El Gobierno de Aragón blinda su rechazo a las zonas tensionadas y no las declarará aunque lo pidan los municipios
El Gobierno de Aragón se suma a comunidades autónomas como Madrid, la Comunitat Valenciana o Extremadura y rechaza aplicar las zonas de mercado residencial tensionado previstas en la Ley estatal de Vivienda, incluso si los municipios las solicitan. El Consejo de Gobierno ha acordado de forma unánime no tramitar estas declaraciones al considerar que la limitación de los precios del alquiler “reduce la oferta de vivienda” y defender como alternativa el incremento del parque público.
El Gobierno de Aragón ha acordado de forma unánime rechazar la tramitación de procedimientos para declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), una decisión que impedirá su aplicación en la comunidad aunque los ayuntamientos la soliciten. El consejero de Vivienda, Octavio López, ha defendido este martes que no se trata de una “decisión ideológica”, sino adoptada “bajo los máximos criterios de responsabilidad pública”, al considerar que la solución al problema de acceso a la vivienda “no pasa por la regulación de precios privados, sino por el aumento de la oferta de promoción pública”.
El acuerdo, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), se fundamenta, según el Ejecutivo autonómico, en las competencias exclusivas de la comunidad en materia de vivienda y en la naturaleza potestativa de estas declaraciones, recogida en la Ley estatal de Vivienda y avalada por el Tribunal Constitucional. López ha defendido que el Estado no puede imponer la aplicación de las zonas tensionadas y ha asegurado que limitar las rentas del alquiler supone trasladar a los propietarios una carga que corresponde a los poderes públicos.
El consejero ha explicado que la decisión se apoya también en los “efectos perjudiciales” que, a juicio del Gobierno aragonés, ha tenido el control de precios en los territorios donde ya se aplica. Como ejemplo ha citado Cataluña, donde las limitaciones están vigentes desde marzo de 2024. Basándose en un informe elaborado para la Cátedra Unesco de la Universitat Rovira i Virgili, el Ejecutivo sostiene que la medida ha provocado una reducción de la oferta de vivienda en alquiler, ha favorecido el trasvase hacia el alquiler turístico, de temporada o la compraventa, ha reducido el tamaño medio de las viviendas disponibles y ha generado un “efecto frontera” al encarecer los municipios limítrofes no regulados.
“No nos hemos cerrado en banda a aplicar los escasos aspectos positivos de la ley de vivienda estatal”, ha señalado López, quien ha calificado la norma en su conjunto de “nefasta”. Por ello, ha reafirmado que “en Aragón no se tramitarán procedimientos para la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado hasta que no se disponga de informes científicos que contradigan los efectos negativos derivados de estas regulaciones”.
En este sentido, el consejero se ha referido expresamente a municipios como Aínsa o Biescas, que han manifestado su intención de solicitar la declaración de zona tensionada por los problemas de acceso a la vivienda. Aunque ha precisado que esas solicitudes todavía no han llegado formalmente al Gobierno de Aragón, ha garantizado que no serán aprobadas porque el Ejecutivo entiende que esta medida “perjudica gravemente” al mercado del alquiler.
Como alternativa, el Gobierno autonómico ha vuelto a reivindicar el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030. López ha destacado que desde el inicio de la legislatura se han impulsado unas 3.000 viviendas públicas y ha reiterado el objetivo de alcanzar las 7.000 antes de que termine el mandato. También ha puesto en valor el programa Más Vivienda, Mejor Turismo, con el que se proyectan 488 viviendas de alquiler asequible para trabajadores en 43 municipios turísticos mediante una inversión superior a 80 millones de euros.
La decisión formaliza una postura que el Ejecutivo de Jorge Azcón ya había expresado en varias ocasiones y que comparte con la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP. En octubre de 2024, los consejeros de Vivienda de estos territorios suscribieron un comunicado conjunto en el que rechazaban declarar zonas tensionadas aunque los ayuntamientos las solicitaran, al considerar que se trata de una medida ineficaz. Desde entonces, comunidades como Madrid o la Comunitat Valenciana han rechazado peticiones de municipios como Getafe, Rivas Vaciamadrid, Fuenlabrada, Sagunto o Dénia. La principal excepción ha sido Galicia, cuya Xunta autorizó en mayo de 2025 la declaración de A Coruña, aunque insistió en que lo hacía por imperativo legal y manteniendo sus críticas a la Ley estatal de Vivienda.