El Gobierno andaluz pide que se compense a los dueños de pisos turísticos tras la anulación del registro estatal
El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha remitido una carta al ministro de Industria y Turismo para reclamar la convocatoria “urgente” de la Conferencia Sectorial de Turismo en el “plazo más breve posible” para abrir una “reflexión conjunta” sobre el “escenario” e “impacto económico, social y territorial” que ha generado la anulación por parte del Tribunal Supremo del registro único de pisos turísticos, contra el que la propia Junta había también había presentado un recurso. De paso, insta al “resarcimiento” de todos los perjudicados, especialmente los propietarios, por el “lucro cesante”.
Para lograr “soluciones equilibradas que compatibilicen la actividad turística, el acceso a la vivienda y la sostenibilidad de los destinos”, el consejero Bernal propone al Ministerio que en el orden del día de la conferencia se aborden asuntos como el análisis de las consecuencias jurídicas, económicas y operativas de la sentencia del Supremo. Asimismo, que se tenga en cuenta la “evaluación del impacto sobre el sector turístico, los operadores y las comunidades en términos de coste directo y lucro cesante a fin de determinar los procedimientos de resarcimiento que convenga al derecho de los actores perjudicados”.
Además, plantea “determinar la mejor coordinación interadministrativa en materia de vivienda, turismo y plataformas de comercialización” y retomar los trabajos iniciados en 2023 para la “correcta implementación de la ventanilla única digital”. “La resolución judicial tiene efectos directos sobre la arquitectura de coordinación administrativa, sobre la seguridad jurídica de los operadores y sobre el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de ordenación de la actividad”, argumenta el consejero en la misiva, consultada por Europa Press.
Una cuestión de “legalidad”
Para la Junta, “dada la magnitud del impacto económico, social y territorial”, el escenario que dibuja la sentencia del Supremo “debe abordarse desde la cooperación leal, el respeto institucional y la búsqueda de soluciones compartidas”. Esto hace necesario, a juicio de la Consejería de Turismo, la “asistencia y participación” en la conferencia sectorial tanto del Ministerio de Industria y Turismo como del Ministerio de Vivienda por “la evidente transversalidad de la materia y sus implicaciones regulatorias, competenciales y económicas”.
En declaraciones a Canal Sur radio recogidas por Europa Press, Bernal ha aclarado, además, que la sentencia “lo que pone de manifiesto es que no es un problema competencial sino de legalidad; esta manera de hacer es sencillamente un modus operandi del Gobierno de España, que trata de gestionar asuntos públicos al margen de la legalidad establecida. Eso es lo que ha dicho el Supremo”.
“Cuando no hay criterio técnico, cuando no hay nada más que obedecer las órdenes de un líder, pues al final se llega a estas situaciones. El ministro de Turismo tiene que velar y proteger los intereses del sector turístico que es proteger a 500.000 trabajadores en Andalucía, por ejemplo, y 32.000 millones de euros de negocio”, ha apostillado.