La escuela pública lleva a los tribunales la concertación del Bachillerato en Aragón
La oposición a la concertación del Bachillerato privado en Aragón da el salto a los tribunales. Un total de 17 organizaciones vinculadas a la escuela pública —entre ellas sindicatos docentes, federaciones vecinales, asociaciones de familias y partidos políticos— han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la orden del Gobierno autonómico que abre la puerta a financiar con fondos públicos enseñanzas de Bachillerato en centros privados.
Entre los firmantes se encuentran sindicatos docentes como CCOO, UGT, STEA-i, CGT, CSIF y ANPE; asociaciones como FAPAR, FABZ o FADEA; y partidos políticos como PSOE, CHA, IU, Podemos, Movimiento Sumar, Aragón Existe o Zaragoza en Común. Además del recurso, las entidades han solicitado medidas cautelares para paralizar la aplicación de la orden mientras se resuelve el procedimiento judicial. El recurso se dirige contra la Orden ECD/515/2026, aprobada el pasado 6 de abril por el Departamento de Educación y que modifica la convocatoria de conciertos educativos para el curso 2026-2027. Según sostienen las organizaciones, la norma “abre una habilitación general para la concertación de enseñanzas postobligatorias” y cambia el modelo que existía hasta ahora.
Los colectivos consideran que la medida va más allá de los conciertos “singulares” que contempla la ley para determinadas situaciones y denuncian que el Ejecutivo autonómico pretende convertir el concierto educativo en “una vía ordinaria de financiación pública del Bachillerato privado”.
Uno de los principales argumentos del recurso es el impacto que puede tener sobre la red pública. Las organizaciones alertan de que los conciertos tendrían una duración de seis años y afectarían directamente a la planificación educativa, las plazas disponibles y las plantillas docentes. En el escrito advierten de que la pérdida de alumnado en institutos públicos podría traducirse en reducción de grupos, reorganización de recursos y ajustes de profesorado.
También sostienen que, si la medida se aplica antes de que haya sentencia, el daño sería difícil de revertir. “Una vez resueltas las solicitudes y formalizados los conciertos, la eventual sentencia estimatoria se encontraría con una realidad ya consumada”, señalan, en referencia a la incorporación de centros privados al sistema de financiación pública y a las decisiones de escolarización tomadas por las familias.
Otro de los puntos que cuestionan es que la orden fuese aprobada por un Gobierno en funciones. A juicio de las entidades recurrentes, la medida excede la gestión ordinaria y supone una decisión “materialmente innovadora”, con repercusiones económicas y presupuestarias a largo plazo. En este sentido, recuerdan que el propio Ejecutivo autonómico cifró el coste de la concertación en siete millones de euros por curso.
El recurso también defiende que la ampliación de conciertos no está justificada por necesidades de escolarización, ya que actualmente existe “una oferta importante de plazas públicas vacantes” en Aragón. Además, recuerdan que la Ley Orgánica de Educación establece que las administraciones deben promover “un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en Bachillerato”.
Las organizaciones consideran igualmente “jurídicamente discutible” que una medida de estas características se apruebe con los presupuestos prorrogados y por un Ejecutivo en funciones, especialmente al tratarse de una decisión “con vocación de extender la financiación pública del Bachillerato privado y con proyección de seis años”.
En el comunicado los colectivos insisten en que la suspensión cautelar no eliminaría ningún derecho adquirido para los centros privados, ya que actualmente no existe una concertación generalizada del Bachillerato. A su juicio, la medida únicamente serviría para “preservar el régimen anterior” mientras el TSJA resuelve el fondo del asunto.