El Gobierno de Aragón consolida la concertación del Bachillerato mientras sigue pendiente el recurso judicial
El Consejo de Gobierno de Aragón ha autorizado este miércoles la renovación de los conciertos educativos para el periodo comprendido entre los cursos 2026-2027 y 2030-2031, una decisión que consolida la financiación pública del primer curso de Bachillerato en centros privados y concertados, una de las medidas más controvertidas impulsadas por el Ejecutivo de Jorge Azcón. La autorización contempla un gasto de 56,7 millones de euros destinado a los centros que ya estaban acogidos al régimen de concierto durante el curso 2025-2026 y que han solicitado su renovación o modificación, así como a aquellos que cumplen los requisitos legales y han solicitado por primera vez incorporarse al sistema.
La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha defendido que la medida “garantiza la gratuidad de la enseñanza, respeta el principio de coeducación y responde a una ”demanda social“ vinculada a la libertad de elección de las familias”: “El presidente se comprometió a ponerlos en marcha para atender una demanda social y poder elegir la educación de los hijos, apoyada en el principio de igualdad de oportunidades”, ha señalado.
El nuevo acuerdo distingue entre el concierto general, aplicado a las enseñanzas obligatorias y gratuitas, y el concierto singular, que afecta a enseñanzas postobligatorias. En este último caso se incluye el primer curso de Bachillerato, cuya financiación pública fue aprobada por el Ejecutivo autonómico al inicio de la legislatura y permite a los centros concertados cobrar a las familias un copago mensual de entre 18 y 36 euros.
Vaquero ha precisado que el concierto incorpora únicamente las unidades de primero de Bachillerato que ya habían sido autorizadas previamente y no contempla nuevas unidades para todos los centros que lo soliciten. Asimismo, ha subrayado que la vigencia del acuerdo hasta el curso 2030-2031 no impide que pueda modificarse en el futuro.
Pendiente de los tribunales
La decisión llega en un momento en el que la concertación del Bachillerato sigue pendiente de la resolución judicial. Un total de 17 organizaciones vinculadas a la escuela pública —entre ellas sindicatos docentes, federaciones vecinales, asociaciones de familias y partidos políticos— presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la orden del Gobierno autonómico que abre la puerta a financiar con fondos públicos enseñanzas de Bachillerato en centros privados.
El recurso se dirige contra la Orden ECD/515/2026, aprobada el pasado 6 de abril por el Departamento de Educación y que modifica la convocatoria de conciertos educativos para el curso 2026-2027. Según sostienen las organizaciones, la norma “abre una habilitación general para la concertación de enseñanzas postobligatorias” y cambia el modelo que existía hasta ahora. Los colectivos consideran que la medida va más allá de los conciertos “singulares” que contempla la ley para determinadas situaciones y denuncian que el Ejecutivo autonómico pretende convertir el concierto educativo en “una vía ordinaria de financiación pública del Bachillerato privado”.
Preguntada por esta cuestión, la portavoz del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno ha actuado con el respaldo de sus servicios jurídicos y mantiene la convicción de que la medida se ajusta a la legalidad. “Estamos seguros de que cumple con la legalidad independientemente de que se esté valorando en los servicios judiciales. No tenemos conocimiento de ninguna resolución y seguiremos adelante con este concierto educativo”, ha afirmado. La portavoz ha insistido en que el sistema de enseñanza concertada “convive pacíficamente” con la red pública y ha defendido que responde a una realidad consolidada en Aragón. “Es un sistema que responde a una demanda social y que vemos con total normalidad”, ha añadido.