Tres juzgados investigan a alcaldes del PP en Huelva por presuntos “amaños” en la contratación pública de festejos taurinos
Los ayuntamientos de Beas, Palos de la Frontera y Cortegana (Huelva) —todos gobernados por el Partido Popular (PP)— afrontan sendas investigaciones judiciales a raíz de las querellas presentadas por la empresa Emilivia Espectáculos S.L., dedicada a la organización y gestión de festejos taurinos. Los tres procedimientos penales se encuentran en fase de instrucción y tienen como denominador común las acusaciones de la mercantil sobre el supuesto “amaño” en la contratación pública de espectáculos taurinos.
Los juzgados de Aracena, Moguer y Huelva abrieron diligencias previas entre febrero y abril, y acordaron citar a declarar como imputadas a las alcaldesas de Cortegana, María del Mar Martín Florido, y de Palos de la Frontera, Milagros Romero Artero, así como a otros funcionarios municipales y empresarios relacionados con las adjudicaciones, mientras que el alcalde de Beas, José Leñero Bardallo, aparece como “persona querellada” en el auto judicial. En la lista de investigados también figura el exalcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, hoy senador por el Partido Popular.
En Beas y Palos de la Frontera, las diligencias se centran en la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa, mientras que en Cortegana la investigación contempla un posible delito de apropiación indebida, según consta en los autos de admisión a trámite a los que ha tenido acceso este periódico. Por el momento, solo han declarado los investigados en la causa que afecta al Ayuntamiento de Cortegana —lo hicieron el pasado 14 de septiembre— mientras que el resto de citaciones están pendientes de fechar.
Las tres causas parten de las acusaciones formuladas por la mercantil Emilivia, que sostiene que determinadas licitaciones fueron “amañadas” y diseñadas “a medida” para “beneficiar” a empresas concretas del sector taurino. Esas acusaciones, que se investigan ahora por la vía penal, se apoyan en resoluciones previas del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), que declaró la nulidad de varios pliegos y procedimientos de contratación al encontrar irregularidades.
Este periódico ha contactado con los tres ayuntamientos implicados para recabar su versión de los hechos, pero tanto la alcaldesa de Cortegana como la de Palos de la Frontera han declinado hacer declaraciones al tratarse de un procedimiento judicial abierto. Solo se ha pronunciado el alcalde de Beas, quien aún no ha sido citado a declarar. Leñero Bardallo asegura que el Ayuntamiento remitió “hace ocho meses” el expediente de contratación solicitado por el juzgado y que desde entonces no ha recibido nuevas comunicaciones.
Un “flagrante incumplimiento” de la ley en Beas
En el caso del Ayuntamiento de Beas, Emilivia denuncia un “amaño” sistemático de los pliegos de licitación en favor de Ruedos del Sur Eventos 2016 S.L. para la organización de las capeas y festejos en el municipio. “Los querellados han venido amañando los pliegos que rigen todos los procedimientos de adjudicación durante más de 10 años, para que solo resulte adjudicataria la empresa Ruedos del Sur Eventos 2016 S.L.”, según sostiene la querella admitida a trámite.
La mercantil querellante concurrió a la licitación para la adjudicación del contrato de festejos taurinos tradicionales de agosto de 2025 y terminó impugnando el procedimiento ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales al apreciar “que se incluían criterios de puntuación y solvencia amañados para que resultara adjudicataria la misma mercantil de siempre”, según indica la denuncia.
De acuerdo con los hechos recogidos en la querella, después de que el TARCJA anulara los pliegos hasta en dos ocasiones, Emilivia obtuvo la mayor puntuación en el tercer concurso. Aun así, continúa el escrito, el Ayuntamiento “dejó en suspenso” formalmente el procedimiento y efectuó una adjudicación “a dedo” en paralelo, concediendo finalmente el contrato —previamente anulado— a Ruedos del Sur por valor de 145.200 euros, según señala la acusación.
La querella de Emilivia se sustenta en la resolución del TARCJA de 26 de septiembre de 2025, en la que el tribunal administrativo acordó dar traslado de las actuaciones a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción al apreciar un “flagrante incumplimiento” de la Ley de Contratos del Sector Público por parte del Ayuntamiento de Beas. Dicha resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que el contrato de los festejos taurinos denunciados se adjudicó el 13 de agosto de 2025 sin haber culminado el procedimiento legalmente establecido y sin respetar el plazo de formalización de 15 días hábiles, de ahí que justifique la “gravedad” suficiente para activar la inspección de la Oficina Antifraude.
La empresa querellante utiliza precisamente este acuerdo de traslado en su querella criminal para argumentar que la actuación municipal rebasó la mera ilegalidad administrativa y constituye delito penal. Según se indica en la querella, una vez que Emilivia judicializó los hechos ante los juzgados de instrucción penal de Huelva, la Oficina Antifraude paralizó su procedimiento administrativo de investigación a la espera del pronunciamiento judicial. El TARCJA es un órgano administrativo especializado, cuya función directa es anular actos o pliegos ilícitos y derivar las irregularidades graves a los órganos de control.
El alcalde y la empresa niegan adjudicaciones “a dedo”
El juez titular del juzgado de Instrucción número 5 de Huelva admitió a trámite la querella el pasado 9 de febrero. A partir de ahí, solicitó al Ayuntamiento de Beas el expediente administrativo correspondiente a la contratación de los festejos taurinos de agosto de 2025, así como la documentación relativa al pago de 145.200 euros y otros documentos relacionados con la contratación. También requirió información sobre las adjudicaciones de festejos taurinos realizadas desde 2016 a efectos de comprobar si desde entonces “la única empresa adjudicataria de todos los festejos taurinos ha sido Ruedos del Sur Eventos 2016 S.L.”, tal y como se denuncia.
El auto pide citar a declarar al alcalde de Beas, José Leñero Bardallo, así como a seis funcionarios de la administración local que forman parte de la mesa de contratación del ayuntamiento de Beas, junto a Antonio Jesús Rodríguez y Eduardo Duarte, como responsables de Ruedos del Sur. La fecha queda pendiente de señalarse “una vez practicadas las anteriores diligencias”.
Desde Ruedos del Sur, Antonio Jesús Rodríguez Santana, uno de los representantes acusados, reconoce que lleva 16 años trabajando con el Ayuntamiento de Beas, pero niega que hayan existido contratos “a dedo” y defiende que los festejos taurinos se adjudican mediante licitaciones públicas. Rodríguez Santana sostiene que su empresa no participa en la elaboración de los pliegos y que las adjudicaciones corresponden exclusivamente a la mesa de contratación, formada por personal de la administración local.
En la misma línea se expresa el alcalde de Beas, quien tilda la querella penal de “disparate” y defiende que las decisiones de contratación se adoptan sobre la base de las propuestas de la mesa de contratación y de los informes que elaboran los técnicos municipales.
Respecto a los procedimientos anulados, el responsable de Ruedos del Sur admite que en Beas se han cancelado 20 pliegos relacionados con festejos taurinos. En cuanto al procedimiento de 2025, afirma que la oferta presentada por Emilivia —a la que califica de “empresa fantasma”— fue descartada por no cumplir con ciertos requisitos económicos y por carecer de determinados informes necesarios para formalizar la solicitud. Según su versión, la mesa de contratación adjudicó “a última hora” el contrato a Ruedos del Sur por ser “la única empresa” que disponía de “la solicitud en Gobernación” y cumplía los parámetros requeridos.
Palos de la Frontera: 18 años de adjudicaciones a la misma empresa
En el caso de Palos de la Frontera, figuran como investigados la actual alcaldesa, Milagros Romero; el exalcalde y actual senador del PP Carmelo Romero Hernández; y Ricardo Bogado Gómez, quien fue primer teniente de alcalde, actualmente concejal de Obras y Urbanismo, Mercado y Movilidad, según figura en la página web del Ayuntamiento. La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Moguer los citó a declarar el 1 de julio, pero, según explica la acusación, la citación se suspendió a raíz de que el exalcalde alegara su condición de senador y, por tanto, de aforado.
La querella de Emilivia contra el Ayuntamiento de Palos sostiene que los festejos taurinos con ocasión de las fiestas de San Jorge y la tradicional Corrida Pinzoniana se adjudican de manera ininterrumpida a Taurina de Buendía S.L. desde 2007, año en que se inauguró la Plaza de Toros municipal de Palos de la Frontera, según los hechos denunciados. En la misma línea que la querella anterior, se afirma que los procedimientos habrían contado con pliegos diseñados “a medida” y valoraciones “arbitrarias”.
“Prueba de ello es que, durante 18 años en 36 licitaciones, la única adjudicataria de todos los contratos ha sido la citada mercantil Taurina de Buendía S.L.”, como señala la querella admitida a trámite el 22 de abril. También Emilivia denuncia haber sido excluida de la licitación de la Corrida Pinzoniana de octubre en 2025, después de presentar una propuesta con una nómina de matadores y rejoneadores que la empresa califica de “primer nivel”.
Esta redacción se ha puesto en contacto con el gerente y responsable de la empresa Taurina de Buendía, Jorge Fernández, conocido en el mundo taurino como Jorge Buendía, quien se ha mostrado dispuesto a dar su versión, sin que lo haya hecho hasta el momento. Por su parte, la alcaldesa de Palos de la Frontera ha declinado responder a las preguntas de este medio a fin de contrastar los hechos denunciados.
Apropiación indebida como “represalia”
La tercera investigación afecta al Ayuntamiento de Cortegana, cuya causa incorpora una acusación diferente: la posible apropiación indebida de una garantía provisional depositada por Emilivia para participar en el procedimiento de adjudicación de los festejos taurinos de septiembre de 2023.
En el auto firmado el 25 de febrero, la jueza del juzgado de Instrucción número 2 de Aracena cita a declarar en condición de investigados a la alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín Florido, y a Jorge Buendía, responsable de la empresa Taurina de Buendía, entre otros funcionarios municipales. La declaración se celebró el pasado 14 de septiembre, tras posponerse la citación prevista inicialmente para el 27 de abril.
Según la querella, la empresa solicitó en varias ocasiones la devolución de esa cantidad, la última vez, el 13 de noviembre de 2025. “Durante más de dos años los querellados han omitido el debido cumplimiento de su obligación deliberadamente, sin que pueda considerarse que se trate de un error, habida cuenta que los mismos son plenamente conscientes de las reiteradas solicitudes de devolución”, apunta la querella.
La mercantil atribuye esa retención a una supuesta “represalia” relacionada con los conflictos surgidos en los procedimientos de contratación de los festejos taurinos, que han impugnado ante el órgano administrativo en varias ocasiones. Según su versión, los responsables municipales habrían adjudicado “de forma directa y verbal” los festejos de septiembre de 2023 y 2025 a Taurina de Buendía S.L., empresa que, en palabras de la querellante, llevaba más de diez años resultando adjudicataria merced a “procedimientos amañados a su medida”, como denuncian en la misma línea que en las querellas anteriores.
La querella incluye también la exclusión “arbitraria” de la oferta presentada por Emilivia en 2025 con el pretexto de no acreditar la organización de 15 corridas de toros en los últimos cinco años, requisito “no exigible a empresas de nueva creación” (Emilivia se constituyó en 2022) y sin otorgar plazo de subsanación, según esgrime la acusación. La empresa querellante denuncia además que el consistorio habría impedido o dificultado el uso de la plaza de toros en otras fechas del año, garantizando la “exclusividad” de su uso a favor de Taurina de Buendía S.L.
Próximas querellas en dos ayuntamientos de Jaén
Emilivia Espectáculos S.L. anuncia también sendas querellas contra responsables de los ayuntamientos de Baeza y Andújar, en la provincia de Jaén. Según la mercantil, en ambos municipios —gobernados también por el PP— el TARCJA habría anulado procedimientos de contratación de festejos taurinos y, posteriormente, los espectáculos habrían sido “adjudicados directamente” a otra empresa del sector, pese a las resoluciones del tribunal administrativo.
La empresa querellante sostiene que estos casos, junto a los de Huelva, evidenciarían un patrón en el que tres empresas del sector taurino se benefician sistemáticamente de adjudicaciones “directas” y elaboradas “a medida” por las administraciones locales.