El Gobierno de Moreno se desentiende del escándalo sexual en la productora de Canal Sur pese a ser dueño del 48%

El nombre del presidente de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) y alto cargo del Gobierno de Juanma Moreno aparece en la causa judicial que instruye el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 contra Gustavo Fuentes, investigado por agresión sexual y acoso sexual continuado a una trabajadora.

En un escrito remitido al juez, el propio acusado revela que Sergio Gómez Rojas le avisó con antelación de que la testigo clave del caso le había denunciado por “coacción” y por un mensaje “amenazante” enviado desde su cuenta de Instagram. La llamada de ese alto cargo de la Junta le permitió armar una defensa -un supuesto “hackeo” del móvil- y hacérsela llegar al magistrado que le estaba investigando antes, incluso, de que tuviera noticia de la denuncia de la testigo.

Gómez Rojas es el director gerente de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), una empresa pública adscrita a la Agencia Digital de Andalucía (ADA), que ha pasado por tres consejerías en menos de dos años: Presidencia, que comanda el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz; Industria, que lleva Jorge Paradela; y actualmente en la cartera de Inteligencia Artificial, de reciente creación, que ha recaído en el consejero José Antonio Nieto.

A preguntas de este periódico sobre la implicación de Gómez Rojas en el embrollo judicial del ex CEO de ADM, el primero ha derivado la responsabilidad sobre Sandetel en el segundo; el segundo en el tercero, y éste, que acaba de recibir las competencias digitales, también ha escurrido el bulto: “No tenemos nada que decir sobre este tema”.

La vicepresidenta y portavoz de la Junta, Carolina España, tampoco ha querido responder este jueves por sus compañeros en el Consejo de Gobierno: “Pregúntele a Nieto”, dijo, tras subrayar que el tema está “judicializado” y, por tanto, “máximo respeto a la justicia”.

Para conocer la implicación y el papel que ha tenido el Gobierno andaluz en todo el escándalo sexual que rodea a Gustavo Fuentes y la productora ADM, una empresa participada al 47,8% por la Junta, este periódico ha recurrido también al Portal de Transparencia.

Pero ha sido el propio Gómez Rojas, en calidad de director gerente de Sandetel y presidente de ADM, quien ha rehusado dar explicaciones también por esta vía, asegurando que la principal productora de Canal Sur no está sometida a la Ley de Transparencia, en tanto que es una sociedad mercantil con más accionistas privados que públicos. Concretamente un 4,4% más de capital privado. Aunque el accionista mayoritario siga siendo el Gobierno andaluz, la empresa esté asociada estratégicamente a la RTVA, y el presidente del Consejo de Administración sea el propio Gómez Rojas, designado por la Junta.

“ADM es una entidad en la que la participación pública, directa e indirecta, no alcanza el 50% de su capital social; por tanto, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia, está excluido del ámbito subjetivo marcado por la norma para la aplicabilidad de las obligaciones en la misma contempladas”, reza la respuesta escrita a través del Portal de la Junta, cuando elDiario.es requirió las actas del Consejo de Administración que aprobó la “cesión temporal de las funciones” del CEO de la productora, 18 horas después de que este periódico publicase que llevaba casi tres meses imputado por delitos sexuales.

Todas las deliberaciones del Consejo de la principal productora de Canal Sur están sujetas a la “confidencialidad” y toda la documentación que manejan es “de naturaleza privada”, defiende Gómez Rojas. La Ley estatal de Transparencia, en su artículo 2.g, obliga a “las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100”.

No obstante, varios expertos consultados remiten a algunas resoluciones del Consejo de Transparencia que recogen supuestos en los que la ley también afectaría a empresas con un porcentaje inferior, si se demuestra que la Administración pública tiene el “control” de la empresa, por ejemplo, “si dispone de la mayoría de los derechos de voto o ha designado a la mayor parte de los miembros del consejo de administración, o puede disponer de la mayoría de los votos en virtud de acuerdos con terceros”.

En 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España presentó un “criterio interpretativo” para clarificar el ámbito subjetivo de la Ley de Transparencia. Inicialmente la norma se refería sólo a sociedades mercantiles donde la Administración podía ostentar una participación superior al 50% del capital social, pero el nuevo criterio amplió la definición para adaptarla a una legislación posterior, que considera que existe “control” sobre esa empresa cuando una o varias entidades públicas pueden ejercer una “influencia dominante”.

El aviso del 14 de mayo, tres días antes de las andaluzas

De acuerdo a la documentación que Gustavo Fuentes ha remitido al juez que le investiga, el presidente de la productora ADM y alto cargo del Gobierno andaluz le llamó el pasado 14 de mayo, tres días antes de las elecciones andaluzas, para avisarle de que la testigo clave en la causa acababa de denunciarle ante la Policía por “coacciones y amenazas”, como adelantó elDiario.es.

Tres días antes, el 11 de mayo, el CEO de la productora y esa misma testigo -que había sido su número dos en la empresa- estaban citados a declarar ante el juez: él como investigado y ella como testimonio propuesto por la víctima de agresiones sexuales.

La declaración se anuló en el último momento y, ya por la tarde, la testigo recibió un vídeo de tono “amenazante” desde la cuenta personal de la red social Instagram de Gustavo Fuentes: “El sabor a metal frío de 9 milímetros en la boca”; “un ultimátum de 24 horas para pagar deuda con traficantes”, se escuchaba en el vídeo. Ese mismo día interpuso una denuncia ante la Policía por coacciones contra su antiguo jefe, y remitió una copia al juzgado que le estaba investigando por agresión sexual a su excompañera.

El ex CEO de la principal productora de Canal Sur se enteró de todo esto tres días después, por una llamada del alto cargo del Gobierno andaluz, que le avisó de la segunda denuncia contra él antes de que se lo notificase la Policía o un juez. Esto permitió a Gustavo Fuentes anticipar su defensa y, ese mismo día, denunció también que su móvil había sido “hackeado” y que no había enviado ningún mensaje amenazante a la testigo clave del caso.

El 21 de mayo, envió una copia de su denuncia al juez Francisco José de Córdoba, que le investiga por tres supuestas agresiones sexuales y el acoso sexual a una reportera, junto a un escrito contándole que se había enterado por Gómez Rojas.

El director gerente de Sandetel ha eludido responder a este periódico varias preguntas, entre ellas: desde cuándo estaba al corriente de que el CEO de su productora, una empresa semipública, estaba siendo investigado por un juzgado de violencia de género, y si contribuyó a la defensa de Gustavo Fuentes con aquella llamada del 14 de mayo, avisándole de que la testigo clave del caso le había denunciado por coacciones.

Cronología de los hechos: de enero a junio

Una reportera de la productora ADM, copropiedad de la Junta y asociada a la RTVA, denunció a Gustavo Fuentes por “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “acoso laboral” el pasado enero. En febrero un juez de violencia de género de Sevilla abrió diligencias.

El 25 de marzo tomó declaración a la víctima y, acto seguido, citó a declarar a su jefe como imputado para el día 11 de mayo, seis días antes de las elecciones andaluzas, pero logró aplazarla tras cambiar de abogado en el último momento. El martes 7 de abril, justo después de Semana Santa, “llegó eufórico a la oficina, contando que acababa de estar con Antonio Sanz en el bar José Luis, de la Plaza de Cuba, que le había contado su situación y que estaba tranquilo: 'Quien tiene que saberlo ya lo sabe', dijo”, según varios trabajadores presentes. Ni Sanz ni ningún portavoz del Gobierno andaluz ha confirmado ni desmentido este encuentro.

Dos meses después, la mañana del martes 9 de junio, elDiario.es reveló que un juez de violencia de género investigaba a Gustavo Fuentes por delitos sexuales contra una reportera y estaba citado a declarar como imputado. La dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) se reunió de urgencia y, después de muchas horas, emitió un comunicado a las 21.30 horas descartando la dimisión de Fuentes y advirtiendo de que tampoco podía activar el protocolo antiacoso del ente público -no porque la denunciante pertenezca a una empresa asociada, la productora ADM-, sino porque ella decidió acudir a la vía judicial, sin denunciar primero internamente el caso. Ni ante la dirección de ADM ni ante Canal Sur, su principal cliente.

El Consejo de Administración de ADM, presidido por Gómez Rojas, estuvo reunido en secreto y de manera “extraordinaria” durante 18 horas. Próximo a la medianoche, difundió un comunicado anunciando el “cese temporal de las funciones” del CEO de la empresa hasta que se resolviera su situación judicial. A la mañana siguiente, los directivos de la compañía anunciaron que el cese de Gustavo Fuentes era “definitivo e irrevocable”.