Vuelta al cole y a la reivindicación en Andalucía: “avances” en el arranque del curso y una huelga en el horizonte
El curso escolar 2026/2027 arranca en Andalucía con medidas para reducir las ratios en las aulas de tres años y para reforzar la plantilla docente con 4.309 nuevos efectivos en la red pública, pero también con la comunidad educativa preparando un otoño de movilizaciones.
Después de que los menores de tres años empezaran las clases el pasado 3 de septiembre, este jueves lo harán un total de 690.624 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial, una cifra que baja por primera vez de los 700.000 estudiantes como consecuencia del descenso de la natalidad.
Dentro de cinco días, el próximo 15 de septiembre, se incorporarán 887.532 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP), mientras que el día 21 regresarán a las aulas otros 86.738 alumnos de las enseñanzas de idiomas y artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático.
El curso empieza, además, con otra fecha marcada en el calendario: el 11 de noviembre, cuando está convocada una huelga general educativa en Andalucía. La cita es el resultado de la estrategia impulsada este verano por la Asamblea por la Educación Pública Andaluza, que aspira a formar en la comunidad un frente común inspirado en las movilizaciones docentes que están marcando la vuelta al cole en otros territorios como Catalunya, Madrid o la Comunitat Valenciana.
“Con avances” pero “con mucho por hacer”
El escenario de movilización coincide con el segundo año de aplicación del acuerdo marco alcanzado por la Junta con CSIF, ANPE y UGT, que ha incorporado algunas de las principales demandas de los docentes, como la reducción de la ratio máxima a 22 alumnos en las aulas de tres años y la ampliación de las plantillas para la atención a la diversidad.
El resumen que hace ANPE es el curso comienza “con avances importantes”, pero “queda mucho por conseguir”. Entre las reivindicaciones que siguen sobre la mesa se encuentra, precisamente, una bajada más ambiciosa de las ratios que alcance a todas las etapas preuniversitarias, así como “una reducción de la carga burocrática” que permita al profesorado dedicarse plenamente a la enseñanza.
Desde USTEA, la principal reivindicación pasa por que no se sigan cerrando aulas en la escuela pública, mientras se mantienen los conciertos educativos. El sindicato cifra en 2.758 las unidades de Infantil y Primaria suprimidas desde la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz en 2019. La novedad este curso es que la reducción de la ratio máxima a 22 alumnos por aula se ha traducido en la creación de 234 nuevas unidades de tres años.
La atención a la diversidad es otro de los principales frentes a mejorar. Las organizaciones educativas reclaman más profesionales y apoyos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales y a los estudiantes en situación de vulnerabilidad. Al hilo, una de las responsables de la confederación de ampas de Andalucía CODAPA, Rocío Bejínez, considera “insostenible” la situación que afrontan estas familias y reclama un marco específico que garantice una atención a la diversidad “plena y real”.
Los sindicatos también ponen el foco en las condiciones laborales del profesorado. USTEA y ANPE reclaman que los docentes de Infantil y Primaria sean reconocidos como personal A1 y equiparados salarialmente con el resto del profesorado. Además, exigen de que el teletrabajo pueda ser también una opción para los maestros en aquellas tareas que no requieran presencia en el centro.
A estas demandas se suman otras relacionadas con las condiciones de las infraestructuras educativas, especialmente en lo que respecta a la climatización, coincidiendo con un inicio de curso marcado por las altas temperaturas. En ese sentido, USTEA y CODAPA reclaman la aplicación efectiva de la ley de bioclimatización aprobada en el Parlamento andaluz hace seis años. La confederación de ampas añade entre sus reivindicaciones un comedor escolar “universal, gratuito, público y de calidad”, así como “que se frenen de inmediato las políticas de privatización” con una mayor apuesta por la oferta pública de FP.
Hacia la huelga del 11 de noviembre
Noviembre se ha fijado así como el gran horizonte de la movilización en defensa de la educación pública. Pero la huelga del día 11 no será el primer paso: las organizaciones que integran la Asamblea por la Educación Pública Andaluza han acordado dedicar las primeras semanas del curso a preparar la protesta mediante asambleas, concentraciones y otras acciones surgidas de los propios centros, con el objetivo de llegar al 11 de noviembre con un movimiento consolidado.
Las movilizaciones, de hecho, ya han comenzado. Este miércoles se han concentrado en Andalucía trabajadores del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y del colectivo de Intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSE) externalizados para reclamar que sus contratos cubran todo el curso escolar, con jornada a tiempo completo y vacaciones durante el verano. “Son personal imprescindible para una verdadera inclusión, es hora de que sean tratados como tal”, han reivindicado desde la federación de Enseñanza de CCOO Andalucía.
La mañana de este viernes 11 de septiembre también hay convocada una concentración en el Rectorado de la Universidad de Granada contra “la privatización y el desmantelamiento de la educación pública”, en el marco del acto oficial del inicio del curso universitario, al que asistirá el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno.
La hoja de ruta incluye, además, una nueva reunión de la Asamblea Andaluza por la Educación Pública el 29 de septiembre para “establecer planes concretos”, como explican desde el colectivo docente. La estrategia busca reproducir en Andalucía la ola de movilizaciones que durante el último curso se ha extendido por comunidades como Catalunya, Madrid y la Comunitat Valenciana. El movimiento reclama, entre otras cuestiones, una mayor financiación de la educación pública, el freno a la privatización, más recursos para atender a la diversidad y mejores condiciones para el profesorado.
Frente a este escenario, la consejera de Educación, Carmen Castillo, ha asegurado que la Junta respeta el derecho a la huelga y ha defendido que mantiene abierta la vía del diálogo con las organizaciones sindicales. “Nos sentamos a dialogar constantemente, levamos 26 acuerdos”, ha señalado a preguntas de este periódico, antes de recordar las medidas que se han puesto en marcha este curso, como la reducción de ratios y la incorporación de 787 maestros de Primaria y especialistas en Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica.
El curso comienza así con avances reconocidos incluso por parte de los sindicatos firmantes del acuerdo marco, pero también con reivindicaciones pendientes y una huelga ya convocada para noviembre. El 11 de noviembre será, en ese sentido, la primera gran prueba para medir hasta dónde llega el frente común que la comunidad educativa andaluza comenzó a construir este verano.