Ahora que la justicia, por medio del Tribunal Supremo, ha avalado la aplicación del pasaporte COVID en hostelería, Andalucía no se plantea recuperar una medida que se anunció a principios de agosto para discotecas y bares de copas pero que nunca llegó aplicarse al tumbarla el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La positiva evolución de la pandemia en la comunidad autónoma y la alta tasa de vacunación estarían detrás de la decisión de dejar las cosas como están, a lo que se une que su implantación chocaría con la tendencia a implantar medidas que reducen las restricciones y acercan el día a día a un escenario muy cercano a la normalidad.
Desde la Junta de Andalucía se confirma que el pasaporte COVID no es algo que se baraje a día de hoy. La propuesta la puso encima de la mesa el comité de expertos en la reunión celebrada el 2 de agosto, y este mismo órgano que asesora al Gobierno andaluz en todo lo relacionado con la COVID no consideró oportuno en su última reunión reactivar la exigencia del certificado. De hecho, lo que hizo la semana pasada fue plantear la relajación de medidas de tal manera que, por ejemplo, el sector cultural (cines, teatros, salas de conciertos…) casi ha recuperado la normalidad. En agosto, el propio Gobierno andaluz se desdecía pocas horas después de anunciar la iniciativa y la dejó en manos de los jueces, que no la respaldaron.
En su resolución, el Tribunal Supremo le daba la razón a la Xunta de Galicia en su intención de aplicar esta medida en la hostelería, una iniciativa que en primera instancia desestimó el TSJG como ocurrió en el caso andaluz. No obstante, había considerables diferencias entre lo que pretendía una comunidad y otra, ya que por un lado Galicia quería aplicarlo en todo el sector hostelero, mientras que Andalucía aspiraba a implantarlo para regular el ocio nocturno. Además, el Supremo ha respaldado la propuesta gallega incidiendo en dos aspectos: que se concebía como algo temporal y que sólo se exigiría en los establecimientos de las zonas con más contagios, mientras que en Andalucía no se puso ningún límite temporal y se aplicaba por igual en todos los municipios, independientemente de su nivel de alerta sanitaria.
La bendición judicial al pasaporte COVID se ha producido en un momento en el que el impacto de la pandemia va a la baja, cabalgando a lomos de unas altas tasas de vacunación. Esto ha llevado a Andalucía a no desempolvar la medida, de hecho no tiene previsto aplicarla en este momento ni la propia Xunta de Galicia.
El certificado COVID digital de la UE, en vigor desde el 1 de julio en todo el territorio nacional, recoge la pauta de vacunación, el certificado de recuperación o una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) COVID-19 negativa en las últimas 72 horas. En el caso de Andalucía, se puede descargar a través de ClicSalud+, de la app Salud Andalucía o en los propios centros de salud.
Exigir ahora esta medida chocaría frontalmente con los mensajes lanzados por el Gobierno andaluz de que la quinta ola está controlada, y ello sin hablar del contraste que supondría con las escenas de práctica normalidad que se han vivido este fin de semana en muchos municipios andaluces, con actividades de todo tipo y hasta pasos en la calle. Además, significaría volver a colisionar con el sector hostelero, que ha sido el que más crítico se ha mostrado con determinadas medidas del Gobierno andaluz, e incluso con Vox, que se ha opuesto con contumacia a esta vía. En definitiva, un innecesario y elevado coste político y social.
Lo cierto es que el pasaporte COVID no ha llegado a implantarse hasta la fecha en España, al contrario de lo que ocurre en los países de nuestro entorno, donde se ha convertido en una rutina más para muchos trámites del día a día. En Sevilla, el congreso de tecnologías turísticas (Tourism Innovation Summit, TIS), que se celebrará en noviembre, ha anunciado que exigirá este certificado para acceder al palacio de congresos de la capital hispalense, aunque por ahora no deja de ser un caso aislado. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), anunció en agosto tras el rechazo del TSJA que es un requisito que acabará imponiéndose, aunque Andalucía ya no tiene hoy ningún interés en liderar esta carrera.
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