su episodio ante la jueza Alaya hace casi dos años.
Por alusiones, también acudirá el día 30 el exconsejero Fernández. Lo hará con posterioridad al que fuera interventor no por casualidad sino porque tiene que vérselas con Alaya el día 28, después de que su citación y la de otros imputados se haya pospuesto hasta en un par de ocasiones La juez aplazó a esa fecha las declaraciones después de que el PP-A solicitara la suspensión de las comparecencias al coincidir las mismas con la declaración en el Supremo del exconsejero Viera.
Empleo, en el punto de mira
La Consejería de Empleo que dirigió Fernández entre 2004 y 2010 ha sido centro de las declaraciones de algunos de los aforados en el Supremo, principalmente los dos primeros en declarar, Viera y Griñán. Fernández salió de prisión preventiva en agosto de 2012 tras abonar 450.000 euros de fianza. Dijo ante Alaya que el sistema de ayudas implantado en 2001 “era legal” y defendió su operatividad para ayudar a trabajadores y empresas, pero la jueza le acusa de haber hecho “dejación absoluta” de sus funciones. El día 30 tendrá la oportunidad de dar su versión ante el instructor del Supremo.
El calendario judicial corre bastante paralelo al de la investidura. La fecha de la primera sesión del debate de investidura la decide la Mesa del Parlamento andaluz el 29 de abril, después de que Durán se reúna con los representantes políticos (entre el lunes 27 y el martes 28 de abril) y dé a conocer la propuesta de un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta.
Para la primera sesión de investidura, que se celebrará previsiblemente a partir del lunes 4 de mayo, todos los grupos ya han anunciado que votarán en contra de la designación de Susana Díaz. A partir de ahí, la segunda sesión deberá producirse en las 48 horas siguientes. Es decir, probablemente también antes del 8 de mayo, día en que arranca la campaña para las elecciones municipales. De momento, la negociación sigue enconada.