Dos de los principales destinos turísticos del Pirineo cargan contra Azcón por vetar las zonas tensionadas: “Nos abandona”
Los ayuntamientos de Aínsa-Sobrarbe y Biescas han manifestado su oposición al anunció del Gobierno de Aragón contra la declaración de zonas tensionadas, incluso cuando sean los propios municipios los que lo soliciten. Los alcaldes de ambas localidades, Enrique Pueyo y Lorena Cajal, consideran que el Ejecutivo autonómico “abandona” a los municipios con mayor presión turística y sostienen que la negativa impedirá que sus vecinos puedan beneficiarse de las medidas previstas para facilitar el acceso a la vivienda.
Las críticas llegan un día después de que el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, anunciara que el Gobierno de Aragón no tramitará ninguna declaración de zona tensionada al considerar que la aplicación de la Ley estatal de Vivienda ha demostrado ser ineficaz y reducir la oferta de alquiler. El Ejecutivo autonómico defendió que mantendrá esta postura aunque los ayuntamientos lo pidan y apostó por incrementar el parque de vivienda pública como alternativa.
En ese escenario, Pueyo y Cajal recuerdan que ambos consistorios aprobaron a comienzos de junio solicitar formalmente la declaración de zona tensionada para poder acceder a las ayudas estatales y autonómicas vinculadas a vivienda asequible y alquiler social. “Registramos las solicitudes y más de un mes después nos enteramos de que nos niegan esa posibilidad”, lamenta el alcalde de Aínsa-Sobrarbe. A su juicio, el Gobierno de Aragón “no tiene ningún interés en solucionar el problema de la vivienda en municipios que cuentan con una gran presión turística” y su decisión “va claramente contra quienes vivimos en estos municipios”.
La alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, sostiene además que el Ejecutivo autonómico “no respeta la autonomía de los ayuntamientos”. “Los alcaldes y alcaldesas transmitimos las necesidades que hay en nuestros pueblos y la respuesta del consejero Octavio López es decir no”, afirma. También reprocha que el responsable de Vivienda haya “cerrado la puerta a cualquier posibilidad de encuentro o diálogo” con los municipios, ya que, a su juicio, “negarse a esto es negarse a escuchar las necesidades de los habitantes de estos pueblos”.
Ambos alcaldes consideran que la decisión responde a un rechazo político a la Ley estatal de Vivienda y no a la realidad de los municipios afectados. “El Gobierno aragonés no está gestionando las necesidades de los aragoneses, está haciendo oposición con una ley estatal solo por el hecho de que la ha aprobado el Gobierno central”, sostienen.
Los dos responsables municipales insisten en que Aínsa y Biescas, al igual que otros municipios del Pirineo aragonés, soportan una fuerte presión turística, con un elevado número de segundas residencias y alojamientos de uso turístico que dificulta el acceso a la vivienda para quienes viven y trabajan durante todo el año. “Esto supone unos precios muy lejos de las posibilidades de quienes aquí viven o de personas que, por ejemplo, vienen a trabajar a estos pueblos”, señalan.
Además, critican la política de vivienda desarrollada por el Ejecutivo autonómico y ponen como ejemplo la promoción de vivienda de alquiler asequible de las Harineras, en Huesca. Recuerdan que, tras un acuerdo municipal alcanzado en octubre de 2025, las rentas previstas pasaron de algo más de 500 euros a superar los 800 euros mensuales. “800 euros por un alquiler en una ciudad como Huesca no es un precio de alquiler asequible”, concluyen.
El PSOE acusa a Azcón de actuar por “ideología” y despreciar la autonomía municipal
El PSOE también ha cargado este miércoles contra la decisión del Gobierno de Aragón de impedir que los municipios puedan ser declarados zonas de mercado residencial tensionado. El diputado socialista Darío Villagrasa ha calificado el anuncio de “error” y ha denunciado que supone “un desprecio a los ayuntamientos y a la autonomía municipal”, al impedir que sean los consistorios quienes decidan si recurren a esta herramienta prevista en la Ley estatal de Vivienda.
Villagrasa ha sostenido que el rechazo responde a una cuestión “ideológica” y a la oposición del Ejecutivo autonómico al Gobierno central. En este sentido, ha recordado que la decisión afecta ya a los tres municipios aragoneses que habían solicitado la declaración como zonas tensionadas: Alpartir, Aínsa y Biescas. Además, ha defendido que allí donde la norma se ha aplicado, como en Cataluña o Galicia, los precios del alquiler han descendido.
El parlamentario socialista ha alertado también de que el precio de la vivienda en Aragón se ha incrementado cerca de un 38% en los tres últimos años y ha criticado que el Gobierno autonómico considere “asequibles” promociones con alquileres de alrededor de 900 euros en Zaragoza o superiores a 800 euros en Huesca. Por ello, ha reclamado reforzar la vivienda pública y el alquiler protegido, aprovechar los 260 millones de euros que el Estado transferirá a Aragón a través del Plan Estatal de Vivienda y escuchar a los ayuntamientos para aplicar las medidas que demanda cada municipio.