Análisis

El fin “definitivo” de las “propinas” a menores tutelados: lo que anuncia Vox y lo que dice su propia instrucción

17 de noviembre de 2026 20:12 h

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El Gobierno de Aragón ha difundido este martes la nueva instrucción sobre el dinero de bolsillo de los menores tutelados con un titular rotundo: 'El vicepresidente Nolasco acaba definitivamente con las propinas que se repartían a menores tutelados en centros de acogida'. La nota oficial presenta la medida como el supuesto cierre victorioso de la decisión que Vox anunció en julio. Pero el texto de la instrucción, firmado el 11 de noviembre por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, y los conciertos que regulan los centros cuentan otra historia.

“Acaba definitivamente con las propinas”

Lo que transmite el Gobierno. La nota oficial anuncia “la supresión definitiva de esos pagos en metálico y la exclusiva aplicación de ‘incentivos educativos individualizados’”. Reproduce varios pasajes literales de la instrucción, pero no el que permite que esos incentivos incluyan dinero.

Lo que dice la instrucción. Elimina la entrega periódica y automática de una cantidad fija, pero los incentivos podrán incluir, “cuando proceda”, la entrega de cantidades económicas destinadas a “finalidades concretas de ocio, cuidado personal u otras necesidades”. No fija cuantías ni topes. Los menores podrán seguir recibiendo dinero, aunque ligado al cumplimiento de objetivos educativos.

“Propinas”

Lo que transmite el Gobierno. Desde julio, el Departamento llama “propinas” a esas cantidades. La nota sostiene que se abonaban “con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma” y denuncia “una preocupante falta de control de dichos pagos”.

Lo que dicen los conciertos. Los acuerdos de acción concertada que el propio Gobierno de Aragón publica en el BOA incluyen entre los gastos que deben asumir las entidades el “dinero de bolsillo de asignación semanal” y les obligan a contar con un “protocolo de dinero de bolsillo e incentivos”. Así figura en el concierto del servicio de atención a la infancia migrante (CATIM) de Zaragoza, uno de los tres recursos afectados por la suspensión, y en otros conciertos de atención a menores. No era una propina, sino una prestación prevista en los pliegos. Lo que ninguno fija es la cuantía.

Tampoco era un gasto al margen del presupuesto ordinario de los centros: los conciertos atribuyen ese coste a la entidad, dentro del precio por plaza que paga la Administración. Y estaba sujeto a control: las entidades debían presentar cada año una memoria económica y una auditoría externa sobre la aplicación de los fondos, y el Instituto Aragonés de la Seguridad Social (IASS) podía pedirles comprobantes de gastos en cualquier momento.

Los menores migrantes

Lo que transmite el Gobierno. La nota presenta la retirada como una medida “cautelar” que “afectó inicialmente a tres centros” que acogen a “menores extranjeros no acompañados”, por los incidentes registrados en ellos.

Lo que dice la instrucción. No menciona en ningún momento el origen de los menores. Se aplica a todos los centros de la red pública de protección y a todos los menores por igual. Sus antecedentes describen la instrucción del 27 de julio como una norma sobre cantidades “entregadas en determinados recursos residenciales”, aunque aquella retiraba la asignación a los menores extranjeros y la mantenía para los españoles. La revocación de esa primera instrucción, dos días después, se atribuye a “determinadas dudas interpretativas”.

Tampoco empezó como cuenta la nota. El 27 de julio, Nolasco anunció la retirada de la asignación a los menores extranjeros no acompañados tutelados, que se mantenía para los españoles. Solo después de que el caso llegara a la Fiscalía, el departamento revocó esa instrucción, suspendió cautelarmente las asignaciones y limitó la medida a tres centros.

Ni la nota ni la instrucción mencionan que el Ministerio de Juventud e Infancia llevó el caso a la Fiscalía, que la Fiscalía General del Estado abrió dos expedientes para estudiar si podía vulnerar el interés superior del menor o constituir un delito de odio, ni que el Justicia de Aragón inició una actuación de oficio.

Un éxito de la consejería

Lo que transmite el Gobierno. La nota da la medida por acertada a partir de los informes de las direcciones de los centros y sostiene que el nuevo sistema permite “un control más adecuado de los fondos públicos”.

Lo que dice la instrucción. Los sistemas de incentivos que ahora se consolidan los diseñaron las entidades gestoras, que ya tenían la obligación de aplicar un protocolo de incentivos. En los centros convivían una asignación fija semanal y otras recompensas por objetivos, como salidas al cine. La instrucción suprime la parte fija y extiende a toda la red la parte condicionada, que ya existía. Los informes favorables que invoca son los de esas mismas entidades.

Los 180.000 euros

Lo que transmitía el Gobierno. En julio, Nolasco cifró el ahorro de retirar la asignación en 180.000 euros anuales, calculados a partir de 17 euros semanales por menor.

La realidad. La nota de noviembre ya no menciona esa cifra, y la instrucción tampoco. Ningún concierto fija los 17 euros, y el precio por plaza que paga la Administración no cambia. Como advirtieron las entidades en verano, ese dinero no se devolvía a la Administración, y con el nuevo sistema puede volver a llegar a los menores en forma de incentivos.

Lo que sí cambia: más control desde Desregulación

La novedad real de la instrucción es una cuestión que la nota no menciona. Los conciertos obligaban a comunicar las incidencias significativas el mismo día y a justificar los fondos una vez al año, mediante una memoria económica y una auditoría externa. A partir de ahora, las entidades tendrán que informar cada mes de los resultados de los incentivos y justificar también cada mes el gasto. La Consejería que lleva la desregulación en su nombre añade así como tareas la elaboración de sendos informes mensuales que no existían.

Tampoco aparece en la nota el informe que el departamento pidió a la Dirección General de Servicios Jurídicos, fechado el 9 de octubre. La instrucción solo reproduce dos fragmentos, “entre otros extremos”, ninguno sobre el trato diferenciado por nacionalidad. Según el pasaje citado, restringir las asignaciones “por sí solo” no merece objeción jurídica si responde a “motivos educativos debidamente motivados” y “en la medida en que no se les priva de la necesaria atención material”.