Un diputado del PP por Zaragoza intenta tramitar como alcalde la licencia de cuatro macrogranjas en suelo de su familia
El Ayuntamiento de Codo, en la provincia de Zaragoza, ha suspendido temporalmente la declaración de interés público de cuatro macrogranjas porcinas después de que el alcalde, Raúl Cuevas (PP), haya rectificado su participación en el procedimiento y acordado abstenerse. Cuevas, que además es diputado en el Congreso, había votado inicialmente a favor pese a que tres de las explotaciones se proyectan sobre terrenos que pertenecen a su madre y un tío.
El cambio se ha producido después de que el único concejal socialista del municipio, Juan Villuendas, impugnara el acuerdo adoptado por el pleno extraordinario del pasado 4 de septiembre y cuestionara la intervención del alcalde por la existencia de intereses familiares. Aunque según su testimonio, el alcalde hizo caso omiso de su advertencia sobre la necesidad de abstenerse, las posteriores notas simples registradas por el edil socialista provocaron la reacción de la secretaria municipal que terminaron con una resolución de Alcaldía del 25 de septiembre. En ella se recoge finalmente la abstención de Cuevas y suspende temporalmente la declaración de interés público hasta que el asunto vuelva a ser valorado por el pleno, previsiblemente dentro de un mes si es una sesión ordinaria, además de contemplar la remisión del expediente al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
La controversia sobre los terrenos se suma a otra circunstancia que ha provocado preocupación entre parte de los vecinos: la enorme demanda de agua prevista para las explotaciones en una localidad de apenas 200 habitantes que desde 2023 no dispone de agua de la red apta para beber o cocinar.
Los cuatro proyectos, promovidos por Explotaciones Ganaderas Estiche, perteneciente al grupo Cincaporc, consumirían en conjunto unos 100,6 millones de litros de agua al año, según los cálculos de Stop Ganadería Industrial a partir de la documentación de las propias explotaciones. La organización estima que esa cantidad multiplica por más de ocho el consumo correspondiente a la población de Codo.
Los vecinos llevan tres años recurriendo al agua embotellada. El Ayuntamiento distribuye siete garrafas de cinco litros por cada persona empadronada, aunque el portavoz socialista asegura que la cantidad resulta insuficiente y obliga a las familias a comprar más agua para cubrir sus necesidades. De hecho, el edil denunció ante la fiscalía hace aproximadamente siete meses que, además de no contar con el suministro de agua potable, el servicio seguía cobrándose a los vecinos.
La implantación de las granjas, a su juicio, “se va a primar el consumo de la granja, desoyendo nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones y agotando la poca agua que tenemos”, sostiene Villuendas.
Tres parcelas de familiares y una municipal
Las cuatro instalaciones se repartirían entre otros tantos emplazamientos del término municipal. Según la información facilitada por el PSOE de Zaragoza, una de las parcelas es propiedad del Ayuntamiento y las otras tres pertenecen a la madre y un tío del alcalde.
Para los terrenos municipales, siempre según esta versión, se había negociado con la empresa un alquiler de 4.000 euros mensuales. En esta parcela, la de menor capacidad de las cuatro, se proyecta una explotación de cebo para 6.000 cerdos. El PSOE asegura que el alcalde manifestó en el pleno desconocer quiénes eran los propietarios de los otros tres terrenos, así como los posibles acuerdos económicos alcanzados para su utilización, pese a que, según el edil socialista, pertenecen a su madre y a un tío. En otra de las parcelas se prevé un segundo cebadero con capacidad para 7.200 animales, mientras que las dos explotaciones restantes estarían destinadas a la producción de lechones, con cerdas reproductoras, y tendrían una capacidad de 864 UGM (unidades de ganado mayor) cada una.
Fue precisamente esta vinculación la que llevó a Villuendas a cuestionar durante el pleno la participación de Cuevas. El PSOE sostiene que la existencia de intereses personales obligaba al alcalde a abstenerse y abandonar el salón durante la deliberación y votación para garantizar su imparcialidad.
Cuevas participó, sin embargo, en aquella primera votación. El pleno está integrado por el alcalde, otros tres concejales del PP y un edil socialista desde que la población bajara de 7 a 5 concejales al perder población. La declaración de interés público salió adelante en una sesión extraordinaria convocada para tratar asuntos cuya aprobación, según la convocatoria municipal, no podía demorarse hasta un pleno ordinario.
Tres semanas después, la resolución de Alcaldía ha modificado el criterio inicial y recogido la abstención del alcalde, dejando temporalmente en suspenso la declaración.
Más de 22.000 animales
La dimensión de las explotaciones constituye el otro elemento del conflicto. Los proyectos contemplan dos macrogranjas de cebo con capacidad para 6.000 y 7.200 animales y otras dos dedicadas a la producción de lechones, con 864 unidades de ganado mayor (UGM) cada una.
Stop Ganadería Industrial señala que tres de las cuatro instalaciones se sitúan en el límite máximo de capacidad permitido para este tipo de explotaciones en suelo rústico. En conjunto, el PSOE cifra en más de 22.000 los animales que podrían estar estabulados simultáneamente.
La coordinadora calcula además que las cuatro explotaciones generarían unos 64,2 millones de litros de purines cada año. A ello se añaden las emisiones derivadas de la actividad ganadera. La organización alerta especialmente del riesgo que supondría incrementar la carga de nitrógeno sobre un territorio que ya arrastra problemas con la calidad de su agua.
Dos de los emplazamientos elegidos (la parcela municipal y otra privada) se encuentran, además, según el PSOE, dentro de espacios incluidos en la Red Natura 2000, con figuras de protección ambiental como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
El tratamiento de los residuos constituye otra de las incógnitas planteadas por la oposición municipal. Villuendas asegura que la planta de biogás prevista para transformar los desechos no estará construida cuando entren en funcionamiento las explotaciones y cuestiona cómo se gestionarán inicialmente los purines.
La declaración de interés público resulta especialmente relevante porque permite autorizar determinados proyectos en suelo rústico o no urbanizable en los que, con carácter general, existen restricciones urbanísticas. Stop Ganadería Industrial ha reclamado al Ayuntamiento que haga pública toda la documentación utilizada para justificar esta consideración.
Poco empleo
La organización sostiene asimismo que, por tratarse de instalaciones altamente automatizadas y gestionadas directamente por una gran integradora porcina, la creación de empleo sería reducida. El PSOE cuestiona igualmente que el proyecto pueda presentarse como una iniciativa contra la despoblación y la creación de empleo y defiende que el valor añadido generado por las explotaciones apenas repercutiría en el municipio, sino en los titulares de los terrenos donde se instale. El municipio zaragozano cuenta con una población censada de 250 vecinos, de los que residen continuamente unos 70, con una edad media de 70 años, por lo que no hay personas en situación de desempleo.
La polémica se produce en una provincia en la que la ganadería porcina ha experimentado una fuerte expansión durante las últimas dos décadas. Según los datos del Ministerio de Agricultura recogidos por Stop Ganadería Industrial, la capacidad porcina autorizada en Zaragoza pasó de 1,7 millones de cabezas en 2005 a 3,1 millones en 2025, un incremento del 81,5%.
Por el momento, el proyecto no ha desaparecido. Lo que queda suspendido es el acuerdo municipal para declararlo de interés público. La cuestión tendrá que volver al pleno, esta vez sin la participación del alcalde en la decisión, con el que este diario no ha podido contactar para obtener su versión de los ehecho. Mientras, continúa la tramitación ambiental y crece el debate en Codo sobre el coste que pueden tener cuatro grandes explotaciones porcinas para un municipio que, antes de garantizar agua a los animales, lleva tres años sin poder garantizar agua potable del grifo a sus vecinos.