El Gobierno de Azcón pide al juez de Teruel personarse como perjudicado por el caso Forestalia
Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han formalizado este viernes la voluntad del Ejecutivo autonómico, pese a estar en funciones, de personarse como perjudicado en la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel sobre los proyectos de renovables promovidos por la empresa Forestalia, pero solo los promovidos por el anterior Ejecutivo socialista.
La vicepresidenta y portavoz en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha justificado esta decisión para tener acceso a toda la información que vaya a evaluarse en el proceso y conocer al minuto el estado del caso. La solicitud tendrá que ser admitida, pero según ha admitido Vaquero es la forma de mostrar su desconfianza en Forestalia y dar credibilidad a todas las investigaciones y noticias publicadas al respecto.
Nuevamente, Vaquero ha pasado por encima de los proyectos Toro y Búfalo, para los que Azcón puso alfombra roja a Forestalia, apadrinados y aplaudidos por el propio presidente en funciones, y se ha limitado a trasladar la inquietud sobre la investigación de los gobiernos central y autonómico socialistas. Ha dicho no haber recibido ninguna preocupación por parte de las empresas aragonesas pendientes de este proceso por las afecciones que puedan tener en la continuidad de los proyectos y ha asegurado que “en estos momentos” no han “ningún contacto con Forestalia” en relación con este asunto. “Me da la sensación de que el proceso se va a alargar e iremos conociendo todas las afecciones. Hoy lo importante es esta decisión”, ha concluido la vicepresidenta y portavoz en funciones.
Mientras tanto, el Gobierno de Aragón se mantendrá a la espera de lo que se decida sobre la tramitación del Clúster del Maestrazgo “para respetar los tiempos del trabajo de jueces y policías, que nos está facilitando conocer estos ”graves y preocupantes“ hechos y colaborará en todo lo que se le requiera. No obstante, Vaquero ha informado de que hasta hoy nadie les ha requerido documentación relativa al Inaga, el órgano que tramita expedientes de ámbito aragonés.
Igualmente, ha comunicado la disposición del gobierno en funciones de poner en marcha otra comisión de investigación, además de la que ya concluyó en 2024.
Con respecto a la petición de plataformas ecologistas, solicitando la desaparición del Inaga para integrarse en una dirección general, Vaquero ha restado importancia al modelo, más preocupada por “una gestión transparente y eficaz”.
Además, ha defendido el refuerzo recibido por este organismo desde que entraron a gobernar, tanto en medios humanos como materiales. Ha recordado que cambiaron la dirección y el modelo para ofrecer mayor transparencia reforzando la seguridad jurídica “El Inaga debe ser un instrumento útil, independientemente de la forma”, insiste. En lo único que coinciden con el dictamen elaborado por la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la gestión del Inaga en 2022 y 2023, es que falta darle impulso a la actualización del sistema informático. En todo lo demás, asegura estar alineados con las recomendaciones de la cámara.
Con respecto al personal del Inaga, ha mostrado su respeto y comprensión por las presiones que deben estar viviendo estos profesionales, como ya las sufrieron durante la comisión de investigación de 2024.