El PP se queda solo con el spa de Ranillas en Zaragoza: la oposición al completo le reclama que revele toda la información
El Gobierno del PP en Zaragoza se ha quedado aislado este jueves en el pleno por el caso del spa de Ranillas. Toda la oposición, Vox incluido, ha votado a favor de instar al Ejecutivo de Natalia Chueca a facilitar a los grupos municipales la totalidad de la información administrativa del caso, por sus posibles consecuencias económicas y jurídicas. El punto ha salido adelante por 16 votos contra 15, los de los concejales populares.
Era uno de los tres puntos de una moción del PSOE. Los otros dos han decaído por 12 votos a favor (PSOE y ZeC), 18 en contra (PP y Vox) y la abstención de la no adscrita, Marisa Gaspar. Uno pedía revocar el acuerdo del 15 de octubre que concede al primer teniente de alcalde, Ángel Lorén, una defensa con abogados externos; el otro, reprobar a la alcaldesa por su comparecencia del 28 de julio.
La portavoz socialista, Lola Ranera, ha defendido la moción con una sentencia que estima en parte el recurso de su grupo. “Tuvimos que acudir a los tribunales porque no nos dan la información”, ha explicado, antes de leer este pasaje: “La carencia de contestación suficiente y jurídica conlleva considerar vulnerado el derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución”. Según Ranera, tras concretar su petición como exigía el fallo, el 22 de octubre se la volvieron a denegar. El PSOE recurrirá esa parte de la sentencia. “No sabemos lo que nos puede costar porque no nos dan ningún tipo de información. Según los medios de comunicación, hablan de una responsabilidad que podría llegar a los 40 millones”, ha afirmado.
ZeC: “Un superabogado”
El concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, ha asegurado que en el procedimiento mercantil se reclaman al Ayuntamiento 18 millones por lucro cesante, y la misma cantidad, como responsabilidad personal, a quienes tomaron las decisiones. “O el señor Lorén está tan preocupado por su posible condena que piensa que tiene que encontrarse un superabogado que le salve de lo que se le viene encima, o el concepto que tienen ustedes de nuestros servicios jurídicos es tan bajo que igual no están capacitados para resolverlo”, ha dicho.
Domínguez ha advertido de que podría haber “presiones para que el Ayuntamiento pague esos 18 millones a cambio de retirar la solicitud de responsabilidad personal” y ha cifrado en 90.000 euros la sanción por no subrogar a la plantilla.
Por su parte, la concejala de Vox Eva Torres ha calificado el asunto de “muy grave” y ha afirmado que la administración concursal ha propuesto declarar culpable el concurso, atribuyendo la insolvencia a actos municipales. Aun así, ha pedido “dejar trabajar a la justicia”. Ha defendido el derecho de Lorén a un abogado externo, una figura que, según ha recordado, han usado concejales socialistas. “Hasta usted”, le ha dicho a Ranera. Ha expresado dudas sobre el punto de la información, pero sus tres votos han dado la mayoría a la oposición.
Gaspar ha pedido “prudencia” en “un procedimiento mercantil, no penal”, y ha reclamado “una regla para todos” sobre las defensas externas, “con qué tope y con total transparencia sobre lo que cuesta”. Ha votado a favor de la información: “No es un favor del Gobierno, es una herramienta de control”.
Lorén, afectado en la quiebra
Hay que recordar que Lorén figura como afectado en la pieza de calificación del concurso de Cublan Inversiones, la antigua concesionaria, en la que el juzgado de lo Mercantil decide si la quiebra fue culpable y quién responde por ella. En julio, la Alcaldía le asignó un abogado municipal, pero después pidió dos letrados de un despacho privado. Los Servicios Jurídicos municipales avalan que pague el Ayuntamiento con un criterio del Supremo pensado para juicios penales, que exige acreditar al final que no hubo responsabilidad.
Cublan se declaró en concurso en 2022, meses después del cierre del spa, con una deuda de unos 14,6 millones. En 2023, la empresa y catorce acreedores pidieron declarar culpable al Consistorio por denegarle la licencia en noviembre de 2021 y negarle en enero de 2022 la autorización para un crédito hipotecario. En julio, la jueza citó como afectados a nueve miembros del gobierno de PP y Cs de 2019-2023, entre ellos el ahora presidente de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa, Natalia Chueca, y la presidenta de las Cortes, María Navarro.
El Ayuntamiento ya ha perdido otros dos frentes: en 2024 el TSJA reconoció el derecho de la empresa a su licencia, y en 2026 le obligó a pagar los salarios de cuatro extrabajadores. El spa, construido para la Expo de 2008, está cerrado desde febrero de 2022.